América Latina

I – Naufraga el ALCA, emergen los bilaterales

Por Claudio Katz ([1])
Enviado por el autor, 26/03/06

Resumen: La versión original del ALCA ha fracasado por conflictos entre empresarios, divergencias entre gobiernos y resistencias populares. Este proyecto intentaba reforzar la dominación integral de Estados Unidos sobre Latinoamérica mediante privilegios a los exportadores y corporaciones del norte. La iniciativa fue apoyada dentro y fuera de Estados Unidos por las firmas más internacionalizadas y objetada por los sectores más dependientes de cada mercado interno.

Estados Unidos ya ha lanzado una contraofensiva para suscribir tratados bilaterales que radicalizan la agenda neoliberal y aumentan la indefensión de las economías latinoamericanas. El antecedente de México ha sido nefasto en materia agrícola, laboral y ambiental. El convenio con Chile acentuó la primarización exportadora y las asimetrías con el gigante norteamericano son monumentales en los TLCs negociados con Centroamérica y los países andinos.

La primera potencia busca bloquear la concurrencia europea que se canaliza a través de España. Pero este rival no desafía la hegemonía norteamericana, ni ofrece condiciones de librecomercio más benévolas para América Latina. A diferencia de Europa, Estados Unidos no necesita conformar una estructura estatal asociada para reforzar su hegemonía. Por eso impulsa tratados que desnivelan los mercados de trabajo, impiden monedas comunes y desconocen la existencia de fondos de compensación regional.

En las negociaciones multilaterales de la OMC se verifican las mismas tensiones que han estancado al ALCA. Pero también allí las grandes potencias recurren a alianzas bilaterales para replantear sus exigencias. América Latina no ha perdido relevancia para Estados Unidos, especialmente en el contexto actual de cuestionamiento al neoliberalismo y renacimiento del antiimperialismo.

Naufraga el ALCA

El proyecto norteamericano de constituir una Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) atraviesa una severa crisis. Una negociación que debía concluir el año pasado está paralizada desde el 2003 por el efecto combinado de conflictos entre grupos capitalistas, divergencias entre gobiernos y resistencias populares.

Las tratativas quedaron definitivamente bloqueadas cuando las disidencias alcanzaron una dimensión inmanejable en torno a 5.300 puntos de conflicto (corchetes en los documentos discutidos). Estas discrepancias obligaron a suspender las conversaciones.

A fines del 2005 Bush intentó relanzar la negociación en la cumbre de Mar del Plata. Lanzó un repentino ultimátum, exigió reiniciar de inmediato las tratativas y logró el apoyo de un significativo bloque de mandatarios. Pero su demanda generó también fuertes críticas y condujo al naufragio del encuentro. Todos los comentaristas resaltaron este fracaso y algunos evaluaron que constituyó un desastre político mayúsculo para el presidente norteamericano[2]. Este resultado confirmó que –al menos en su versión original– el ALCA agoniza. ¿Pero cuál es la envergadura de este fracaso? La respuesta depende de la caracterización del tratado.

Significado y funciones

El ALCA es un proyecto de dominación norteamericana de la región. Retoma una meta estratégica de Estados Unidos que asumió distintas formas en los siglos XIX y XX. A diferencia de varios ensayos precedentes el ALCA enfatiza la dimensión económica de esta sujeción. Por eso la iniciativa no es impulsada con los argumentos militares de la guerra fría (“un bloque contra el comunismo”), ni con sus equivalentes actuales (“la batalla contra el terrorismo”). Se resalta, en cambio, la conveniencia del librecomercio con el espejismo de un proyecto optativo. Sus promotores incluso sugieren que una exigencia del imperialismo está sujeta a la decisión soberana de los países latinoamericanos. Pero basta comparar el PBI estadounidense con el vigente en cualquier economía de la región, para notar cuán ridícula es la creencia de una negociación entre pares.

La difusión del ALCA como un proyecto económico oculta que su corolario sería un proceso de recolonización política norteamericana, sostenido en un mayor despliegue del Pentágono. La creciente apertura comercial y las privatizaciones al servicio de las corporaciones estadounidenses requerirían esta cobertura político–militar.

