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Plan
Colombia
Cocaína, petróleo y mercenarios
Red
Voltaire, 14/02/05
El Plan Colombia, presentado en 1998 por el
presidente Andrés Pastrana como un programa de desarrollo económico
sin drogas, es en realidad una pantalla para la implantación de
fuerzas estadounidenses en el país. Las operaciones militares que
dirige -desde Washington- el general McCaffrey han costado la vida a
miles de campesinos y guerrilleros partidarios del marxismo o de la
teología de la liberación. Después de 5 años de combates, Colombia
sigue siendo el primer productor mundial de cocaína y sus recursos
petrolíferos se encuentran, como nunca antes, bajo el control de
Washington.
Colombia padece todos los síntomas de una guerra
civil desde mediados de los años 1950. En aquella época,
trabajadores agrícolas que habían estudiado los principios del
comunismo trataron de tomar el control de las tierras que cultivaban y
para ello crearon «zonas de autodefensa». El movimiento dio rápidamente
lugar al surgimiento de una guerrilla organizada, creada en 1966: las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En respuesta, el presidente conservador León
Valencia proclama el estado de sitio y desencadena, con la ayuda de
Estados Unidos, una represión feroz. A las FARC se une, en los años
1970, el movimiento M-19, cuyo campo de acción es esencialmente
urbano.
Desde entonces, la guerra que libran el Estado y
los grupos armados ha sido siempre intensa y está siendo utilizada,
desde hace tiempo, como pretexto para justificar la injerencia
estadounidense en los asuntos de ese estratégico país de América
del Sur.
Esta injerencia tiene un doble objetivo: la
liquidación de los defensores del marxismo y el mantenimiento de una
presencia militar en la región, todo bajo la cobertura de la lucha
antidroga, aún cuando Estados Unidos es el mayor importador de cocaína
colombiana.
Una política de injerencia que tiene más de cien
años
Esta estrategia de injerencia no es nueva en la
región. Ya a principios del siglo XX, Estados Unidos había
favorecido la secesión de la provincia colombiana de Panamá ante la
reticencia de Bogotá a dejar en manos de Washington la administración
del canal.
El 18 de noviembre de 1903, el tratado Hay-Bunau-Varilla
concedía a Estados Unidos el uso perpetuo del canal y de una zona de
8 kilómetros de cada lado del mismo así como la soberanía total
sobre el conjunto del área. El tratado de alianza firmado en 1926 va
aún más lejos y, al conferir a Washington derechos especiales en
tiempo de guerra, hace de Panamá «desde el punto de vista militar,
un nuevo Estado de la Unión» [1].
Se trata aquí de la
aplicación, al pie de la letra, de la doctrina Monroe [2]
y su «corolario» enunciado en 1903 por el presidente Theodore
Roosevelt: «La persistencia en una mala conducta o una incapacidad
que desemboque en un relajamiento general de los lazos propios a una
sociedad civilizada pueden hacer necesaria a fin de cuentas, en América
como en otras partes, la intervención de alguna nación civilizada.
En el hemisferio occidental, la adhesión de los
Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligarlos, en casos
flagrantes en que se encuentren ante este tipo de mala conducta, o
ante ese tipo de incapacidad, a ejercer, aún a pesar de su propia
repugnancia a hacerlo, un poder internacional de policía». Lo cual
legitima muchos tipos de injerencia.
Todo es cuestión de comunicación. Durante su
campaña electoral, en 1998, el entonces futuro presidente de la República
Andrés Pastrana promete un «plan Marshall por la paz». La alusión
al plan de injerencia económica, cultural y militar que Estados
Unidos orquestó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial no es
casual ya que permite justificar la intervención estadounidense al
dar la impresión que se trata de une petición colombiana. El
gobierno Clinton propone enseguida un plan antidroga, que implica el
despliegue de instructores militares y civiles en el país.
