El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un conocido derechista que desde su campaña electoral viene dejando en claro que se opone por el vértice a los intereses de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los inmigrantes, etc. Los primeros meses de su presidencia confirmaron todas estas cuestiones, como venimos señalando desde este periódico.

Sin embargo, en estas últimas semanas viene preparando un ataque todavía más profundo contra los sectores populares. Esta nueva ofensiva tiene dos componentes: el presupuesto 2018, y la reforma al sistema de cobertura médica (conocido hasta ahora como “Obamacare” por ser una obra del ex presidente). Explicaremos por separados estos dos aspectos.

El presupuesto 2018

El presidente Trump presentó ante la sociedad su propuesta de presupuesto para el año 2018, que deberá ser discutida y aprobada en el año corriente. Una definición de conjunto es que se trata de un ataque brutal, una provocación en toda la línea contra los intereses de los de abajo, que empieza a configurar un proyecto nacional-imperialista de carácter neoliberal.

Explicaremos lo anterior. En primer lugar, el presupuesto recorta prácticamente todas las áreas del gasto público, excepto las siguientes: la del gasto militar, y la que abarca la seguridad nacional y la lucha contra la inmigración. En esos rubros, el presupuesto prevé un aumento del 10% y del 7% respectivamente.

Los funcionarios de Trump defendieron estos aumentos con la siguiente lógica: “Estados Unidos debe recuperar su lugar en el mundo, y para hacerlo necesita ‘poder duro’ y no ‘poder blando’”. “Poder Duro” refiere a la capacidad de imponerse militarmente frente al resto del mundo, mientras que “poder blando” significa construir hegemonía por otros medios, tales como las ayudas económicas a otros países, etc.[1]. Estados Unidos quiere volver a mostrarse como gran potencia mundial a través del garrote. Como parte de esto, Trump señaló la intención de aumentar y modernizar el arsenal nuclear de EEUU, lo que entraña una enorme gravedad para el mundo entero. El aumento del gasto militar señala, en definitiva, un nuevo giro autoritario, militarista y reaccionario de EEUU en el mundo.

El segundo aspecto del presupuesto 2018 es la brutalidad de los recortes, con un claro contenido neoliberal. Son golpeadas áreas como la salud y la educación, los planes de asistencia social, la ayuda exterior, etc.: cada una de ellas recibe recortes de entre el 10 y hasta el 30% del presupuesto. Pero entre ellas hay además un área que recibe los mayores golpes de todas: la de la lucha contra el cambio climático (que pierde por lo menos el 30% de su presupuesto). El proyecto de Trump desfinancia prácticamente todos los programas de protección ambiental, de desarrollo de energías sustentables, etc.

Se destaca, por ejemplo, el caso de la agencia llamada “ARPA-E” (‘Advanced Research Projects Agency-Energy’, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados – Energía), que prácticamente debería cerrar por falta de financiamiento. Esta agencia se encarga de promover y subsidiar proyectos de investigación en nuevas formas de energía que puedan superar la dependencia en los combustibles fósiles (altamente contaminantes y causantes principales del cambio climático). El subsidio de la investigación y desarrollo es fundamental para toda perspectiva de avance en este terreno, ya que hasta que no sean descubiertas formas muy económicas de energía limpia, toda inversión realizada al respecto es a pérdida durante largos periodos. Ningún capitalista quiere perder dinero, por lo cual ni siquiera es cierto que el “sector privado” se vaya a hacer cargo de financiar estos proyectos para su propio beneficio. En definitiva, la eliminación de los subsidios estatales solo significa el estancamiento científico-técnico, y la perpetuación de las actuales fuentes de energía contaminantes.

Esto va en sintonía con otras definiciones de Trump, que anunció un paquete de medidas para reactivar la industria del carbón. Se trata de la vía más rápida posible para estimular el calentamiento del planeta: es una política criminal, que va a contramano de las más elementales necesidades de supervivencia de la especie humana.

Pero regresando a los recortes en su conjunto, además de la defensa férrea del negocio de los combustibles fósiles y del objetivo de relanzar a EEUU como gran potencia militarista, existe una tercera gran racionalidad. Se trata del intento de reducir globalmente el gasto público con el objetivo de poder bajar los impuestos a los sectores más adinerados. Los funcionarios de Trump justifican esta meta con una lógica plenamente neoliberal: “si hay menos impuestos, los empresarios invierten más, reactivando la economía”. Esta lógica es opuesta por el vértice a la del keynesianismo, el “New Deal” y cualquier orientación que estimule el consumo popular como método de reactivación económica. Así, mientras Trump aparece como “proteccionista” frente al exterior (apariencia que, por otro lado, todavía no tiene ninguna medida concreta que la justifique), hacia adentro es un firme partidario del “libre mercado”.

El “Trumpcare”

El día jueves 23/3 se discutirá en la Cámara de los Representantes de EEUU el proyecto de Trump para revocar el “Obamacare” (sistema de cobertura de salud implementado por Obama en el año 2010) y reemplazarlo por un sistema propio.

