¡Ni perdón ni olvido! Cárcel a los asesinos

Los muertos están cada día más indóciles.

Antes era fácil con ellos:
les dábamos un cuello duro una flor
loábamos sus nombres en una larga lista:
que los recintos de la patria
que las sombras notables
que el mármol monstruoso.

El cadáver firmaba en pos de la memoria:
iba de nuevo a filas
y marchaba al compás de nuestra vieja música.

Pero qué va
los muertos
son otros desde entonces.

Hoy se ponen irónicos
preguntan.

Me parece que caen en la cuenta
de ser cada vez más la mayoría.

-Roque Dalton

El pasado 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Esta ley fue uno de los puntos negociados por el gobierno, los paramilitares y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para “consolidar la paz” en el país centroamericano al declarar que no se investigaría ni juzgaría ningún crimen de lesa humanidad cometido en el periodo de la guerra civil de 1980 a 1992.

La decisión se da ya que la Corte considera que esta ley viola el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. El fallo llega luego de décadas de luchas y procedimientos judiciales para su derogación por parte de organizaciones de derechos humanos y de familiares de asesinados/desaparecidos.

Esta guerra dejó un saldo estimado en 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados que se refugiaron principalmente en Estados Unidos. El gobierno y las fuerzas paramilitares llevaron a cabo un operativo de “tierra arrasada” en su lucha contra la guerrilla. Esto incluye masacres de pueblos enteros, muerte de dirigentes sociales, misioneros y periodistas, ejecuciones sumarias, ataques a hospitales, desapariciones forzadas de sindicalistas y estudiantes, torturas a niños, organizaciones paramilitares, escuadrones de la muerte y secuestros de activistas políticos.

La teoría de los dos demonios.

El objetivo de dicha ley fue crear la “paz” sobre el silencio y la impunidad, es decir borrón y cuenta nueva. Esto amparado en el discurso de los dos demonios, es decir, la idea de que ambos bandos cometieron crímenes así que es mejor que no se acusen unos a los otros ya que entorpece el proceso de dialogo establecido por la partes.

El problema con esto es que se trata de igualar a las fuerzas militares y paramilitares del Estado controlado por la burguesía con las fuerzas militares de organizaciones guerrilleras, obreras o populares. La diferencia es enorme entre el carácter meramente represivo del capital contra la organización revolucionaria de sectores explotados y oprimidos. Es decir, la diferencia es el contenido de clase de una u otra organización.

Con esto no se debe entender que reivindicamos a las organizaciones guerrilleras ya que desde el trotskismo sostenemos diferencias políticas y de táctica con ellas, pero reconocemos que en el fondo sostienen reclamos legítimos en favor de sectores explotados y oprimidos que en Latinoamérica ha sido brutalmente golpeados por la barbarie de la explotación capitalista.

La región, incluido El Salvador, ha sido una zona de experimentación de los Chicago Boys y sus políticas de economía de mercado. En aquellos lugares donde la organización del movimiento obrero y popular se ha plantado para resistir y revocar esas políticas, las burguesías nacionales y los imperialismos (principalmente Estados Unidos) no han tenido reparo en utilizar la fuerza (con golpes de Estado y el uso del Ejército y fuerzas paramilitares) como respuesta.

Es así, que ante el desgaste de años de pelea y las dificultades para gobernar y hacer negocios la burguesía recurre a los procesos de dialogo para la paz. Procesos en los que las guerrillas han tenido que ceder todo (o casi todo) y la burguesía se compromete a realizar algunos cambios mínimos (que con el transcurso de los años se trae abajo). Pero uno de los puntos centrales es “reconocer” que ambos lado han pecado y que lo mejor es no revolver las aguas para no incrementar los rencores.

El Salvador de la “época de paz”

Con los acuerdos de paz lo que se logró fue la desmovilización de la guerrilla y su incorporación al “proceso democrático” como partido político, pero la paz nunca llego. Muestra de eso es que actualmente el país está en guerra contra las maras[i] (palabras del propio presidente).

Los procesos de paz se realizaron según las condiciones establecidas por la burguesía y como resultado al finalizar la guerra todo siguió más o menos igual. Actualmente el FMLN se encuentra en el poder pero es indistinguible de sus predecesores, es decir, se han puesto muy cómodos manejando el Estado burgués sin ser una alternativa para los sectores populares que honestamente los votaron esperando un cambio.