El 9 de agosto de 1999, Pastrana anuncia que su
gobierno termina «la preparación de un programa en ese sentido: el
"plan Colombia"» [3],
cuyo lanzamiento oficial tiene lugar el 20 de septiembre de 1999. Este
proyecto, destinado a lucha contra el cultivo de droga y los «grupos
mafiosos» que le sacan provecho, está estimado en 7 500 millones de
dólares repartidos en tres años.
Bogotá se compromete a contribuir con 4,000
millones y pide que el resto sea financiado por la ayuda
internacional. Evidentemente, su principal interlocutor extranjero no
es otro que Washington y el Congreso estadounidense le concede 1 700
millones de dólares. Según el diario francés Le Figaro, que cita la
prensa internacional, esta suma que concede Estados Unidos «puso fin
a diferentes presiones ejercidas por ciertos lobbys que apuntaban
simplemente a la suspensión del plan.
¿Los autores de esas presiones? Algunas ONG que
aprovechaban la ocasión para promover su propia visión falseada de
la situación colombiana y ciertos medios de difusión que se reían
de la excesiva generosidad norteamericana».
El gobierno de Andrés Pastrana anuncia, por su
lado, un importante crecimiento del presupuesto de Defensa, a expensas
de los programas sociales del país, lo cual da lugar a acciones como
el bloqueo de la carretera Panamericana (que conecta Colombia con
Ecuador) del 1ero al 25 de noviembre de 1999 por más de 50,000
campesinos, trabajadores de la enseñanza e indígenas. Los
manifestantes fueron finalmente desalojados por el ejército.
Barry McCaffrey, un halcón a la cabeza de la
lucha antidroga
El plan Colombia no es el resultado de una
iniciativa colombiana, como trata de hacer creer el espectáculo de
Pastrana, sino que fue elaborado por el general Barry McCaffrey,
ex-comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América
del Sur, nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero
de 1996.
Además, la nominación para ese puesto de un
militar cargado de condecoraciones, ex-combatiente de Vietnam y de la
guerra del Golfo en 1991, demuestra que los militares explotan una
cuestión de salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que se
trata precisamente de un general particularmente controvertido: en
mayo del 2000, el periodista newyorkino Seymour Hers reveló que al
final de la operación Tormenta del Desierto una división blindada
bajo el mando de McCaffey masacró a 350 soldados iraquíes desarmados
el 2 de mayo de 1999, o sea dos días después del anuncio del cese al
fuego.
El general predica en Colombia el regreso a los métodos
que aplicó Oliver North en Nicaragua, o sea el uso de paramilitares
contra la guerrilla [4].
En la práctica, es difícil saber en qué se
diferencian las actividades de Barry McCaffey como jefe de la lucha
antidroga de las que realizaba a la cabeza del Comando Sur. Los
intereses en juego en Colombia son puramente estratégicos, aunque la
administración Clinton trate de poner de relieve el peligro que
representa para la juventud estadounidense el aumento constante de la
importación de cocaína colombiana.
El problema viene de Panamá ya que Estados Unidos
debe devolver el canal al gobierno panameño en 1999 y desmantelar sus
bases militares allí. Sin embargo, Washington desea mantener su
presencia militar en la región, lo que da lugar a intensas
negociaciones entre los dos Estados para disimularla mediante la
creación de un supuesto «Centro multilateral antidroga» [5].
El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares
se opone finalmente obligando así a Estados Unidos a buscar otro país
donde la presencia de sus tropas sea menos controvertida [6].
Eso es precisamente lo que busca el plan Colombia [7].
Colombia: una «pieza» estratégica
La elección de Colombia es totalmente coherente:
como el Panamá del general Noriega, el país está implicado en el tráfico
mundial de estupefacientes, lo cual justificaría una intervención
militar en cualquier momento [8].
En resumen, Washington no esperó por las «armas de destrucción
masiva» para elaborar una lógica de comunicación alrededor de
intereses ficticios que permita justificar intervenciones militares en
su esfera de influencia.
