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De Panamá a Venezuela
En las fronteras del plan Colombia
Por Hernando Calvo Ospina (*)
Le Monde Diplomatique
edición en Buenos Aires, febrero 2005
El plan Colombia, estrategia militar estadounidense-colombiana de lucha
contra las guerrillas, no ha podido resolver el conflicto que destroza
al país. En revancha, comienza a afectar las naciones vecinas. Por su
política de ingerencia extraterritorial, el Plan viola la soberanía
de los Estados y golpea directamente a los pueblos de la región.
Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD), en el primer semestre del 2004 Panamá fue,
junto a Singapur, Bélgica y Luxemburgo, el país que más se benefició
de la inversión extranjera directa (1). Este documento omite precisar
que es el capital colombiano que viene dinamizando la economía panameña.
Separadamente, el empresario Iván Ruiz, y el director del periódico
Capital Financiero, Orlando Mendieta, coinciden en que esas
inversiones 'son uno de los efectos del Plan Colombia' (2). Su
explicación tiene lógica: Con el Plan se ha intensificado la guerra
interna que arrasa a Colombia, poniendo a los capitales en fuga. Las
investigaciones oficiales son casi inexistentes, pero los conocedores
-y la vox populi- aseguran que ha llegado capital legal, aunque mucho
más del 'otro'.
Los bancos no hacen muchas preguntas, cierran los ojos, a pesar de que la
mayoría son filiares estadounidenses y europeas. Alexis Rodríguez,
decano de Investigación de la Universidad Especializada de las Américas
(Ciudad de Panamá), sostiene: 'La invasión militar de 1989 se hizo
bajo el pretexto de limpiar la economía de capitales provenientes del
narcotráfico, pero ni se investigó sobre eso. Washington volverá
con el tema cuando necesite chantajear al gobierno que se oponga a ser
parte de su estrategia de dominación continental '. Y una de los
aspectos de esta estrategia, donde Panamá pudiera quedar atrapada, se
llama el Plan Colombia.
En Curundú, un sector no lejano del lujo capitalino y donde la pobreza
es reina, ningún capital colombiano ha llegado. Curundú recibe
desplazados desde hace medio siglo, pero en los últimos años han
aumentado ostensiblemente. Hoy, un sector de panameños siente que les
'roban' los pocos empleos; que los 'invaden' con su pobreza, sus
drogas y su violencia.
Es real que colombianos han estado involucrados en graves actos
criminales, que la oferta de drogas aumentó, y que han copado plazas
de trabajo de panameños. Pero no menos cierto es que los efectos
negativos de esa migración se han exagerado, buscando ocultar la
incapacidad estatal para resolver las necesidades sociales, fuente de
diversas formas de delincuencia. En un país con 2.8 millones de
habitantes, 35% económicamente activa está subempleada (3). Esto no
nació con el Plan Colombia…
Históricamente, la guerrilla colombiana ingresaba a Panamá para
descansar y buscar avituallamiento, 'sin afectar las actividades de la
región ni de los ciudadanos locales. Algunas veces ingresaba huyendo
del ejército. Pero siempre retornó a Colombia' (4). Información que
certificó Oswaldo Fernández, ex director de la Policía Nacional de
Panamá, el 29 de septiembre del 2000 en el programa 'Enfoque' de
Canal 4 TV.
En los años ochenta los paramilitares colombianos empiezan a masacrar
civiles en las zonas bananeras, con la complicidad de las fuerzas de
seguridad, al considerar que son aliados de la guerrilla. A la población
no le queda alternativa que resguardarse en Panamá. Cuando se aprueba
el Plan Colombia los paramilitares casi controlaban la zona
fronteriza, utilizándola también para exportar cocaína y heroína
hacia Estados Unidos.
'Los problemas en la frontera comenzaron con los paramilitares. Estos no
pasaban para buscar a la guerrilla, sino para asesinar a quienes
supuestamente les colaboraban, panameños o colombianos'. Declara
Alexis Rodríguez. Unos ejemplos dan fe. En octubre 2000, los
paramilitares abrieron fuego indiscriminado contra los pobladores de
Nazaret, a diez kilómetros al interior de Panamá. Una niña murió y
seis bebés resultaron heridos. El 18 de enero 2003, luego de haber
sido asaltada la aldea Yala, tres caciques Kunas fueron asesinados.
