Lágrimas de cocodrilo

“A partir de aquí quiero y acepto ser evaluado” (Mauricio Macri)

La última semana estuvo pródiga de noticias en el campo económico y social. Tras la reunión del gobierno con la CGT, se conocieron los índices de pobreza, que al alcanzar la escandalosa cifra del 33% de la población, tuvieron gran impacto mediático.

A partir de ese dato el gobierno ensayó una serie de justificaciones que no dejan de configurar una maniobra: el verso del “combate a la pobreza” como justificación para la aplicación de un ajuste económico neoliberal.

A este y otros temas de la coyuntura dedicaremos la presente editorial.

La pobreza como recurso de la política neoliberal

Comencemos por el mentiroso discurso oficialista sobre la pobreza. Macri declaró que a partir de la aparición de los índices del INDEC, ahora sí, a partir de esta raya, acepta ser “evaluado”…

Pero esta no es más que una escenificación que va en varios sentidos: un conjunto de mentiras conscientes.

El engaño comienza por el criterio para la medición de la pobreza. El índice de Línea de Pobreza vincula ingresos con una canasta básica de bienes. En realidad, hay dos índices al respecto: uno, llamado de indigencia, que refiere al límite mínimo de bienes para que una familia tipo de cuatro personas pueda subsistir ($4.000), y otro, referido a cuanto hay que ingresar por familia tipo para no ser considerado pobre ($12.000).

La primera maniobra es que el INDEC, a diferencia de la UCA (Universidad Católica Argentina), evaluó sólo los centros urbanos, con lo que el número de millones de pobres e indigentes arrojó “sólo” 9.000.000 de personas. Ocurre que si se toman en cuenta las áreas rurales también (como es el caso del estudio de la UCA), ese número totaliza 13.000.000 de personas: ¡un dato escandaloso por donde se lo mire!

Y a este dato hay que agregarle dos cosas: una, que cuando el índice se concentra en los niños la pobreza totaliza el 47% de los mismos; dos, que más allá del interesado discurso macrista sobre la herencia K, Macri ha creado en nueve meses 1.500.000 de nuevos pobres: ¡algo que no puede sorprender dadas las medidas de ajuste tomadas desde el primer día de su gestión!

Pero nos queremos referir a tres aspectos todavía más siniestros de la puesta en escena oficialista. Primero, el hecho que no alcanza con medir ingresos para evaluar la realidad de la pobreza. Ocurre que la pobreza es una condición estructural que atañe a un conjunto de elementos: en primerísimo lugar, la vivienda y los servicios que posea la misma (agua corriente, luz, gas, pavimento, etcétera, por no hablar de educación, cobertura de salud, etcétera). Una medición mucho más completa y aproximada de la pobreza es la de Necesidades Básicas Insatisfechas, que se evalúa en la llamada Encuesta Permanente de Hogares. Ésta da una medida mucho más seria de las cosas: ocurre que uno puede entrar y salir de la “línea de pobreza” (según la evolución de los precios) sin que haya cambiado en nada estructuralmente la cosa; el índice de NBI –¡que debería ser el que se tome en cuenta para medir la verdadera pobreza!- es mucho más difícil del burlar.

Esto se conecta directamente con una segunda trampa del discurso oficialista: mediante el ajuste el gobierno disparó los precios, hundió el salario, aumentó la desocupación, profundizó la recesión. Pero ahora apunta a que esos elementos moderen el aumento de precios; sobre todo para el 2017, año electoral. ¿Cuál sería el efecto de esto? Simple: si la inflación baja en algo, muchos de los considerados pobres saldrían mágicamente de la misma…

Se trata de la legitimación del ajuste antiinflacionario por la vía del discurso de la pobreza; un problema que es dramático pero requiere soluciones de fondo, anticapitalistas, en un sentido opuesto al del oficialismo: prohibición de despidos, pase a planta permanente de todos los trabajadores, aumentos de salarios reales, un verdadero plan de obras públicas bajo control de los trabajadores, eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores e impuestos progresivos a las verdaderas ganancias, no pago de la deuda externa, etcétera. Todas medidas que, evidentemente, el gobierno empresarial jamás tomaría.

Arreglando por chirolas

Es aquí donde se coloca el segundo tema de los últimos días: el eventual acuerdo con la CGT. La semana pasada se escenificó una suerte de pre acuerdo con los líderes cegetistas. A cambio de un par de migajas, quedó planteada más que nunca la posibilidad que la CGT desactive un paro general que nunca quiso.

Pero de manera sorprendente, en los últimos días, el gobierno ha aparecido desmintiendo esas “concesiones”: “no le vamos a dar nada a la CGT”, declaró Frigerio el último domingo. Paralelamente Moyano, verdadero artesano tras bambalinas del posible acuerdo, levantó la temperatura verbal: “este verdugueo del gobierno tiene que parar”. ¿Qué significa esta escenificación?

Significa precisamente eso: una teatralización política. Lo que está en discusión es tan miserable que si no se representa un “forcejeo”, si no se le hace creer a los trabajadores que obtendrían “mucho”, el costo político sería mayor para ambas partes.

Es por eso que, paradójicamente, este teatro le conviene a ambas partes. Al gobierno, porque quiere hacer creer que “no es tan sencilla la cosa”, que significará un “esfuerzo”, que “los empresarios no están de acuerdo” y, entonces, si sale el acuerdo, lo presentarán como una “gran concesión”.

Y a la CGT también le conviene, para no aparecer tan regalados. Es que a cambio de las paritarias a la baja más miserables desde el 2002, de los 150.000 despidos formales ocurridos este año, de los tarifazos de gas, luz y agua, de que el gobierno haya acordado con los gobernadores que de ninguna manera se eliminará el impuesto al trabajo; a cambio de todo esto y mucho más, la CGT reclama sólo dos exiguas medidas para fin de año: que se exceptúe al medio aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias y que se pague algún miserable bono de 1.000 ó 2.000 pesos para paliar en algo el atraso de las paritarias…

La CGT no quiere olas. Considera que la situación está controlada, sin desbordes. En estas condiciones, se hace “innecesario” someterse a la eventualidades que plantea cualquier paro general: los posibles desbordes, el “aprovechamiento” que la izquierda pueda hacer del mismo, etcétera.

Ocurre que la CGT tiene margen para hacerse la distraída debido a que por abajo, entre los trabajadores, reina la confusión acerca del verdadero carácter del gobierno. El tramposo discurso de la “herencia” (común a todo gobierno patronal que inicia), es la tan poco original como hasta ahora eficaz coartada del macrismo; una coartada que ha calado tan hondo que incluso sectores que se consideran de izquierda como el FIT, la han comprado con creces.

Claro que los esposos K prepararon el camino para Macri, estabilizando el país y no poniendo en marcha ninguna medida de fondo, anticapitalista, para acabar con la explotación. Pero de ahí a comprar el hipócrita discurso macrista de la “herencia”, el hipócrita discurso del gobierno actualmente al frente del país, debería haber un largo trecho.

En esta confusión se apoyan Moyano y demás líderes cegetistas para darle largas al asunto y garantizarle a Macri su primer año de gestión sin un paro general: ¡una abierta traición a los trabajadores en el momento que están sufriendo el más grande ajuste económico en años!

Si bien faltan todavía unos días para que esté dicha la última palabra, las “concesiones” que harían el gobierno y los empresarios son tan miserables, que lo más probable es que el acuerdo se concrete.

Súper explotación obrera

Vayamos ahora al discurso oficialista acerca de la productividad. ¿Qué es la productividad? Refiere a la cantidad de bienes producidos por hora trabajada. El gobierno habla de aumentar la misma con la excusa de hacer “más competitivo” el país.

El aumento de la productividad tiene dos condiciones que refieren ambas al aumento de la explotación de los trabajadores. Son formas distintas que se pueden tranquilamente combinar de aumentar la explotación obrera, es decir, la parte de su trabajo que no se les paga a los trabajadores.

