La frustrante década de libertad de Sudáfrica

Del apartheid racial al apartheid de clase

Por Patrick Bond
La Haine, 21/08/07
Monthly Review, Volumen 55, N° 10, marzo de 2004
Traducción de Luis César Bou, Observatorio de Conflictos, Argentina

Hubo sólo dos caminos básicos que el Congreso Nacional Africano (ANC) podía seguir. Uno era movilizar al pueblo y a todo su entusiasmo, energía y trabajo, utilizar una parte más grande del excedente económico (por medio de inversiones dirigidas por el estado e impuestos más altos), y detener el flujo de capital hacia el exterior, incluyendo el pago de deudas ilegítimas de la era del apartheid. El otro era adoptar un camino capitalista neoliberal, con pequeñas reformas aquí y allí, mientras pretendía que la democracia social estaba en el horizonte. (La Haine)

El fin del régimen del apartheid fue un gran logro humano. Sin embargo, la elección en 1994 de una mayoría del ANC –con Nelson Mandela como nuevo presidente- no alteró la enorme grieta estructural en lo que se refiere a la riqueza que separa a la mayoría negra de la minoría blanca. De hecho, puso en marcha políticas neoliberales que exacerbaron la desigualdad de clase, raza y género. Para promover una transición pacífica, el acuerdo negociado entre el régimen blanco racista y el ANC permitió a los blancos conservar las mejores tierras, las minas, las fábricas y las instituciones financieras.

Unos pocos meses antes de la elección democrática del 17 de abril de 1994, fue conformado un gobierno sudafricano de transición, incorporando tanto al ANC como al Partido Nacional, que había estado en el poder durante 45 años gracias al voto blanco exclusivo. Aún cuando las leyes racistas estaban retrocediendo y se estaba elevando la dignidad de la población negra mayoritaria, el primero de diciembre de 1993 fue el punto en el cual la lucha por la justicia socioeconómica en Sudáfrica se perdió decisivamente, al menos en forma temporaria. El primer acto de ese gobierno interino fue aceptar un préstamo de 850 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, supuestamente como auxilio ante la sequía, aunque la sequía intensa había terminado 18 meses antes. Las condiciones secretas del préstamo –difundidas a los principales periódicos de negocios en marzo de 1994- incluían los usuales ítems del menú de ajuste estructural: tarifas de importación más bajas, cortes en los gastos del estado, y grandes reducciones en los salarios del sector público. En adición, Michel Camdessus, entonces director general de FMI, puso una presión intensa aunque informal sobre el presidente entrante Mandela en el sentido de redesignar a los dos pilares principales del neoliberalismo de la era del apartheid, el ministro de finanzas y el gobernador del banco central, ambos del Partido Nacional.

Otro punto crucial fue alcanzado en junio de 1996, cuando el escalón más alto de los estrategas del ANC impuso una estrategia económica de largo alcance “no-negociable” sin molestarse en consultar a sus socios de la Alianza en el movimiento sindical y el Partido Comunista Sudafricano (SACP), y mucho menos a sus propios simpatizantes. El Banco Mundial contribuyó con dos economistas y su modelo para este proyecto, conocido como “Crecimiento, Empleo y Redistribución” (GEAR). Introducido para promover la confianza de los inversores en el momento de una crisis financiera, el GEAR permitió al gobierno distanciarse psicológicamente del algo más keynesiano “Programa de Reconstrucción y Desarrollo,” que en 1994 había servido como plataforma de campaña del ANC. Las promesas generadas por el modelo econométrico del Banco Mundial eran ciertamente grandes: para el 2000, la economía sudafricana estaría creciendo al 6% y creado 400.000 nuevos empleos por año.
El registro post-apartheid

Los errores de la transición fueron disculpados por algunos simpatizantes del ANC como reveses temporales a lo largo de lo que es una amplia trayectoria progresista, única en África. Un documento reciente, “Hacia una revisión de los diez últimos años,” disponible en el sitio web del gobierno, hace declaraciones grandilocuentes en apoyo de tal interpretación. El noticiero ANC Today en el sitio web del partido gobernante se basa en ese documento para promover a la economía post-apartheid: “Desde que el ANC fue electo para el gobierno en 1994, Sudáfrica ha alcanzado un nivel de estabilidad macroeconómica nunca visto en el país durante 40 años... Luego de las masivas fugas de inversiones en los 80’ e inicios de los 90’, el país tiene niveles positivos de inversión directa extranjera durante los últimos diez años... Entre 1995 y 2002 la cantidad de gente empleada creció en unos 1,6 millones.”

La mayoría de tales declaraciones son distorsiones o falsedades absolutas. Para el ANC mostrar un nivel de estabilidad macroeconómica nunca vista en el país durante 40 años es ignorar la fácil medición de tal estabilidad: fluctuaciones en la tasa de intercambio. En realidad, se presenciaron tres colapsos financieros en un período de pocas semanas en febrero-marzo de 1996, junio-julio de 1998 y diciembre del 2001, y cada uno condujo a incrementos masivos en la tasa de interés que debilitaron el crecimiento y beneficiaron a los especuladores. Estos momentos de inestabilidad macroeconómica fueron tan dramáticos como cualquier otro incidente durante los dos siglos previos, incluyendo el pánico financiero de septiembre de 1985 que apartó a las grandes empresas del régimen del apartheid y pavimentó el camino para el gobierno del ANC.

