El
complejo proceso de la crisis constitucional
Por
Juan J. Paz y Miño Cepeda (*)
Especial
para "Historia a Debate", Quito, febrero de 2000
Estos
breves apuntes han sido preparados para la red internacional de "Historia
a Debate". Responden a la demanda de numerosos colegas
historiadores, interesados por los sucesos que ocurrieron en el
Ecuador el pasado 21 de enero de 2000 y cuyo desenlace, a partir de la
"rebelión de los coroneles" unidos al movimiento indígena,
fue la caída del presidente Jamil Mahuad, la efímera formación de
un Triunvirato que incluyó a un líder indígena y, finalmente, la
sucesión constitucional a favor del nuevo presidente Gustavo Noboa.
Incluyen
un marco histórico para la comprensión de los sucesos. Anhelan abrir
reflexiones sobre la "historia inmediata", en la perspectiva
del intercambio académico entre investigadores, cuyos criterios y análisis
seguramente enriquecerán lo que aquí queda esbozado.
Ecuador
Suelen
haber pocas referencias sobre el Ecuador en la historiografía
latinoamericana. Y, sin embargo, es un país con una rica historia
nacional, en muchos casos "sui géneris", con respecto a
muchos otros países de la región. Su historia reciente es una
muestra de ello.
Entre
1972 y 1979 se sucedieron 2 dictaduras militares: primero, con el
General Guillermo Rodríguez Lara, que presidió el llamado
"Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas
Armadas" (1972-76) y luego, un Triunvirato Militar (1976-79).
Ambas dictaduras coincidieron con un período excepcional de riqueza
petrolera, que fue manejada por el Estado, lo cual le "independizó"
de su habitual dependencia de los agroexportadores. Fue posible,
entonces, articular un
"modelo-estatal-nacional-desarrollista", pues el Estado se
convirtió en el principal agente promotor de la economía, una
"vía" distinta y "tardía" frente a aquellos países
en los cuales el desarrollo capitalista fue posible por burguesías
pujantes. La burguesía ecuatoriana creció amparada por el Estado. A
pesar de la época, tales dictaduras militares nunca adquirieron los
rasgos represivos de las dictaduras del cono sur latinoamericano y, en
diversos aspectos (sobre todo con Rodríguez Lara) incluso fueron
"reformistas".
Fue
el Triunvirato militar el que inició el denominado "proceso de
reestructuración jurídica del Estado", inédito en América
Latina, pues, en lugar de convocar la típica Asamblea Constituyente
para elegir al presidente constitucional, el gobierno convocó a un
referéndum sobre 2 proyectos de Constitución (se realizó en enero
de 1978 y triunfó una Constitución bastante progresista) y luego al
proceso electoral que introdujo el sistema de doble vuelta, sobre la
base de la institucionalización de los partidos políticos (fueron
inscritos cerca de una veintena de partidos), únicos en capacidad
legal para postular candidatos al Ejecutivo, al Congreso y a los
organismos seccionales.
El
10 de agosto de 1979 se inició la fase de los gobiernos
constitucionales (Ecuador fue el primer país latinoamericano). Triunfó
Jaime Roldós Aguilera (1979-81), candidatizado por "Concentración
de Fuerzas Populares", un partido populista y un líder "sui
géneris" en alianza con "Democracia Popular-Unión Demócrata
Cristiana". Roldós murió en un trágico accidente de aviación.
Le sucedió el vicepresidente demócratacristiano Osvaldo Hurtado
(1981-84), con una línea reformista que inquietó al empresariado
nacional (muchos le acusaban de "filo-comunista") y a quien
le sucedieron, por elecciones populares: León Febres Cordero
(1984-88), candidato del "Partido Social Cristiano" y
respaldado por el "Frente de Reconstrucción Nacional" (una
coalición de fuerzas de derecha), con amplísima aceptación (y hasta
euforia) entre los empresarios del país; Rodrigo Borja Cevallos
(1988-92), candidato de la socialdemócrata "Izquierda Democrática",
Sixto Durán Ballén (1992-96), viejo líder del socialcristianismo,
pero auspiciado por el efímero "Partido Unión Republicana"
y Abdalá Bucaram (1996-97), caudillo populista del "Partido
Roldosista Ecuatoriano". Derrocado Bucaram a los 6 meses, por la
reacción verdaderamente nacional contra su corrupto y corruptor
gobierno y por decisión del Congreso, que encontró en la
"incapacidad mental" del presidente una causal legal
ajustada a las circunstancias (en el exterior la imagen del Ecuador
llegó a ser francamente lamentable), le sucedieron (nombramientos del
Congreso): por unos días, Rosalía Arteaga (primera Presidenta en la
historia nacional) y a continuación Fabián Alarcón (1997-98),
dirigente del "Frente Radical Alfarista", un partido y un
gobierno manejados en el viejo estilo de las componendas y
"amarres" políticos.
