“Algunos amigos dicen que somos sabios y prudentes, no creo que los dirigentes de la CGT seamos sabios pero sí, muy prudentes. La central obrera hizo el mayor aporte a la gestión del PRO al convalidar acuerdos salariales a la baja durante este 2016”. (Luis Barrionuevo)

En el editorial de la semana pasada describimos el actual momento de Macri como el peor desde que asumió en diciembre pasado. El largo conflicto desatado alrededor del tarifazo en el gas y la luz le impuso un profundo desgaste a la figura presidencial y, por primera vez en estos ocho meses, el gobierno se mostró a la defensiva y falto de iniciativa. Pero el problema del gobierno no se limita a la derrota parcial que supuso la anulación del tarifazo en el gas a los consumidores residenciales, sino que hace a un problema más estructural: desde que asumió la presidencia, los números de la economía argentina no hacen más que empeorar.

En este contexto, es que se anunció que el próximo viernes 2 de septiembre se producirá la primera reunión oficial entre la flamante CGT unificada y el gobierno nacional representado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en la sede de su ministerio. Pero antes de dar cuenta del carácter de esta reunión veamos algunos datos.

Una recesión que se profundiza

La semana pasada se dieron a conocer las primeras cifras “oficiales” del renovado INDEC sobre desocupación. El mismo fijó en el 9,3 el porcentaje de desocupados en el total del país y en 11,2 el de subocupados, lo que supuso un salto de alrededor del 4%, según los últimos números publicados por el INDEC. Pero este dato es sólo parte de la realidad, porque lo cierto es que el número es mucho más alto en los principales centros urbanos e industriales. Según las mismas fuentes oficiales, en los principales centros urbanos del GBA la desocupación/subocupación asciende al 11,2% y 18,6%, en el Gran Rosario, 11,7% y13,2%, en el Gran Córdoba 11,5% y 21,2%, en Mar del Plata 11,6% y 20,1% y en la Ciudad de Buenos Aires 8,5% y 14,0%. En este último distrito se dio el curioso caso de que el centro de estadísticas local refutó los datos del INDEC, informando una desocupación dos puntos más alta que la informada por el instituto nacional, fijando el índice en el 10,5% (es decir, 37.000 desocupados más que los reconocidos por el INDEC).

Este dato es sintomático de otros que se dieron a conocer esta semana. La actividad industrial en julio cayó, según datos oficiales, un -7,9% con relación a julio de 2015. En relación a la industria el derrumbe es generalizado, casi la totalidad de la industria ofreció datos negativos (sólo el sector químico mostró una leve mejoría del 0,8%). Los sectores más afectados son el metalúrgico con una caída del -11,6%, y el automotriz con una baja del -12,2%. En relación a este último sector (automotriz), las autopartistas cordobesas, en oportunidad de la celebración del Día de la Industria de Córdoba, anunciaron (amenazaron) con que les “sobran” el 25% de los puestos de trabajo actuales, algo así como 3.000 trabajadores. Y si la realidad es oscura, el horizonte no promete nada mejor. Siguiendo siempre los datos del INDEC, el 21,2% de los industriales prevé una mayor caída en sus empresas el próximo trimestre y sólo un 8% alguna suba.

Pero el peor de los datos fue el de la construcción. En ella el derrumbe es catastrófico, alcanzando una caída en julio del 23,1% en relación al mismo mes del año pasado. Estos no son sólo datos porcentuales, son 72.000 obreros de la construcción que perdieron sus puestos de trabajo y el sustento de sus familias, alcanzando la cifra de 115.281 despidos en lo que va del año, sólo contando el sector privado.

Esta “catarata” de números en rojo se sintetiza en una caída de la actividad económica en el primer semestre del -4,3%, una pérdida del salario real del -12% en los primeros seis meses, y una perspectiva de inflación de no menos del 41% en todo 2016.

Un gobierno que pretende imponer una agenda antiobrera

Aunque el actual contexto no le da demasiado margen, el gobierno quiere empezar a avanzar en una serie de medidas y reformas que incrementen la precariedad laboral en el país. Ya en oportunidad de la discusión de la ley antidespidos, Macri había salido al cruce presentando una “ley de empleo joven” la cual en la práctica era un incentivo para despedir trabajadores y cambiarlos por nuevos contratos, de los cuales el Estado subsidiaría parte del salario por un par de años: echar empleados “caros” por empleo subsidiado, la única condición que les pedía Macri era que no echen más empleados de los que contratasen.

