La avanzada imperialista en el Ecuador

Por Guillermo Navarro Jiménez (*)
MRT, 01/03/05

En el campo ideológico, el imperialismo, apoyado por los sectores más reaccionarios de la intelectualidad europea, desarrolló tres líneas de pensamiento concurrentes a sus objetivos: la “post modernidad”, los “movimientos sociales” y el “discurso de la ciudadanía”.

El primero, puso énfasis en el carácter fragmentario, heterogéneo y plural de la realidad, negaban al pensamiento  humano la capacidad de recrear una explicación holísticas de esa realidad (metarelatos), y, con ello, la pertinencia de las utopías. Si la utopía hegeliana, como lo proclamaba Fukuyama en su obra “El fin de la historia”, se había alcanzado con la imposición del neoliberalismo y la democracia liberal a escala mundial, resultaba obvio que el planteamiento de la post modernidad enfilaba su propuesta contra la utopía marxista: la construcción del socialismo.

La abierta ofensiva contra la utopía socialista, se fortaleció  con el derrumbamiento de los países socialistas burocratizados y en los cuales se había creado las bases para un desarrollo capitalista al aprobar la vigencia de la teoría del valor, así como por el reflujo revolucionario posterior a los 70. La nueva situación histórica, condujo al aparecimiento de una intelectualidad de izquierda “desencantada” y “desencontrada”, lo que determinó su éxodo hacia la social democracia, la “postración” ante el imperialismo en términos de Petras, y hasta el alineamiento en las fuerzas más reaccionarias, a las cuales siguen sirviendo hasta la fecha. Baste recordar a toda la intelectualidad expulsada del Partido Marxista Leninista en 1972, hoy en la socialdemocracia; a los Maugé y Ponce ex militantes del Partido Comunista, hoy a sus anchas en la Izquierda Democrática; a los Castillo y Galarzas, hoy comensales en el PRIAN y en el PRE; a los Celi y los Bonilla, ex miembros de Liberación Nacional y del MIR, hoy al servicio del gobierno de Lucio Gutiérrez, de la Dirección Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Democracia Cristiana Internacional.

La negación de la capacidad para explicar los fenómenos en forma holística, posibilitaba  que la propuesta post modernista insista en la importancia de las “diferencias”, proponiendo que la preocupaciones políticas se centren en las “identidades impuestas o adaptadas”: etnias, color, género, preferencias sexuales. Al privilegiar tales identidades la propuesta post moderna, enfilaba su artillería contra el análisis de clase, apoyada en un hecho evidente: es mucho más aprehensible, fácil de reconocer la pertenencia a un “genero” que a una clase social.

La negación de la utopía marxista, posibilitó a los intelectuales funcionales del imperialismo proponer como elemento central de la lucha política los denominados movimientos sociales, entendidos como:  “un concepto que alude a un sector de la sociedad que se convierte en actor social (que emerge en un determinado conflicto social) a través de sus prácticas (acciones colectivas de protesta, manifestaciones, etc) y discursos (valores, ideas) encaminadas a modificar una condición social determinada”[1], cita que permite advertir que el concepto actor social es temporal, adquiere tal carácter ante un determinado conflicto social, y deja de serlo tan pronto se resuelve el conflicto. Todo ello, en el marco de la formación económica y social capitalista, cuya existencia no cuestionan.

Los actores sociales, al no cuestionar al capitalismo, no responden a las contradicciones determinadas por las relaciones  de explotación propias del sistema , por lo que no es procedente asimilarlos a clases sociales, como muchas veces lo pretenden los defensores de estos conceptos. Por ello y en consecuencia, el concepto actor social fue formulado en vano intento por remplazar al de clase social, en tanto que el privilegiar los “conflictos sociales” tenía por objetivo el tratar de ocultar las contradicciones principales del capitalismo.   En el Ecuador, la “avanzada del imperialismo” lo representó la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), cuyos más altos dirigentes Napoleón Saltos y Fernando Villavicencio,  terminaron trabajando para el Banco Mundial, en investigaciones indispensables para la política intrusiva del imperialismo norteamericano.