Todos los gobiernos norteamericanos han buscado el control absoluto de la región. Esta tendencia se ha verificado desde los Congresos Panamericanos hasta la formación de la OEA y el “Consenso de Washington”. El impulso hacia esta sujeción deriva de la dinámica expansiva del capital metropolitano sobre sus vecinos más cercanos. Estos territorios forman parte de un área que Estados Unidos siempre incluyó entre sus pertenencias[3].

El ALCA es la etiqueta contemporánea de esta ambición imperialista, que se expresó en el reiterado intento de constituir la Unión Panamericana (1899, 1902, 1906, 1923, 1933, 1936). Por esa vía se buscó erigir una zona de convenios arancelarios y financieros que garantizaran la primacía de las corporaciones norteamericanas. Este objetivo ha sido explícitamente reconocido en la actualidad por las principales figuras de la Casa Blanca[4].

El ALCA pretende brindar a esas empresas amplias seguridades de ganancias por sus inversiones. Por eso el convenio incluye controvertidos pagos de patentes, nuevas retribuciones por servicios y ciertos privilegios en futuras privatizaciones. El tratado le otorga status constitucional a estos beneficios y asegura su cumplimiento a través de pactos, obligaciones y verificaciones supranacionales.

El ALCA abre los mercados a los exportadores estadounidenses y establece cambios impositivos y laborales que reducen los costos de las corporaciones radicadas en la zona. Induce, además, el abaratamiento de los salarios que se pagan en Estados Unidos, ya que potencia el chantaje que practican los patrones en las negociaciones con sus trabajadores (amenazas de trasladar plantas a Latinoamérica si no se aceptan menores retribuciones).

El tratado facilita la circulación irrestricta de los productos entre las filiales de las grandes firmas y estimula la re–localización de los procesos de fabricación en las áreas que toleran formas de explotación extrema de los trabajadores. Para eso garantiza la plena movilidad del capital y la creciente inmovilidad de la fuerza de trabajo. El ALCA favorece a los grupos capitalistas más internacionalizados en su competencia con rivales menos globalizados.

Al cabo de varios años de crítica y denuncia, estas finalidades regresivas del ALCA ya no constituyen ningún secreto[5]. Lo novedoso ha sido la imposibilidad de implementar el proyecto. ¿Por qué naufragó una iniciativa tan vital para el imperialismo norteamericano?

Las causas de un fracaso

En las negociaciones del ALCA Estados Unidos planteó fuertes demandas, rechazó cualquier concesión y buscó ajustar todos los ítems del convenio a las conveniencias de sus compañías. Esta inflexibilidad condujo al estancamiento de las tratativas. Los negociadores latinoamericanos intentaron mantener las negociaciones, pero a partir del año 2002 objetaron su continuidad.

En términos generales, las discrepancias en torno al ALCA oponen a los grupos exportadores y las firmas internacionalizadas con los sectores menos globalizados y más dependientes de cada mercado interno. Esa división rige dentro y fuera de Estados Unidos y se expresa en un complejo enjambre de intereses.

Los promotores del convenio son las compañías que actúan en la órbita del comercio exterior, las empresas con inversiones regionales y las firmas con mayor competitividad internacional. El grueso de las corporaciones norteamericanas se ubica en alguno de estos segmentos, pero no todas ganarían con la reducción de aranceles.

En el bando latinoamericano promueven el ALCA las empresas que lograrían un mayor acceso al mercado estadounidense. Rechazan el convenio las compañías que perderían posiciones frente a sus competidores foráneos. Pero esta pulseada entre grupos internacionalizados y no globalizados presenta características muy específica en cada bloque.

Dentro de Estados Unidos, el ALCA ofrece grandes ventajas para los grupos exportadores y las compañías ya instaladas en Latinoamérica. Promete importantes lucros para las firmas que operan en los servicios (especialmente financieros) y en actividades muy dependientes de los contratos de propiedad intelectual (informática, farmacéuticos). El convenio en cambio desfavorecería a los sectores protegidos de la industria (acero) y el agro (azúcar), que deberían afrontar la concurrencia de los exportadores latinoamericanos.