Pero, la apuesta pretende ir más lejos. Desde hace varios días, el gobierno viene sondeando la posibilidad de introducir una nueva reforma laboral. El diario La Nación, una vez más, fue el vocero de la gran burguesía por intermedio de sus editoriales. Allí, un mes atrás exigía: “el período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares son instrumentos eficaces de promoción del empleo y reducción de los costos laborales. (… ) También debe tenerse en cuenta que los nuevos procesos y el avance de las tecnologías hacen necesaria la multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible”, a lo que agregaba: “La indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo. (…) Se debería crear un fondo con aportes del trabajador y contribuciones del empleador”. Es decir, periodos de prueba después de los cuales se pueda despedir libremente, contratos por corto plazo sin indemnización y sin jornada laboral prestablecida ni puesto fijo. Y la frutilla del postre es eliminar la indemnización y que el subsidio al desempleo se lo pague el mismo trabajador.

No está claro que el gobierno se atreva a avanzar con todo en esta agenda. En principio, lo que se estaría barajando es “la flexibilización de las condiciones de contratación para los nuevos trabajadores; (…) y la posibilidad de permitir negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa” (Ámbito Financiero, 25/08/16). Esto significa un incremento en la inestabilidad, precariedad y flexibilización laboral; y una fragmentación del movimiento obrero (a nivel de cada empresa) de cara a la discusión salarial y de condiciones de trabajo.

Otra reforma es la del régimen de ART. Este sistema nació en plena década del 90 como herramienta para restringir las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades. En ella se establecía una tabla de accidentes y enfermedades laborales, y la indemnización que le correspondía; estaba siempre muy por debajo de lo que los jueces laborales dictaban en sus fallos. Y para garantizar esta estafa contra los trabajadores, la misma les prohibía a los accidentados demandar a las empresas o patronales ante la justicia. Este régimen duró casi 9 años, hasta que el Argentinazo modificó las relaciones de fuerza y en 2004 la Corte Suprema la decretó parcialmente inconstitucional.

Pero ahora, Macri y la patronal, con la excusa de una supuesta “industria del juicio” (el mismo argumento que se usó en los 90) vuelve a tratar de avanzar con un DNU y una nueva ley de ART que con el único fin de garantizar la rentabilidad de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, les ponga nuevas limitaciones a los trabajadores a acudir a la justicia.

¿Y la CGT y las CTAs?

Hicimos este largo “punteo” sobre la realidad de los trabajadores y los peligros que los amenazan para que se dimensione que no es ninguna exageración agitativa el calificativo de infames traidores que les caben a los burócratas sindicales.

La traición es doblemente grave porque el gobierno de Macri está pasando su peor momento, y el único motivo por el cual no se desata una crisis política que ponga en jaque su plan ajustador, es por la complicidad de la CGT que lo sostiene por medio de su negativa a defender a los trabajadores frente a los ataques sistemáticos que están sufriendo. La misma burocracia es consciente de esto, y es por eso que no dejan pasar un solo día sin afirmar a los cuatro vientos que no tienen en agenda ninguna medida de lucha, y menos que menos un paro general.

La reunión prevista para este viernes 2 de septiembre es una escena más de esta farsa. En ella la flamante cúpula de la CGT va a plantear “todas sus preocupaciones” y luego seguirá haciendo la plancha.

No se puede depositar ninguna confianza en la conducción unificada de la CGT. Los trabajadores tenemos que organizarnos desde la base de cada fábrica y en cada gremio, agitando por abajo la necesidad de salir a enfrentar al ajuste de Macri y su política antiobrera.

En este contexto es que los trabajadores y la juventud del Nuevo MAS nos vamos a hacer presente, críticamente, en la Marcha Federal a Plaza de Mayo convocada por la CTA por ser esta una instancia de lucha contra el gobierno de Macri y su ajuste. No obstante esto, somos críticos tanto de las direcciones que convocan a la misma, como respecto al documento que se leerá en el acto (el cual no firmamos), así como rechazamos que participen sectores de las PyMEs que defienden las políticas de flexibilización laboral. La burocracia de Yasky y Baradel, al mismo tiempo que convoca a esta marcha y juega junto al kirchnerismo, evitan como a la peste poner en pie un verdadero plan de lucha que noquee al gobierno de Cambiemos.

Nuestro partido estará presente levantando la necesidad de que la CGT y las CTAs convoquen a un paro nacional y un plan de lucha en serio hasta derrotar al gobierno reaccionario y ajustador.

Como venimos caracterizando, el gobierno de Cambiemos está atravesando su momento de mayor debilidad: la economía lejos de mostrar sus brotes verdes, sigue atravesando un árido invierno; la Corte Suprema tiene que fallar en relación al aumento de las tarifas en la luz, las cuales están suspendidas en gran parte del país, y aún tiene por delante la prueba de las audiencias públicas en donde tendrá que defender el tarifazo al gas. Pero la debilidad no va a durar para siempre; si no se derrota, el gobierno volverá a tomar la iniciativa.

En este sentido, convocamos a todos los luchadores y a la izquierda a preparar una Jornada Nacional de Lucha para este 16 de septiembre, cuando se desarrollen las audiencias públicas bajo las consignas: Abajo el tarifazo, fuera Aranguren, contra los despidos, por la reapertura de las paritarias y contra la persecución a los luchadores.