Desde que la Corte Suprema falló sobre las tarifas del gas, el contexto político en el que se mueve la economía sufrió una importante mutación. Con la obligatoriedad de las audiencias públicas, se abrió el campo de una batalla para la que se preparan ahora todas las fuerzas políticas. (Carlos Pagni, La Nación, 25/08/16)

El gobierno de Mauricio Macri está atravesando el que es probablemente su peor momento desde que asumió la Presidencia de la Nación. Pasados apenas ocho meses de gobierno, empieza a sufrir una fuerte caída en su imagen positiva, y gran parte de los encuestados lo ve como el responsable del empeoramiento de su situación económica y social. A estos datos hay que sumarle un incremente de más de 1.400.000 de pobres y una desocupación, que según los datos oficiales (siempre mentirosos) es de por lo menos el 9,3% en todo el país.

Pero seguramente la problemática que más dinamiza la situación política es el tarifazo. En cinco meses el gobierno no ha podido aplicar el aumento del gas y de la luz, uno de los pilares de su plan de ajuste, y ha dejado a Aranguren, otrora ministro estrella del gabinete de CEOs, al borde de la renuncia. Esto se vio agudizado por el fallo de la Corte Suprema, que se hizo público a primeras horas del jueves pasado, que anuló el aumento de gas impuesto a los consumidores residenciales en los últimos meses, y condicionó el tarifazo a la realización de audiencias públicas, postergando de este modo la aplicación del mismo.

Este es sin duda un triunfo parcial, pero importante, de la movilización popular. Los “ruidazos” que se desarrollaron en todo el país, más allá de su mayor o menor masividad, sirvieron de termómetro para medir el profundo malestar que cruzaba a gran parte de la sociedad. A nadie le pasó desapercibido, y a la Corte Suprema menos que menos.

El máximo Tribunal de Justicia midió el clima político y social durante semanas y finalmente se inclinó por dictar un fallo “salomónico”, de indudable contenido político. En otros artículos de esta misma edición se desarrolla un análisis exhaustivo del contenido del mismo, pero acá queremos dejar en claro algunas de sus determinaciones.

Para entender lo ocurrido. El gobierno el primero de abril decretó un tarifazo, semanas después la Cámara Federal lo suspendió. Esto provocó que durante meses no se pagasen las boletas. El gobierno apostaba sus fichas a que la Corte le diese la razón y que todo el mundo se viera obligado a abonar todos los meses atrasados con aumento incluido. Pero la Corte no le dio la razón y dijo que para que el tarifazo fuese legal debían cumplirse ciertas condiciones (el llamado a audiencias públicas no formales, y a una racionalidad en el mismo). Esto obliga al gobierno a recalcular todas las facturas de los últimos cinco meses con el cuadro tarifario anterior, y compromete sus metas de ajuste fiscal para este año.

Esto no significa que la Corte Suprema sea opositora al gobierno ni mucho menos. Los miembros de la misma se vieron obligados a mediar en una situación muy compleja en la cual querían garantizar la gobernabilidad sin quedar pegados al repudiado tarifazo. Por eso es importante destacar que el fallo comienza reconociendo el derecho del gobierno a aplicar un aumento. Es por eso que no hay que confundirse, la resolución de la Corte Suprema no terminó con el aumento del gas, sólo lo difirió en el tiempo y lo ató a una serie de condiciones. Para derrotar realmente el tarifazo hay que seguir con la movilización en las calles.

Por otro lado, y para desgracia del gobierno, el fallo de la Corte tampoco termina de resolver el problema. Es que si bien el mismo sólo alcanza a los consumidores residenciales (26% de la facturación), no resolvió la situación del otro 74%. Esto genera un escenario incierto. Por un lado, el carácter autolimitado del fallo deja en el aire el saber si las empresas y comercios van a tener que pagar las facturas de estos últimos meses con el aumento o no. Es que la Corte Suprema no avaló el aumento del 500% en dichos sectores, sólo se negó a pronunciarse exigiéndoles que deben presentar sus reclamos en juicios separados. Esto augura una nueva cataratas de juicios que ponen en veremos toda esa facturación, lo que equivale a millones de pesos. En caso de confirmarse este aumento, gran parte de los comercios y empresas van a terminar trasladando dicho aumento a los precios, lo que terminará haciendo recaer dicho tarifazo, indirectamente, sobre los trabajadores.

Las audiencias públicas: un dolor de cabeza para Macri

Lo que probablemente más le moleste al gobierno es la obligación que le impuso la Corte Suprema de tener que llamar a audiencias públicas antes de aplicar un tarifazo.