Desde otra perspectiva, el concepto “actor social” -al depender exclusivamente y al ser su único límite los conflictos sociales que emerjan-, permite la inclusión tanto de actores nacionales como extranjeros, naturales o jurídicos. Esta posición, por cierto, tenía por objetivo el lograr se aceptase la intromisión del FMI y del BM en los asuntos de todo orden en el país cuando “emergía” un conflicto que los involucraba. En el Ecuador, los estudios preparados por la Universidad de Cuenca como por la Universidad Católica del Ecuador, sin vergüenza alguna, incluyen a esos organismos como “actores sociales” del contexto nacional, sin reparar la cesión de soberanía que ello implica.

El privilegiar las “diferencias”, “actores sociales”, sobre el de clase social, y los “conflictos sociales” sobre el de las relaciones de explotación, permitió a los intelectuales funcionales plantear, como innecesaria la intermediación de los partidos políticos, puesto que estos, en su definición clásica, representan los intereses de las distintas clases o a estratos de las mismas. Esta propuesta tuvo como soporte la campaña mediática  que anunciaba la incapacidad de los partidos políticos para cumplir su tarea de intermediación, por su elevado grado de corrupción, por lo que se volvían obsoletos, dignos de ser reemplazados por otro mecanismo: la participación ciudadana, cuyo sustento ideológico es conocido como el “discurso de la ciudadanía”.

El discurso de la ciudadanía tuvo un gran desarrollo en los últimos veinte años, discurso que, al igual que el del post modernismo y el de los movimientos sociales, asumieron los sectores más reaccionarios de la burguesía, facciones de la pequeña burguesía que se auto califican como "progresistas", sindicatos y corrientes de la clase trabajadora e incluso de partidos y movimientos que se reivindican como pertenecientes a la izquierda. Es también común su uso en los medios de prensa alternativos, como en los discursos de dirigentes de los principales partidos de la izquierda revolucionaria, fenómeno que, en América Latina, se halla igualmente presente en el PT brasileño, el EZLN de México y el FMLN de El Salvador.

En el Ecuador, como en toda América Latina, es común un cruzamiento del discurso de ciudadanía con el de los movimientos sociales, en especial en quienes militan en la socialdemocracia, posición que se explica por cuanto el logro de los derechos civiles y sociales de los ciudadanos, según los teóricos de estas posiciones, es rol que deben cumplir los movimiento sociales.

El discurso de la ciudadanía, como lo afirma José Welmovick: “Sería la conquista de los derechos civiles y sociales mínimos por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo, la concepción de la ciudadanía implica que los ciudadanos, además de derechos, tienen obligaciones. La ciudadanía exige un compromiso de los ciudadanos con las leyes vigentes, como la contrapartida de la inclusión de esos derechos en el orden legal. Exige, en nombre de la defensa de la extensión de esos derechos a los excluidos, una defensa del orden en el que se quiere garantizar la inclusión de esos ciudadanos”[2].

Definición que  devela que los ciudadanos, para lograr lo que se denomina ciudadanía plena, deben también defender el orden constituido, lo que en buen romance dice de la defensa del statu quo, del sistema capitalista. La garantía de los derechos y el respeto al orden constituido que según ellos determinan la denominada ciudadanía plena se observaría en los países capitalistas avanzados, modelo que lo convierten en paradigmático, en el único modelo de desarrollo a seguir, en abierta defensa de esa formación  económica y social, con lo que convergen con el post modernismo al negar la posibilidad cierta de alcanzar la utopía marxista: el socialismo.

El “discurso de ciudadanía”, en la etapa actual, pone énfasis en la necesidad de preservar la separación entre los tres poderes del Estado, como un elemento fundamental de la institucionalidad democrática. Esta posición es de especial importancia para los intereses del imperialismo norteamericano, específicamente para desestabilizar al gobierno del Presidente Hugo Chávez.

Efectivamente, los Estados Unidos pretende modificar la Carta Democrática de la OEA en la próxima Asamblea General de los 34 países, que se realizará en junio en la ciudad de Fort Lauderdale (Florida), como lo anticipan las declaraciones de Robert Zoellick, segundo al mando en el Departamento de Estado, cuando menciona que la Carta Democrática debería contrarrestar la práctica por la cual: "Hay una persona que gana las elecciones, luego va minando desde el poder a la oposición, luego pone restricciones a la prensa, luego se apropia del poder judicial. Es una nueva forma de autoritarismo que está germinando y que hay enfrentar".