Inmediatamente el gobierno colombiano sindicó a la guerrilla, pero
los propios paramilitares reconocieron la autoría.
Ante la escalada de violencia la canciller colombiana, Carolina Barco, señaló
que las autoridades de ambos países se habían comprometido 'a
incrementar el intercambio de información y los patrullajes en la
zona fronteriza, con el fin de disuadir a los rebeldes izquierdistas y
los paramilitares de extrema derecha' (5). Rápidamente se probó que
la 'disuasión' se dirigía a quienes buscaban refugio en Panamá. En
una misiva enviada a los presidentes Alvaro Uribe y Mireya Moscoso,
Amnistía Internacional les pedía 'investigar sobre el secuestro y
desaparición de dos refugiados colombianos, detenidos por miembros de
la unidad especial de combate de la policía y del Departamento de
Inteligencia de Panamá', el 21 de abril 2003 (6). Según AI, mientras
se torturaba a los dos hombres, se amenazaba a otros refugiados con la
llegada de los paramilitares.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, ha
denunciado a ambos estados por no respetar los acuerdos
internacionales sobre refugio. De muy poco ha servido. Durante una
conferencia de prensa en Ginebra, el 25 de abril 2003, el portavoz de
ACNUR, Ron Redmon, confirmó que las autoridades panameñas capturan a
los colombianos y los deportan, en muchos casos de manera violenta.
Las colombianas regularmente los reubican en zonas de dominio
paramilitar sin preocuparse de su seguridad. Según el Informe
Conjunto de las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá del
2003, el responsable de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés,
manifestó que no deportar a los refugiados 'era brindarle apoyo a los
colaboradores de la guerrilla'.
Panamá había guardado una cierta neutralidad ante el conflicto
colombiano. Desde la instauración del Plan Colombia, el gobierno de
la presidenta Moscoso (1999-2004) modificó esa actitud. Algunos le
recordaron que el tratado Torrijos-Carter (7) pone a la neutralidad
panameña de garante para la seguridad del canal interoceánico.
Invocando la necesidad de proteger al hemisferio del 'terrorismo
internacional' y del 'narcoterrorismo', Estados Unidos, muy
sutilmente, multiplicó las presiones.
Pero, ¿cómo puede Panamá protegerse de agresiones exteriores si no
tiene ejército? La Fuerza de Defensa fue desmantelada después de la
operación 'Justa causa', diciembre 1989, y reemplazada por una fuerza
policial sin mayores recursos. La respuesta está en el tratado
Torrijos-Carter: Estados Unidos se encargará. El tratado de
neutralidad, firmado al mismo tiempo que los acuerdos Torrijos-Carter,
permite a Washington intervenir unilateralmente si la neutralidad o la
seguridad del canal está en peligro…
Durante la emisión de televisión 'Enfoque' de Canal 4, sobre seguridad
y neutralidad, 29 de septiembre 2000, la animadora panameña le
preguntó a los invitados: '¿Quiénes nos están obligando a entrar
en el conflicto colombiano? ¿Por qué? ¿Qué relación con el Plan
Colombia?'. Y la ex ministra de Gobierno, Mariela Sagel, respondía:
'El ataque [contra la población de Nazaret] se da en medio de una
agresiva campaña, tanto de Colombia como parte de Estados Unidos,
para que los países fronterizos participen del Plan. Creo que Panamá
y Venezuela, que fueron los primeros en decir que no participarían en
el Plan, han sido sujetos a presión. Con el ataque a Nazaret, hacia
el plan nos quieren llevar.' La presentadora no pregunta sino que
afirma: 'Pudiéramos deducir que los interesados son el ejército
colombiano, sectores de Estados Unidos, y los paramilitares, que todos
sabemos que son grupos que obedecen, de una u otra manera, a agencias
internacionales y a aparatos militares'. La ex ministra aprueba: 'Como
tú sabes, Estados Unidos tiene varias agencias y a veces no se
consultan. Y de repente las que atienden a los paramilitares tienen
una agenda y el Departamento de Estado tiene otra…' .