Además, Colombia es para Estados Unidos un
proveedor de petróleo bajo la «amenaza» de una guerrilla marxista,
argumentos todos que hacen de ella el blanco privilegiado de una
intervención.
La retórica de Estados Unidos y los militares
colombianos es simple: las FARC se financian con el tráfico de droga
y deben, por consiguiente, ser tratadas como los narcotraficantes.
Desde esa óptica, luchar contra la droga es luchar contra la
guerrilla. La lucha contra la droga es, por tanto, un medio de lucha
contra la subversión, pero permite también justificar el despliegue
de tropas estadounidenses en la región bajo la cobertura de una
operación de salud pública.
Washington tiene en el país entre 300 y 400
consejeros civiles y militares. Sin embargo, hasta mediados de los 90
fueron precisamente los responsables militares y políticos
colombianos, y sus interlocutores estadounidenses quienes se vieron
implicados en varios escándalos de tráfico de cocaína. Aún hoy,
los grupos paramilitares, enemigos de las FARC, se financian con la
cocaína, lo que ha dado lugar al siguiente comentario por parte de
los dirigentes de las FARC:
«No tenemos derecho a sumir [a los campesinos] en
el hambre erradicando los cultivos ilícitos. Por otro lado, las
mafias ayudan al ejército a financiar a los paramilitares. ¿Por qué
tendríamos que ser nosotros los únicos en considerar ese mal desde
un punto de vista ético? Se trata, ante todo, de un problema económico-social»
[9].
En realidad, las FARC reclaman únicamente el
cobro de un impuesto sobre la coca, o sea la pasta de base que
constituye la primera etapa del proceso de transformación de la
planta en cocaína. Los que están sujetos a ese impuesto son los
intermediarios que venden la pasta de coca, no los campesinos. Según
los expertos en geopolítica de las drogas, la guerrilla no se dedica
al cultivo de la coca ni a la elaboración o la venta de la misma.
Importantes petrodólares.
Más que la lucha contra la droga, lo que busca
Estados Unidos es prevenir toda posibilidad de control de los recursos
petrolíferos locales por parte de intereses nacionales, sobre todo
representantes políticos de la guerrilla. Colombia es el séptimo país
exportador de petróleo hacia Estados Unidos y el tercero de América
Latina, después de Venezuela y México.
Lo cual explica la inquietud de Washington cuando
se abren negociaciones políticas sobre la cuestión del petróleo
entre el poder y los movimientos marxistas. En efecto, durante las
negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) [10]
el presidente Pastrana concedió a la guerrilla guevarista una zona
desmilitarizada de 4 727 km² en el departamento de Bolivar, en el
norte del país, como prueba de buena voluntad [11].
Esa zona se encuentra justo ante los puertos
petroleros y refinerías de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el río
Magdalena. Cuando se anunció la noticia, los trabajadores del sector
petrolero inmediatamente amenazaron con ponerse en huelga. Por su
parte, la guerrilla prefirió mantener la presión sobre ese sector
estratégico: al día siguiente del anuncio, el oleoducto de Caño Limón-Covenas
[12] fue dinamitado. En
1999 había sido blanco de 70 ataques similares por parte del ELN [13].
Más inquietante aún, el 12 de mayo del 2000 el
presidente de la compañía petrolera local, ECOPETROL, expresó
oficialmente su inquietud: «La producción de crudo bajará en
alrededor del 2% en el 2000, con 800 000 barriles diarios, ante 815
000 en 1999.» Sin embargo, se mantenía, «optimista en cuanto al
futuro. Actualmente, 44 compañías privadas están interesadas en 27
proyectos de exploración y producción y 37 de esas compañías
participan en una etapa de precalificación llamada Ronda 2000».
Según el diario parisino Le Figaro, «si
Colombia no hace nuevas perforaciones antes de 2005, corre el riesgo
de convertirse en importadora de petróleo. El país dispone de
reservas confirmadas de alrededor de 2 4000 millones de barriles y de
reservas potenciales estimadas en 37,000 millones.