José Miguel Vivanco, del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), en apoyo sumiso a las pretensiones de Washington y en forma desvergonzada afirma que: "La reestructuración que ha hecho Chávez del poder judicial en su país, compromete directamente la viabilidad de la democracia en Venezuela, porque rompe con un principio fundamental del estado de derecho que es la separación de poderes. Valiéndose de una mayoría simple en el Congreso, amplió el cupo de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, de 20 a 32, para llenar los nuevos cargos con representantes del chavismo"[3].

En consecuencia con lo antes expuesto, de acuerdo al discurso de ciudadanía y el carácter temporal de los movimientos sociales, será necesaria la creación de organizaciones que apoyen la  “participación ciudadana” ante conflictos sociales o políticos que afecten o pretendan afectar el “orden constituido”, la “institucionalidad democrática”, en el objetivo de mantenerlo o restituirlo.

Antes de entrar en el estudio de esas organizaciones, es necesario agregar un elemento de análisis que ratifica la afirmación de que tales organizaciones constituyen “avanzadas del imperialismo en el Ecuador”: la total dependencia de los recursos financieros proporcionados, directamente por los países imperialistas o a través de organismos multinacionales como el Banco Mundial (BM), tanto para su creación como para su acción.

Si se revisan las justificaciones del presupuesto que los gobiernos de los Estados Unidos ponen a consideración de Congreso para las operaciones en el extranjero (“Congressional Budget Justification for Foreign Operations”), se constata que:

Los recursos están destinados en su totalidad para el involucramiento en la guerra de Colombia, como se infiere de la aseveración de que la “Iniciativa Andina Contradrogas”, es un programa complementario al Plan Colombia[4]. Evidencia igualmente lo dicho el que en la justificación para el año 2005, el gobierno de George W, Bush, haya eliminado la división que había mantenido entre los recursos asignados para el  Plan Colombia, respecto a los destinados para la Iniciativa Andina Contra Drogas;

A partir del 2003, a los objetivos estrictamente militares el imperialismo agrega como objetivos estratégicos: el “fortalecimiento de la democracia”, la “aplicación de las leyes” y el “velar por los derechos humanos”, programas manejados directamente por la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés); y,

En el ejercicio fiscal del 2002, por ejemplo, “la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) administró 390 millones de dólares del programa para promover el desarrollo social y económico y fortalecer la democracia, la aplicación de las leyes y para velar por los derechos humanos”[5], de un total de 882 millones de dólares, asignaciones que se mantienen, más menos, en todos los presupuestos posteriores.

Las conclusiones anteriores indican la existencia de dos circunstancias que no deben soslayarse: los fondos asignados como ayuda para el Ecuador tienen como objetivo fortalecer su involucramiento en el Plan Colombia; y, que las entidades que defienden el “fortalecimiento de la democracia”, la “aplicación de las leyes” y el “velar por los derechos humanos”, trabajan en el territorio nacional en cumplimiento de los mandatos y objetivos estratégicos de los Estados Unidos, como verdaderas “avanzadas” del Plan Colombia y del imperialismo.

En el Ecuador, las acciones que se realizan en este campo las dirige una organización denominada “Participación Ciudadana”, creada por USAID, como lo comprueban las declaraciones de Lars Klassen, Director de la Oficina en Quito, quien expreso el 12 de septiembre de 2.002: “Para mi fue una sorpresa darme cuenta que no existía un grupo dedicado a las elecciones. Estamos destinando 420.000 dólares para la creación de ese grupo (Participación Ciudadana), y varias de esas iniciativas” [6], grupo creado[7] y dirigido por César Montúfar, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, en su calidad de Director Ejecutivo.

Las actividades de “Participación Ciudadana”, a partir de su creación se financian  totalmente con recursos de USAID. En el año 2003 la suma alcanzó a los 685,359 dólares, en el 2004 a 1.656.823,42, según los Planes operativos de “Participación Ciudadana”correspondientes a esos años. Al total del año 2003 que alcanza a la suma de 2’342.182,42 dólares, deben agregarse los valores correspondientes a los años 2004 y 2005, cifras no incluidas en la página web de  “Participación Ciudadana”, a pesar de la pregonada transparencia en las actividades públicas, que, por cierto, según parece, o incluyen a las de la propia entidad,. Si ante la carencia de información asumimos que el aporte de USAID es igual a la cifra del 2003, a pesar de que las actividades de “Participación Ciudadana” se han incrementado por la mayor conflictividad política qu ese registra en el país, puede estimarse que los fondos de USAID han superado los 4 millones de dólares, lo que dice de la total dependencia de los Estados Unidos y el porque se su accionar en apoyo total a los objetivos del imperialismo en nuestro país.

