Colombia
El
Acuerdo Nacional: Uribe ¿Recargado?
Por
Sebastián Marlés
El
Socialista No. 591, Marzo de 2003
Golpeado por la derrota
del Referendo y el aplazamiento de medidas pactadas con el Fondo
Monetario Internacional y el Departamento de Estado Norteamericano, Álvaro
Uribe ha tenido que dedicar buena parte de su tiempo a recomponer el
tablero político para aplicar sus planes. Y como buen arriero paisa
[nativo del Departamento de Antioquia] va arreglando las cargas por el camino. La única preocupación de
algunos es: ¿cuándo reventará la mula de Juan Pueblo?
El señor de los
pasillos
La contraofensiva
uribista (el largamente anunciado Plan B) ha cubierto varios frentes;
para abordarlos, pasó del hierático solio presidencial al lagarteo
sin vergüenza por los pasillos del poder, dentro y fuera del país.
En el terreno
internacional aseguró con creces la financiación del Plan Colombia,
a cambio de apoyar incondicionalmente la negociación del ALCA (o en
su defecto, amenaza firmar un acuerdo bilateral de comercio con
Estados Unidos) y aceptar la intervención de la Organización de
Estados Americanos (OEA: leáse “Ministerio de Colonias de EU”)
como garante en el proceso de acuartelamiento de las Autodefensas
Unidas de Colombia.
Para neutralizar al
imperialismo europeo se sometió a un peregrinaje por el Viejo Mundo,
explicando porqué no acepta el canje de secuestrados por guerrilleros
presos, mientras tramita el “perdón y olvido” para la barbarie
paramilitar. A pesar de las protestas de algunas ONGs, el gesto crítico
de parlamentarios europeos que se negaron a escucharlo y el desplante
del Primer Ministro Italiano Silvio Berlusconi (quien después se vio
obligado a disculparse diplomáticamente), su vía crucis culminó con
la bendición papal, símbolo de que el imperialismo europeo se daba
por enterado que respaldando a Uribe se encuentra el gobierno
imperialista más poderoso del mundo. Para ratificarlo, el Presidente
de España, José María Aznar —socio de Bush en la agresión contra
Irak— vino personalmente a visitarlo, aunque de regalo le trajo
tanques de chatarra.
Mientras tanto, en el
terreno doméstico, Uribe ha logrado la firma del llamado “Acuerdo
Nacional” que le garantiza la mayoría en el parlamento para la
discusión de una agenda legislativa cuyo objetivo fundamental es
recortar buena parte de las libertades democráticas reconocidas
formalmente en la Constitución Nacional y profundizar el desmonte de
garantías laborales y sociales que aún contempla la actual legislación.
La voz del amo
El gobierno yanqui
necesita una plataforma de agresión contra América Latina, Centroamérica
y el Caribe. Para establecerla ha diseñado el Plan Colombia, después
extendido como Iniciativa Andina al resto de la región. Utilizando el
pretexto de la persecusión al narcotráfico y el “terrorismo” está
desarrollando un poderoso dispositivo militar, que incluye bases
permanentes, cubrimiento satelital y de radares y maniobras conjuntas
que subordinan a los ejércitos nacionales a sus planes militares. Su
estrategia choca con las movilizaciones populares que enfrentan los
violentos planes de sobrexplotación y saqueo de las economías del
subcontinente, y también con la insurgencia armada —en particular
la colombiana que tiene una tradición de más de medio siglo de
resistencia—, e incluso con sectores nacionalistas burgueses que le
regatean la explotación de recursos naturales o controlan ramas
ilegales de la producción, como la exportación de narcóticos. Para
enfrentar esta resistencia debe entonces endurecer los regímenes políticos,
reestructurando las instituciones burguesas. Por esta razón se
encuentra en marcha un profundo proceso de contrarreformas en todo el
continente, sobre todo en los países donde la movilización de masas
y la lucha democrática contra las dictaduras que proliferaron en los
años ’70, impusieron instituciones progresivas y amplias libertades
democráticas. Para evitar un estallido social, en Colombia se convocó
la Constituyente de 1991 (ver recuadro).
El Acuerdo Nacional:
del Estado de Derecho al Estado de Derecha
Pero como los problemas
estructurales no se han resuelto, los procesos de crisis económica,
política, social y militar continúan su curso. Hoy la burguesía
colombiana se juega a resolverlos no por la vía del guante de seda
del pacto político sino con el puño de hierro de la guerra. El Plan
de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe es la estrategia. Dicho
plan, en el marco del Plan Colombia, implica una readecuación de las
instituciones pactadas en 1991, que los más ingenuos consideran la
materialización de un utópico Estado Social de Derecho, pero que en
realidad son una colcha de retazos donde coexisten el más burdo
autoritarismo con la “posibilidad” formal de entutelar al Estado
por sus atropellos, revocar mandatos o convocar plebiscitos. Esto
provoca eventualmente la colisión entre instituciones, que se
neutralizan unas a otras haciendo rechinar la máquina del Estado. Por
eso ahora es necesario desmontarla en parte, desechar algunas piezas y
articular las restantes para que pueda operar en la dirección que el
imperialismo y la burguesía necesitan. El propósito es concentrar el
poder en el Ejecutivo y subordinar al Parlamento y al poder Judicial.
Se institucionalizaría así una verdadera “dictadura civil”.
Después de la crisis
política de fines del año pasado, causada por la derrota del
Referendo, el gobierno empezó a llamar al Acuerdo Nacional. El nuevo
Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, convocó a todos los
partidos con representación parlamentaria a dialogar para pactar con
el Ejecutivo la agenda legislativa, el orden de prioridades en las
reformas del Estado y el objetivo de las mismas. Hasta el Polo Democrático
y el Frente Social y Político fueron invitados a participar. Éstos,
aunque finalmente se abstuvieron de firmar, habían manifestado su
disposición al diálogo. La razón para su negativa es la decisión
explícita de Uribe de desmontar parte de la Constitución del ’91
con una contrarreforma reaccionaria. Con esta condición logró la
firma de las diversas franjas burguesas, cuyos congresistas se han
comprometido a estudiar los proyectos presentados por el Ejecutivo. De
ahí en adelante el proceso será de tira y afloje pero dentro de la
camisa de fuerza del Acuerdo Político.
Bruta, ciega, sordomuda
A la justicia se la
representa como una mujer con los ojos vendados que porta en su mano
una balanza. Se insinúa así que el aparato judicial es ciego e
imparcial en sus fallos. Cualquier colombiano sabe que eso es falso y
la sabiduría popular acuñó el dicho: “la ley es para los de
ruana” [poncho, vestimenta de los pobres]. Esto se constataba con la incapacidad manifiesta de atender
los múltiples litigios que eran puestos a su consideración y el
grado de corrupción de sus funcionarios que, según las estadísticas
publicitadas por el propio gobierno, dejaban sin resolver el 90% de
los casos. Al amparo de la impunidad creció lo que ha dado en
denominarse la “justicia privada” que hoy amenaza la propia
tranquilidad de la burguesía.
Por eso, para tratar de
recuperar la confianza en las instituciones burguesas, la Constitución
del ’91 reordenó el aparato judicial. Se crearon la Fiscalía y la
Corte Constitucional. Aparecieron mecanismos como la tutela, la acción
de cumplimiento, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular y
otros recursos con los que se prometía una justicia eficaz y
democracia “participativa”. Sólo ha pasado una década y la
“fachada democrática” se ha desmoronado. El paramilitarismo actúa
con absoluta impunidad y hoy exige el “perdón y olvido” de la ley
de Alternatividad Penal. La corrupción corroe las altas esferas del
Estado y los trabajadores rasos del aparato judicial viven bajo la
amenaza y el chantaje, no sólo de los afectados por su actuación,
sino del propio gobierno y los altos magistrados. El sistema
carcelario ha colapsado. El parlamento aprobó en diciembre el
Estatuto Antiterrorista que otorga poderes de policía judicial al ejército
y autoriza allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas e
intercepción de comunicaciones.
Pero este desbarajuste,
que es padecido por los trabajadores y el pueblo, no es la preocupación
del gobierno. Lo que incomoda a Uribe y al imperialismo es el
contrapunteo de poderes, que es aprovechado por franjas de la burguesía
desplazadas del gobierno, para obligar a éste a negociar la aplicación
de sus planes. Por eso, entre otras medidas que tienen previstas, uno
de los ejes de la agenda pactada es la Reforma a la Justicia. Con ella
se pretende, por ejemplo, que el Presidente nombre al Fiscal (quien es
el funcionario que podría investigar los casos de corrupción de sus
ministros), se recorta la acción de tutela para que no pueda ser
interpuesta contra sentencias judiciales, se reimplanta el sistema
mediante el cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado se autoeligen, se elimina el control constitucional
sobre la declaratorias de conmoción interior que permiten al
Presidente gobernar por decreto, se define que la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura sea reemplazada por un gerente
de la justicia, se implanta la oralidad en los juicios (lo que
multiplicará la arbitrariedad de los fallos). En fin, la Justicia que
antes sólo era ciega, después de la contrarreforma uribista quedará
como en la balada de Shakira “bruta, ciega, sordomuda...”
Además, con el
objetivo de retomar todas las medidas que se hundieron con el
Referendo, el gobierno ha presentado al parlamento el proyecto de Acto
Legislativo 03 lesionan al magisterio público.
Por la reorganización
del movimiento obrero
Para enfrentar el
paquete de contrarreformas de Uribe, que serán negociadas por las
diversas franjas burguesas bajo el paraguas del Acuerdo Político, los
trabajadores debemos reorganizar nuestras filas y los dirigentes deben
romper definitivamente con la nefasta política de la concertación.
En ese sentido es significativa la declaración emitida por la minoría
del Comité Ejecutivo de la CUT, donde plantea que la Central debe
ponerse a la vanguardia en la lucha contra los planes de Uribe y Bush
y recuperar su carácter clasista. Para hacer efectiva esta propuesta
es necesario volcar todo el aparato sindical a la organización de los
nuevos contingentes de trabajadores, sometidos a la más bárbaras
condiciones de sobrexplotación. Y estos trabajadores sólo se
aproximarán a la actividad sindical si levantamos un pliego mínimo
de exigencias que contemple sus necesidades más sentidas: el derecho
al trabajo bajo condiciones dignas y con estabilidad, el acceso
gratuito a servicios de salud adecuados, vivienda para sus familias y
educación para sus hijos. Al interior de la Central es necesario
agrupar a las corrientes clasistas para disputar la dirección a la
mayoría liberal y socialdemócrata enquistada en la cúpula y esta
unidad sólo se puede construir al calor de las luchas que se
avecinan.
Pero el horizonte de
los trabajadores no se puede limitar a sus reivindicaciones económicas
en el marco del “Estado Comunitario” que promete Uribe. La única
solución definitiva a la profunda crisis que vive la sociedad
colombiana es un gobierno de los trabajadores que desde el poder
coloque toda la riqueza producida socialmente al servicio de los
desposeidos de la ciudad y el campo, expropiando a las grandes
empresas y a las transnacionales imperialistas. Para esa tarea es
indispensable la construcción del partido revolucionario que enarbole
el programa de la lucha por el socialismo. Es el camino que hoy
recorren otros pueblos de América Latina como Argentina, Bolivia,
Ecuador, Venezuela, o Brasil y al que, más temprano que tarde,
debemos sumarnos los trabajadores colombianos.
Recuadro 1
Fuego
en el vecindario
Los afanes de Uribe,
quien según las encuestas conserva el respaldo mayoritario de la
“opinión pública”, serían incomprensibles si no tenemos en
cuenta lo que ocurre en el vecindario.
De un lado, el gobierno
venezolano de Hugo Chávez enfrenta una oposición interna que parece
decidida a provocar una confrontación violenta para derrocarlo. Los
vasos comunicantes de Colombia con Venezuela son caudalosos. Desde
hace décadas las burguesías de ambos países han anudado intereses y
tratado de mantener en equilibrio la balanza comercial, mientras
desarrollan una política de fronteras que mantenga aislada a la
insurgencia armada colombiana, y dosifique los flujos migratorios para
controlar el valor de la mano de obra. La comunidad andina y en
particular Venezuela son el segundo socio comercial de Colombia, después
de EU. Pero el equilibrio económico, político, social y militar
entre los dos países es cada vez más precario.
El derrumbe económico
venezolano ha provocado desde la quiebra de las ciudades limítrofes,
hasta el desplazamiento de miles de colombianos que revirtieron la
dirección migratoria, pasando por un accionar cada vez más activo de
la insurgencia armada colombiana en el vecino país. Paralelo a ello
la burguesía narcotraficante utiliza a Venezuela como ruta de
exportación, abastecimiento y lavado de activos. Por todas estas
razones, y en particular por sus roces con el imperialismo, el régimen
nacionalista burgués de Chávez ha mantenido tensas relaciones diplomáticas
con el gobierno abyectamente proimperialista de Uribe. Tanto así que,
periódicamente, se amenazan con iniciar una escalada armamentista
como la anunciada tras la compra de tanques por parte de Colombia y de
aviones por parte de Venezuela.
La preocupación del
gobierno yanqui es que el gobierno de Chávez desestabilice más la
región, desarticulando los planes estratégicos que tiene el
imperialismo para América Latina. Por eso no duda en reforzar sus
lazos con Uribe a quien considera, por ahora (recordemos como
terminaron Noriega, Fujimori, Sadam Hussein y hace poco Aristide), un
socio más confiable.
Del costado sur,
Ecuador arde a fuego lento. Derrocados varios gobiernos democrático
burgueses que sumieron al país en la miseria, las masas giraron
esperanzadas hacia lo que parecía la reencarnación de Chavez, el
coronel golpista Lucio Gutiérrez. Pero como la historia sólo se
repite como farsa o como tragedia, el gobierno de Gutiérrez se ha
mostrado tan servil como el de Uribe y continúa aplicando los planes
imperialistas (ver artículo en la presente edición), lo que ha
provocado la ira popular que se manifiesta en movilizaciones
crecientes. Más abajo aún, continúa el desgaste de Toledo en Perú,
mientras en Bolivia se prepara una nueva insurrección. Con la crisis
haitiana, el hervor latinoamericano ya llegó al Caribe.
Colombia, país bisagra
entre las economías agrícolas, campesinas e indígenas de Centroamérica
y las semiindustrializadas y proletarias del Cono Sur, se recalienta
con los fuertes vaivenes de la región andina. Bush y Uribe lo saben,
y tratan de soldar la bisagra.
Recuadro 2
La
Constituyente del ’91 y la reacción “democrática”
A fines de la década
del ’80 el proceso político colombiano se encontraba en la
encrucijada. El deterioro creciente del nivel de vida de las masas,
unido a la radicalización del enfrentamiento militar con la
insurgencia, y a la desestabilización que producía el conflicto con
la burguesía narcotraficante, tuvo al país, según algunos
analistas, “al filo del caos”. Esta situación, que podríamos
calificar como revolucionaria, fue canalizada hacia las urnas, dando
lugar a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella
se produjo de hecho un pacto político entre nuevos sectores sociales,
fundamentalmente de la creciente clase media, con la burguesía
tradicional, para reestructurar las instituciones políticas y
restablecer el equilibrio del régimen. Este se había perdido cuando
se agotó el régimen establecido después de “La Violencia” de
los años ’50, producto de un acuerdo entre los burgueses liberales
y conservadores, conocido como el Frente Nacional.