En
1998 se reunió una Asamblea Nacional que dictó una nueva Constitución.
Con ella comenzó el nuevo gobierno del democristiano Jamil Mahuad
(1998-2000), elegido por votación ciudadana, pero derrocado a los 15
meses de gestión, a quien sucedió Gustavo Noboa.
Así,
en el Ecuador, a diferencia de todos los países latinoamericanos,
durante 2 décadas se han sucedido 10 gobiernos (5 gobiernos entre
1996 y 2000), cada uno con una orientación "ideológica"
distinta. Pero, a diferencia de las dictaduras de los 70, a partir de
1982, y coincidiendo con un proceso similar en América Latina, los
gobiernos constitucionales del Ecuador debieron obrar en el marco de
una acelerada y progresiva crisis económica, originada en la
desestabilización de la economía petrolera, el deterioro de la
producción interna y del comercio externo, el brutal impacto de la
deuda externa (hoy unos 16 mil millones de dólares) y la arremetida
de las "variables internacionales": el derrumbe del
socialismo real, la difusión del neoliberalismo, los
condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, el retiro del
Estado, las privatizaciones, etc. Paulatinamente el "modelo
estatal-nacional-desarrollista" se agotó, se volvió inviable y,
en su lugar, tomó impulso el nuevo "modelo empresarial" de
desarrollo económico. Esta transición ha condicionado a todos los
gobiernos sucedidos en el país, a partir de 1982, por sobre sus
distintas vertientes "ideológicas".
Movimientos
sociales y fuerzas
políticas
Me
refiero sólo a aquellos que aparecen como actores centrales de la
historia reciente.
La
institucionalización de los partidos políticos les convirtió en el
centro de la actividad política durante las últimas 2 décadas y
originó una "clase política". Con las excepciones de
rigor, sus prácticas cotidianas e intereses inmediatistas,
desprestigiaron su acción. A pesar de ello, los ecuatorianos
aprendimos a vivir bajo regímenes constitucionales y a superar los
fantasmas de las dictaduras. Sin duda, en el Ecuador se afirmaron los
valores de la democracia representativa. Eso no ha impedido que la
población sea muy crítica frente a los sucesivos gobiernos, demande
permanentemente contra las deterioradas condiciones de vida y
finalmente estalle contra la situación existente. Los ecuatorianos,
en semejantes condiciones, hemos "derrocado" a dos
gobiernos: Bucaram y Mahuad. Estuvo en igual peligro León Febres
Cordero, a quien el Congreso, por primera vez en la historia contemporánea,
llegó a pedir (mediante resolución) su renuncia. Por cierto,
nuestras rebeliones ciudadanas no han sido sangrientas, sino
admirablemente "pacíficas", un asunto difícil de entender
en otras latitudes.
Al
comenzar la década de los 80 el movimiento obrero alcanzó una
presencia significativa a través del FUT (Frente Unitario de
Trabajadores, creado en 1981), que agrupó a las principales centrales
del Ecuador. El FUT impulsó una serie de impactantes "huelgas
nacionales", con apoyo poblacional. El derrumbe del socialismo
mundial y el autoritario régimen de Febres Cordero (en varios
aspectos fue más grave que las dictaduras de los 70), sustentado por
la derecha política y por poderosos grupos económicos de la costa
ecuatoriana, desarticularon la fuerza que tuvo el movimiento obrero.
Los partidos de izquierda quedaron históricamente mal parados. Otros
movimientos sociales intentaron afirmar nuevas alternativas, lográndolo
parcialmente.
En
1990 incursionó un activo movimiento indígena, si bien su presencia
de lucha y resistencias tiene una historia de siglos. Pero ahora se
hizo evidente su indudable y creciente significación política. Ese año,
con una impecable coordinación a nivel de todo el país, ejecutaron
el primer "levantamiento indígena nacional", que bloqueó
carreteras, hizo marchas, provocó sustos. Surgió la reivindicación
por las "nacionalidades indias". Se acercaba la conmemoración
de los 500 años del contacto de Colón con América. En adelante,
nadie pudo dejar de observar que los indios constituían, en el
Ecuador, una fuerza capaz de imponer nuevos rumbos a la sociedad.
Desde entonces, las movilizaciones indígenas y otros
"levantamientos" se han sucedido contra las políticas
gubernamentales neoliberales, la corrupción, la carestía de la vida,
la desatención a las comunidades indias, etc. El movimiento indígena
lucía como el más importante (los obreros estaban en
"crisis") y con sus características y reivindicaciones
específicas, que le hacían diferente a los otros precisamente por
tratarse de un sector de la población tradicionalmente marginado y
"despreciado" por los sectores dominantes.