Aunque el sacrificio de apertura que debe ofrendar Estados Unidos es muy pequeño en comparación a lo que obtiene, los negociadores de Bush no tuvieron contemplaciones. Colocaron sobre la mesa el poderío imperialista para imponer sus demandas sin ninguna contrapartida, porque necesitaban utilizar las concesiones de Latinoamérica para compensar a los perdedores norteamericanos del acuerdo. Por esa vía esperaban asegurar la aprobación legislativa del ALCA. Pero esta política de tensar al máximo las tratativas desembocó en un gran fracaso.

El ALCA conduciría a ampliar los convenios de librecomercio que ya tienen varios países con Estados Unidos. En México promueven esta extensión los sectores locales asociados con la fabricación en las maquiladoras y en Chile alientan la misma ampliación, los exportadores de productos agrícolas (minería, fruticultura, madera, energía o insumos industriales básicos). En cambio, resisten el ALCA en ambos países, los grupos empresarios locales que ya sufrieron los demoledores efectos de la apertura arancelaria.

Los países del Cono Sur están menos integrados a la esfera comercial norteamericana y frente al ALCA las clases dominantes oscilan entre la tentación y el terror. Observan el ingreso al mercado estadounidense como una gran oportunidad de negocios, pero temen las consecuencias de la liberalización importadora.

En Brasil y Argentina los sectores exportadores más favorables al tratado (acero, jugo de naranja, soja, carne) chocan con la oposición de muchos grupos industriales y financieros locales. Estas fracciones mantienen ventajosas relaciones con el sector público y perderían influencia con la ampliación de las normas de competencia que contempla el ALCA. La concurrencia con los grupos foráneos afectaría su dominio de los mercados nacionales y también la preponderancia lograda en los países vecinos.

En este intrincado contexto el gobierno norteamericano no pudo encarrilar la negociación. Las alianzas que intentó forjar Bush con presidentes y latinoamericanos fracasaron, porque la capacidad de Estados Unidos para garantizar obediencia en su patio trasero ha decrecido significativamente en los últimos años.

La resistencia popular que suscitó el ALCA transformó las discrepancias de los negociadores en un conflicto irresoluble, especialmente cuándo las tratativas perdieron carácter secreto. Sin este rechazo de los movimientos sociales las negociaciones habrían continuado y quizás prosperado.

La crisis actual del ALCA obedece a este empalme de divergencias por arriba y cuestionamientos por abajo. Es importante registrar ambos procesos para no sobrevalorar uno u otro condicionante. Los funcionarios rechazaron el convenio bajo la presión conjunta de ambas situaciones. No podían firmar el tratado con el aval exclusivo de los grupos empresarios, ni actuaron tomando únicamente en cuenta la opinión de la población. Bajo el efecto conjunto de las tensiones entre capitalistas y las objeciones populares, el ALCA no se aprobó. ¿Pero ha sido definitivamente derrotado?

Convenios bilaterales

El imperialismo ya lanzó un programa sustituto. Esta contraofensiva promueve el reforzamiento de los tratados de librecomercio ya existentes (México y Chile), la ratificación de nuevos convenios (Centroamérica y Republica Dominicana) y la negociación de otros acuerdos (Panamá, Perú, Colombia y Ecuador). Esas iniciativas indican que solo la versión inicial del tratado o su parche posterior (un “ALCA Light”) quedaron fuera de la escena. Estados Unidos ya ha lanzado el mismo producto con un nuevo envase. Es cierto que el “ALCA ha sido derrotado”, pero únicamente en la desmesurada modalidad original que contemplaba “un solo tratado desde Alaska hasta Tierra del Fuego”. El gran número de acuerdos bilaterales que está suscribiendo Estados Unidos con países latinoamericanos ilustra como se recrea esta iniciativa[6].

En la cumbre de Mar del Plata Bush comprometió a número importante de gobiernos con la defensa de esos tratados (TLCs). Incluso logró sustituir las conversaciones en bloque por tratativas bilaterales que favorecen las exigencias de un gigante frente a interlocutores débiles y dispersos. Estos acuerdos radicalizan la agenda neoliberal e incorporan reclamos que los norteamericanos mantuvieron en reserva durante las conversaciones del ALCA.

