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Sigue
la cadena de crímenes en México
El
asesinato de mujeres en Ciudad Juárez continua impune
Las complicidades
entre grupos políticos que se han sucedido en el poder en el estado
mexicano de Chihuahua han contribuido al mantenimiento en la penumbra
y en la impunidad del que es quizá el mayor asesinato serial de
mujeres en la historia. La Red Voltaire ha mantenido vivo el interés
por el tema como lo demuestra en esta transcripción fragmentos del
libro de la periodista Diana Washington, especialista en el tema.
Por
Gastón Pardo (*)
Red Voltaire, México, 18/05/05
Cosecha de
mujeres. El safari mexicano
El encabezado de este
texto corresponde al título del libro de la célebre periodista Diana
Washington Váldez. La investigación es un apasionado relato sobre
las mujeres asesinadas desde hace años en ciudad Ciudad Juárez,
burgo situado cerca de la frontera mexicana – estadounidense. Diana Washington
Váldez,
periodista del diario El Paso Times, de Texas, ha investigado y
escrito sobre el feminicidio durante seis años. En 364 páginas,
narra porqué las autoridades mexicanas no han arrestado a los
responsables de todos estos asesinatos y sostiene la hipótesis de que
algunos de los crímenes fueron perpetrados por jóvenes
pertenecientes a prominentes familias de Juárez que tienen nexos con
el cártel de la droga de esa ciudad y compran protección policíaca.
Con la autorización
de Editorial Océano, el diario mexicano La Jornada publicó un
adelanto de la obra, que ofrecemos a los lectores de la Red Voltaire:
La saña con que
mataban a las mujeres fue lo que al principio me llamó la atención,
escribe Diana Washington. Ese día invernal de febrero de 1999,
permanecí despierta hasta la madrugada, leyendo una serie de relatos
que describían muerte por muerte.
Así comenzó todo.
Pese a las afirmaciones de las autoridades, estos crímenes no tenían
nada de normal y ya eran demasiados. Desde 1993, jovencitas, incluso
niñas de sólo 12 años, eran violadas, estranguladas y mutiladas sádicamente.
Durante los pasados 10 años, más de 400 mujeres han sido asesinadas
y una cantidad indeterminada de ellas permanece en calidad de
desaparecidas.
Una de las víctimas,
Gladys Janeth Fierro, de 12 años, fue secuestrada en mayo de 1993, y
al poco tiempo, la encontraron muerta. Sufrió abuso sexual y fue
estrangulada. En septiembre de 1995, el cadáver de otra estudiante,
Silvia Reyes Morales, de 17, fue localizado en un terreno al sur del
Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Su seno derecho había
sido cortado y el izquierdo mordisqueado por dentadura humana. Eso le
hicieron a otras víctimas ese mismo año en uno de los predios en
disputa, propiedad de familias influyentes.
Sagrario González,
de 17 años, quien trabajó como obrera en una maquiladora, desapareció
en abril de 1998 al salir de su trabajo. Después de varios días, su
cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado al oriente de la fábrica
donde trabajaba. Las autoridades establecieron que la joven fue
ultrajada, estrangulada y apuñalada. En 1996, otras ocho mujeres
fueron localizadas en una región desértica de Juárez conocida como
Lomas de Poleo, cerca de El Paso, Texas.
El hallazgo de estos
cadáveres en las tierras conocidas como Lote Bravo y Lomas de Poleo
se incluyó en los expedientes analizados por los perfiladores de
criminales de la FBI durante su visita a Juárez, en marzo de 1999.
Los expertos de
Estados Unidos fueron enviados a la frontera luego de que el
presidente mexicano, en ese entonces Ernesto Zedillo, y el presidente
estadunidense Bill Clinton abordaran el caso de los crímenes contra
mujeres en Juárez, durante su encuentro en la ciudad de Mérida,
Yucatán, en febrero de 1999.
Sin embargo, cinco años
después, los asesinatos de las mujeres en Juárez de nuevo fueron
tema de diálogo entre los mandatarios de ambos países, George W.
Bush y Vicente Fox.