El problema es mantener allí las compañías que
se han instalado ya y atraer otras hacia las zonas petrolíferas que
son regularmente blanco de guerrillas que se oponen a "la
injerencia excesiva de las multinacionales en la política petrolera
colombiana"» [14].
Así que está abierto el camino para que otras
sociedades petroleras se repartan el pastel colombiano con la
Occidental Petroleum (Oxy), compañía estadounidense hasta ahora
omnipresente [15].
Recuperación del control antiterrorista
El ascenso de George W. Bush al poder y los
atentados del 11 de septiembre vienen a modificar las condiciones. En
el marco de la guerra mundial que la administración estadounidense
emprende contra el terrorismo, las fuerzas paramilitares colombianas
de extrema derecha, reagrupadas en el seno de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) son incluidas en la lista de organizaciones
terroristas. Según la publicación mensual francesa Le Monde
Diplomatique, los grupos de extrema derecha nacieron, sin embargo,
«a fines de los años 1960, en el marco de una política que
recomendaron los consejeros norteamericanos para "destruir"
toda veleidad de transformación social.» [16].
Ellos fueron hasta ahora los «brazos armados de
los narcotraficantes desde 1985, auxiliares de; ejército para hacer
los trabajos sucios» [17].
Pero los paramilitares cayeron en desgracia: su
implicación demostrada en el tráfico de droga, el asesinato de
civiles y especialmente de opositores (sindicalistas, periodistas)
hicieron de ellos un aliado cada vez más incómodo.
Washington tiene la intención de explotar el
trauma del 11 de septiembre para emprenderla con las guerrillas
colombianas, pero no puede darse el lujo de hacerse de la vista gorda
con una de las tres organizaciones armadas. Por consiguiente, los ánimos
se caldean rápidamente. La embajadora estadounidense en Colombia,
Anne Patterson, habla -el 26 de octubre de 2001- de la «similitud»
entre los «grupos terroristas de Afganistán y los de Colombia».
Diez días antes, el coordinador de la lucha contra el terrorismo en
el Departamento de Estado estadounidense, Francis Taylor, mencionaba
la determinación de Estados Unidos a utilizar «todos los elementos»
a su disposición, incluso «como en Afganistán, la utilización del
poderío militar, si fuera necesario, para poner fin a las
"actividades terroristas"».
Washington pide entonces la extradición de los
principales dirigentes de las tres formaciones paramilitares que son
las FARC, el ELN y las AUC.
Estados Unidos logró, por otra parte, encontrar
un punto de amarre para sus tropas en América del sur al establecer,
desde 1999, lazos militares privilegiados con Ecuador, política que
continúa bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, aunque este había
sido presentado al principio como un Hugo Chávez ecuatoriano[Ver
sobre el tema nuestro trabajo dedicado a la ocupación militar de
Ecuador. [18].
El principal objetivo de Washington en Colombia se
convierte por tanto en proteger las yacimientos de petróleo e impedir
toda negociación con las guerrillas marxistas. Poseedor de «300
sitios de infraestructuras estratégicas» en Colombia, Estados Unidos
destina en febrero de 2002 una ayuda de 100 millones de dólares para
garantizar la protección de dichos sitios contra la guerrilla.
El primero en ser tenido en cuenta es,
naturalmente, el oleoducto de Caño Limón. Se trata entonces del
primer «apoyo norteamericano directo a los militares colombianos
contra los rebeldes» de las FARC y del ELN [19].
Un vocero del secretario de Estado norteamericano de visita en Bogotá
va más lejos: «entre la subversión y el narcotráfico no hay ya
diferencia» [20].
La decisión suscita numerosas reacciones de
inquietud en los países vecinos, sobre todo en Venezuela donde el
presidente declara estar «preocupado» ante la presencia militar
estadounidense en Colombia y califica el aumento de la cantidad de
tropas de «muy peligroso» para el país «pero también para
Venezuela». Durante la semana siguiente, el gobierno del presidente
Pastrana emprende la «operación Thanatos» contra las FARC, con el
apoyo secreto de Estados Unidos [21].