Los nuevos TLCs introducen inéditas obligaciones (privatizaciones de la salud), extienden los derechos de propiedad intelectual a sectores impensados (plantas, animales) e incluyen temas soslayados en convenios anteriores (servicios financieros y telecomunicaciones)[7].

Estados Unidos obtiene con más facilidad sus objetivos en los convenios con pequeños socios que en las negociaciones con todo un bloque. Además puede impedir por este camino la eventual renegociación de lo ya suscripto. Un conjunto de cláusulas garantizan la continuidad de los tratados, aunque sus efectos sean catastróficos para los países latinoamericanos.

Los acuerdos bilaterales apuntan hacia dos situaciones diferentes. Por un lado jerarquizan la instalación de plantas de ensamblaje industrial (electrónica, indumentaria, automotores) en los países de Centroamérica próximos al mercado estadounidense. En otros casos (Sudamérica) se promueve la exportación de los recursos naturales más requeridos por la economía metropolitana. Ambos cursos acentúan la dependencia de la estructura productiva latinoamericana del ciclo de negocios estadounidense[8].

Las clases dominantes latinoamericanas que firman convenios bilaterales no desconocen estos nocivos efectos, pero aspiran a compensarlos mediante un significativo aumento de exportaciones hacia Estados Unidos. Los ganadores y perdedores de esta ecuación son grupos económicos muy distintos, pero el balance es invariablemente adverso para las mayorías populares. Cada nuevo TLC aumenta la pobreza, la desocupación, la degradación de los salarios y la polarización del ingreso en la región. Cuánto más pequeños son los países suscriptores, mayor es la desprotección frente al coloso norteamericano. Esta indefensión se traduce en la destrucción de la pequeña agricultura y la pulverización de las viejas (e integradas) industrias locales.

El nuevo empleo que generan las maquiladoras no compensa la destrucción de puestos de trabajo que provoca la masiva importación de productos foráneos. Por eso la emigración se multiplica y se generaliza una relación de dependencia entre los convenios y las remesas que envían los trabajadores expatriados. Los negociadores estadounidenses han convertido el otorgamiento de visas de trabajo en un gran instrumento de presión en cualquier tratativa.

Las remesas de los emigrantes latinoamericanos involucran sumas que ya superan la inversión extranjera directa (45.800 millones de dólares frente a 44.000 millones en el 2004)[9]. Estas divisas son principalmente giradas hacia México, Brasil y Colombia, pero representan una porción más significativa de los recursos que arriban a los pequeños países de Centroamérica o del Área Andina. En estos casos los ingresos superan ampliamente a cualquier rubro de exportación. Los bancos norteamericanos están actualmente interesados en formalizar la circulación internacional subterránea de estos fondos. Buscan controlar el tránsito de estos flujos para apropiarse –a través del cobro de comisiones– de una porción significativa de estos ahorros.

Con la firma de cada TLC se agrava el problema de los emigrantes porque estos convenios aumentan el empobrecimiento, que obliga a los desamparados a escapar hacia el Norte. Estados Unidos pretende lograr tres objetivos contradictorios: controlar la afluencia de trabajadores, manejar las remesas y regular la explotación laboral de los indocumentados. Por eso ajusta permanentemente las cláusulas de las negociaciones bilaterales y enfrenta creciente dilemas en cada tratativa.

Balance de los antecedentes

Una forma de evaluar los tratados bilaterales es observar que sucedió con el convenio que mantiene México con Estados Unidos (NAFTA). Este tratado rige desde hace más de una década y sus defensores resaltan que ha facilitado la modernización del país. Afirman que permitió duplicar las exportaciones y triplicar la inversión extranjera, sin aclarar como se alcanzaron esas metas[10].

Desde la vigencia del convenio la tasa de crecimiento ha sido inferior al promedio de las décadas precedentes y la creación de empleo fue muy baja en comparación con el incremento de 45% que registró la productividad. Más de un tercio de la población trabaja en el sector informal y el aumento de la pobreza acompañó a la contracción de los salarios. La crisis rural se multiplicó bajo el impacto de importaciones masivas de alimentos y el desastre provocado por el descontrol de las inversiones ya alcanza proporciones alarmantes. Entre 1985 y 1999, la erosión del suelo aumentó 89% y la polución del aire se incrementó en un 97%. Ningún beneficio del NAFTA compensa este desastre ambiental[11].

El convenio afianzó el modelo de especialización exportadora. Este esquema se basa en el intercambio intrafirma y la adquisición de insumos extranjeros. Sustituyó formas embrionarias de articulación industrial interna por un modelo de ensamblaje fabril, controlado por las corporaciones norteamericanas que operan a ambos lados de la frontera. Las maquilas obstruyen el desarrollo del mercado interno y desarticulan las cadenas productivas preexistentes.

Este esquema se nutre de la explotación de una fuerza de trabajo joven, mal remunerada, poco calificada y sometida a exigencias laborales infrahumanas[12]. El avasallamiento de los derechos laborales es cotidiano y se sostiene en la ausencia (o mal funcionamiento) de los organismos que debían controlar los atropellos patronales.

El convenio con Chile jerarquiza otro aspecto de las tratativas bilaterales: la exportación de recursos naturales. A cambio de ciertos beneficios para vender fruta, pescado, maderas y minerales, el país mantiene un nivel de protección arancelaria inferior al promedio de cualquier país sudamericano. Por eso los pequeños comerciantes e industriales soportan una competencia externa devastadora. Este esquema acentúa la primarización y potencia la desigualdad social. La quinta parte más rica de la población chilena se apropia actualmente del 56% del ingreso nacional, mientras que el quinto más pobre solo obtiene el 4% de ese total[13].

Los tratados que vertiginosamente se han firmado con Centroamérica (CAFTA) combinan el modelo de la maquila con la exportación primarizada. Bush logró a mitad del 2005 la aprobación legislativa de estos convenios. Sancionan una asimetría escandalosa con seis economías que no equivalen siquiera al 1% del PBI norteamericano. Los acuerdos incluyen todas las exigencias estadounidenses en materia de propiedad intelectual, compras gubernamentales, aperturas de servicios y facultades de tribunales extranjeros, que no prosperaron con el ALCA Además, implican la erección de una infraestructura de puertos, canales y carreteras (Plan Puebla Panamá), rodeadas de bases militares estadounidenses y adaptada a las necesidades de las corporaciones norteamericanas[14] .

Finalmente se encuentran muy avanzadas las negociaciones de los TLCs Andinos. Estados Unidos suscribió un convenio con Colombia que incorpora cláusulas muy adversas para la agricultura de ese país. La expectativa de un tratamiento más benévolo hacia el gobierno sudamericano predilecto de Bush ha quedado completamente defraudada[15].

Es probable también que las tratativas progresen con Ecuador si se concluye el acuerdo con Perú. La letra chica de estos compromisos es más draconiana de lo suscripto en el CAFTA. A cambio de concesiones muy puntuales para exportaciones de baja relevancia (espárragos, flores), Estados Unidos impone el ingreso masivo de sus productos y capitales en los dos países[16].

La acotada rivalidad con Europa

Con el ALCA y los TLCs Estados Unidos introduce barreras a la competencia europea. Las corporaciones del viejo continente tienen prioridades geopolíticas en otras zonas (consolidación de la absorción del Este Europeo, permanencia en los viejos enclaves africanos) y no aspiran a desafiar la hegemonía política y militar de la primera potencia en Latinoamérica. Pero intentan disputar los negocios más rentables de la región. Con las preferencias arancelarias y los privilegios de inversión que implanten los tratados bilaterales, Estados Unidos intenta bloquear esta concurrencia. También busca contener la incipiente presencia de China en Latinoamérica[17].