Según declaraciones
de funcionarios mexicanos, se grabó un gran triángulo en las
espaldas de algunas de las víctimas, mediante un cuchillo o algún
otro instrumento cortante. En Asia, un triángulo es un símbolo
vinculado con los políticos de ultraderecha. También ha sido
utilizado por algunas sociedades y logias secretas, incluso hasta por
los nazis.
Me resultaron muy
inquietantes los relatos que leí esa noche de 1999. Aunque no todos
los crímenes estaban relacionados entre sí, en los hechos todos
ellos mostraban una extrema violencia. En apariencia, las víctimas
eran escogidas y sus secuestros estaban muy bien organizados. Las
mujeres desaparecían en la zona centro, a plena luz del día, sin que
nadie oyera u observara algún detalle en particular.
Al principio, creí
que esos crímenes eran obra de un par de depravados asesinos bajo
protección policiaca, gracias a sus vínculos con el bajo mundo. Había
indicios de ello. Después, tuve conocimiento de que existía algo
mucho más turbio y complejo detrás de esta cosecha de muerte.
Al parecer los
criminales eran hombres poderosos que gozaban de influencia en las más
elevadas esferas del gobierno mexicano. Pero los investigadores
mexicanos, quienes sabían que estos hombres escogían a sus víctimas
entre las jovencitas miembros de familias muy pobres, nada hicieron
para frenarlos.
Una antropóloga de
Brasil describió a esta agrupación y a sus cómplices como una «cofradía»
que se valía de estas muertes para demarcar su territorio y sellar un
pacto de silencio, mientras que una socióloga de Juárez calificó
estos asesinatos como feminicidios y les atribuyó tinte sexual.
Homicidas en serie,
pandillas salvajes y vendedores de droga también se consideraron
responsables, pero lograron eludir su responsabilidad en los
asesinatos de las mujeres en Juárez.
Los crímenes que
convirtieron a esta ciudad fronteriza en la capital mundial de los
asesinatos de mujeres no comenzaron de la noche a la mañana. Tuvieron
sus inicios en la guerra sucia de México, cuando apenas se iniciaba
una red de capos del narcotráfico, empresarios, militares, policías
y funcionarios corruptos.
Y estas muertes
estaban surgiendo en otros lugares de México y Centroamérica. El
terror y la desenfrenada violencia vinculada al cártel de los
Carrillo Fuentes fueron de gran utilidad para encubrir a los poderosos
juniors, a quienes un funcionario federal atribuyó la comisión de
estos asesinatos para proteger sus intereses financieros.
Por muchos años, los
sospechosos permanecerían ocultos. Pero al final, el velo fue
descubierto y esto provocó una serie de amenazas. En el año 2004,
tres policías mexicanos me enviaron un mensaje de advertencia para
que detuviera y abandonara mi investigación. Otra fuente mexicana me
reveló que «los juniors están preocupados; no quieren que sus
nombres sean divulgados».
A finales de 2003,
luego de que el diario La Jornada, de la ciudad de México,
publicara breves extractos del manuscrito de este libro, unos
colaboradores y yo empezamos a recibir extraños telefonemas con
ruidos de fondo, que semejaban un serrucho eléctrico y la voz de un
niño suplicando «Mami, no».
Un agente federal de
Estados Unidos también recibió llamadas similares, las cuales fueron
rastreadas hasta México. Una fuente federal nos alertó de la intención
de un funcionario del gobierno para emprender la «Operación
Desaparición», un plan dirigido contra un periodista de la ciudad de
México. Este plan fue diseñado luego de que un influyente ciudadano
se quejara de que algunos de nosotros nos estábamos acercando
demasiado.
Las autoridades
mexicanas no cuentan con ninguna prueba en contra de los sospechosos
ya encarcelados y que enfrentan acusaciones de participar en una
cadena de crímenes en serie, lo que incluye al egipcio Abdel Latif
Sharif Sharif. Los feminicidios se han extendido hasta la ciudad de
Chihuahua, la capital del estado, a unos 380 kilómetros al sur de Juárez...