En marzo 2003, siendo aún jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el
general James Hill organizó en Miami una conferencia sobre seguridad
hemisférica. La temática central fue cómo proteger la región del
'contagio colombiano y del terrorismo en general'. Hill expresó que
Panamá encaraba una posible 'invasión de narcoterroristas' desde
Colombia. Por lo tanto, Panamá y Estados Unidos exploraban nuevos
mecanismos para la protección de la frontera: 'Uno de ellos sería
celebrar una segunda fase de la operación 'Nuevos Horizontes'. Un
asistente del general aclaró que tal operación consistía en
acciones cívicas, 'primordialmente con médicos, ingenieros y otro
personal: ésta mera presencia de militares estadounidenses -aunque
sea humanitario- tendría el efecto de ahuyentar a los grupos armados
colombianos'. Hill precisó que Estados Unidos entrenaba a policías
panameños para cuidar la frontera, pero 'una invasión
narcoterrorista es un asunto de soberanía y ese es un tema militar'.
En agosto 2004 se realizó el ejercicio naval 'Panamax', organizado por
el Comando Sur, donde también participaron Panamá, Colombia,
Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú. Objetivo:
preparar la seguridad del canal de ataques terroristas.
El nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Jack Gardner,
fue 'encontrado' en Panamá el 16 de noviembre 2004. Cuando los
sorprendidos periodistas le preguntaron a qué se debía la visita,
tan alto mando militar respondió con total seguridad: 'venimos a
asesorar al Gobierno, para realizar algunos proyectos humanitarios'
(8).
Tres días antes, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, estuvo
oficialmente. Según el ex ministro de Trabajo panameño Mitchell
Doens, con esa visita se confirmaba que 'Panamá forma parte del
'sistema de defensa regional' bajo la dirección del gobierno de
Estados Unidos, pero no a partir de nuestros propios intereses y
visiones'. Doens denuncia 'los acuerdos administrativos de seguridad'
firmados por la ex presidenta Moscoso, 'pero trabajados desde la
administración anterior' (9), 'que permiten a las autoridades civiles
y militares gringas actúen en el país como si fueran soberanos,
controlando tierra, aire y mar, fronteras, comunicaciones públicas y
privadas, aduanas, migración' (10).
'El general Omar Torrijos decía que el Canal, propiedad entonces de
Estados Unidos, era la quinta frontera que teníamos'. Cuenta Iván
Ruiz, quien participó de las Fuerzas de Defensa organizadas por
Torrijos. Con preocupación continúa: 'Como veo difícil que éste
gobierno de Martín Torrijos [hijo de Omar, y elegido presidente el 2
de mayo 2004] se niegue a seguir los planes de Estados Unidos, es muy
posible que renazca la quinta frontera, pero ahora en forma de bases
militares para meternos en el conflicto colombiano'.
Venezuela
En su 'Declaración' anual ante Congreso estadounidense, a comienzos del
2004, el general Hill, siendo aún jefe del Comando Sur, decía que el
presidente colombiano, Alvaro Uribe, estaba 'haciendo un progreso
excepcional en su lucha contra el narcoterrorismo, convirtiendo a su
país en un estado pacífico y seguro', a partir del Plan Colombia
(11). Mientras acusaba al presidente venezolano Hugo Chávez de
liderar el 'populismo radical' en América Latina, que lo convertía
en una 'amenaza emergente' para la 'seguridad nacional de Estados
Unidos'. Hill le reprochaba a Chávez su negativa a participar del
Plan Colombia.
Chávez, recién posesionado, anunció que Venezuela sería neutral ante
el conflicto interno colombiano, y que sólo apoyaría un plan que
apostara por una salida política. Lo contrario, decía, era ponerse
en el camino de una 'vietnamización' regional. Mientras Chávez ha
procurado respetar su compromiso, el Plan Colombia parece obstinado en
envolver a su nación. El teniente coronel Héctor Herrera Jiménez,
director del Frente Cívico Militar Bolivariano, sostiene que con el
Plan'el presidente Uribe deja utilizar a su país como plataforma bélica
en la estrategia estadounidense, que busca aplicar un modelo
neocolonial sobre la región andina'. Mientras el general de División,
Melvín López Hidalgo, secretario general del Consejo de Defensa de
la Nación, afirma que en ese proyecto 'la Revolución Bolivariana se
ha convertido en la piedra en el zapato por su independencia política
internacional, y el liderazgo regional que está logrando'.