El gobierno de Sánchez Cerén con su declaratoria de guerra se apoya en las fuerzas armadas, esas que están manchadas con la sangre de miles de activistas, campesinos e indígenas. Nada bueno puede salir de enviar el Ejército a las calles. Veamos: “la violencia que desangra a El Salvador y que lo convirtió, el año pasado (2015), en el país sin situación de guerra tradicional más violento del mundo con una tasa de 107 homicidios por cada 100,000 habitantes. No hay, en El Salvador, acuerdo sobre cuántas de esas muertes fueron causadas por las pandillas, cuántas por la fuerza pública y cuántas por el crimen organizado; sin embargo, cifras recientes de la Policía Nacional Civil, obtenidas por organizaciones no gubernamentales a través de la ley de acceso a la información, indican que los homicidios atribuidos a pandilleros representan solo entre el 30 y el 40% del total (subrayado original del texto)”[ii].

Sumado a eso el FMLN ha sido el sector más crítico con el fallo judicial, pero no porque este sea insuficiente sino porque el país está en “otra etapa y tiene otras necesidades”. Ya lo dice Salvador Samayoa firmante de los Acuerdos de Paz por el FMLN: «La sentencia (Amnistía) me parece que tiene un cúmulo de errores jurídicos y políticos, los magistrados de la Sala se pasaron con esta resolución de inconstitucionalidad”[iii].

¡Ni olvido ni perdón!

Con la derogación de la ley se abre el camino para presentar casos ante los tribunales, con la salvedad de que solo pueden abrirse expedientes de aquellos hechos contenidos en el Informe “De la locura a la esperanza” realizado por la Comisión de la Verdad (u otros fuera de él pero muy excepcionales). El problema es que este Informe solo recoge algunas de las más de 22 mil denuncias registradas.

Como vemos la Corte ha sido cuidadosa con la caja que abría. Por un lado es sumamente progresivo que se haya derogado esta ley pero por el otro se toman medidas para que los responsables de crímenes en realidad nunca lleguen a juicio. Es que la burguesía tampoco pretendía establecer un precedente con el que se tendría que enjuiciar a una buena parte de sus políticos y de miembros del Ejército que se verían acusados.

Asimismo ha saltado a la palestra el debate sobre si esta derogatoria va a comenzar una “cacería de brujas” y deteriorar la paz lograda. Lo primero a decir sobre esto es que, como mencionó un analista político salvadoreño, “no se amenaza la paz porque esta no existe en El Salvador”. Y lo segundo es que, como señalamos arriba, el fallo viene condicionado y de todos modos no es muy fiable tener esperanzas en los tribunales que aplican las leyes de la burguesía. Por ejemplo en Argentina, a pesar de los avances en el castigo a ex militares, hay muchos que aún se encuentran libres y sin castigo mientras que otros que fueron condenados están siendo liberados o enviados a casa por cárcel.

A todo esto la consigna no es olvido y perdón como pretenden muchos, al contrario es exigir justicia por los miles de muertos y desaparecidos, es restaurar la memoria histórica de lucha del pueblo salvadoreño, es cárcel para los asesinos y torturadores. Pero esto debe estar acompañado de levantar nuevamente las banderas de la organización independiente del gobierno de la clase obrera, de relanzar la lucha por el socialismo: única alternativa para detener la masacre y la miseria a la que están sometidos las y los salvadoreños.

[i] Las maras son pandillas violentas que realizan hechos criminales (tráfico de drogas, armas y personas, asesinatos, etc.). Estas surgieron en las comunidades de migrantes latinoamericanos establecidos principalmente en Estados Unidos ante la situación de guerra en sus países. Luego fueron deportados y encontraron las condiciones óptimas para su expansión y reclutamiento en sus países resultado de la descomposición social del capitalismo que expresa la falta de perspectivas de vida que tienen los jóvenes centroamericanos.

[ii] http://www.infobae.com/2016/05/29/1814321-el-salvador-violencia-fin-la-tregua-las-maras-la-mano-dura/

[iii] http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119889/2016/07/22/Magistrados-consideran-haber-hecho-precedente-con-derogacion-de-Ley-de-Amnistia