Cynthia Kiecker,
una ciudadana de Minnesota, Estados Unidos, y su esposo, un ciudadano
mexicano, fueron acusados del asesinato de una joven en la ciudad
capital, en el año 2003. El Departamento de Estado de Estados Unidos
cree que Cynthia y su marido fueron torturados para obligarlos a
firmar confesiones falsas.
Desde el principio,
las amenazas y las intimidaciones han formado parte de la odisea
en Juárez. La FBI se ha visto frustrada en sus esfuerzos por
colaborar. Expertos van y vienen sin que las cosas cambien.
Organismos
internacionales, como Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han manifestado en
vano contra el gobierno mexicano. Sin embargo, retroceder sólo
beneficiaría a los asesinos. A menos que se haga algo para
impedirlas, estas muertes continuarán. Sin una importante intervención
internacional, una segunda década de muertes promete ser peor aún
que la primera. Este libro fue escrito porque hay vidas en juego.
Epílogo: Los
abogados
En julio de 2004,
tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez. A
una de ellas la encontraron sin vida. La tercera joven, Fabiola Chacón
Arreola, de 18 años, vivía en Anapra. Sus familiares dicen que la
joven se dedicaba a cuidar a su hermano discapacitado, además de
tener la seguridad de que ella no se fue por su propia voluntad. Su
madrina relató que Fabiola era estudiante en una escuela de computación,
ubicada en la zona centro. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero.
Sin duda alguna, lo
que está sucediendo en la ciudad fronteriza es alarmante. A causa de
la indiferencia oficial, los asesinatos de mujeres se han extendido
hacia otros estados de la República. Si hay o no vínculos
posteriores entre los crímenes y las diferentes ciudades, ello debe
ser investigado.
El destino de muchas
mujeres desaparecidas se desconoce, e incluso las personas que han
sido identificadas como sospechosas no han sido presentadas ante los
tribunales judiciales. Los funcionarios de corporaciones
investigadoras en ambos lados de la frontera saben quiénes son los
asesinos, pero nada se ha hecho.
Algunos de los
autores materiales ya murieron, pero como parte de las pugnas dentro
del crimen organizado. La administración de Fox tiene la oportunidad
de recuperar la fe de sus ciudadanos actuando correctamente. Los crímenes
y desapariciones continúan de manera incesante y todo seguirá igual
hasta que los verdaderos asesinos sean detenidos, y cuando los
gobiernos de México y Estados Unidos decidan y reconozcan el fracaso
de las políticas bilaterales, que tuvieron como trágico resultado
las muertes de centenares de mujeres.
Se requiere una
solución bilateral que valorice más el salvar vidas que incrementar
el número de decomisos de drogas o permitir el paso libre del
comercio.
El clímax de los «crímenes
intolerables» llegó cuando varias madres de las víctimas de Juárez
y de Chihuahua clamaron justicia durante una sesión con el presidente
Fox, en la ciudad de México, en noviembre de 2003.
La reunión con la
autoridad máxima de su país fue el punto culminante de todo el
trabajo y ayuda de organismos que se habían lanzado para ayudar a
estas mujeres. Las madres expresaron que habían dado a Fox una lista
con nombres de sospechosos y esperaban que, en consecuencia, él
actuara. Al término de la reunión Fox dijo: «La justicia a veces es
escasa en nuestro país».
El tiene la
oportunidad de cambiar esta circunstancia. De no ser así, lo que
sigue es interponer una denuncia ante un tribunal internacional.
Acontecimientos
En el 2004, la fiscal
federal María López Urbina entregó un informe al estado de
Chihuahua en donde señala a más de 80 funcionarios y agentes
estatales por el supuesto mal papel que ejercieron durante las
investigaciones.
El presidente Vicente
Fox mencionó el informe de López Urbina durante su cuarto Informe de
Gobierno. Como algunos hemos argüido, estos investigadores, aunque no
fueran los culpables, sí son los responsables de que los crímenes
siguieran por el mal desempeño de su trabajo.
Tal vez ni siquiera
pisarán la cárcel y probablemente sean exonerados, pero el hecho de
que la autoridad federal tomara en cuenta la pobre calidad de las
investigaciones estatales, representa un paso muy importante.