El Plan Colombia está forjando una tenaza militar y paramilitar sobre
Venezuela. 'Para neutralizar al actual proceso venezolano, desde
Colombia se hacen operaciones militares de baja intensidad.
Operaciones encubiertas, clandestinas, de penetración, no
convencionales', dice Herrera Jiménez. En definitiva, concuerdan
ambos mandos castrenses, el Plan busca crear desestabilización
social, económica, política y militar, que lleve a una situación de
ingobernabilidad, de violencia. 'Así Estados Unidos tendría el
pretexto ideal para llamar a una intervención militar extranjera'.
Venezuela está siendo monitoreada desde varias bases militares en
Colombia, y desde una estación alquilada por Washington al gobierno
holandés, en la isla caribeña de Aruba. Pero en la actualidad, la
preocupación mayor para los venezolanos es la ubicada en los
territorios de la Occidental Petroleum en Saravena, departamento
colombiano de Arauca, frontera con el estado de Apure. Ahí están
asentados unos 400 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses
y contratistas militares privados (12). 'Nosotros sabemos que ellos no
sólo están entrenando al ejército colombiano sino a paramilitares.
Y estos últimos pasan la frontera para agredir a nuestros ciudadanos,
cometer actos delictivos y provocar una reacción de nuestras fuerzas
de defensa', sostiene el general López Hidalgo.
El despoblado departamento de Arauca es el más militarizado de Colombia.
A pesar de ello el paramilitarismo se consolidó a fines del 2001,
luego de realizar miles de asesinatos y hacer huir a los
sobrevivientes. En coordinación con el ejército repoblaron muchos
caseríos, convirtiéndolos en 'aldeas estratégicas', al estilo de
Vietnam y Guatemala, principalmente en la frontera y al paso del
oleoducto Caño Limón-Coveñas. Meses antes y después del efímero
golpe de Estado contra el presidente Chávez, abril 2002, los
paramilitares estuvieron activos en territorio venezolano, con el
beneplácito de los antichavistas.
El 17 de septiembre del 2004 fueron asesinados cinco militares, una
ingeniera de petroleos, y otros cinco venezolanos en Guasdualito, no
lejos de Saravena. No habían pasado ni veinte horas y el gobierno
colombiano culpaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
(FARC). 'El comunicado daba muchos detalles. Parecía que todo lo
conocían con anterioridad. Las averiguaciones nos fueron diciendo que
eran paramilitares', apunta el teniente coronel Herrera Jiménez.
El gobierno colombiano, y la mayoría de medios informativos de ambos países,
no pierden ocasión para culpabilizar a la guerrilla de los atentados
contra la población venezolana, al tiempo que se insinúa la
complicidad del presidente Chávez de no hacerle frente. La guerrilla
ve como positiva la neutralidad del presidente. Ella no niega haber
cometido algunas acciones reprobables contra civiles. Aclaran, tanto
las FARC, por intermedio del comandante Raúl Reyes, como el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), en palabras del comandante Milton
Hernandez, que sus lineamientos políticos estratégicos aprobados en
los últimos diez años, determinan no realizar acciones militares o
económicas, ni inmiscuirse en la vida política de los países
vecinos esperando 'la reciprocidad y el respeto'.
El gobernador del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla, testimonia: 'los
guerrilleros no nos representan inseguridad: si pasan la frontera es
para realizar compras, y siempre van desarmados. En cambio los
paramilitares nos crean problemas sociales, pues con su crueldad hacen
huir a los indígenas hasta nuestras comunidades'.
