En los últimos días, una serie de acontecimientos en Venezuela agravaron la grave crisis política que vive el país, abriendo una importante discusión en toda América Latina con ecos en todo el mundo.

El detonante fue la decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de quitarle a la Asamblea Nacional sus atribuciones, vaciándola en la práctica de todo contenido y quitándoles la inmunidad a sus miembros.

La Asamblea Nacional, el parlamento venezolano, cuenta desde diciembre de 2015 con una mayoría opositora al chavismo, referenciada en la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) dirigida por Henrique Capriles. Por esa razón, la antidemocrática medida del TSJ fue considerada por los opositores, lisa y llanamente, como un “golpe de estado”. La derecha en todo el continente se hizo eco de esta denuncia y exigió, entre otras cosas, la intervención del imperialismo yanqui a través de la OEA.

La crisis desatada llevó a que el presidente Nicolás Maduro, a través del Consejo Nacional de Defensa, llamara al TSJ a que revirtiera su decisión, después de un pronunciamiento también contrario de la Fiscal General de Venezuela.

Finalmente, el día de hoy, el TSJ restituyó a la Asamblea Nacional sus atribuciones y a sus miembros la inmunidad, desactivando momentáneamente el conflicto. Sin embargo, ningún problema de fondo fue resuelto.

Venezuela se encuentra sumida hace ya largo tiempo en una profunda crisis. En el aspecto económico, la caída de los precios internacionales del petróleo profundizó enormemente el déficit fiscal. Esto a su vez alimentó un proceso inflacionario brutal, uno de los mayores del mundo, que pulveriza día a día el salario. Esto se combina con una crisis de desabastecimiento, donde los alimentos y bienes básicos son cada vez más difíciles de conseguir; calamidades todas multiplicadas por la desastrosa gestión del chavismo (que no fue capaz de afectar las estructuras fundamentales del capitalismo venezolano).

La situación social se vuelve cada vez más desesperada, con aumentos insoportables de los niveles de pobreza y elementos cada vez mayores de descomposición, incluida la emigración masiva, mientras que ricos y poderosos (incluyendo en esto burgueses “escuálidos” y “boliburgueses”), se enriquecen cada vez más.

En el terreno político, la crisis es también muy profunda. El poder ejecutivo y el legislativo se encuentran prácticamente en guerra. Las decisiones del TSJ no fueron las primeras en este sentido, y seguramente tampoco sean las últimas. El problema de fondo es que el gobierno de Maduro desde 2015 se encuentra en minoría entre la población, lo que lo lleva a evitar la convocatoria a elecciones (regionales, sindicales y de todo tipo) para no tener que ceder el poder.

En ese escenario, la oposición de la MUD y sus diversas alas representan una salida reaccionaria para el país: son los sectores que gobernaron tradicionalmente Venezuela, neoliberales rabiosos. Representan directa y orgánicamente a la burguesía venezolana y al imperialismo yanqui. Quieren regresar al “statu quo” anterior a 1998, apoyaron la intentona golpista de 2002 contra Chávez y los lockouts patronales, y se identifican actualmente con los gobiernos de la derecha latinoamericana como los de Macri y Temer. De estos sectores no puede esperarse absolutamente nada, y es necesario que el movimiento popular se mantenga independiente de ellos, sin darles el más mínimo apoyo.

Sin embargo, es el propio gobierno de Nicolás Maduro quien llevó al país a su situación actual. Representa la fase decadente del nacionalismo burgués de Chávez. Mientras éste último gobernó en un momento de alza de las rebeliones populares y en un ciclo económico ascendente, Maduro representa el agotamiento de ambos ciclos, político y económico. Toma medidas de ajuste antipopular, al mismo tiempo que fortalece un régimen político bonapartista, cada vez más autoritario y represivo. Es importante señalar que sus “medidas de excepción” no apuntan solamente contra la derecha, sino también contra la izquierda, contra los trabajadores y el pueblo. Por todo esto la salida no puede ser un fortalecimiento de este régimen podrido y corrupto.

La crisis actual expresa todos los límites del proyecto chavista. Un proyecto que estuvo al frente del gobierno venezolano durante casi 20 años, y sin embargo no fue capaz de avanzar en una auténtica industrialización del país, que transforme su carácter capitalista semicolonial y dependiente. Venezuela sigue importando la mayor parte de lo que consume, y su supervivencia depende exclusivamente de la exportación de petróleo… y de sus precios. El supuesto “socialismo del siglo XXI” mantuvo a una clase burguesa parasitaria (tanto privada como estatal, tanto opositora como oficialista) que se enriqueció con el saqueo del país y la explotación de sus trabajadores, para fugar miles de millones de dólares al exterior.

Por todas estas razones, frente a la actual crisis lo que hace falta es una intervención independiente de los trabajadores y los sectores populares, que pase por arriba tanto a la oposición burguesa y neoliberal como al nacionalismo burgués decadente de Maduro. Hace falta conquistar una Asamblea Constituyente revolucionaria, libre y soberana para poner en discusión el conjunto del régimen político y social del país: es la manera más democrática de salir de la crisis político-institucional, refundando el país sobre nuevas bases. Es necesario también el establecimiento del control obrero y popular sobre la distribución y producción de bienes, para acabar con el desabastecimiento y vencer al hambre y la miseria. Solo tomando sus asuntos en sus propias manos las masas podrán romper con la espiral desesperante de la crisis.

¡Por una asamblea constituyente revolucionaria, libre y soberana para que sea la población quien decida!

¡No a la intervención de la OEA y del imperialismo!

¡Por el control obrero y popular de la distribución y producción de los bienes de necesidad básica!