Entre los señalados
en el informe de López Urbina estuvieron Suly Ponce, Hernán Rivera,
Manuel Esparza y Antonio Navarrete.
En realidad, faltan
los altos mandos que fueron sus jefes. La comisionada federal
Guadalupe Morfín Otero también presentó un informe en relación con
estos crímenes en 2004. Durante un foro en Ciudad Juárez pidió la
liberación de «quienes no deben permanecer en prisión», y comentó
que «es inevitable preguntar hasta dónde llega en las altas esferas
la complicidad y cuál es el papel que desempeñan los organismos y
poderes que deben hacer contrapeso al Ejecutivo del estado».
Victoria Caraveo,
quien se desempeñó como titular del Instituto Chihuahuense de la
Mujer, emitió un informe que dio a conocer la primera cifra oficial
de los asesinatos de mujeres en Juárez. Le faltaron algunos casos,
pero el número dentro de su informe fue más elevado que el manejado
por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Bajo la presidencia
de José Luis Soberanes, la CNDH aportó datos importantes en el 2004,
y puso un enfoque anteriormente ignorado en las mujeres extraviadas.
Esto impulsó a emprender una búsqueda y algunas de ellas fueron
localizadas por las autoridades federales. En julio de 2004, los
chihuahuenses tuvieron la oportunidad de elegir un nuevo gobernador, y
los juarenses un nuevo alcalde. Debemos estar atentos a estos
acontecimientos. Lo negativo del asunto es que personas cuya
culpabilidad está en duda, los culpables prefabricados, no han sido
exonerados.
Existen sospechas de
que varias muertes, y la forma en que se ha extendido a otras regiones
representa una serie de respuestas a las estrategias bilaterales
antidrogas y del libre comercio. Incluso, los jefes de los cárteles
en México están luchando contra la posibilidad de que sean
extraditados a los tribunales del extranjero, en particular Estados
Unidos.
El gobierno mexicano
habría tratado como secreto de Estado algunos aspectos de la lucha
antidrogas, impulsada en gran parte por Estados Unidos, para tratar de
apagar o contener a los cárteles. Como respuesta, se desató una
poderosa alianza de intereses económicos, que incluye políticos y
elementos corruptos del Ejército y de las fuerzas policiales, y que
ha declarado una guerra en contra de los esfuerzos del gobierno.
La alianza ha
respondido a operativos como Chihuahua Pilot Project y a cambios que
proceden del Tratado de Libre Comercio, que amenazaban el statu quo.
La contraguerra ha incluido los asesinatos sistemáticos de mujeres –una auténtica campaña de terror que podía garantizar el
doblegamiento de gobernantes y el temor en sus comunidades.
Hemos visto que entre
sus elementos se encuentran policías y soldados que fueron
adiestrados por agencias federales estadunidenses, convertidos en
escuadrones de la muerte para una extensa red del crimen organizado.
Como ejemplos, tenemos a los Zetas, que operan en Tamaulipas y Nuevo
León. Estos sicarios tuvieron como manual de operaciones las guerras
sucias de países como Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y México.
Algunos
narcotraficantes de Tijuana y Juárez se han trasladado a esos países
para instalarse en ellos y evadir la justicia. Las víctimas de Ciudad
Juárez –la mayoría jóvenes y de origen humilde– representan el
futuro de la industria maquiladora y, en general, del pueblo mexicano.
El gobierno se ha
adelantado a callar las inquietudes de la sociedad civil con las
detenciones injustas de personas que nada tenían que ver, y todo para
seguir ocultando el verdadero fondo de esta guerra. Pero el silencio
se ha roto, y no tiene caso seguir ocultando la verdad.
En cada batalla hay
crímenes de guerra, y este caso no es la excepción. Las autoridades
de Estados Unidos y México deben actuar con urgencia para poner fin a
la ola de crímenes y reparar el daño humano colectivo. No habrá
solución sin justicia.
* Periodista
mexicano, fue asesor en dependencias del gobierno federal. Trata
asuntos internacionales en la revista “Bajo Palabra”.
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