En los Estados de Zulia y Táchira las relaciones de las familias mixtas
que viven en ambos lados de la frontera, así como los tradicionales
intercambios económicos se han visto afectados por el conflicto. Según
el director del Consejo Nacional de Fronteras, Feijóo Colomine, unos
cien mil desplazados han llegado a Venezuela en los últimos cinco años,
entre los cuales se han colado delincuentes comunes, narcotraficantes
y paramilitares (13). Aumentó la criminalidad, el tráfico de drogas,
y el lavado de dinero. Campesinos, sindicalistas y otros dirigentes
sociales que han buscado refugio, se volvieron 'invisibles' ante el
temor de ser asesinados, o capturados y devueltos por sectores de los
organismos de seguridad antichavistas, que trabajan en coordinación
con los colombianos y sus paramilitares.
Al otro lado de la frontera se encuentra la ciudad de Cucuta, considerada
como 'la capital y sede social del paramilitarismo en el oriente
colombiano' (14). El principal dirigente paramilitar, Salvatore
Mancuso, detenta el poder en buena parte de la frontera, tomada por
sus hombres desde 1999. Manejan el contrabando de gasolina desde
Venezuela, actividad legalizada inexplicablemente por el presidente
Uribe dentro de las 'acciones de desarrollo social' del Plan Colombia,
en noviembre del 2003. Multiplicaron considerablemente los cultivos de
coca, y acondicionaron rutas para la exportación de drogas ilícitas.
En Colombia no se esconde: 'El fortalecimiento del paramilitarismo', en
la frontera con Zulia y Táchira, 'constituye el eje de la proyección
hacia territorio venezolano'. Por las investigaciones oficiales
colombianas, 'se puede inferir que los planes del paramilitarismo se
internacionalizan en Venezuela' (15).
Una aplicación concreta de esta estrategia se dio a comienzos de mayo
2004, cuando fueron capturados 130 paramilitares colombianos en una
hacienda a 20 kilómetros de Caracas. En el grupo habían 40
reservistas y una veintena de soldados profesionales. Se preveía
atacar, el 12 de mayo, varios puestos militares en Caracas y
apoderarse del armamento. No se excluía el asesinato del presidente
Chávez. Como los asaltantes llevarían uniformes venezolanos, la
operación pasaría como un levantamiento de 'militares venezolanos'.
Ante la respuesta de la mayoría de la población y de los militares
fieles al presidente, a nivel internacional se hablaría del 'caos', y
del 'peligro de desestabilización', motivos suficientes para
propiciar una intervención exterior, teniendo a Colombia y Estados
Unidos como los principales instigadores.
Según las investigaciones presentadas por las autoridades venezolanas,
el transporte de los mercenarios y su armamento fue organizado por
autoridades civiles y militares de Zulia y Táchira, opositoras a Chávez.
La 'asonada' fue iniciada por el comandante del Ejercito colombiano,
general Orlando Carreño Sandoval, el más dinámico ejecutor del Plan
Colombia. Parece que el haber fallado, y los rastros que dejó, le
costaron el cargo unos meses después.
Entre los planes de desarrollo social y económico que adelanta el
gobierno de Caracas, es una prioridad la zona fronteriza, históricamente
abandonada. En las regiones más apartadas y humildes del país ya se
puede comprobar los avances en educación y salud. Los pobladores
colombianos, que siguen abandonados, lo han visto: 'Llegan diariamente
a que les demos atención médica, odontológica y oftalmológica,
quedándose asombrados porque es gratuita', dice el gobernador
Guarulla. Por su parte Colomine analiza: 'Uribe y Estados Unidos le
temen mucho a esto, al demostrarse que es posible llevar el desarrollo
a las mayorías por encima de lo militar: tan sólo poniendo a su
servicio las riquezas de la nación'.
El general venezolano López Hidalgo es categórico: 'Tenemos que hacer
un gran debate sobre el Plan Colombia, porque está colocando a
nuestra soberanía en peligro. Se busca la animadversión entre los
dos pueblos, quizás una guerra, para que unos terceros intervengan y
ganen: Estados Unidos y sus transnacionales. Pero tenga por seguro: ¡no
pasarán!'.