Pero la dependencia no solamente es económica, “Participación Ciudadana” contribuye con la dependencia ideológica de sus directivos: todos ellos forman parte de otras ONG’s que dependen económica, ideológica y políticamente del imperialismo norteamericano (Cornelio Marchán de la “Fundación Esquel”, Valeria Merino de “Transparencia Internacional”); son parte de la burguesía industrial, comercial e intermediaria (Joaquín Zevallos ex Presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, Gustavo Pinto ex Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Benjamín Rosales quien aportó la suma de 529 millones de sucres a la campaña presidencial de Jamil Mahuad, en pago de lo cual fue luego designado Gobernador de la Provincia del Guayas[8]); son destacados miembros de la Democracia Cristiana, sobre cuyo compromiso con el mantenimiento del capitalismo y de la democracia liberal no cabe duda alguna (Galo García Feraud ex Ministro Gobierno de Osvaldo Hurtado, Mae Montaño recientemente removida de la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos y privatizadora del puerto de Esmeraldas, Claudio Malo ex Ministro de Educación de los gobiernos de Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, Mario Jaramillo ex Ministro de Educación de los gobiernos de Sixto Durán Ballén y de Gustavo Noboa ). A ellos se suman, a pesar de sus proclamas revolucionarias de juventud o cuando desempeñaron las funciones de rectores: Víctor Bastidas (ex rector de la ESPOL), Reinaldo Valarezo (ex rector de la Universidad Nacional de Loja); y, Vinicio Baquero (ex rector del Escuela Politécnica Nacional y actual Presidente del CONESUP), quien se proclamaba defensor de la Universidad Pública a pesar de lo cual terminó tratando privatizar a la Politécnica Nacional.

En la nómina de directivos igualmente consta el periodista Jorge Vivanco, ex Presidente de la Comisión Anticorrupción, quien se ha destacado por sus posiciones éticas, su defensa de los intereses nacionales, por lo que su membresía admira a la vez que preocupa, cuanto más que fue el diario Expreso, en el cual labora Vivanco, el que develó las actividades de la Fundación Esquel dirigida por Cornelio Merchán, miembro de “Participación Ciudadana”.

La estructura de la directiva de “Participación Ciudadana”, antes detallada permite reconocer el predominio de miembros militantes de la Democracia Cristiana, lo cual, desde otra perspectiva, explica el por qué del rol pro imperialista y pro capitalista y, en consecuencia anti socialista, que cumple esa ONG. Basta recordar el papel subversivo que desempeñó la Democracia Cristiana en Chile contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, así como para la instauración de la dictadura pinochetista. En el Ecuador, su participación en el asesinato de Jaime Hurtado, lider popular miembro del Partido Marxista Leninista  y la prisión y torturas de Arturo Jarrín directivo del movimiento Alfaro Vive Carajo, es innegable, puesto que el asesinato y la  tortura se cometieron en los gobiernos de los democratacristianos Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, respectivamente.

“Participación Ciudadana”, por cierto no es la única ONG que opera como “avanzada” del imperialismo en el Ecuador, gracias al financiamiento que recibe del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Según el diario Expreso, junto a aquella debe alinearse a la “Fundación Esquel”, puesto que con los fondos entregados por USAID, Esquel: “ejecutó un plan de generación de consensos en áreas políticas clave, que fue el origen del “Grupo Ruptura 25”, proyecto coordinado por María Paula Romo, (militante de la Democracia Cristiana N.A.) quien igualmente coordina “Coalición por la Democracia” [9], proyecto igualmente financiado por USAID y ejecutado a través de Esquel, en donde también participan los abogados; Gustavo Jalk, ex director de “Projusticia”, Alberto Wray  ex asesor jurídico del ex presidente Jamil Mahuad,  Farith Simon  miembro de la Academia Constitucional de la Universidad San Francisco.

