Una serie de sucesos de los últimos días viene sacudiendo la ya conmocionada escena política venezolana. El primero de ellos, ocurrido el 20 de octubre, fue la suspensión por parte del poder judicial del proceso en pos de la realización de un referéndum revocatorio que la oposición había iniciado contra Maduro. Esto cayó como un baldazo de agua fría para un amplio sector de la sociedad que aspiraba a revocar el mandato presidencial por este camino. Así quedó objetivamente en crisis la estrategia de la Mesa de Unidad Democrática (“MUD”) que reúne a los principales partidos burgueses opositores al gobierno.

El nivel de tensión aumentó enormemente, y la confrontación política fue escalando. Un ejemplo fue la “toma del Parlamento” llevada a cabo el domingo 23 por parte de cientos de simpatizantes chavistas, con el objeto de impedir una sesión donde podía iniciarse un juicio político contra el presidente.

Pese a lo anterior, esta sesión se pudo realizar unos días después (el martes 25).  La Asamblea Nacional -dominada por la oposición desde las últimas elecciones- aprobó el inicio del juicio político bajo la acusación al gobierno nacional de haber roto el hilo constitucional al suspender el revocatorio, y quiere declarar a Maduro en “abandono del cargo”. La constitución venezolana no otorga al Parlamento la potestad de definir un juicio político (pero sí al Poder Judicial, que hasta el momento es controlado por el chavismo). Sin embargo, esto significa a todas luces una “señal de largada” para la destitución –sea en consonancia con las instituciones o en ruptura abierta con las mismas- del presidente, especialmente con el precedente de lo ocurrido en Brasil con Dilma Rousseff.

Al cierre de esta edición, se están realizando enormes movilizaciones en Caracas y en todo el país, donde la oposición de lanzó a las calles bajo el slogan “Toma de Venezuela”. Sin embargo, serían sólo el comienzo de una escalada en las acciones opositoras. La MUD está convocando para este viernes 28 a un paro general contra el gobierno, y el 3 de noviembre a una gran marcha al palacio de Miraflores (sede del gobierno), en la que le entregarán a Maduro “la carta de despido”, según sus dirigentes.

La crisis política quedó planteada en un nivel de enorme gravedad. El papa Francisco viene intentando mediar entre las partes para contener la confrontación dentro de carriles “pacíficos”, y para ello impulsa una reunión entre ellas para el 30 deocubre. Sin embargo, se trata de una ilusión, ya que no hay prácticamente ningún “terreno intermedio” donde el chavismo pueda coincidir con la oposición: lo más probable es que la reunión no se realice y se vaya a una mayor escalada en la confrontación política.

La situación es crítica en todos los aspectos. La sociedad se encuentra fuertemente polarizada, y los niveles de popularidad del gobierno de Maduro son muy bajos. Las instituciones del Estado están enfrentadas entre sí: el poder ejecutivo está prácticamente en guerra con el legislativo. Y todo esto motorizado por una brutal crisis económica, con muy altos niveles de inflación y desabastecimiento generalizado.

El gobierno de Maduro se encuentra paralizado. Su estrategia se reduce a tratar de sobrevivir (a través de una serie de maniobras) hasta las elecciones de 2019, esperando que para entonces las condiciones hayan mejorado por sí solas. Pero para poder retomar el control de la situación, necesitaría una reactivación económica, que en las condiciones actuales solo sería posible con un aumento en los precios internacionales del petróleo (que se encuentran hace ya mucho tiempo en niveles bajísimos[1]). La economía venezolana depende enormemente de los ingresos del petróleo, en una estructura productiva que el chavismo fue completamente incapaz de revertir. Por supuesto, el gobierno venezolano puede hacer muy poco para influir en el mercado mundial y en sus determinantes de precios –pese a que Maduro inició una gira por Medio Oriente para mostrarse con iniciativa.

En estas condiciones adversas, existen sin embargo “puntos de apoyo” que le vienen permitiendo a Maduro capear la tormenta. Centralmente, pareciera que las Fuerzas Armadas (incluida la oficialidad) siguen apoyándolo, por lo menos en su mayor parte. El chavismo otorgó grandes beneficios a las FFAA, como la concesión de explotaciones petrolíferas, gasíferas y mineras.  Además de los grandes negociados, hay jefes de las FFAA ocupando puestos políticos y de administración en todos los niveles del Estado.  El gobierno también controla las instancias clave del Poder Judicial, lo cual lo blinda hasta cierto punto de las maniobras “institucionales” en su contra.

Pese a su bajísima popularidad, Maduro todavía conserva el apoyo de un amplio movimiento social chavista, especialmente fuerte entre las clases bajas de la población. Ese movimiento está muy organizado y movilizado, y pese a la crisis y la desmoralización, todavía conserva la capacidad de hacerse fuerte en las calles. Por lo cual, todo intento hasta el final por parte de la oposición de tirar abajo al gobierno, dejaría al país al borde de una guerra civil.

Por una salida de los trabajadores

Las dos perspectivas planteadas por los grandes partidos en Venezuela llevan a los trabajadores a un camino muerto. Un triunfo de la oposición (sea por la vía del Juicio Político, del Referéndum Revocatorio o del golpismo liso y llano) supondría un reforzamiento colosal de la derecha en el continente, y significaría el regreso al poder de los viejos partidos del régimen junto con elementos fascistoides, que podrían generar avances revanchistas contra los sectores populares, al mismo tiempo que profundizarían brutalmente el ajuste económico, destruirían las conquistas logradas por el pueblo venezolano y entregarían el país al imperialismo yanqui.

Al mismo tiempo, Maduro no ofrece ningún tipo de salida a la crisis económica y el impasse político. Su gobierno es estructuralmente incapaz de solucionar los problemas de fondo –que en última instancia remiten al mantenimiento de la propiedad privada de las grandes empresas, de la producción y distribución de bienes, así como al predominio de una camarilla burocrática de funcionarios, militares y empresarios que gestionan los recursos públicos para sus propios intereses. Hasta ahora las únicas medidas tomadas para enfrentar la crisis implican que el propio pueblo trabajador pague los costos (por la vía inflacionaria). Lo demás son solamente pantomimas, como la puesta en pie de sistemas de distribución de mercadería que terminan siendo engullidas por el mercado negro, la corrupción y el contrabando.

Lo que hace falta es una salida independiente de ambos polos políticos: el país debe ser refundado sobre nuevas bases políticas y sociales. Es necesario convocar una Asamblea Constituyente revolucionaria que barra con el régimen político y entregue el poder al pueblo. Solo de esta manera se puede superar el dilema reaccionario planteado por el gobierno y la oposición –rechazando tanto la perspectiva de una destitución presidencial por derecha, como la de una continuidad sin cambios de la catástrofe económica y social. A la derecha solo se la puede derrotar y la crisis solo podrá ser superada si los trabajadores y el pueblo oprimido se hacen fuerte en las calles, si toman en sus manos la producción y distribución de los bienes, si expulsan a los funcionarios corruptos e incompetentes que lucran con la crisis o son incapaces de hacer nada al respecto, al mismo tiempo que bloquean toda posible perspectiva golpista de la derecha escualida.

[1] Los precios mundiales del petróleo están muy bajos, en gran parte, por una decisión política de Arabia Saudita –por la vía de no reducir sus cuotas de producción-. Esto tiene como objetivo tirar abajo a todos sus adversarios políticos (como Rusia e Irán) y sus competidores económicos (esos mismos, e inclusive los propios EEUU que se acercaron al autoabastecimiento a través del fracking).