Tres días más tarde, el 25 de febrero de 2002,
la guerrilla marxista secuestra a Ingrid Betancourt, la candidata
ecologista a la elección presidencial en Colombia.
Estados Unidos oficializa su apoyo militar contra
la guerrilla
En marzo, Colin Powell y Donald Rumsfeld se
pronuncian sucesivamente por un aumento de la ayuda militar a
Colombia. Ambos piden al Congreso que tenga en cuenta la ruptura de
negociaciones entre las FARC y el gobierno. En abril, el presidente
Pastrana viaja a Washington para pedir personalmente ayuda militar a
George W. Bush.
Desde hace meses, el envío de armamento a
Colombia ha ido en aumento: han llegado 60 helicópteros como préstamo,
instructores estadounidenses han entrenado a cientos de militares
colombianos mientras que la cifra de 400 «consejeros militares»
norteamericanos se sobrepasa al principio de la «operación Thanatos».
Sin contar los subcontratos: DynCorp, favorecida por Oliver North en
tiempos del escándalo Iran-Contras, se ocupa de los vuelos de riego
de substancias químicas nocivas para eliminar los cultivos de coca;
Northrup Grumman pone los radares; AirScan ofrece sus servicios de
vigilancia aérea, etc. [22].
Y al final resulta que las plantaciones de coca
pasaron de 125 000 a 160 000 hectáreas en dos años [23].
Colombia se ha convertido incluso en el primer productor mundial de
cocaína, con 580 toneladas anuales.
La cooperación se refuerza aún más con la
llegada a la presidencia, en mayo de 2002, del candidato de la derecha
dura, Álvaro Uribe, partidario de la «mano dura» con la guerrilla.
A partir de su nominación, Estados Unidos anuncia la próxima llegada
a Bogotá de Otto Reich, el secretario de Estado adjunto encargado de
América Latina, «para conversar con [el nuevo presidente] sobre sus
proyectos».
Dos meses más tarde, el Congreso concede al fin
la ayuda militar que tanto esperada el régimen colombiano para acabar
con la guerrilla. La embajadora Anne Patterson anuncia entonces que el
entrenamiento del ejército colombiano estará, en lo adelante, en
manos de las fuerzas especiales estadounidenses.
La investidura de Álvaro Uribe es un hecho
decisivo en varios aspectos. Por un lado, el día mismo de la
investidura marca el comienzo de la ayuda militar oficial proveniente
de Estados Unidos. Por otra parte, una lluvia de cohetes cae sobre
Bogotá en el momento mismo de la ceremonia dejando 21 muertos en los
alrededores del palacio presidencial.
Y, finalmente, Uribe desencadena una escalada en
la confrontación militar ya que, lejos de sus propias proposiciones
de campaña en cuanto a una negociación bajo auspicios de la ONU, el
nuevo presidente decretó inmediatamente el estado de excepción y
lanzó ofensivas militares de gran envergadura contra las FARC.
De paso, puso al coronel retirado Alfonso Armas a
la cabeza de la lucha contra los estupefacientes, convirtiéndolo así
en el hombre clave del plan Colombia. En noviembre de 1985, Alfonso
Armas había estado al frente del ataque contra el palacio de justicia
de Bogotá, ocupado por un comando del M-19. La ofensiva, con apoyo
blindado, dejó «más de cien muertos entre rebeldes, jueces y
civiles y el palacio fue destruido por un incendio» [24].
Bogotá y Washington ligaron a partir de entonces
sus destinos en la lucha contra las «fuerzas subversivas», dejando
sentado que prefieren la solución militar en relación con las
negociaciones políticas. Esta estrategia suicida para el país ha
provocado ya varias catástrofes, como la matanza de varias decenas de
rehenes de las FARC durante una ofensiva del ejército colombiano.