En el “Grupo Ruptura 25”, igualmente activa Norman Wray, quien actualmente trabaja en Esquel, coordinando otro proyecto de juventud, también financiado por USAID. Norman Wray es primo hermano del ya mencionado Alberto Wray.

Si “Participación Ciudadana” cumple con el objetivo del imperialismo de “fortalecer la democracia”, “Projusticia” lo será para tratar de alcanzar todos los objetivos incluidos en lo que los estrategas del imperio llaman “aplicación de las Leyes”. Pero no sólo para ello, puesto que si la Fundación Esquel es el instrumento para la transferencia de recursos de USAID y de fundaciones como la Rockefeller, Ford o Kellog para “fortalecer la democracia”, “Projusticia” lo es para la transferencia de recursos hacia ONG’s que operan en el territorio ecuatoriano y cuya función es apoyar a la “aplicación de las Leyes” y el “velar por los derechos humanos”, como lo analizaremos en documento aparte.

A forma de conclusión

La “avanzada imperialista”, como se infiere de lo antes expresado, responde a los planteamientos teóricos e ideológicos de la derecha europea más reaccionaria: el post modernismo, los movimiento sociales y el discurso de la ciudadanía, los cuales responden y  satisfacen plenamente los intereses del imperialismo norteamericano, en su afán estratégico de imponerse vanamente a escala mundial.

 A nivel de los países andinos, los Estados Unidos ha definido objetivos adicionales, sobre la base de los requerimientos de la guerra impuesta en el marco del Plan Colombia.

Para lograr esos objetivos, ha procedido a crear y financiar las actividades de una serie de ONG’s, cuyos principales responden al ideario  y militan fundamentalmente en dos partidos reformistas: la Democracia Cristiana y la Izquierda Democrática (socialdemócrata), los cuales no tienen reparo en convertirse en mercenarios, al servicio de una potencia extranjera. No olvidemos que todos ellos reciben salarios de las ONG’s en las que trabajan para el enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano.

En los momentos de crisis políticas, como los que atraviesa actualmente el Ecuador, hacen activa presencia, arguyendo la necesidad de “defender la institucionalidad y la democracia”, por lo que su acción, simultáneamente, pone énfasis en impedir que las movilizaciones populares avancen hacia la destitución de Lucio Gutiérrez. La razón es simple: Lucio Gutiérrez no sólo se proclama el “mejor amigo de los Estados Unidos”, lo es cuando negocia a contra cincha el TLC,  cuando acepta la ocupación paulatina del territorio nacional mediante la construcción de nuevas bases militares al servicio del imperialismo cuyo ejemplo más claro, evidente e innegable es la de San Lorenzo, cuando recibe la ayuda militar que involucra cada vez más al Ecuador en la guerra de Colombia,  cuando abroga en el seno del Grupo de Río para la constitución de un ejército multinacional para intervenir en la guerra de Colombia, cuando negocia en forma ilegal e inconstitucionalmente el otorgamiento de la inmunidad para las tropas de ocupación norteamericanas, etc, etc.

Para ello tienen el desenfado de interpretar las demandas populares, como si aquellas se limitasen a pedir un nuevo reparto de puestos en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en   el Tribunal Supremo Electoral y en el Consejo de la Judicatura, desoyendo el clamor popular que pide un nuevo ejercicio de democracia “real” que termine con el gobierno de Gutiérrez, y, que avance hacia la instauración de un  gobierno popular, perspectiva que no halaga en absoluto a los detentadores de siempre del poder económico y político.

Las cartas están echadas. El futuro dirá si fuimos capaces, al mismo tiempo que descubrimos los objetivos del imperialismo y a sus obsecuentes servidores: los manipuladores socialdemócratas y democratacristianos, responsables de la flexibilización laboral, de la contratación por horas, de las privatizaciones, del despido masivo de servidores públicos y municipales, de la dolarización, de la sucretización de la deuda privada, del atraco bancario, de la inmigración masiva, de la entrega de la Base de Manta; de construir un gran Frente de la izquierda anticapitalista, que nos permita desvincular al movimiento popular de los manipuladores de siempre y de conducirlo en la línea de sus propios intereses: la construcción de un gobierno popular.

Quito, 1 de marzo del 2005

Notas:

(*) Miembro del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores