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Costa Rica

Orlando Barrantes, amenazado de ser encarcelado

Comisión Nacional e Internacional por la Defensa de Orlando Barrantes

El representante sindical y político Orlando Barrantes de Costa Rica, podría ser encarcelado injustamente. El pretexto serían presuntos delitos que se crearon deliberadamente en su contra a lo largo de cinco años, luego de la huelga en la región atlántica de diciembre de 2000. En realidad, con su prisión y sentencia se estaría criminalizando la protesta social y se le inhabilitaría políticamente. Junto a Barrantes, también está siendo procesado Iván Angulo, regidor municipal.

Barrantes es el Secretario General de CONATRAB (Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros), organización que aglutina a miles de trabajadores y ex-trabajadores bananeros que fueron expuestos al agroquímico Nemagón (DBCP) en las plantaciones durante la década de los años 70 y que vienen librando una dura lucha desde hace varios años en procura de justicia. A partir de noviembre de 2004 estos obreros agrícolas han presentado demandas en cortes norteamericanas en contra de las transnacionales Shell Oil, Occidental Company y Dow Chemical, fabricantes del Nemagón (1,2,Dibromo-3-cloropropano) y las transnacionales productoras y comercializadoras del banano Standard Fruit, Del Monte y Chiquita Brand. El Nemagón fue usado como pesticida para combatir nematodos en las plantas, pero fue aplicado sin ningún tipo de advertencia y los obreros bananeros no usaron trajes protectores. Este agrotóxico provoca esterilidad, impotencia, cánceres en hígado, riñones y estómago, serios problemas en la vista, daños permanentes en la piel. A las mujeres causa alteraciones hormonales y abortos y a su descendencia malformaciones congénitas.

En su relación con el ambiente, el DBCP se descompone muy lentamente en el suelo y se calcula que permanecerá allí unos 140 años. Es un pesticida muy persistente y móvil. Químicamente es altamente estable en agua, inclusive en cantidades muy pequeñas. La sustancia tóxica se filtró a las capas de aguas subterráneas. De acuerdo con la información disponible, se sabe que un derivado del DBCP fue utilizado en las bombas arrojadas por Estados Unidos en la segunda gran guerra y fue prohibido su uso en ese país en 1977, no así en los otros países en los que se usó durante muchos años más. En Costa Rica se calcula que se usaron 5 millones de kilos durante 10 años. Los daños que causó y que siguen padeciendo cientos de miles de trabajadores de distintos continentes han hecho concluir a especialistas que su uso constituye la peor tragedia en la historia mundial de la medicina laboral. Como parte de la llamada “docena sucia”, el DBCP es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como altamente tóxico.

A la fecha, Orlando y su organización han presentado unas 1.600 demandas judiciales que están siendo tramitadas en los juzgados norteamericanos. Se contempla presentar 1.000 más. Trabajadores nicaragüenses aquejados por el mismo mal ganaron recientemente en los tribunales norteamericanos sus casos, lo que podría ocurrir con los afiliados a CONATRAB. En tal caso, las compañías responsables deberían de erogar cantidades multimillonarias. Se calcula que si todos los obreros expuestos al DBCP en los 12 países donde se utilizó presentaran su reclamo y lo ganaran, esas empresas deberían pagar indemnizaciones por un monto superior a los 5 billones de dólares.

En el pasado, el líder hondureño de los obreros bananeros afectados Medardo García, quien también procuraba tramitar demandas similares, fue asesinado a la salida de una asamblea de obreros. Luego dirigentes nicaragüenses de este sector obrero denunciaron seguimientos sospechosos e intimidaciones. Por la misma época, a la salida de un supermercado Orlando Barrantes fue amenazado de muerte por su participación en este conflicto. Más recientemente, en julio de 2004, Orlando fue agredido en una zona bananera por un individuo de apellido Campos, alias “El Loco”, quien le causó numerosas heridas. Afortunadamente fue auxiliado rápidamente por lugareños en el momento en que su agresor sacaba un cuchillo. “El Loco” actualmente está preso por el asesinato de otra persona y por su vinculo con un caso de robo de armas. Las motivaciones de este ataque quedaron en el misterio, aunque en la zona no es extraña la práctica del pago a sicarios.

Otra de las luchas de CONATRAB es la defensa de los pequeños agricultores y de los campesinos sin tierra. Actualmente esta organización mantiene “tomas” de tierra en ocho lugares.

Orlando es también coordinador nacional de más de 40 organizaciones que luchan por vivienda, agrupadas en la Coordinadora de Vivienda Techo para Costa Rica. Este año, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, obediente a los dictados de los organismos financieros internacionales, redujo drásticamente el presupuesto destinado a este fin, de 32 millones a sólo 22 millones de colones, lo que ocasionó masivas y enérgicas protestas durante los días 7 y 22 de junio, que rodearon la casa presidencial. Estos justos y pacíficos movimientos populares, en procura de vivienda popular, fueron encabezados por Orlando y causaron la renuncia a fines de ese mes del ministro del ramo.

Barrantes igualmente encabeza la lucha para que la Caja Costarricense de Seguro Social dote de equipo, plazas e instalaciones médicas a comunidades pobres. Este esfuerzo ha resultado, entre otros logros, en que el edificio del Hospital de Guápiles destinado a neonatología y pediatría se encuentre entre los más modernos del país en zonas rurales.

Barrantes es presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), una organización que recientemente logró su inscripción legal y que podría llevarlo a ser electo diputado.

El juicio

El pasado 5 de julio inició en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica con sede en Guápiles el juicio contra Orlando Barrantes e Iván Angulo por hechos ocurridos hace cinco años, cuando la fuerza pública intentó detener una manifestación pacífica de obreros bananeros afectados por el DBCP y hubo un enfrentamiento en el que algunos policías antimotines fueron retenidos por la multitud. Este hecho lo distorsiona el Ministerio Público calificándolo de “secuestro extorsivo”, y pide 60 años de cárcel para el luchador social en un proceso en donde están ausentes las más elementales normas jurídicas y de justicia. Entre otras cosas, la defensa denuncia que hay una completa nulidad en la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Público, una nulidad absoluta por violación al debido proceso y una también nulidad absoluta de todo lo actuado por violación al principio de intimación, así como utilización de prueba espuria.

El principal testigo de la Fiscalía es el ex-jefe de la policía antimotines, Orvil Ruiz, despedido posteriormente de la Fuerza Pública por falsificar documentos. Ruiz ha presentado un falso testimonio, contradictorio incluso con el testimonio brindado por su propio jefe, el Director Nacional, que absuelve a Barrantes. El testimonio de Ruiz está lleno de expresiones políticas que incriminan a los acusados por sus actividades sindicales y comunales.

Recientemente, ante gestiones de la defensa, el juicio fue anulado. El Juzgado está por notificar la fecha de inicio del nuevo juicio. Esto nos da un breve respiro para ampliar la campaña a favor de los acusados.

Solicitud

Solicitamos con urgencia su apoyo para evitar que Orlando Barrantes e Iván Angulo sean encarcelados. Le pedimos que envíe un mensaje dirigido a la Inspección Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Sería igualmente de gran ayuda que Usted y las organizaciones acudieran en cita individual o colectiva a la embajada o consulado costarricense en su país denunciando el proceso ante el Dr. Abel Pacheco, Presidente de la República de Costa Rica y pidiéndole su intervención.

También se agradecerá que aportara una colaboración económica para pagar los gastos del juicio y de esta campaña.

Le sugerimos firmar y enviar un mensaje como el siguiente:

Señores Integrantes de la Inspección Judicial

Poder Judicial

República de Costa Rica                 América Central

El proceso emprendido por autoridades judiciales en contra del luchador social y político señor Orlando Barrantes y de Iván Angulo por presuntos delitos cometidos hace casi cinco años y que se tramita en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica con sede en Guápiles, tiene las características de un montaje para criminalizar la protesta social y para inhabilitarlos políticamente. Las restricciones económicas que padece la población de menores recursos y los consecuentes reclamos populares no deben ser enfrentados mediante la represión judicial. Demandamos que se retiren los cargos contre las personas mencionadas.

Nombre                            Cargo                         País

Le rogamos que envíe su mensaje a ins_judicial@poder-judicial.go.cr o al fax 05062575592, con copia a orlandobarranteslibre@yahoo.com.mx o al fax 05067104834. También, si desea hablar personalmente con Orlando Barrantes puede comunicarse al 005063669009.

La aportación económica puede hacerla a la cuenta bancaria de la asociación de Artesanas ASOACA, número 2850009476-5 del Banco de Costa Rica ([1]) y por favor infórmelo a la anterior dirección electrónica.

Orlando Barrantes tiene 53 años, es casado, tiene dos hijas y dos nietos.

Le quedamos sumamente agradecidos.

COMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA DEFENSA DE ORLANDO BARRANTES