El “Obamacare” es un sistema mediante el cual se hizo obligatoria para toda la población la contratación de seguros de salud, al mismo tiempo que el Estado federal subsidia un importante porcentaje del costo del mismo para amplísimos sectores. Por otro lado, extiende también el seguro de salud gratuito -o de bajo costo- “Medicaid” (gestionado por cada Estado, y con parte del financiamiento del Estado federal) para los sectores de menores recursos.

El “Obamacare” en su conjunto no es exactamente un sistema de cobertura estatal, ya que las prestaciones médicas siguen siendo en gran medida privadas (y por lo tanto, un enorme negocio capitalista), tampoco es gratuito en la mayoría de los casos (y por eso mismo no es tampoco universal). Sin embargo, más de 20 millones de personas pudieron acceder por primera vez a una cobertura sanitaria a través del “Obamacare”, lo cual le otorga un peso central en la realidad de los sectores explotados y oprimidos.

El financiamiento insuficiente del mismo, el carácter privado de gran parte de las prestadoras, los altos costos de contratación y otros problemas marcaron sus límites y erosionaron su base de apoyo. Así y todo, se trata de una de las pocas medidas “redistribucionistas” tomadas por Obama, su principal caballito de batalla y uno de sus mayores éxitos. También es una de las mayores medidas de asistencia social que existen en EEUU, un país que pese a sus altos ingresos, llegó a tener muy poco en común con los “Estados de Bienestar” europeos de la posguerra, y fue perdiendo lo poco que tenía como producto de la ofensiva neoliberal. El “Obamacare” fue a contramano de esta tendencia histórica: fue un subproducto de la crisis económica de 2008 y de un clima político girado a la izquierda, donde amplios sectores cuestionaron que el Estado implementara “salvatajes” a los grandes bancos y empresas mientras millones se sumían en el desempleo y la pobreza. En ese sentido, el “Obamacare” con todos sus límites fue una concesión a la clase trabajadora norteamericana.

Es precisamente eso lo que Trump quiere derribar. El rechazo al “Obamacare” fue uno de sus principales ejes de agitación en la campaña electoral. Lo que le critica al mismo es precisamente lo que más tiene de progresivo: el hecho de que se sustente (por lo menos en parte) en los impuestos a los ricos, para facilitarle el acceso a la salud a los pobres.

La reforma presentada por Trump realiza serias modificaciones al sistema de financiamiento, que en la práctica van a significar la reducción o eliminación de gran parte de los subsidios a los usuarios (sumado a la revocación de la obligatoriedad de contratar un seguro). Eso lleva necesariamente a que millones de personas pierdan el acceso al mismo, volviendo en gran parte a la situación que existía antes de 2010, donde solo una pequeña minoría privilegiada tenía acceso a seguros de salud. Le otorgaría también mayor peso a los Estados en detrimento del Estado Federal, lo cual significa que en las regiones más atrasadas del país regirían normas y presupuestos mucho más desfavorables. Disminuiría las regulaciones a las prestadoras privadas, desprotegiendo al usuario frente a su voracidad capitalista. Entre otras “maravillas”, anularía el financiamiento de programas de Planificación Familiar que facilitan el acceso a anticonceptivos y a la realización de abortos.

Es decir, la reforma de Trump se trata de un ataque en toda la línea, que impondría un retroceso muy claro en las condiciones de acceso a la salud de los explotados y oprimidos de EEUU.

Sin embargo, no está claro todavía que Trump pueda conseguir en la Cámara de los Representantes la cantidad de votos necesaria para aprobar esta monstruosidad. Los medios de comunicación difundieron que existen hasta 26 representantes republicanos (es decir, del propio partido de Trump) que se oponen a la misma. Una parte de ellos, con críticas por derecha (ya que no elimina del todo el sistema de subsidios). Pero otra parte, reflejando la composición social de la propia base republicana, dentro de la cual hay también millones de trabajadores, que ganaron acceso al sistema de salud por primera vez gracias al Obamacare. Aprobar la reforma Trump podría significar quitarles esa conquista, y lleva al peligro de perder eventualmente sus votos.

No está claro, por lo tanto, lo que va a ocurrir en la sesión del Parlamento. En caso de ser rechazada la propuesta, sería un duro golpe político para Trump, que lo mostraría debilitado e incapaz de imponer su agenda. En caso de aprobarse, puede provocar un enorme rechazo, fogoneando las protestas masivas que ya empezaron a ocurrir desde su llegada al gobierno, e inclusive erosionando su propia base social.

Los ataques de Trump deben ser frenados con la movilización multitudinaria de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los inmigrantes y todos los sectores oprimidos. El monstruo reaccionario debe ser derrotado para que pueda existir un futuro digno.

[1] Esta estrategia para recuperar el lugar de EEUU en el mundo no es compartida por el establishment militar norteamericano (que es, en definitiva, el experto en el tema y su garante de última instancia). Una importante cantidad de generales retirados señalaron su descontento con el cambio de “poder suave” por “poder duro”: la experiencia de décadas de dominación mundial les demostró que la construcción de hegemonía requiere mucho más de ganar apoyo entre las poblaciones oprimidas que de (únicamente) la capacidad de imposición directa. Un ejemplo clarísimo es el fracaso de la guerra de Irak, que todavía es una gran herida abierta para Estados Unidos y su casta militar.