La estrategia mencionada no sólo no ha resuelto
el conflicto sino que, por el contrario, agravó una situación ya muy
complicada y provocó una multiplicación de la violencia. Hay que
citar, en ese aspecto, el atentado realizado el 7 de febrero de 2003
con un coche-bomba, muy parecido «al perpetrado en Oklahoma City en
1995» [25]. Este
atentado, cuya autoría no fue reclamada por las FARC, dejó 33
muertos en un club de la capital.
Washington, garante de la «inestabilidad regional»
En esta estrategia de ir hasta las últimas
consecuencias, Estados Unidos tiene más que ganar que Colombia.
Convertido en «iniciativa regional para la región andina», el «plan
Colombia», «con el pretexto de luchar contra el narcotráfico,
apunta a las guerrillas, a un proceso de intervención militar y de
absorción de conjuntos subregionales en el marco del gran proyecto
del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) a la cabeza del
cual se encuentra Washington» [26].
Los recientes atentados de las FARC contra el
oleoducto de Caño Limón, aún siendo defendido este actualmente por
los Boinas Verdes estadounidenses, prueban que es imposible controlar
el país únicamente mediante el uso de la fuerza. El secuestro de
tres mercenarios estadounidenses por la guerrilla en febrero de 2003
es otro ejemplo de ello [27].
El país se encamina lentamente hacia la escalada:
un comando estadounidense de 150 miembros de las Fuerzas Especiales
fue enviado a Colombia, mientras que continúan los aumentos
presupuestarios que concede el Congreso. Todo esto representa una
amenaza de «vietnamización» del conflicto. Más allá, lo que está
en juego es la estabilidad de toda la región.
Durante la cumbre del Pacto Andino, en marzo de
2003, Colombia fustigó la pasividad de Venezuela en lo tocante a la
lucha contra la guerrilla acusando al gobierno de Hugo Chávez de
permitir que las FARC utilicen las zonas fronterizas. En cuanto a
Panamá, aliado incondicional de Estados Unidos, fue el único país
en calificar a las FARC de «organización terrorista».
La idea de un regreso de la región al control de
Estados Unidos se va imponiendo. El 22 de abril de 2003, el
vicepresidente de la comisión venezolana de Relaciones Exteriores en
la Asamblea Nacional, Tarek William, declaró que «Venezuela [no
descartaba] una agresión armada de Colombia con ayuda de Estados
Unidos» [28].
En septiembre de 2002, ante la amenaza de
Washington de poner fin a la ayuda militar, Colombia dio un nuevo paso
hacia el vasallaje total al comprometerse a no extraditar a ningún
ciudadano estadounidense para que sea juzgado ante la Corte Penal
Internacional. En octubre, el gobierno de Álvaro Uribe logró la
adopción de un texto legislativo que estipula una amnistía para los
grupos armados que acepten desmovilizarse, texto que en realidad
beneficia exclusivamente a los paramilitares de extrema derecha, que
son los únicos enfrascados en negociaciones con el gobierno [29].
Las maniobras militares alcanzan una envergadura
considerable: más de 600 consejeros estadounidenses se encuentran ya
en Colombia, más de 1 000 miembros de las FARC han sido muertos entre
agosto de 2002 y julio de 2003, por un número equivalente de
rendiciones. En 2002, 14 000 hectáreas de plantaciones de coca fueron
destruidas, un record que subrayó el gobierno colombiano. El reciente
inicio en Perú del proceso contra Vladimiro Montesinos, que implica a
la CIA en un tráfico de armas con las FARC, constituye una prueba
adicional de la similitud entre las prácticas estadounidenses en
Colombia y las utilizadas antes en Nicaragua [30].
Todo lo cual pone cada vez más a Colombia al
margen de la comunidad internacional, como lo demuestra el boicot que
sufrió Uribe de parte de varios parlamentarios europeos durante su
gira por Europa, en febrero de 2004.