La inversión doméstica ha sido débil (con un incremento de menos del 2% por año durante la era GEAR cuando se hablaba de un incremento del 7$), y si no fuera por la privatización parcial de la compañía telefónica, no se habrían registrado inversiones externas. La inversión del sector privado doméstico fue negativa durante varios años, porque el capital estuvo efectivamente de huelga, moviendo sus recursos móviles hacia fuera lo más rápidamente posible. Así, de todos los objetivos del GEAR, los únicos que se alcanzaron exitosamente fueron aquellos más cruciales para los grandes negocios: inflación (a la baja del 9 al 5.5%, a pesar del 7-8% previsto en el GEAR); la cuenta corriente (en exceso, no en déficit como estaba proyectado); y el déficit fiscal (por debajo del 2% del producto bruto, en lugar del 3% proyectado).

La realidad es que Sudáfrica ha presenciado el reemplazo del apartheid racial por aquello que crecientemente es denominado apartheid de clase –subdesarrollo y segregación sistemática de la mayoría oprimida mediante prácticas económicas, políticas, legales y culturales estructuradas. A pesar de las levemente más expansivas políticas fiscales que fueron adoptadas luego del 2000, la orientación neoliberal de Pretoria nunca ha sido puesta en duda. El actual presidente Thabo Mbeki sucedió a Mandela en mayo de 1999, pero ha sido el principal arquitecto y administrador político del gobierno desde el comienzo de la transición, así como el árbitro clave en los interminables conflictos internos del ANC.

La pérdida de puestos de trabajo ha sido el aspecto más dañino de la asunción por parte de Sudáfrica de la perspectiva económica neoliberal. A pesar de la promesa de crecimiento del empleo a un 3-4% por año hecha por los artífices del GEAR, las pérdidas de puestos de trabajo del 1 al 4% caracterizaron el final de la década del 90’. La medición oficial del desempleo en Sudáfrica subió del 16% en 1995 al 30% en el 2002. Añadiendo a esa cifra los buscadores frustrados de empleo el porcentaje de gente desempleada pasa al 43%. Entretanto, la productividad del trabajo se incrementó progresivamente y el número de días perdidos por huelgas bajó, esto último debido, en parte, a la desmovilización de los sindicatos por parte del ANC y la hostilidad hacia las huelgas nacionales llevadas adelante por propósitos políticos, tal como las acciones nacionales contra las privatizaciones en el 2001 y 2002.

Los empresarios blancos querían escapar del estancamiento económico y la declinación de las ganancias nacida de una crisis clásica de sobreacumulación. Se sentían sitiados por las sanciones internacionales, e incluso más por el ascenso de la militancia negra en las comunidades y lugares de trabajo durante los años 70’ y 80’. Es allí donde es visible la principal concesión hecha por el ANC durante su acuerdo de transición. El acuerdo representaba simplemente esto: los nacionalistas negros tendrían el estado, en tanto las corporaciones y los individuos blancos podían remover su capital del país, aunque continuaran residiendo en Sudáfrica para disfrutar de privilegios aún mayores mediante la liberalización económica. En cuanto al reparto de la renta nacional, éste se mantendría en los niveles de la década del 60’ tal como era en el momento culminante del apartheid. Pretoria además recortó dramáticamente los impuestos primarios a las corporaciones (del 48% en 1994 al 30% en 1999) y mantuvo el déficit por debajo del 3% mediante la restricción del gasto social, a pesar de la avalancha de desempleo.

Como resultado, de acuerdo incluso a las estadísticas del gobierno, los ingresos familiares de los africanos negros cayeron un 19% entre 1995-2000 (a $ 3,714 por año), en tanto los ingresos familiares de los blancos aumentaron un 15% (a $22,600 por año). No solo se intensificó la pobreza relativa sino también la absoluta, en tanto la proporción de hogares con ingresos menores a $90 creció del 20% de la población en 1995, al 28% en el 2000. A lo largo de la división racial, la mitad más pobre de todos los sudafricanos ganaba sólo el 9,7 por ciento del ingreso nacional en el 2000, por debajo del 11,4% de 1995. El 20% más rico ganaba el 65% del ingreso total. Es razonable asumir que la desigualdad continuó empeorando luego del 2000.

A pesar de la pobreza profunda, el estado aumentó dramáticamente los precios del agua y la electricidad, hasta el punto que para el 2002 consumían el 30% del ingreso de aquellos hogares que ganaban menos de $70 por mes. Se estima que 10 millones de personas tienen cortada el agua, de acuerdo a dos estudios gubernamentales, y otros 10 millones son también víctimas de desconexiones eléctricas. Las estadísticas municipales muestran que el 60% de las desconexiones no se resuelven dentro de las seis semanas, indicando que la responsabilidad recae en la pobreza genuina (y no en la frecuentemente alegada “cultura de no-pago,” supuestamente un resabio del activismo anti-apartheid). Además, dos millones de personas han sido desalojadas de sus tierras u hogares desde la liberación de 1994. Y de 13 millones a los que se les dio acceso a una línea de telefonía fija por primera vez, 10 fueron desconectados porque no pudieron pagar la cuenta, una vez que fueron reducidos los subsidios en el curso de la privatización.