Epílogo
Según quien usted sea…
El 31 de diciembre 2004, el gobierno colombiano extraditó hacia Estado
Unidos al comandante de las FARC Simón Trinidad, acusado de tráfico
de drogas, secuestro y complicidad con terroristas. Capturado el 2 de
enero 2004 en Quito (Ecuador), Trinidad fue uno de los principales
negociadores durante los diálogos de paz que adelantó la organización
insurgente con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, entre 1999
y 2002. Esta extradición podría cerrar la puerta al ' intercambio
humanitario ' propuesto por la guerrilla : personas retenidas por las
FARC a cambio de guerrilleros en prisión.
El 13 de diciembre 2004, un emisario de la comisión político-diplomática
de las FARC, Rodrigo Granda, fue secuestrado en una calle de Caracas.
El guerrillero fue llevado clandestinamente hasta Colombia por
miembros de la Guardia Nacional venezolana -posteriormente
arrestados-, actuando en coordinación con los servicios de seguridad
colombianos, y a cambio de una fuerte suma de dinero. En contra de
todas las normas del derecho internacional, esta operación provocó
una gran crisis entre Caracas -que considera violada su soberanía- y
Bogotá. El presidente Chávez suspendió las relaciones comerciales
con el país vecino y llamó a su embajador en Colombia. El embajador
de Estados Unidos en Bogotá, William Wood, fue el único que brindó
inmediatamente su apoyo al gobierno colombiano.
El 9 de diciembre 2004, en Tibú, cerca a la frontera con Venezuela, una
ceremonia oficial tuvo lugar en honor a la ' desmovilización ' de
Salvatore Mancuso, principal lider paramilitar, y de una parte de sus
hombres, responsables de atrocidades contra la población civil.
Aunque Estados Unidos reclaman en extradición a Mancuso por narcotráfico
y terrorismo, la ceremonia contó con la ' sorprendente ' presencia de
Stewart Tuttle, subdirector de Asuntos Políticos de la embajada
estadounidense en Bogotá…
Notas:
(*) Hernando Calvo Ospina es periodista y escritor colombiano residente
en Francia.
1- Informe Sobre las Inversiones en el Mundo, UNCTAD, 22 de septiembre
2004.
2- El 23 de septiembre de 1999, el presidente colombiano, Andrés
Pastrana, obtuvo de Washington una ayuda de 1.6 mil millones de dólares
para 'enfrentar el narcotráfico', pero que en realidad ha sido para
luchar contra las guerrillas. Esta ayuda a sido aumentada, poco a
poco, dentro del mismo Plan, pero llamada Iniciativa Regional Andina.
3- Cuatro panameños sobre 10 viven en la pobreza; dos sobre 10 están en
la extrema pobreza. Geneteau, Nestalí. 'Más panameños al sector
informal'. Capital Financiero. Panamá, 27 septiembre 2004.
4- Reyes, Herasto, 'Darién o la tranquilidad endeble'. La Prensa, 13
agosto 2000.
5- La prensa. Panamá, 29 de enero 2003.
6- Amnesty International : 'Panamá/Colombia: La seguridad de las
fronteras no debe infringir el derecho internacional sobre
refugiados'. Londres, AMR 23/04/2003.
7- Firmado entre los presidentes James Carter y Omar Torrijos, 7 de
septiembre de 1977, el tratado preveía el traspaso a Panamá, el 31
de diciembre de 1999, de la soberanía del canal, así como partida
progresiva de las bases militares estadounidenses de esa zona.
8- La Prensa. Panamá, 17 de noviembre 2004.
9- Leer Maurice Lemoine: 'Panama récupère son canal'. Le Monde
Diplomatique, agosto 1999
10- El Panamá América, Sección Opinión. Panamá, 16 de noviembre 2004
11- 'El Comando Sur enfrenta peligros emergentes y tradicionales'.
American
Working Group, Washington Office on Latin America y Interhemispheric
Resource Center. Washington,
24 de julio 2004.
12- Leer el dossier 'Oú l'on reparle des mercenaires…', Le Monde
Diplomatique, noviembre 2004.
13- 'Plan Colombia: incidencia en la seguridad y defensa de la Nación'.
Conferencia en la Universidad Bolivariana. Caracas, 3 de octubre 2004.
14- El Tiempo, Bogotá, octubre 24 del 2004.
15- El Espectador. Bogotá, mayo 16-22 del 2004.
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