La primera vía es el aumento directo de la explotación obrera: la extensión de la jornada laboral y/o el aumento del ritmo e intensidad de trabajo. A esta vía se le llama en el marxismo plusvalor absoluto: el cuánto de trabajo no pagado del trabajador (que es la fuente de toda ganancia empresaria) se obtiene de estrujar los nervios y músculos del obrero.

La otra vía tiene que ver con inversiones que permiten dar lugar al mismo efecto: aumentar la productividad del trabajo, obtener más mercancías por igual trabajo como producto de una mejora técnica en los medios de producción, las máquinas (este efecto también puede obtenerse de una mejor organización del trabajo). A esto se lo llama plusvalor relativo.

Más allá del verso macrista de las inversiones, de lo que se está hablando es, básicamente, de aquellas medidas que pretenden imponer condiciones redobladas de explotación directa de los trabajadores. Ocurre, además, que como toda medida bajo el capitalismo, el (eventual) aumento de las inversiones no tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino aumentar las ganancias empresarias, lo que por una forma o la otra (directa o indirectamente), siempre redunda en un aumento de la explotación obrera (en el caso del plusvalor relativo, abaratando el costo de los bienes necesarios para el consumo obrero, lo que automáticamente abarata los salarios).

En todo caso y más allá de la explicación que hemos dado arriba, lo que se está volviendo a escuchar en el gobierno y el seno de los foros empresariales, es la remanida idea de que “el costo laboral argentino es muy alto, de que hay que bajarlo”.

A cuento de esto vienen medidas que el oficialismo pretende imponer como el proyecto de “empleo joven”, que no es más que una excusa para colocar una nueva camada de trabajadores en condiciones de súper explotación que, aprovechándose de su juventud e inexperiencia, tiren para abajo el salario y las condiciones de trabajo del conjunto.

Otro ejemplo es la renovada pretensión de “reducir la litigiosidad laboral”, lo que no significa otra cosa que reducir las protecciones mínimas existentes a las enfermedades obreras (por eso se habla, también, de modificar la ley de ART), o quitar las protecciones conquistadas en la última década a los despidos sin causa o por discriminación sindical.

A esto se le agrega el discurso oficialista que denuncia “un incremento del ausentismo laboral”… Sorprende esta afirmación cuando está demostrado que sólo en condiciones de pleno empleo genuino aumenta el ausentismo.

Si es verdad que el desempleo formal luce relativamente bajo en el país, el hecho que el 40% del personal esté en negro se encarga de sostener lo que en el marxismo se llama “ejército industrial de reserva”, que refiere a dicha masa de trabajadores desempleados o precarios que por las condiciones mismas de su inestabilidad, fungen como alerta al resto de no “hacerse los locos”.

El discurso de la productividad del gobierno tiene bases falsas: es sólo una coartada para aumentar la explotación de los trabajadores, lo mismo que su enfoque neoliberal de la pobreza, que sólo busca enfrentar pobres contra pobres, pobres contra trabajadores, como si de estos últimos dependiera la responsabilidad del sostenimiento de los primeros, y no de los millonarios capitalistas, su Estado y su gobierno reaccionario; de ahí que suene más aberrante la posibilidad de un acuerdo social entre gobierno, empresarios y sindicalistas.

Vamos por un nuevo frente de izquierda

De no haber paro general, el gobierno se aprestaría a transitar con tranquilidad los meses que restan hasta fin de año. Es más: dicha traición sería la señal de largada anticipada de una dilatada campaña electoral que, PASO proscriptivas mediante, terminaría en octubre del año que viene.

En todo caso, la tarea es apoyar a los que salen a luchar desde abajo. Y si la dinámica electoral se termina imponiendo, comenzar a preparar una intervención electoral desde la izquierda revolucionaria.

Intervención electoral que, si se choca con una nueva negativa del FIT a una participación común de la izquierda (le hemos hecho decenas de llamados unitarios sin respuestas), ponga en pie otro frente de izquierda basado en la más intransigente independencia de clase y por el socialismo.

Este es el nuevo desafío que se le plantea a nuestro partido de aquí en adelante, y que recorreremos con todas nuestras fuerzas para romper con la trampa proscriptiva del régimen capitalista.