La Constituyente incluyó,
por ejemplo, a representantes del desmovilizado M-19, del Partido
Comunista y de sectores étnicos, como los indígenas y los negros.
Este acto de “reconciliación nacional” quedó simbolizado en la
foto donde Horacio Serpa (liberal), Álvaro Gómez (conservador) y
Antonio Navarro (del M19) firmaban la nueva carta política en 1991.
En realidad este pacto era un acuerdo reaccionario para impedir que
estallara una revolución.
La nueva Constitución
no resolvió ninguno de los problemas estructurales del país: tierra
para los campesinos, vivienda digna, empleo para todos o verdadero
acceso a la salud y la educación públicas. Todo lo contrario, como
señaló alguien, “fue la fachada democrática para imponer el
modelo neoliberal”, que ha profundizado los niveles de miseria y
saqueo del país, y exacerbado la violencia.
El propio Álvaro Gómez,
al firmar, declaró cínicamente que los colombianos nos podíamos dar
por bien servidos pues “en la nueva Constitución habían quedado
derechos para todos, ¡hasta para los animales!”. Era consciente que
esos derechos eran letra muerta, y que la burguesía no pensaba
hacerlos efectivos. Paradójicamente Aída Abella —también
constituyente, directiva sindical nacional de los trabajadores
estatales y dirigente del Partido Comunista, quien desde hace varios años
se encuentra exiliada, como consecuencia de atentados y amenazas
contra su vida— afirmaba que “el 60% de la Constitución era
buena” y por lo tanto la tarea de los trabajadores era luchar contra
el 40% malo.
Recuadro 3
La
democracia (burguesa) es dictadura
A la democracia
burguesa se la presenta hoy mundialmente como el régimen político
ideal, pues garantizaría el equilibrio de poderes, la participación
ciudadana y la garantía de los derechos individuales. Este mito es
reforzado periódicamente con las instituciones electorales. Millones
de personas se desplazan a las urnas convencidas de que están
decidiendo el rumbo de la sociedad. En realidad sólo se participa
pasivamente en la conformación de los órganos con los que los
capitalistas dirimirán sus diferencias y administrarán sus negocios.
El Estado burgués
aparece dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Supuestamente se equilibran y controlan mutuamente a través de
mecanismos establecidos por la ley. Este equilibrio también es un
mito, pues el Legislativo (compuesto por los órganos de elección
popular como concejos, asambleas y congreso) está hegemonizado por
los partidos burgueses, generalmente por el partido de gobierno,
mientras el Judicial es controlado por sus jerarcas, militantes de las
cúpulas de los mismos partidos burgueses. Así, el aparato de Estado
es en realidad, como afirmó Carlos Marx, “el comité administrador
de los negocios de la burguesía”. Pero, a medida que se concentra
la propiedad y el capital financiero impone su control sobre la
totalidad de la economía mundial, estas instituciones democrático-formales
sobran y es necesario concentrar el poder en el Ejecutivo que, a
partir de allí, no admite el control de los demás poderes. El
proyecto de Uribe tiene ese objetivo y las contrarreformas previstas
buscan subordinar al Legislativo y al Judicial a las órdenes
presidenciales.
Incluso en momentos de
crisis aguda, y ascenso revolucionario de las masas, la burguesía no
se detiene en formalidades y entrega el poder a los especialistas de
la guerra: el aparato militar, garante último de la propiedad
privada. Entonces un dictador se eleva por encima de las clases y actúa
como árbitro para proteger el conjunto de los intereses de la clase
burguesa.
Esta
es la tendencia de la época imperialista, que el marxismo ha
denominado como bonapartismo, y su expresión extrema es el fascismo.
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