Las relaciones de genero muestran algunas mejoras, especialmente en derechos reproductivos, aunque con accesos extremadamente desiguales. Pero la Sudáfrica contemporánea mantiene formas patriarcales de extracción de excedente, gracias tanto a la discriminación sexual residual como al sistema de trabajo migratorio (rural-urbano), que es subsidiado por las mujeres atrapadas en los antiguos bantustanes. Estas mujeres no son pagadas por su rol en la reproducción social, lo que en un mercado de trabajo normal estaría a cargo de la escolarización estatal, la salud pública, y las pensiones. Esta superexplotación estructural está exacerbada por un incremento aparente en la violencia sexual doméstica asociada con el desempleo masculino en ascenso y la feminización de la pobreza. Las mujeres son también las principales dispensadoras de cuidados en el hogar, y esto implica cargar con el mayor peso asociado con la degradación de la salud.

Con los servicios de salud pública en declinación debido a la falta de financiación y la penetración creciente de proveedores privados, las enfermedades infecciosas tales como tuberculosis, cólera, malaria y VIH están en avance, mucho más que en la época del apartheid. La diarrea mata 43.000 niños por año, como resultado principalmente de una provisión inadecuada de agua potable. La mayoría de los sudafricanos infectados con VIH tienen poca posibilidad de recibir medicinas antiretrovirales para poder extender sus vidas (en el presente, medio millón requiere medicamentos urgentemente), gracias a las políticas “negadoras” de Mbeki y su ministro de salud, que los principales profesionales e investigadores sanitarios etiquetan como genocidio. A pesar de que la dispensación de medicinas fue prometida finalmente por el gabinete en septiembre de 2005, Mbeki inmediatamente echó sal en las heridas afirmando (en una entrevista para el New York Times) que no conocía a nadie que hubiese muerto de SIDA o que fuera VIH positivo.

Mbeki rechazó exitosamente la oposición local de los grupos de derechos humanos y de control de armas a la compra a corporaciones europeas de armamento sofisticado por un valor de 6.000 millones. Los africanos están inquietos acerca de las intervenciones subimperiales de Pretoria. A pesar de los acuerdos de paz en África central y Liberia, subsisten preocupaciones acerca de cuán duraderas son las intervenciones, cuando fracasan en la lucha con causas estructurales subyacentes de estados fracasados y conflictos interétnicos. Un ejemplo de diplomacia de muchacho pendenciero fue la invasión militar por parte de Pretoria en 1998 del vecino Lesotho a fin de sostener a un gobierno impopular. Además los escándalos de tráfico de influencias asociados con el acuerdo de compra de armas –que a fines del 2003 amenazó al Presidente Delegado Jacob Zuma (quien supuestamente solicitó una coima de una manera que el ministro de justicia consideró “corrupción prima facie”) y forzó la renuncia de varios políticos y funcionarios líderes del ANC sorprendidos en acuerdos con corporaciones europeas- sugiere que el entonces presidente Mandela estaba en lo cierto cuando advirtió que esto podía ser un cáncer en el gobierno del ANC.

Pasando al medio ambiente, es razonable afirmar que la ecología sudafricana está hoy en peor condición, en muchos aspectos cruciales –mal manejo de los recursos de agua y suelo, contribución sudafricana al calentamiento global, pesquerías, tóxicos industriales y modificación genética- que lo que lo estaba durante el apartheid. El Proyecto Acuífero de las Alturas de Lesotho se ha convertido en el ejemplo de más alto vuelo de desarrollo de la corrupción en el tercer mundo. La represa más grande de África abastece de agua a Johannesburgo desde las montañas de Lesotho, y se están construyendo más diques aún cuando funcionarios gubernamentales admiten que son innecesarios, y a pesar de las consecuencias ambientales destructivas. A pesar de la escasez de agua hay pocas señales de que estos proyectos en desarrollo ayuden, desde el momento que los costos extremadamente altos de la provisión de agua están desalentando el consumo por parte de la gente pobre. Las familias urbanas más ricas (principalmente blancas) disfrutan de piletas de natación y jardines ingleses, lo que significa que en algunos de los suburbios más hedonistas el consumo de agua diario per capita es 30 veces mayor que en los townships de bajos ingresos, algunos de cuyos residentes hacen el trabajo doméstico y de jardinería para los blancos.

Las mujeres (negras) de las zonas rurales hacen cola durante horas en las canillas comunales en las áridas regiones de los antiguos bantustanes. Las fuentes de agua superficial y subterránea permanecen en manos de los granjeros blancos debido a la desposesión de tierras provocada por el apartheid. Con menos del 2 por ciento de la tierra arable redistribuida (en contra de un objetivo del 30 por ciento en cinco años), la política de tierras neoliberal de Pretoria ha fracasado definitivamente en la solución de este problema.

Pueden citarse otros ejemplos de ecología residual del apartheid, incluyendo numerosos conflictos irresolutos sobre las reservas naturales de tierra (el desplazamiento de indígenas continúa), los catastróficos impactos de la industrialización sobre la biodiversidad, la protección insuficiente a las especies en peligro, y las generosas políticas del estado favoreciendo la modificación genética en la agricultura comercial. Los sistemas regulatorios marítimos están en sobretensión y desafiados por pesqueros europeos y asiáticos, así como por las firmas locales de pesca comercial. La expansión de plantaciones especies forestales para la exportación de pulpa al Asia del este, permanece como extremadamente dañina, no sólo a causa de la destrucción de las praderas y bosques orgánicos –conducente a la adulteración del suelo y mucho peor a peligro de inundaciones como las que sufrió Mozambique en 2000-2001—sino también debido a la dispersión de plantas invasivas alógenas en los reservorios de agua a lo largo del país. Un programa estatal constructivo, de largo alcance, ha ralentizado pero no revertido el avance de especies invasoras.

Debido a las políticas de estado, la agricultura comercial sudafricana permanece extremadamente dependiente de fertilizantes y pesticidas, sin atención hacia los mercados potenciales para la agricultura orgánica. El fracaso del gobierno en prevenir el derramado de tóxicos y la incineración ha conducido a un naciente pero portentoso grupo de acción que promueve casos judiciales comunitarios que van desde las víctimas del amianto a residentes que sufren la polución persistente en varios lugares extremadamente contaminados (Durbán del sur, Sasolburg y Steel Valley). En estos esfuerzos, el movimiento por la justicia ambiental lucha casi invariablemente tanto contra las corporaciones como contra Pretoria.

La privatización fracasa

Es importante añadir que el embuste del gobierno de una “capacidad insuficiente del estado” para resolver los problemas sociales y ambientales ha estado en armonía con un deseo de volcar los recursos sobre el sector privado. Si la privatización y entrega a las corporaciones ha funcionado en todas partes en África, también lo haría en Sudáfrica –con sus mercados grandes y ricos, sus firmas relativamente competentes y su infraestructura avanzada. Sin embargo, emerge evidencia en contra de cuatro casos principales de privatización de servicios estatales: telecomunicaciones, transportes, electricidad y agua.

Primero, hay que considerar el caos creado en el lucrativo sector de las telecomunicaciones, en el que el 30% de la empresa estatal Telkon fue vendido a una empresa mixta de Houston y Kuala Lumpur. El costo de las llamadas locales se disparó, conduciendo a que fueran desconectadas la mayoría de las líneas nuevas. Entretanto, fueron despedidos 20.000 empleados. Los intentos del gobierno de restringir el precio monopólico de las líneas fijas fue bloqueado por el joint venture Texas-Malasia con un juicio y una amenaza de vender su parte de Telkon en el 2002. Como resultado, la oferta publica inicial de Telkom en el New York Stock Exchange aumentó en el 2003 sólo $500 millones. Así, en el proceso se evaporaron unos $5.000 millones de fondos propios de Pretoria en Telkom invertidos a fines de los 90’. Un pacto sobre precios y servicios entre los dos principales operadores de telefonía celular y las persistentes denuncias de corrupción se combinaron para embrollar la introducción de nuevos operadores de líneas fijas y móviles.

Segundo, en el campo de los transportes ha habido una cantidad de dilemas asociados con privatizaciones parciales. Las autopistas comercializadas son inabordables para los pobres. La privatización del transporte aéreo condujo al colapso de la primera aerolínea regional propiedad del estado. South African Airways ha sido gerenciada en forma desastrosa, con grandes pérdidas y un pago inexplicable de $20 millones a un gerente norteamericano que estuvo muy poco tiempo en el cargo. La privatización de la compañía de aeropuertos ha conducido a problemas de seguridad y conflicto laboral. El conflicto constante con el sindicato alineado con el ANC ha puesto en cuestión la privatización de los puertos. El sistema ferroviario crecientemente en manos de corporaciones ha eliminado muchos ramales pequeños que, aunque no son rentables, son cruciales para las economías rurales.

Tercero, el sector eléctrico se está privatizando rápidamente, con el 30% de la empresa para-estatal Eskom (el cuarto mayor productor eléctrico mundial) a ser vendido en el 2004, y multitud de problemas. Treinta mil trabajadores de la electricidad perdieron sus empleos durante los 90’. Está siendo creada una capacidad de generación potencialmente innecesaria por parte de abastecedores privados. En tanto se está invirtiendo un monto mínimo en energía renovable, el estado espera expandir la energía nuclear, mediante nuevos reactores en sociedad con firmas estadounidenses y británicas. Las tarifas de los usuarios residenciales han aumentado mucho más desde que los subsidios fueron puestos bajo ataque a fines de los 90’. Como resultado de las tarifas inalcanzables, Eskom ha ralentizado la extensión de la red eléctrica rural, en tanto millones de personas que entran en deuda con la empresa han sido desconectados –conduciendo a una masiva (y frecuentemente exitosa) resistencia y a reconexiones ilegales. Con la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias alcanzando niveles de epidemia es causa de preocupación que aquellos que no reconectan su electricidad son forzados a volver a la parafina o al carbón para cocinar, con todos los peligros que esto implica.

Cuarto, virtualmente todos los gobiernos locales, a fines de los 90’, se volcaron hacia políticas de déficit cero, a instancias del gobierno central y el Banco Mundial. Los intentos de recobrar los costos de los servicios utilizados por las comunidades pobres inflingieron penurias en los miembros más vulnerables de la sociedad, especialmente las mujeres y aquellos con familiares VIH positivos susceptibles de contraer enfermedades transmitidas por el agua e infecciones oportunistas. Aunque la privatización del agua y los servicios sanitarios se aplicó sólo en el 5% de los municipios, los proyectos piloto sudafricanos llevados adelante por las mayores compañías mundiales de agua (Biwater, Suez y Saur) han resultado en servicios que están sobrevaluados y gente que es mal provista de servicios. Los contratos han sido renegociados para aumentar las tarifas a causa de las ganancias insuficientes; los servicios no se han extendidos a la gente más pobre; muchos residentes de bajos ingresos han sido desconectados; se han instalado ampliamente medidores prepagos de agua; y los servicios sanitarios han sido de baja calidad. A lo largo de Sudáfrica, el dogma del déficit cero condujo a la peor epidemia de cólera, catalizada por desconexiones masivas en la provisión de agua a residentes rurales en agosto del 2000.

Como un resultado de este fracaso gubernamental, obviamente se están incrementando la alienación y el descontento. De acuerdo a un informe de fines del 2002 realizado por el liberal Institute for Democracy in South Africa, está en crecimiento el número de gente negra que cree que la vida era mejor bajo el régimen del apartheid. Trágicamente, más del 60% de los sudafricanos encuestados dice que el país estaba mejor gobernado durante el dominio de la minoría blanca, sólo una de cada diez personas cree que sus representantes electos están interesados en sus necesidades, y menos de uno cada tres considera que el actual gobierno es más confiable que el régimen del apartheid. Los negros son sólo un poco más positivos que los blancos y los mulatos en su opinión sobre el gobierno, con el 38% considerándolo más confiable que el anterior. Sólo el 24% de los negros están de acuerdo con la afirmación de que el gobierno actual es menos corrupto que el régimen del apartheid.

Para el 10% de los blancos más ricos y para los blancos ricos que disfrutan de la segregación y el aislamiento de la vasta mayoría, el estilo de vida continúa en uno de los niveles más altos del mundo. Esto es evidente para cualquier visitante a los suburbios poco integrados de las ciudades sudafricanas. El apartheid racial se manifestaba siempre explícitamente en la segregación residencial, y luego de la liberación en 1994, Pretoria adoptó la asesoría del Banco Mundial que incluía una restricción de la construcción de viviendas por parte del estado (virtualmente no han sido construidas nuevas unidades ni por municipalidades ni siquiera de propiedad cooperativa), la asignación de subsidios para vivienda más reducidos que lo necesario, y una dependencia mucho mayor hacia los bancos y los constructores comerciales en lugar del desarrollo conducido por el estado o la comunidad. La privatización de las viviendas es, de hecho, una de las ironías más terribles de la Sudáfrica post-apartheid, también porque el hombre que seguía estos consejos del Banco Mundial, Joe Slovo, era presidente del Partido Comunista Sudafricano. (Slovo murió de cáncer poco después y su principal colaborador, un burócrata del ANC que fue responsable del diseño de esta política, hoy trabaja para una subsidiaria del Banco Mundial.)

Nueve años más tarde, el ministro provincial de vivienda responsable del conurbano de Johannesburgo admitió a un periódico que el resultante apartheid residencial de Sudáfrica se había convertido en un embrollo: “Si vamos a integrar a las comunidades tanto económica como racialmente, entonces hay una verdadera necesidad de abandonar el presente concepto de libertad de vivienda que está determinado por la posición y el gasto de cada uno.” Su vocero añadió, “La idea ha sido siempre que cuando construimos viviendas de bajo costo, deben ser construidas lejos de las áreas existentes debido a su impacto sobre el precio de la propiedad.” Racionalizando tales políticas, la cabeza de una de las mayores corporaciones inmobiliarias de Johannesburgo, Lew Geffen, insistió en que “Las viviendas de bajo costo deben desarrollarse en áreas distantes donde la propiedad es más barata y pueden ser construidos más hogares de calidad.”

Desafortunadamente, los banqueros comerciales y las compañías de construcción asociadas piensan igual que Geffen, de manera que es razonable anticipar que no habrá cambios en Johannesburgo –edificándose no “hogares de calidad” sino lo que muchos residentes negros denominan “caniles”. Varios cientos de miles de viviendas subsidiadas por el estado post apartheid tienen frecuentemente la mitad de los 40 metros cuadrados de amplitud que tenían las construidas en la época del apartheid, y están localizadas aún más lejos de los lugares de trabajo y de los servicios para la comunidad. En adición a las presentes desconexiones de agua y electricidad, los nuevos suburbios padecen la baja calidad de los servicios del estado, desde la infrecuente recolección de residuos a los caminos de tierra y el drenaje inadecuado de las bocas de tormenta.

¡La globalización me hizo hacerlo!

¿Cómo se produjo tan rápida y decisivamente la degeneración de un movimiento de liberación alguna vez arrogante? Es tentador señalar nuevamente que el neoliberalismo fue dictado por el FMI en diciembre de 1993, antes de ser codificado en el GEAR. Pero también fueron cruciales tres decisiones previas: eliminar la palabra “nacionalización” de la retórica del ANC (abril de 1992); pagar los 25.000 millones de deuda externa heredada de la época del apartheid (octubre de 1993); y garantizar la independencia formal del banco central en una constitución interina (noviembre de 1993).

Deben mencionarse varios otros incidentes económicos internacionales. Unas pocas semanas después de la liberación, en mayo de 1994, cuando Sudáfrica entró en términos desventajosos en el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), estaba garantizada la desindustrialización del país. En enero de 1995, comenzó seriamente la privatización. La liberalización financiera en la forma de abolición del control de cambios ocurrió en marzo de 1995, irónicamente en el momento de la crisis mexicana (Efecto Tequila) que destruyó el valor del peso. La protección de Sudáfrica era aumentar las tasas de interés a un nivel record, donde han permanecido desde entonces. Más tarde, desde 1998-2001, el gobierno del ANC garantizó un permiso a las mayores compañías de Sudáfrica para mover sus comandos financieros a Londres.

Bajo estas circunstancias, el GEAR era meramente un conjunto de proyecciones fantasiosas, y el fracaso de la estrategia macroeconómica incluso a veces es aceptado en Pretoria. En un artículo de abril del 2002 titulado “Gran Salto al Estancamiento Cortesía del Banco Mundial”, Bloomberg News Service reporta que el ministro de finanzas, Trevor Manuel ha promovido lealmente “recortes de gastos, desmantelamiento de las barreras de cambio y la lucha contra la inflación durante los pasados seis años, todo bajo la guía de los economistas del Banco Mundial. Todavía está esperando por la recompensa. Ahora, Manuel e incluso algunos de los funcionarios del Banco Mundial dicen que la mayor economía de África no ha ganado todo lo que se esperaba del asesoramiento.” Manuel, que fue presidente del Consejo de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial y preside corrientemente el Comité de Desarrollo del cuerpo conjunto, admitió a Bloomberg, “Hemos seguido una política de reforma macroeconómica muy sustancial. Pero las recompensas fueron pocas.” Más generalmente, admitió, “Los países en desarrollo han llevado adelante muchas reformas, pero los beneficios son, de hecho, muy pocos.”

¿Fue empujado Manuel hacia “reformas” tan sustanciales, o él mismo saltó hacia ellas? Como ha sugerido el veterano observador de asuntos africanos John Saul, la tendencia es distraer la atención con el lamento “¡La globalización me hizo hacerlo!” En un discurso de alguna manera autocrítico de mayo del 2003, Manuel admitió que “la integración económica debe ser dirigida porque conlleva la posibilidad de restringir severamente el grado de elección política que tiene un país. Es bueno recordar que son directamente proporcionales el grado en que están limitadas las posibilidades de elección de un país y la necesidad de acceso al capital por parte del mismo. Las variables claves son primero, el financiamiento del déficit fiscal, y segundo, la dependencia de capital externo para financiar la expansión económica.”

Esta afirmación de impotencia política de cara a las finanzas globales fue hecha a un nivel superficial, pero Manuel no hizo ningún intento de remediar el desbalance de poder. Las limitaciones “informales” eran en parte una función de fluctuaciones de cambio. Como continuó diciendo Manuel, “El asunto clave es la extensión de la movilidad del capital y la demanda de un país por una porción del mismo.” Y por lo tanto el instrumento de contrapoder es la aplicación de fuertes controles de cambio. Consistente con la concepción general de los organismos financieros, Manuel debilitó aún más los controles a inicios del 2003.

“¡Tomaremos Sandton!’

En Sudáfrica la retórica puede ser confusa. Cuando Mbeki visitó Malasia en la víspera de la conferencia de Cancún de la WTO en septiembre del 2003, argumentó a favor de que los gobiernos del tercer mundo unieran fuerzas con los movimientos sociales anticapitalistas: “Ellos pueden actuar en forma que no nos guste –rompiendo vidrieras en la calle y esto y lo otro- pero el mensaje que comunican los une a nosotros.” En realidad, no sólo fueron ignoradas muchas posibilidades de unidad y cooperación, sino que fueron saboteadas activamente a lo largo de ese período, en la medida en que Pretoria buscaba imponer el orden político sobre una sociedad crecientemente descontenta.

El lado represivo del gobierno del ANC fue mostrado al mundo en agosto del 2002, durante las protestas contra la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible de la ONU –el arresto preventivo de cientos de activistas de tres movimientos distintos, la prohibición de manifestaciones pacíficas, y el uso de granadas aturdidoras en una marcha de 800 personas que había emergido de una conferencia en la principal universidad de Johannesburgo. Los grupos de izquierda independiente insistieron entonces con una marcha de más de 20.000 personas desde el empobrecido suburbio de Alexandra hasta el sitio de la conferencia en el barrio burgués de Sandton. Una combinación de militancia –representada por la consigna, “¡Tomaremos Sandton!” –y la atención de los medios internacionales de prensa forzó a Pretoria a retroceder. Pero de acuerdo a Yasmin Sooka de la Fundación de Derechos Humanos (antigua miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación), “Muchos funcionarios políticos principales de las fuerzas represivas de la época del apartheid fueron puestos a cargo de las operaciones de seguridad... Era casi increíble ver a los policías y soldados fuertemente armados acordonando cada pulgada de la ruta con las armas apuntando hacia los manifestantes.” (Una marcha en apoyo de la Conferencia por parte del ANC siguió la misma ruta dos horas después, pero con menos de un décimo de manifestantes).

La línea represiva de Pretoria continuó durante el 2003. Los activistas líderes de los “townships” negros de Johannesburgo y Ciudad del Cabo fueron repetidamente hostigados y detenidos por la policía –principalmente en forma ilegal—por resistir desalojos, desconexiones de agua y electricidad, y la instalación de medidores prepagos para estos servicios. En cuanto a la campaña mundial para hacer accesibles las medicinas contra el SIDA, Pretoria enfureció a los activistas que luchaban por el tratamiento al retirar la principal droga para mujeres embarazadas, Nevirapina (sobre la base de pruebas irregulares varios años antes en Uganda), unos días antes de las afirmaciones de Mbeki en Malasia. Cuando, a mediados del 2003, fueron demandadas indemnizaciones por parte de grupos de activistas perjudicados en la época del apartheid en cortes estadounidenses, Mbeki y el ministro de justicia, Penuell Maduna requirieron formalmente que los casos fueran desestimados, y luego revelaron que esto se logró gracias a la colaboración de Colin Powell.

Tales incidentes han dividido a una gran proporción de los movimientos progresistas y a la población de bajos ingresos. Las principales campañas de base de la izquierda independiente son las luchas por medicinas antirretrovirales para combatir el SIDA, una cantidad vital de agua gratis (50 litros por persona y por día), igual caso para la electricidad (1 KW hora por persona por día), reforma agraria, fin de los desalojos, un ingreso básico asegurado, rechazo a las deudas y reparaciones por las ganancias logradas durante el apartheid por capitalistas locales y extranjeros, y seguridad ante la violencia local. Regularmente se montan protestas contra eventos neoliberales de alto vuelo como el Foro Económico Mundial. Ocasionalmente la presión alcanza niveles tan altos que Pretoria cede, como con el plan largamente postergado para proveer medicinas antirretrovirales, en noviembre del 2003, luego de batallas legales, protestas periódicas contra las corporaciones farmacéuticas, y una campaña de desobediencia civil dirigida contra Mbeki y sus ministros de salud y comercio.

Los habitantes de Soweto que se reconectaron ilegalmente a la red eléctrica a inicios del 2000 fueron recompensados en abril del 2003 con la anulación de sus deudas acumuladas, luego de que el ministro responsable de la privatización trató infructuosamente de cortar la militancia en el township. Más recientemente, el gobierno se ha embarcado en una campaña sistemática para debilitar la militancia de base mediante el acoso judicial e incluso la represión policial ilegal.

Reflejando la falta de cooperación entre la izquierda independiente y la alianza ANC, la primera, en el 2003, organizó intensamente contra la administración Bush. Su Coalición Anti-Guerra de 300 miembros condujo repetidamente muchos miles de sostenedores hacia grandes demostraciones en Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban y Pretoria –muchos más de los que asistieron a las protestas organizadas por el ANC, COSATU, Partido Comunista y las iglesias. Mientras la retórica antiimperialista estridente caracterizaba a la postura antiguerra del ANC, la Coalición Anti-Guerra puntualizó estas hipocresías: la agencia de armas Denel vendió municiones de alta tecnología por valor de 250 millones a Bush y Blair; barcos de guerra abastecidos en Durban en su camino hacia el Golfo Pérsico; y en julio del 2003, Bush fue recibido calurosamente por Mbeki para discutir sobre la cooperación militar y económica futura. Bush respondió dulcemente, designando a Mbeki su “hombre” para la crisis de Zimbabwe. La mano africana de Bush, Walter Kansteiner, denominó a la Nueva Alianza para el Desarrollo de África “filosóficamente correcta”. Al mismo tiempo la comunidad progresista de Zimbabwe y sus aliados internacionales (incluyendo al movimiento de solidaridad Acción África, radicado en EEUU) quedaron anonadados por la repetida apologética de Mbeki acerca del rol opresivo de Robert Mugabe.

La izquierda independiente de Sudáfrica continuará creciendo bajo estas condiciones. Organizaciones que enfrentaron repetidamente al ANC y al capital incluyen movimientos sociales y coaliciones de activistas comunales tales como la nacional Indaba Movimientos Sociales, el Foro Anti-Privatización de Johannesburgo, el Foro Social Thekwini de Durban, y la Campaña contra el Desalojo del Cabo Occidental, así como una variedad de grupos sectoriales específicos: el Proyecto de Derechos Educativos, el Foro por la Justicia Ambiental, Jubilee SA, Keep-Lefr, Khulumani (grupo de apoyo a las víctimas del apartheid), el Movimiento de los Sin Tierra, el Comité de Solidaridad con Palestina, el Comité de Crisis Eléctrica de Soweto, y a veces la inconsistente Coalición de Organizaciones No-Gubernamentales. Se encuentra regularmente información sobre sus luchas en los principales canales de noticias, pero la izquierda independiente local utiliza medios como los sitios web de Indymedia, el periódico Debate: Voces desde la Izquierda Sudafricana, y su lista de discusión por e-mail, y el Khanya Journal. Otra infraestructura de la izquierda incluye institutos de investigación y entrenamiento tales como el Centro de Desarrollo e Información Alternativo, groundWork, el International Labour Research and Information Group, el Khanya College, y el Centro para la Sociedad Civil de la Universidad de Natal, la mayoría de los cuales tiene útiles sitios web. Hay, también algunas secciones militantes del COSATU, especialmente trabajadores municipales.

Sin embargo, han emergido conflictos decisivos dentro de los movimientos de izquierda independiente de Sudáfrica, especialmente acerca de cómo relacionarse con el Partido Comunista y el COSATU. Las opiniones varían grandemente acerca de hasta dónde atacar al propio ANC, y llevan a debates sobre cómo (y cuándo) formar un partido político de izquierda, y si llamar a un boicot o a una agitación en las elecciones del 2004. En adición, permanecen los problemas sudafricanos tradicionales de sectarismo entre todos los pequeños partidos y facciones políticas. Otra línea divisoria importante surge sobre cómo articular las reacciones sudafricanas al problema de la tierra en Zimbabwe y hacia el sector de la oposición de Zimbabwe alineado con el imperialismo. Sin embargo, mi propia impresión es que muchos de estos conflictos se resolverán en la década por venir, cuando se produzca un realineamiento de la izquierda.

Dos citas resumen la situación de Sudáfrica. Primero, “El gobierno está completamente seducido por los grandes negocios, y no puede ver más allá de sus intereses inmediatos.” Segundo, “las facciones sectarias de la izquierda local y extranjera... acusan a nuestro movimiento de haber abandonado al pueblo trabajador, diciendo que hemos adoptado e implementado políticas neoliberales. Estas facciones aducen estar siguiendo un programa socialista. Afirman que, por el contrario, estamos actuado como agentes de la clase capitalista local e internacional y organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el FMI, contra los intereses del pueblo trabajador.” Estas citas son respectivamente del editor (neoliberal) del periódico Business Day en junio del 2003, y del discurso de Mbeki en una conferencia política del ANC en septiembre del 2002, y revelan una conciencia en la élite en el sentido de que el décimo aniversario de la libertad sudafricana no será un motivo de festejos para aquellos que habían esperado una ruptura genuina con el apartheid. Quizá el vigésimo aniversario nos permita un informe más alentador.

Nota: Lecturas ulteriores sugeridas:

Para un análisis e información mayor, recomiendo varios sitios Web: http://southafrica.indymedia.org/, y http://www.aidc.org.za/. Numerosos libros, escritos principalmente por intelectuales independientes en los últimos años, revelan la profundidad y extensión de la crítica radical: S. Kimani, ed, The Right to Dissent (Johannesburg: Freedom of Expression Institute, 2003); F. Barchiesi & T. Bramble, eds., Rethinking the Labour Movement in the ‘New South Africa’ (Aldershot: Ashgate, 2003); N. Alexander, An Ordinary Country (Pietermaritzburg: University of Natal Press, 2002); S. Jacobs & R. Calland, eds., Thabo Mbeki’s World (London: Zed Books & Pietermaritzburg: University of Natal Press, 2002); G. Hart, Disabling Globalization (Pietermaritzburg: University of Natal Press & Berkeley: University of California Press, 2002); A. Desai, We are the Poors (New York: Monthly Review Press, 2002); D. McDonald, ed., Environmental Justice in South Africa (University of Cape Town Press, 2002); D. McDonald & J. Pape, eds., Cost Recovery and the Crisis of Service Delivery in South Africa (London: Zed Books & Pretoria: HSRC Publications, 2002); J. Duncan, Broadcasting and the National Question (Johannesburg: Freedom of Expression Institute, 2002); T. Bell, & D. Ntsebeza, Unfinished Business (London: Verso & Cape Town: RedWorks, 2001); S. Adams, Comrade Minister (New York: Nova Science Publishers, 2001); and H. Marais South Africa Limits to Change (London: Zed Books & University of Cape Town Press, 2000). Mi propio esfuerzo más reciente para documentar el problema del neoliberalismo en Sudáfrica es Unsustainable South Africa: Environment, Development and Social Protest (London: Merlin Press & Pietermaritzburg: University of Natal Press, 2002).