Que quede claro, las audiencias públicas no son, en sí mismas, una herramienta eficaz para impedir que el gobierno aplique el tarifazo. Si bien la Corte exigió que no sean “formales”, de todos modos no son vinculantes. Es decir que el gobierno, en última instancia, podría avanzar con el aumento por encima de lo que en dichas audiencias se diga. ¿Pero entonces por qué Aranguren y compañía se opusieron tan firmemente a dicho procedimiento? La cuestión es simple. Las audiencias públicas son una instancia en donde el gobierno debe explicar y explicitar las razones de los aumentos de tarifas, y en donde queda expuesto frente a toda la población. No olvidemos que el ajuste de Macri, como ellos vienen diciendo, supone un tarifazo cada seis meses. Con este fallo, la Corte obliga al gobierno a tener que exponerse permanentemente al desgaste que implica el repudio popular y al hostigamiento de la oposición.

Pero además estas audiencias públicas, en una situación de creciente desgaste del gobierno y de malestar social, pueden servir como un foco de atención y concentración de la atención pública y de cristalización de la protesta contra el tarifazo.

El gobierno lo sabe y por eso está estudiando detalladamente las formas en que dichas audiencias van a desarrollarse, tratando de quitarles la mayor repercusión posible. En principio, tiene la intensión de realizar una única audiencia el 16 de septiembre en la “Usina del Arte” en La Boca, alejándola de este modo, tanto del centro de la Ciudad de Buenos Aires, como de todas las capitales de provincia del país. Es que a nadie se le escapa que si se realizan asambleas en todas las provincias esa fecha podría transformarse en una Jornada nacional contra el tarifazo que podría dejar en jaque el ajuste del macrismo.

Desde el Nuevo MAS entendemos que aunque no hay que depositar ninguna confianza en las audiencias públicas como herramienta para frenar el ajuste, sí se deben utilizar éstas como una oportunidad para denunciar el plan de ajuste del gobierno de Macri y punto de referencia para desarrollar una gran acción contra el tarifazo y por la renuncia de Aranguren.

La CGT se une contra los trabajadores

“La dirigencia sindical muchas veces es cuestionada, pero hay momentos en los que han acompañado, como en estos siete meses, que entendieron que debemos reordenar la economía para sacar a muchos argentinos de la pobreza. Nos están acompañando en eso, a pesar de algunos comentarios críticos.” (JorgeTriaca, ministro de Trabajo)

El otro acontecimiento de importancia de esta semana fue el Congreso de Unificación que llevó a cabo la CGT en Obras Sanitarias. Un verdadero escándalo y una nueva traición en regla. En el peor momento de Macri, en una situación en donde se le podría aplicar un golpe mortal al plan de ajuste del gobierno, la CGT se reúne para no convocar a nada.

Allí Moyano, Caló y Barrionuevo acordaron dar un paso al costado, para dejar en su lugar conformado un triunvirato formado por tres hombres puestos a dedo por ellos mismos: Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, Carlos Acuña.

La unificación de los dirigentes sindicales no responde ni por un momento a las necesidades de los trabajadores apremiados por la inflación, los aumentos de tarifas y el desempleo. Fue sintomático que en este marco de ajuste, la única definición clara que saliese de Obras Sanitarias es que en la agenda de la CGT no está llamar a ningún paro general.

Por eso no hay que confundirse, si bien la unidad del movimiento obrero es un objetivo de primer orden para los trabajadores, esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió este lunes en el congreso de la CGT. Esta es una unidad absolutamente reaccionaria, hecha a la medida de los propios intereses de ellos mismos en tanto burócratas, y como medida preventiva contra las potenciales luchas de los trabajadores.

Con este movimiento, la naciente CGT buscará fortalecerse de cara a la interna del PJ; y frente al gobierno nacional, posicionarse como garante de la gobernabilidad en un escenario de caída del poder adquisitivo del salario, y en donde el problema de la desocupación empieza a rondar en el aire. Quien más claramente lo dijo fue Luis Barrionuevo, quien con su honestidad brutal reconoció que “Nos esperan momentos difíciles, nos va a hacer más difícil sostener a través de la democracia a este gobierno”.

Marchemos el 2/9 a Plaza de Mayo y exijamos un paro nacional

Más allá de la incalificable traición de la CGT ahora unificada, lo cierto es que el gobierno de Macri está pasando por su peor momento. La bronca creciente en amplias franjas de la población, la victoria parcial que supuso el frenazo al aumento a las tarifas de gas, sumada al contundente paro realizado por los docentes esta semana, pueden estar anticipando una modificación sustancial en el ambiente calmo que vino reinando en los últimos meses.

En este sentido es que debemos aprovechar todas las instancias de unidad de acción en la lucha contra el gobierno nacional.

Desde el Nuevo MAS, más allá de todas las diferencias que tenemos con las direcciones de ambas CTAs, llamamos a participar activamente de la Marcha Federal del 2 de septiembre a Plaza de Mayo contra el tarifazo y por la renuncia de Aranguren, por la reapertura de las paritarias y contra la represión a los luchadores.

Este es el momento para pegarle al gobierno, no se puede mirar para otro lado, los trabajadores debemos exigirles e imponerle desde abajo a la CGT y a las CTAs que llamen conjuntamente a un paro general y un plan de lucha para derrotar al ajuste de Macri.