Notas:
[1]
«Du "destin manifeste" des Etats-Unis», por Maurice
Lemoine, Le Monde Diplomatique, mayo de 2003.
[2]
La doctrina Monroe recibe su nombre del presidente estadounidense
James Monroe quien, el 2 de diciembre de 1823, expuso en un mensaje al
Congreso los principios en que está basada dicha doctrina. Monroe
proponía rechazar toda intervención europea en los asuntos del
continente americano, justificando de paso la orientación de la política
exterior de Estados Unidos hacia la constitución de un bloque
continental bajo el dominio estadounidense.
[3]
«La volonté de paix sera récompensée», por Marie Delcas, diario
francés Le Monde, 9 de agosto de 1999.
[4]
«Barry McCaffrey, le faucon», por Gérard Devienne, diario francés L’Humanité,
6 de enero de 2001.
[5]
«"Multilateral Counter-Drug Center" or Disguised U.S.
Military Base?», por John Lindsay-Poland, Fellowship of
Reconciliation, Invierno de 1997.
[6]
«Counter-Drug Center Negotiations Collapse», por John Lindsay-Poland,
Fellowship of Reconciliation, septiembre-octubre de 1998.
[7]
La relación entre el rechazo del «Centro Multilateral Antidroga» en
Panamá y el Plan Colombia se menciona en el excelente trabajo de
maestría que Damien Laplanche, estudiante de historia en la
universidad de Nantes, realizó bajo la dirección de Jacques Marcadon.
«La rétrocession du
Canal de Panama» texto en francés, de Damien Laplanche,
Université de Nantes, 1998.
[8]
En 1989, el ejército estadounidense intervino en Panamá para
derrocar el régimen del general Manuel Noriega, presentado entonces
como un traficante de droga. Agente de la CIA durante los años 1970,
el líder panameño había, efectivamente «facilitado los
intercambios de armas y droga efectuados par los Contras de Nicaragua,
garantizando su protección militar, pilotos, (...) y capacidades
bancarias muy discretas para todo el mundo», todo ello con la bendición
de Estados Unidos, entonces en guerra contra la guerrilla sandinista.
Según el libro Rogue State (El estado delincuente), de William
Blum, Parangon, 2002.
[9]
«En Colombie, une nation, deux États» (Colombia una nación dos
estados), por Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, mayo del
2000.
[10]
El ELN es une guerrilla marxista y guevarista fundada en 1964, o sea
un año después de las FARC. Tuvo en sus filas a numerosos teólogos
católicos de la liberación, entre ellos al legendario padre Camilo
Torres, jesuita que hizo sus estudios en la Universidad católica de
Lovaina, en Bélgica, y fue muerto en combate en 1965. Después de una
pausa, el movimiento reaparece en los años 1980 alrededor del padre
Manuel Pérez, alias «el Cura». El ELN opera más bien en el norte
del país, mientras que las FARC lo hacen en el sur. El movimiento
cuenta alrededor de 5000 hombres.
[11]
El presidente Pastrana estuvo negociando también con las FARC desde
su llegada poder, en 1998, a pesar de la oposición de su propio
ministerio de Defensa, de los generales y de Estados Unidos.
Reconociendo la legitimidad de la lucha de ambas organizaciones
guerrilleras, Pastrana establece mecanismos de diálogo y
desmilitariza una zona que comprende cinco municipios, con una
superficie total similar a la de Suiza.
[12]
El oleoducto de Caño Limón-Covenas es el segundo más importante del
país. Con 780 kilómetros de largo, permite transportar diariamente
105,000 barriles de crudo.
[13]
El movimiento, que se opone también a las privatizaciones de las
empresas del sector eléctrico, Isagenet ISA, voló 250 torres eléctricas
entre 1999 et 2000.
[14]
«Les guérillas tiennent l’économie en otage», por Irène Jarry,
diario francés Le Figaro, 12 de mayo de 2000.
