Los próximos 03, 04, 05, 06 de abril tendrán lugar las Audiencias de Juicio Penal en contra de cinco personas que participaron el 8 de noviembre de 2012 (8N) en una manifestación en defensa de la Seguridad Social frente a las oficinas centrales de la CCSS en Avenida Central. Los acusados son Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano, Adrián Jaén España, Denis Solís Cruz y Mario Alberto Villalobos Arias.

Recordemos que el 8N se dio la represión del gobierno de la entonces presidenta Chinchilla en contra de una marcha en defensa de la CCSS. Los manifestantes fueron arrestados y enjuiciados en los Tribunales de Flagrancia y Contravencional, donde fueron absueltos. Siendo que sólo se siguió causa penal contra los arriba mencionados.

Este es un caso que, como en múltiples ocasiones hemos denunciado, no tiene pies ni cabeza y se trata simplemente de la criminalización de la protesta social con el fin de amedrentar a los luchadores mientras el gobierno y los empresarios hacen sus negocios a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores más explotados de la sociedad. La continua ofensiva contra las conquistas sociales de los trabajadores, el vaciamiento y progresiva privatización de los servicios públicos de salud, las reformas en el régimen de jubilaciones y el cuasi congelamiento salarial son sólo algunas de esas medidas.

Esto confirma la política sistemática del Estado costarricense (ya esté bajo el mando del PLN o del PAC) por criminalizar a los activistas sociales y militantes de izquierda que participan en las luchas sociales. Vemos cómo en años recientes se condenó a Paulina Briones a cinco años de cárcel por protestar contra la construcción de la terminal portuaria de APM Terminals y también el caso de dos mujeres que estuvieron un mes en prisión preventiva por bloquear una calle en El Roble de Puntarenas exigiendo viviendas dignas.

También tenemos el emblemático caso de Orlando Barrantes, un reconocido activista de izquierda, que ha tenido que pasar la última década y media en los tribunales enfrentando acusaciones que no se sostienen solas y la utilización del sistema judicial para castigarlo y exponerlo como ejemplo: todo el que salga a luchar va a ser encarcelado. En su caso, tuvo que enfrentar cárcel preventiva y la negativa de la policía a permitirle el acceso a sus medicamentos. Gracias a la campaña de solidaridad con diferentes acciones y marchas en la provincia de Limón y a los Tribunales y Casa Presidencial en San José (campaña a la que el NPS se sumó de lleno) se logró su excarcelación.

Hay que dejar claro que este ensañamiento no es un hecho casual o fortuito. Es parte de una avanzada reaccionaria para criminalizar la protesta social resultado de la resistencia y lucha que diversos sectores han dado contra los planes de los gobiernos de turno.

Y es que esos gobiernos que se pintan de democráticos, defensores de los derechos humanos y otros tantos títulos que se endilgan, son los mismos que encarcelan a quienes protestan, que envían antimotines a fincas piñeras ante una huelga, que reprimen a comunidades por exigir alguna reivindicación, que discuten en la Asamblea Legislativa cómo modificar la ley para no permitir las manifestaciones.

Es justamente de la comprensión de lo anterior que resulta una conclusión muy importante y necesaria para la campaña por la no criminalización de estos activistas: no hay que abandonarse única y exclusivamente a la lucha legal (la cual obviamente hay que dar), sino que hay que combinarla con la denuncia pública, las acciones callejeras y la solidaridad más amplia. Este método de lucha se impone ante las arbitrariedades del sistema judicial.

El Nuevo Partido Socialista se solidariza con los compañeros acusados y exigimos al Estado costarricense su desprocesamiento inmediato.