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¿Incluir a los excluidos?
La imposible reconstrucción del
Estado benefactor
Por Raúl Zibechi
Masiosare/La Jornada
Cueva Rebelde Itzcuintli, 15/12/03
La doble apuesta de los gobiernos
progresistas de América Latina -eliminar la extrema pobreza y la
exclusión social, y volver a un Estado social protector de los más
pobres- choca con las tendencias mundiales desatadas en los últimos
30 años.
La instalación de gobiernos
progresistas en dos poderosos países de la región, Brasil y
Argentina, permitió albergar esperanzas de concretar el ansiado
viraje que permitiera salir del desastre neoliberal, lo que debería
concretarse en políticas que permitieran superar, a largo plazo, los
elevados niveles de pobreza extrema y exclusión social existentes en
ambos países. El hecho de tratarse de grandes Estados, que pueden
aplicar cuantiosos recursos a resolver o mitigar la cuestión social,
levantó una oleada de optimismo en toda la región.
A diferencia del gobierno de Néstor
Kirchner, que mantiene la asistencia mensual a los desocupados (unos
150 pesos, poco más de 50 dólares), el presidido por Luiz Inácio
Lula da Silva ha sido capaz de articular un completo y complejo
programa, Hambre Cero, para asistir a los más pobres y tratar de
resolver tanto la extrema pobreza como la exclusión. Hambre Cero,
subtitulado como "una propuesta política de seguridad
alimentaria para Brasil", es un proyecto elaborado por un
conjunto de ong, sindicatos, organizaciones populares, movimientos
sociales y especialistas, durante un año de trabajo, y entregado al
debate público en octubre de 2001 por el Instituto de la Ciudadanía.(1)
Alcances y límites
El programa del gobierno de Lula
consiste en la aplicación de políticas estructurales permanentes y
políticas compensatorias de emergencia. El segundo aspecto persigue
"la intervención del Estado, de modo de incorporar al mercado de
consumo de alimentos a aquellos que están excluidos del mercado de
trabajo y/o que tienen una renta insuficiente para garantizar una
alimentación digna a sus familias". El objetivo final de la
combinación de ambas políticas es "incluir a los excluidos,
dado que el acceso a la alimentación básica es un derecho
inalienable de cualquier ser humano".
Las políticas estructurales
contempladas en Hambre Cero buscan disminuir la vulnerabilidad
alimentaria mediante el aumento de la renta familiar, la disminución
de la desigualdad en los ingresos y la universalización de los
derechos sociales. Para ello se propone generar empleo y renta, la
reforma agraria, la universalización de la previsión social, el
incentivo a la agricultura familiar y el apoyo a la alfabetización.
Las políticas de emergencia están centradas en un cupón de
alimentación de 50 reales mensuales por familia (unos 15 dólares)
durante seis meses, prorrogables a 18, la donación de cestas básicas,
el combate a la desnutrición materno-infantil, ampliación de la
merienda escolar y programas de educación alimentaria y para el
consumo.
El programa propone además un
conjunto de políticas locales para ser implementadas por los estados
y los municipios con apoyo de la sociedad civil, que van desde la
creación de restaurantes populares hasta la puesta en marcha de un
banco de alimentos y la modernización de los equipos de
abastecimiento. El objetivo es llegar a 44 millones de personas, 28%
de la población del país. Se consideran muy pobres a las personas
que tienen ingresos menores a un dólar diario, la mitad de las cuales
se concentran en el nordeste, y las familias beneficiarias son
aquellas que tienen un ingreso menor a medio salario mínimo.
Un primer balance muestra que hasta
octubre fueron atendidas más de un millón de personas y se
entregaron 490 mil cestas básicas; se comenzó la compra directa y
anticipada de productos de la agricultura familiar y se amplió
considerablemente la merienda escolar y la asistencia
materno-infantil, entre otras.