[15]
Esta sociedad está en conflicto con los indios U’wa porque realizó
trabajos de búsqueda de petróleo en las tierras ancestrales de esa
tribu.
[16]
«En Colombie, une nation, deux Etats», por Maurice Lemoine, Le
Monde diplomatique, mayo del 2000.
[17]
Ver: «The Ties
That Bind: Colombia and Military-Paramilitary Links», Human
Rights Watch, febrero del 2000.
[18]
«El Southcom avanza ocupación militar de Ecuador->article448]»,
por Marcelo Larrea, Voltaire, noviembre de 2003.
[19]
«Washington envisage de protéger "300 infrastructures stratégiques"
en Colombie»,(Washington prevee proteger 300 infraestructuras
estrategicas en Colombia) Agencia AFP, 10 de febrero de 2002.
[20]
«Pour l’or noir, Washington offrirait une rallonge à Bogota» (A
cambio del oro negro Washington ofrecería un suplemento a Bogotá),
por Vincent Taillefumier, diario suizo Le Temps, 13 de febrero
de 2002.
[21]
Diferentes testimonios han permitido comprobar la presencia de
militares estadounidenses durante la "liberación" de San
Vincente. Ver «Deux officiers américains à San Vicente», diario Le
Monde Francia, 26 de febrero de 2002; «La guerre secrète des États-Unis»,
por Romain Gubert, revista francesa Le Point, 3 de mayo de
2002.
[22]
«La guerre secrète des États-Unis» (La guerra secreta de los
Estados Unidos), por Romain Gubert, revista francesa Le Point,
3 de mayo de 2002.
[23]
El riego aéreo con defoliantes como el glifosato plantea además un
grave problema ecológico, ya que tiene consecuencias irreversibles
para el medio ambiente. En el año 2002, 6 533 agricultores
presentaron quejas judiciales contra tales prácticas y el mediador
colombiano Eduardo Cifuentes exigió, y obtuvo temporalmente, que
fueran suspendidas. El uso de defoliantes parece haber afectado también
zonas de Ecuador próximas a la frontera colombiana.Los responsables
de DynCorp son actualmente objeto de una investigación del Congreso a
causa de este asunto.
[24]
«Les faucons l’ont emporté en Colombie avec l’état d’exception»
(Los halcones se la llevaron en Colombia con el estado de excepción),
por Jacques Thomet, Agencia de noticias AFP, 12 de agosto de 2002.
[25]
«La croisade "antiterroriste" du président Uribe», (La
cruzada antiterrorista del presidente Uribe) por Pascale Mariani y Roméo
Langlois, diario parisino Le Figaro, 11 de febrero de 2003.
[26]
«La révolte anti-Chavez pétro-guidés par la Maison-Blanche» (La
revuelta contra Chávez petro-guiadas por la Casa Blanca), por Bernard
Duraud, diario francés L’Humanité, 18 de enero de 2003.
[27]
Según un vocero de las FARC, los tres hombres eran miembros de la CIA
y se encargaban, a la vez, de la búsqueda de un jefe de las FARC y la
localización de Ingrid Betancourt para liberarla. «FARC: les otages
américains sont de la CIA et cherchaient Ingrid Betancourt», por
Jacques Thomet, AFP, 21 de febrero de 2003.
[28]
(Venezuela "no excluye" una invasión colombiana con la
ayuda USA) «Le Venezuela "n’exclut pas" une invasion
colombienne avec l’aide des USA», Agencia AFP, 22 de abril de 2003.
[29]
(Colombia defiende en la ONU una amnistía para sus paramilitares) «La
Colombie défend à l’ONU l’amnistie pour les paramilitaires»,
por Marie Delcas, diario francés Le Monde, 2 de octubre de
2003.
[30]
En el marco del Irangate, la agencia de inteligencia estadounidense
fue acusada de haber vendido armas a Irán, país que se encontraba
bajo embargo, para financiar la extrema derecha armada de los Contras
en Nicaragua, opuesta a la guerrilla sandinista.
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