Durante
las dos últimas décadas han actuado, a la par que cualquier otro
grupo de presión política, las cámaras de la producción (gremios
empresariales). Acogieron rápidamente los postulados difundidos por
el neoliberalismo, aceptaron la globalización, demandaron el retiro
del Estado y se convirtieron en el sustento del nuevo "modelo
empresarial" de desarrollo. El alto empresariado respaldó
gobiernos como el de Febres Cordero y Sixto Durán. Dirigentes
empresariales y personalidades ligadas a las cámaras pasaron a ocupar
ministerios y los principales aparatos de conducción económica en
esos gobiernos, pero también fueron visibles en otros.
En
el ambiente político de creciente hostilidad al gobierno de Mahuad se
afirmaron, además, dos fuerzas no siempre bien referidas en el
extranjero: los regionalistas y las oligarquías. Los regionalistas
combatían no sólo a Mahuad sino al "centralismo" de Quito
y de la sierra (la región andina). Han sido muy hábiles en esconder
sus intereses particulares tras las legítimas aspiraciones de
descentralización administrativa y autonomías regionales. Porque en
el Ecuador ha progresado mucho el sentido de la necesaria administración
descentralizada para que beneficie a los ciudadanos de las diferentes
provincias en que se halla dividido el país, llegándose ahora a
planteamientos novedosos sobre la autonomía. Sin duda, actúan también
fuerzas "regionalistas" en todo el país, pero son
particularmente visibles en la costa.
La
oligarquía, por su parte, se expresó a nivel nacional exigiendo, en
forma agresiva, el definitivo rumbo neoliberal del Ecuador. Ella
abanderó la lucha a favor de la "dolarización" de la
economía, con mil y un justificaciones respaldadas por los
"datos" macroeconómicos claves: una inflación galopante
(60%, la más alta en América Latina), en los últimos meses la
subida incontenible del dólar (1 dólar equivale a 25 mil sucres, la
moneda nacional), la ruina de la producción, la dolarización
"de hecho" existente en el país, etc. Sin duda, la
propuesta arrastró tras sí a un amplio sector del empresariado.
En
el conjunto latinoamericano, las oligarquías ecuatorianas se
demuestran como unas de las más atrasadas en concepciones sociales y
de las más adelantadas en arrogancia económica, sin capacidad para
generar, por sí solas, un ambiente de estabilidad y progreso humano
para la mayoría de la población nacional. Por sobre la retórica
social, ningún esfuerzo serio articulan, desde su visión y sus
propuestas, para encarar definitivamente la pobreza, la abismal
distribución de la riqueza y las miserables remuneraciones, pues el
salario mínimo en el Ecuador equivale a 6 (seis) dólares mensuales y
la mayor parte de la población económicamente activa recibe ingresos
menores a los 100 dólares mensuales. Ante semejantes clases
dominantes, es difícil culpar a "los gobiernos" o al
"Estado" de una realidad forjada a lo largo de la historia
nacional, que ha hecho del Ecuador uno de los países más atrasados
del continente, lo cual no significa que los gobiernos y el Estado
queden exentos de su propia responsabilidad.
Las
fuerzas armadas
Durante
el siglo XX se producen 5 intervenciones militares en la vida del
Ecuador. La primera, en julio de 1925, conocida como "Revolución
Juliana", tuvo el propósito de imponer el interés
estatal-nacional sobre los de la "bancocracia" de la época,
aliada con el "liberalismo plutocrático". Entonces se
rompieron los principios del liberalismo económico tradicional y el
Estado pasó a ser el instrumento de la centralización de rentas, la
organización del sistema monetario-financiero (se fundó el Banco
Central en 1927) y se institucionalizó la "cuestión
social" como política del Estado. Los jóvenes militares
julianos hablaron a favor de los "proletarios" y de la
necesidad de reivindicar a la "raza indígena". Sus políticas
fueron seriamente resistidas y boicoteadas por la poderosa clase económica
dominante.
La
segunda intervención militar (la más corta) se produjo en 1937-38.
Se logró la expedición del primer Código del Trabajo en el Ecuador.
La
tercera intervención ocurrió entre 1963-66, cuando se instauró una
Junta Militar. Era la época influyente de la Revolución Cubana, la
del inicio de la "guerra fría" sobre Latinoamérica, el
plan Kennedy de "Alianza para el Progreso". La Junta Militar
del Ecuador nació (algo parecido ocurrió en otros países de América
Latina) de las acciones encubiertas de la CIA, según el libro de un
ex agente norteamericano. Hubo persecución al "comunismo" y
a la izquierda, pero nunca al estilo de los fascismos pinochetistas
posteriores. Pero, paradójicamente, la Junta ejecutó un programa que
incluyó la reforma agraria (con ella terminó el sistema tradicional
de la hacienda), la promoción industrial, la planificación estatal,
la orientación gubernamental sobre el desarrollo, la apertura al
capital extranjero, etc., todo lo cual afirmó un "capitalismo
nacional-dependiente" ecuatoriano, antes esbozado en forma todavía
pobre e insuficiente.
La
cuarta intervención militar ocurrió en 1972-76, con el
"Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas
Armadas" y continuó entre 1976-79 con un Triunvirato. Con estas
dictaduras, a las que me referí antes, se consolidó el
"modelo-estatal", que produjo el "espectacular"
salto capitalista del Ecuador.
Todas
las dictaduras militares referidas han tenido como rasgo común el de
ser fruto de la decisión "institucional" de las Fuerzas
Armadas. No fueron movimientos caudillistas o de algún oficial que
seguido por sus tropas decide tomar el poder y triunfa. Los gobiernos
militares son de las Fuerzas Armadas, bajo unánime decisión de sus
mandos superiores. Este rasgo es importantísimo considerarlo, porque
siempre han fracasado los intentos "golpistas" de oficiales
y tropas aislados: uno, en 1975 contra Rodríguez Lara y otro, en
1986, contra Febres Cordero. El "golpe" del 21 de enero
pasado, contra Jamil Mahuad, creó un Triunvirato con dos civiles (un
indio) y un General del Ejército. Apenas duró 3 horas, pues, otra
vez más, la institución militar se pronunció, finalmente, por la
sucesión constitucional de Mahuad.
Hay,
pues, otro hecho significativo: durante estas dos décadas de sucesión
de gobiernos, las Fuerzas Armadas se convirtieron en soporte del
sistema constitucional. Pero, a la vez, tanto en la salida de Bucaram
como en la de Mahuad, en medio de las tensiones políticas y las
expectativas de la "clase política", se esperaba siempre la
"última palabra" de los militares, a fin de resolver el vacío
político y definir la sucesión. Lastimosamente, esto ha sido
perjudicial para el Ecuador, pues, con ello, las instituciones democráticas
han demostrado su falta de institucionalización y de capacidad
efectiva para resolver los problemas propios de cualquier régimen
constitucional, sin necesidad de acudir a la "última
instancia" representada por las Fuerzas Armadas.
El
gobierno de Jamil Mahuad
El
10 de agosto de 1998 Jamil Mahuad asumió la presidencia. El 26 de
octubre lograba un acuerdo definitivo de paz y límites con el Perú.
El conflicto entre el Ecuador y el Perú, que condujo a
enfrentamientos armados en 1981, 1995 y que estuvo en peligro de
desembocar en una guerra total en 1998, a veces ha sido visto en el
exterior como algo "típico" del "tercer mundo".
Como suele ocurrir, esa incomprensión era fruto del desconocimiento
de la historia territorial entre ambos países, que ha marcado la
identidad nacional y la construcción del Estado-Nación en las dos
repúblicas. La solución pacífica del conflicto (era el problema
territorial más agudo en toda Latinoamérica) fue un paso de enorme
importancia para el futuro del Ecuador y del Perú. Particularmente
para mi país significó afirmar la identidad, concluir con el peligro
de una guerra, evitar recursos para un armamentismo que habría
agravado nuestros problemas, redefinir el papel de las Fuerzas
Armadas, redefinir la política y los valores sociales hacia el
interior de nuestra sociedad, garantizar la vida de la presente y
futuras generaciones. La mayoría del Ecuador lo interpretó así y
Mahuad logró un consenso y una legitimación significativa, a pesar
de las voces que criticaron los acuerdos.
Pero
tan auspicioso respaldo se derrumbó durante el año 1999. Cierto es
que Mahuad heredó la peor crisis económica en la historia del
Ecuador. Cierto también que el propio Mahuad reconoció las
dificultades. Sin embargo, comenzaron a pesar más los compromisos políticos
y la subordinación a las fuerzas de los grupos de poder económico y
principalmente de la bancocracia. La situación de los bancos era
insostenible desde hace mucho tiempo atrás. Cayeron varios: 16 de un
total de 41. Y el gobierno se empeñó en "salvatajes" nada
transparentes, que evidenciaron no sólo su temor a una crisis
financiera y bancaria generalizada, sino la "protección" a
los bancos e incluso a unos cuantos banqueros corruptos, que
utilizaron los fondos para sus propias empresas (créditos vinculados)
y no remitieron al fisco el cobro que habían realizado como agentes
de retención de los impuestos. Este último fue el caso del banquero
Fernando Aspiazu, que fue detenido más por obra de las Fuerzas
Armadas, que por la decisión gubernamental que (ahora se sabe mejor)
incluso prestó oídos sordos a quienes, al interior mismo del
gobierno, pedían firmeza. En marzo de 1999 Mahuad decretó la
congelación de los depósitos en los bancos. Según los analistas
económicos, esta medida constituyó el mayor atraco en beneficio de
los bancos. Provocó la ira popular, los llantos de jubilados y
personas de la tercera edad, la desesperación de quienes habían
ahorrado por años, etc. Se prometió la devolución de fondos en
forma escalonada. Era la evidencia completa: el gobierno de Mahuad se
hallaba esclavo de la "bancocracia", a la que procuraba
salvar a toda costa. Desde entonces, la caída de la legitimidad de
Mahuad fue meteórica.
Finalmente,
el régimen de Mahuad llegó a estar cercado por todos los lados. Los
sindicatos opuestos. Los indios, opuestos. Las cámaras de la producción
opuestas. Los regionalistas en combate. Las oligarquías en búsqueda
de más poder. Los movimientos sociales opuestos. La burocracia,
opuesta. La misma Iglesia Católica (hegemónica en el país) muy crítica.
El país entero en movilizaciones a diario. Ahora se saben muy bien
dos hechos: uno, que el ex presidente Osvaldo Hurtado, amigo y
coideario íntimo de Mahuad, llegó a pedirle (apenas unas semanas
antes del "golpe"), en una carta privada, su renuncia; otro,
que las Fuerzas Armadas presionaron al gobierno de Mahuad para un
cambio de rumbo desde hace meses atrás. Nada pasó. De manera que el
malestar en la institución armada también fue creciendo. La
"dolarización" finalmente adoptada el 9 de enero del 2000,
más que una necesidad económica y técnica (no había estudios
serios para ello por parte del Banco Central ni de cualquier otra
institución pública) resultó, como observó toda la prensa del país,
una hábil maniobra de supervivencia política, que incluso remontó
unos puntos la imagen del Presidente… por poco tiempo. Desde luego,
los poderosos grupos enamorados con la dolarización se sintieron
asegurados y buena parte del país confundido, pues la medida luce
"salvadora" en la superficie y en la perspectiva del triunfo
del capital.
El
ambiente final
En
enero del 2000, los movimientos sociales explosionaron. La CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas) lanzó una consigna
audaz: la salida del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, por no
responder a las necesidades del país. Los indios amenazaron con
tomarse carreteras y ciudades en un nuevo "levantamiento".
En coordinación con otros movimientos sociales, se llegaron a
establecer "Parlamentos del Pueblo" en diversas provincias.
Y un impresionante número de indios (se calculan 8 mil o más)
marcharon sobre Quito, la capital de la República y entraron a ella.
El 20 de enero la situación del Ecuador y particularmente la de Quito
eran dramáticas (desde las categorías de la sociología política,
¿se siente alguien tentado a calificar como "prerevolucionarias"
las condiciones del país?). El 21, los indios ocuparon el local del
Congreso (Palacio Legislativo). Otros marcharon sobre el palacio de
Justicia. Y anunciaron que irían a tomar el palacio de Gobierno (sede
del Ejecutivo). ¡Ocurría lo que nadie habría pensado:
"literalmente" se iba a producir la "salida" del
Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial… y eran los indios quienes
cumplían su palabra!.
Es
en esas circunstancias en las que actúan los militares. También
ahora conocemos mejor los detalles de lo sucedido: fue un grupo de
oficiales y soldados el que permitió el ingreso de los indígenas al
Palacio Legislativo y en su interior (precisamente en la Sala del
Congreso), se constituyó una "Junta de Salvación Nacional"
integrada por: Coronel Lucio Gutiérrez, por el Ejército, Antonio
Vargas, máximo dirigente indígena de la CONAIE, y el Dr. Carlos Solórzano
Constantine, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. (Hay que
resaltar que la figura de Solórzano fue mal vista por amplios
sectores desde el primer momento, pues sobre ellos pesaron los
antecedentes políticos de este abogado).
Ese
mismo 21 de enero, por órdenes superiores, llegó al Congreso el
Coronel Fausto Cobo, a fin de pedir a su compañero Gutiérrez que
deponga su actitud. Allí tropas, oficiales y emocionadas masas
populares e indígenas clamaron por una definición y Cobo se unió al
movimiento. En las ruedas de prensa que se produjeron a continuación,
el coronel Cobo habló de una nueva "Revolución Juliana".
Unidos a sus compañeros estaban los coroneles Jorge Brito y Gustavo
Lalama.
No
se trató de "cualquier" tipo de militares: Fausto Cobo era,
nada menos, que el Director de la Academia de Guerra , brillante
oficial y primera antigüedad en todos sus cursos militares; Lucio
Gutiérrez era, según sus compañeros, "un cerebro" para
los estudios, brillante militar y asesor del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas; Gustavo Lalama, con una carrera similar, era director
de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales; Jorge Brito, con
carrera prestigiosa, era, además, un héroe de Paquisha y del Cenepa
(en referencia a dos lugares históricos en el conflicto limítrofe
del Ecuador con el Perú). Pero lo que llamó la atención del Ecuador
(y nuevamente la desinformación internacional en esto fue más
fuerte) es que a los "golpistas" se unieron unos 500
oficiales, provenientes de la Academia de Guerra, de la Escuela de
Perfeccionamiento y de la Escuela Politécnica del Ejército, es
decir, de lo mejor de la intelectualidad del Ejército, por lo que la
prensa del país ha hablado de los "militares académicos".
Y, además, hay que entender, que, por propias declaraciones de los
"golpistas" al momento de los sucesos y las que han
aparecido con posterioridad, los oficiales jóvenes y de mandos medios
se unieron al movimiento indígena, porque éste, a su vez, reflejó
una profunda aspiración nacional de cambio, pues "todos"
querían la salida de Mahuad.
Tampoco
parece entenderse en el exterior la formación y situación de las
Fuerzas Armadas. A diferencia de otros países latinoamericanos, los
militares desarrollan en el Ecuador una serie de actividades y
programas de apoyo a las poblaciones más necesitadas: ayudan en la
construcción de caminos y otras obras públicas, sirven para
comunicación en regiones apartadas, han creado escuelas y centros de
salud entre las comunidades indígenas, realizan la conscripción
agraria, etc., etc. Todas estas acciones han puesto a los militares en
contacto con las necesidades reales e inmediatas de la población, en
un país en el que la pobreza es extrema. Además, en sus institutos
de formación académica y profesional, estudian no sólo cuestiones técnicas
y relativas a sus armas, sino cátedras sociales, de historia, economía
y política, que les capacitan en la comprensión teórica del
Ecuador. Con frecuencia son invitados en calidad de conferencistas,
los más prestigiosos académicos sociales del país. En los últimos
años la formación de los oficiales se ha conjugado con las ideas de
responsabilidad frente a la sociedad, de ayuda al desarrollo y de
compromiso con la nación. Por eso los militares dicen hallarse íntimamente
ligados al que consideran como "su pueblo". Es en este marco
que también se debe comprender la actitud de los coroneles y
oficiales que el 21 de enero se unieron al movimiento indígena y al
clamor del país por la salida del presidente Jamil Mahuad.
En
consecuencia, algunos analistas sostienen que no se trató de un
simple "golpe de estado" sino de una "rebelión
popular" que concluyó con el derrocamiento de Mahuad. En otros
casos no deja de considerarse que el movimiento, por espontáneo y sin
previa "planificación", puso en evidencia mas bien el
"sentimentalismo" social de los militares y sus afanes
reformistas. También se ha comentado que es un asunto de
"populismo" militar.
Desde
la perspectiva institucional, sin duda la rebelión de los oficiales
puso en jaque a los mandos superiores y rompió con los órdenes jerárquicos,
lo cual, evidentemente, afectaba a las propias Fuerzas Armadas. Pero
el Coronel Gutiérrez fue forzado a declinar su posición inicial a
favor del general Carlos Mendoza, nada menos que Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien, en la noche del 21 de enero,
integró el Triunvirato de Salvación Nacional definitivo. La foto de
los triunviros: Mendoza, el general; Vargas, el indio y Solórzano, el
abogado, dio la vuelta al mundo. Pero, inquiridos por los medios de
comunicación, se hizo evidente que los triunviros carecían de un
programa de gobierno inmediato. La participación de Mendoza parece
que también respondió a una estrategia del alto mando militar para
recobrar su posición jerárquica y permitir la sucesión
constitucional del gobierno, ya que las Fuerzas Armadas, como tales,
no desearon el control del poder, que quisieron que se respete de
acuerdo a las normas de la Constitución. El Triunvirato duró poco:
apenas 3 horas. El General Mendoza, de acuerdo con la estrategia
personal que había definido, renunció continuar en el Triunvirato.
Ello implicó un "vacío de poder" que dio paso al desenlace
del drama.
Horas
antes, el propio alto mando de las Fuerzas Armadas había retirado su
apoyo a Mahuad y en una cadena de televisión solicitaron la renuncia
del Presidente. Mahuad apareció en una nueva cadena de televisión,
acompañado sólo por sus ministros, sin sus edecanes, y dijo que él
no renunciaba y que si se quería dar un golpe contra él, pues que se
lo dé y que se lo haga en forma abierta. Después, fue invitado a
salir del palacio de gobierno para ir a otro lugar considerado más
seguro, pues la marcha sobre ese local ya estaba anunciada. Al mismo
tiempo el Vicepresidente Gustavo Noboa se desplazó, en un avión
militar, desde Guayaquil a Quito. Ocurrían, en las horas sucesivas,
el ascenso y la caída del Triunvirato.
A
la mañana siguiente, sábado 22, a eso de las 7 o 7:30 de la mañana,
buena parte de los ecuatorianos se enteraban que ya no había
triunvirato y veían, a través de la cadena de televisión, que el
Vicepresidente Gustavo Noboa, firmaba el primer decreto asumiendo la
Presidencia de la República y lo hacía ante la superioridad militar,
en el edificio del Ministerio de Defensa. Anunció, además, que
continuaría con la "dolarización" de la economía
ecuatoriana. Sólo a las 10:00 de la mañana se instaló el Congreso
en la ciudad de Guayaquil y sólo entonces resolvió declarar el
abandono del cargo por parte del presidente Mahuad y la sucesión
"constitucional" de Noboa. Para diversos analistas, caben
muchas dudas sobre esa cadena de "irregularidades"
constitucionales: Alto Mando que quita su respaldo al Presidente de la
República; Triunvirato efímero; Vicepresidente que asume el poder
antes de que el Congreso examine la situación del Presidente; Jamil
Mahuad que nunca renunció… Con habilidad, sólo un espectro de la
"clase política" funge como absolutamente "demócrata"
y exige castigo a los "golpistas"…
Reacciones
y lecciones
Los
sucesos del 21 de enero impactaron en el Ecuador y en el mundo. Un indígena
"en el poder" era una situación inédita en 500 años, más
allá de cualquier significado jurídico y político que se quiera dar
al "golpe" contra Mahuad. La presencia indígena destapó
sentimientos racistas y prejuicios ancestrales en algunos sectores. Al
hablar de una nueva "Revolución Juliana", los coroneles
"golpistas" ocasionaron el gran susto de la oligarquía, del
alto empresariado y de las fuerzas de derecha. El temor de que el
proyecto económico neoliberal se derrumbe y que la "dolarización"
termine pusieron los pelos de punta a muchos. Era previsible una
"toma de cuentas" desde el Estado, especialmente contra los
banqueros corruptos. De acuerdo con una encuesta difundida por la
empresa Market el pasado 7 de febrero, el 51% de la población estuvo
de acuerdo con la formación del Triunvirato. El 72% de la población
piensa que no hubo "golpe de estado" sino una "rebelión
popular". Un 70% califica de "conveniente" la caída de
Mahuad.
Con
su peculiar visión sobre la democracia institucional, desde los
Estados Unidos se amenazó al Ecuador con colocarle en una situación
parecida a la de Cuba. Entre sus agencias de prensa los sucesos lucían
como un simple "golpe" contra la democracia, ejecutado por
unos cuantos "coroneles ambiciosos". Evidentemente un
"golpe militar" parecía escaparse a los dictados y
controles del gobierno norteamericano y parecía cuestionar la visión
neoliberal del mundo económico. Además, es seguro que el gobierno
norteamericano creyó que se ponía en peligro la continuidad de la
base militar de la ciudad de Manta, que los norteamericanos lograron
establecer en la costa del Ecuador para cerrar el candado sobre
Colombia con el pretexto de "combatir el narcotráfico y la
narcoguerrilla" (recuérdese que las bases militares concluyeron
ya sus programas en Panamá), sin que hayan interesado las críticas y
las reacciones que tal base ha provocado entre los ecuatorianos.
Ciudadanos
honestos del Ecuador observaron que los sucesos afectaban la imagen
del país y rechazaron la "dictadura". Progresivamente el
Ecuador tomó conciencia de la situación creada y, finalmente (aunque
a posteriori), el 60% de la población aprobó la sucesión
presidencial de Gustavo Noboa.
Más
del 70% de la población respaldó las acciones indígenas y la toma
del Congreso. Después de los sucesos, la mayoría de la población
considera que los indios habían servido como instrumento para
derrocar a Mahuad. Y que los militares "golpistas" habían
cometido un error político e institucional, que afectaron la vía
constitucional, pero que también son oficiales sensibles y
respetables. Por ello ya ha cursado en el Congreso un pedido de amnistía
que no se sabe si será acordado.
La
"clase política" reaccionó contra los
"golpistas". Sectores de poder respiraron con tranquilidad y
pasaron a la ofensiva "antigolpista". La "cacería de
brujas" aún no termina, aunque los cálculos políticos van
aliviando las tensiones.
Para
un historiador los sucesos tienen múltiples aristas. El Ecuador ha
recobrado, sin duda, su institucionalidad democrática. Pero no puede
dejarse de observar que el nuevo presidente ha ofrecido la continuidad
del "modelo económico" tan grave para las mayorías
nacionales, si es que no se toman las medidas sociales que es lo que
el país exige. De otro modo, la salida de Mahuad puede convertirse en
un simple cambio de nombres y de estilos políticos.
El
"golpe" no fue, pues, un "fujimorazo". Parece que
Mahuad lo intentó, sin tener el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Tampoco se ha tratado de un movimiento parecido al "chavezaso"
venezolano. Para los investigadores de la historia latinoamericana
resulta importante el estudio renovado sobre las Fuerzas Armadas de la
región, en la que los militares ecuatorianos escapan al
encasillamiento tradicional como simple fuerza al servicio del
sistema. El auge de los movimientos sociales y las rebeliones capaces
de tumbar gobiernos sin "derramamientos de sangre",
constituyen una novedad en Latinoamérica, originada en el Ecuador.
Han planteado el desafío de volver efectivo, real, aplicable, práctico,
un nuevo "derecho político": el de la "rebelión
nacional", dentro del sistema constitucional y de la democracia
representativa, para revocar el mandato de gobiernos originados en
elecciones populares y cuando ese mismo constitucionalismo y esa misma
democracia se vuelven simplemente institucionales, pero se colocan al
servicio de minoritarios grupos de poder económico.
Este
me parece un asunto crucial y digno de reflexión en la ciencia política
y jurídica latinoamericana, región en la que se exige a nuestros
pueblos (más aún en países como el Ecuador, con enormes mayorías
pobres y desatendidas -aquí el desempleo y el subempleo llegan al 70%
de la población económicamente activa y el país tiene unos 12
millones de habitantes-), guardar respeto absoluto a la democracia y
el constitucionalismo, aunque los gobiernos instaurados legítimamente
abandonen después, para privilegio de minorías poderosas, la misión
que esos mismos pueblos han depositado en ellos. Por cierto, el Art.
26 de la actual Constitución de la República del Ecuador dice
"Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser
elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser
consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar
los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato
que confieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar
empleos y funciones públicas. / Estos derechos se ejercerán en los
casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la
ley". Las resistencias para definir normas que apliquen tal
revocación del mandato están, como se comprenderá, a la orden del día,
con mil y un argumentos "democráticos".
Y
no puede dejarse de lado la apreciación sobre el movimiento indígena,
cuya fuerza y cuyas estrategias políticas han resultado
verdaderamente inéditas. En estos mismos días de febrero el
movimiento indígena vuelve a la carga con otro planteamiento audaz:
la recolección de firmas en todo el país, para que se convoque a un
plebiscito en el que los ecuatorianos se pronunciarían por la
disolución del Congreso y el cambio de la Función Judicial, además
del rechazo a la "dolarización". Estas consignas van
tomando una fuerza increíble en el país, de manera que la
"clase política", junto al Congreso y ahora también el
Ejecutivo, presentan los argumentos legales y constitucionales más
variados a fin de deslegitimar y hasta impedir un pronunciamiento
plebiscitario en el sentido acordado por el movimiento indígena. Cabe
añadir que hoy, domingo 13 de febrero, los periódicos informan sobre
las 5 preguntas que planteará la CONAIE: cese de los actuales
miembros del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de la Judicatura; devolución inmediata de los fondos
congelados en los bancos; rechazo a la dolarización y a las
privatizaciones (se plantearía el control de cambios y el no-pago de
la deuda externa); libertad y archivo de las causas en contra de los
militares, policías y civiles que participaron en el movimiento del
pasado 21 de enero; ratificación de la revocatoria del mandato de
Mahuad; y, salida inmediata de cualquier fuerza militar extranjera que
se halle operando en el Ecuador.
Como
en todo proceso histórico, también las fuerzas políticas, las
propias Fuerzas Armadas, los movimientos sociales y, sin duda, el
movimiento indígena presentan contradicciones, generan dudas,
plantean caminos diferenciados, provocan definiciones, afinidades o
resistencias. Se mueven en un marco nacional complejo y en un mundo
internacional que mira, presiona y actúa. De manera que uno de los
problemas centrales en el futuro del Ecuador es el de la construcción
de un proyecto nacional, que logre integrar los contrapuestos
intereses del país, que a lo largo de nuestra historia interna han
sido tremendamente beligerantes. A esto se convoca en mi país con la
búsqueda del "gran acuerdo nacional", que constituye una
"idea-fuerza" en la que todos los ecuatorianos tenemos
esperanza.
El
futuro inmediato del Ecuador tiene, por tanto, nuevas incógnitas. En
lo de fondo, se ha cuestionado una democracia simplemente
"formal", que los ecuatorianos queremos que sea
"efectiva y real", a fin de que logremos una sociedad en
desarrollo económico, pero con justicia social, equidad humana y
dignidad como nación en el concierto internacional.
(*)
Vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y
del Caribe (ADHILAC)
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