Más allá de las críticas por la
demora en poner en marcha el plan, el Laboratorio de Políticas Públicas
(lpp) -de la Universidad del Estado de Río de Janeiro- señala que
Hambre Cero no debería ser afectado por los objetivos macroeconómicos
negociados con el fmi, que suponen un superávit primario de 4.25% del
producto. Apunta además, y esto parece fundamental, que la
descentralización de las acciones puede entrampar al programa en las
"prácticas de corrupción y clientelismo" extendidas entre
las elites locales, y que la fragmentación de las acciones puede
redundar en "un refuerzo de las desigualdades" ya que
"los más pobres son los que más necesitan y son los que menos
capacidad de respuesta tienen". En paralelo, se critica que el
programa selecciona "clientelas por corte de renta basadas en 'líneas
de pobreza'", sin considerar que la pobreza tiene
"territorios definidos" y que no pueden reducirse sólo y
principalmente a la cuestión de los ingresos. Por último, señala
que no garantiza el acceso universal a la salud, la alimentación y la
nutrición materno-infatil, que deberían ser considerados no como políticas
focalizadas sino como derechos sociales básicos, sobre todo para un
gobierno que se reclama progresista.
La teoría del paréntesis
Más allá de las virtudes y los límites
del plan, y de la mejor o regular capacidad de quienes lo aplican,
aparecen ciertos límites que se relacionan con el tipo de sociedad y
el carácter del crecimiento económico posible en los países
dependientes. Lo que se proponen las administraciones progresistas de
América del Sur, aunque no lo formulen exactamente en estos términos,
es la reconstrucción del Estado benefactor o, por lo menos, de sus
aspectos sociales más destacados. O sea, salir del neoliberalismo
para retornar a la etapa previa a la aplicación de este modelo. Actúan
como si el neoliberalismo, hoy en crisis, hubiera sido una suerte de
paréntesis, especialmente destructivo y demoledor, luego del cual
pudiera volverse a la situación anterior.
De esa manera, se consideran la
exclusión y la extrema pobreza como males sociales que podrían
superarse sin cuestionar a fondo las formas de acumulación que vienen
siendo hegemónicas en el funcionamiento del sistema, desde hace por
lo menos cuatro décadas. Comprender por qué es imposible
"volver atrás" supone indagar en las razones que provocaron
el desmonte de los Estados benefactores, instituciones que apenas
sobreviven en algunos países europeos, aún con enormes dificultades
y en constante retroceso.
En los principales países de América
Latina, el Estado benefactor surgió como forma de neutralizar el
desborde social; en otros, las funciones sociales de ese tipo de
Estado las asumió el populismo. En ello radican, por ejemplo, algunas
de las diferencias más acusadas entre las historias recientes de
Argentina y Brasil. Lo común, en ambos casos, es que la "pata
social" fue escrupulosamente desmontada por las políticas
neoliberales de los ochenta y noventa, a caballo de las restauraciones
democráticas.
No debería perderse de vista,
empero, que entre las causas profundas que llevaron al neoliberalismo
al fracaso, y por lo tanto al crecimiento exponencial de la exclusión
y la extrema pobreza, aparece en lugar destacado -a lo largo y ancho
del planeta- la renovada insurgencia de los sectores populares. Y muy
en particular de los obreros industriales jóvenes. A escala micro,
"la fábrica era el teatro de una guerrilla permanente, donde los
obreros especializados desplegaban tesoros de ingenio para sustraer
importantes reservas de productividad (muy a menudo de alrededor del
20%) a la vigilancia del personal jerárquico. Todo el encanto y toda
la creatividad de los obreros se empleaban en armar nichos ocultos de
autonomía".(2)
A escala macro, el desborde social
se manifestó en demandas por más democracia, en todas las esferas de
la sociedad.
La respuesta del capital la
sufrimos aún: desterritorialización o éxodo del capital,
financierización, globalización. André Gorz, entre muchos, sostiene
que el modelo de industrialización que permitió el desarrollo de
Occidente y Japón no existe más. En consecuencia, "el tipo de
industrialización que permitió urbanizar y dotar de salario a las
masas rurales no existe más".(3)
Ahora se implementa un
"desarrollo a rayas", donde lo que crece no es un país o
territorios sino enclaves, "zonas económicamente
especiales", cuyo objetivo es ponerse a resguardo de las
migraciones internas de campesinos sin tierra que, en la lectura de
los poderosos del planeta, fue lo que minó el desarrollo anterior al
desatar luchas sociales de envergadura.
Estos enclaves están poderosamente
automatizados (según Jeremy Rifkin, las filiales de las
trasnacionales en Brasil y las maquiladoras en México están a menudo
más automatizadas que sus equivalentes en Estados Unidos) y generan a
su alrededor enormes regiones de pobreza. Y eso sólo en aquellos países
como China, Brasil, México, India y Malasia, que tienen la
"suerte" de que el capital financiero haya decidido instalar
semejantes islas industriales.
A escala micro, en los talleres, se
implementa un modo de producción llamado posfordista, que consiste en
transferir las competencias empresariales hacia la base obrera,
integrada así a la empresa, donde el saber pierde la mitad de su
valor cada 12 o 24 meses. Eso supuso una verdadera revolución
cultural en el capitalismo, de modo que la tendencia actual
"anula el trabajo, anula el salario y tiende a reducir al 2% la
parte de la población activa que asegura la totalidad de la producción
material". La conclusión de Gorz es temible: "Es económicamente
más ventajoso concentrar el poco trabajo necesario en poca gente, a
la que se le ha inyectado el sentimiento de ser una elite privilegiada
que merece sus privilegios por un celo que la distingue de los
'perdedores'. Nada, técnicamente, le impediría a la firma repartir
el trabajo entre un número más grande de gente que no trabajaría más
de 20 horas por semana. Pero esta gente no tendría la actitud
'correcta' hacia el trabajo, que consiste en considerarse pequeños
empresarios que valorizan su capital-saber".(4)
¿Alternativas?
Este conjunto de mecanismos son los
que le permitieron al capital reanudar, en una escala sin precedentes,
su proceso de acumulación luego del desborde social de los sesenta y
setenta. Para una pequeña elite que domina el saber, habrá trabajo
seguro. Lula recordó hace unas semanas que la empresa aeronáutica
Embraer, "motivo de orgullo para el pueblo brasileño",
emplea a 9 mil trabajadores, de los cuales 3 mil son ingenieros.(5)
Pero la inmensa mayoría apenas
puede acceder a un trabajo no calificado en el sector servicios.
"Al contrario de lo que se piensa, la fuerza de trabajo brasileña
es supercalificada en relación al tipo de empleo que se está creando
en Brasil, cuya economía va perdiendo la capacidad de agregar valor a
las cadenas productivas cada vez más internacionalizadas",
sostiene el economista César Benjamin.(6)
Según todos los análisis con los
que contamos, aun desde diferentes perspectivas, el Estado benefactor
fue la institución que permitió regular la sociedad de la producción
en masa, caracterizada por la división taylorista del trabajo, la
cadena de montaje fordista y la centralidad del obrero especializado.
Fue la rebelión obrera, y de los sectores populares del Tercer Mundo,
la que derribó todo el entramado construido luego de la crisis de
1929.
El peligro principal, tal como
apunta sutilmente el lpp, y como denuncian algunos grupos piqueteros
argentinos, es que los excluidos sean "integrados" con
salarios miserables, sin derechos sindicales ni sociales completos.
Sería una forma de barnizar la exclusión, legalizándola. La
imposible reconstrucción de los Estados sociales choca por arriba con
la creciente debilidad de los Estados nacionales, instrumentos cada
vez más flacos para regular economías trasnacionalizadas. Por abajo,
choca con las crecientes demandas de las sociedades civiles por más
democracia.
Existen, sin embargo, otros caminos
posibles para superar la extrema pobreza y la exclusión. Son los que
vienen recorriendo desde hace más de una década los movimientos
sociales: los indígenas, en primer lugar; los Sin Tierra de Brasil,
los desocupados de Argentina, y cada vez más los excluidos de todo el
continente. Sus luchas han demostrado que, desde la exclusión, es
posible construir un mundo nuevo, sin pasar por el aro de la integración
como ciudadanos de segunda. Los gobiernos progresistas podrían tener
en ellos un referente, y aplicarse a apoyarlos sin condiciones.
Notas:
(1)Un análisis completo del
programa en: Laura Tavares, "O programa Fome Zero", en www.lpp-uerj.net/outrobrasil.
(2) André
Gorz, Miserias del
presente, riquezas de lo posible, Paidós, Buenos Aires, 1998, pág
38.
(3)
Idem, pág 34.
(4).
Idem, pág 56.
(5). Página 12, entrevista de
Horacio Verbistky a Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, 19
de octubre de 2003.
(6). César Benjamin, "Desemprego:
cenário atual e políticas alternativas", en www.lpp-uerj.net/outrobrasil.
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