La Unión Europea ha buscado contrarrestar las negociaciones del ALCA con ofertas de librecomercio a varios países (México, Chile) y bloques de la región (Mercosur). En las zonas que Estados Unidos controla más directamente (Norte y Centroamérica) trata de establecer plataformas de ingreso de sus propios productos al mercado yanqui. Pero en Sudamérica, los europeos aspiran a capturar porciones más significativas del comercio y las inversiones, a través de negociaciones en los Foros Iberoamericanos.

España es la pieza clave de esta estrategia. Primero reorientó hacia Latinoamérica parte de los fondos de compensación que recibió durante el proceso de la unificación europeo. Luego se lanzó a conquistar un lugar primordial como inversor extranjero en la región, reciclando unos 40.000 millones de dólares hacia sus viejos dominios coloniales. Además, ha jugado un rol dominante en la captura de las privatizaciones realizadas durante los 90. Se ha especializado en tres actividades de servicios (finanzas, telecomunicaciones y energía). Por eso logró crear pequeñas multinacionales de cierto peso en el mercado mundial (Endesa, Repsol y Telefónica, financiados por el BBVA, La Caixa y el BSCH)[18].

España concentra el 50% de las inversiones europeas en Latinoamérica (1992–01) y lidera –después de Estados Unidos– las inversiones foráneas. Volcó toda su expansión internacional hacia esta zona para sortear las dificultades que enfrentaba en los mercados más disputados de las regiones centrales. Como no puede lidiar con las grandes potencias europeas aprovechó sus viejos vínculos con América Latina para participar en la gran subasta neoliberal de la década pasada. Obtuvo inesperadas posiciones, pero debió abrir sus empresas a la financiación internacional y actúa bajo la supervisión de sus socios mayores del Primer Mundo.

Los capitales ibéricos controlan una porción significativa de los bancos de la región y con los activos que le sustrajo a la Argentina han montado una influyente compañía energética (Repsol). Pero la especialización española en servicios contrasta con la inversión industrial en maquiladoras que caracteriza a Estados Unidos. Esta diferencia ilustra el alcance limitado de su reconquista de Latinoamérica. Ciertos negocios españoles cuentan con el beneplácito de Wall Street, pero otros han suscitado roces, que se extienden al campo político y diplomático[19].

Estos choques han reforzado la predisposición favorable de algunos analistas hacia el capital europeo. Afirman que ofrece un tratamiento más benévolo hacia Latinoamérica que su competidor norteamericano y elogian las cláusulas de equidad social que contienen sus propuestas de librecomercio. Pero estas menciones carecen de efectos prácticos y sirven para disfrazar contratos tan perniciosos para Latinoamérica como los suscriptos con el gigante del Norte[20].

Basta observar el contenido de los convenios Europa–Chile, Europa–México o Europa–Mercosur, para notar que bajo una retórica de cooperación están presentes las mismas exigencias de propiedad intelectual y reducción arancelaria que caracterizan al ALCA. Y en ciertos rubros –como la protección de las inversiones– estas demandas son aún más severas que las reclamadas por Estados Unidos. Otro ejemplo de esta similitud se ha verificado en las privatizaciones. Las transferencias de compañías estatales a empresas europeas tuvieron efectos nefastos y algunas concesiones –como el agua manejada por el grupo Suez– encabezan los escándalos de estafa y despojo.

Tampoco el comercio con Europa ha beneficiado a Latinoamérica. Mientras que las exportaciones del viejo continente a la región aumentaron 222% (1990–2000), las compras se incrementaron solo en 80%. El viejo patrón primarizado (vender bienes básicos y comprar productos elaborados) no se ha modificado significativamente[21].

Las políticas de librecomercio que impulsan Europa y Estados Unidos no difieren sustancialmente. Expresan la misma pretensión de dominación en un marco de rivalidad más acotada, como consecuencia del mayor ensamble de capitales entre ambos polos. La concurrencia entre las grandes potencias por el control de América Latina persiste, pero con características muy distintas al pasado. El imperialismo norteamericano promueve el ALCA y los TLCs en una zona de histórico dominio frente al imperialismo europeo, que ensaya convenios de alcance más puntual y propósitos más específicos. El carácter limitado de esta competencia confirma que a diferencia de lo ocurrido durante los siglos precedentes, las rivalidades interimperialistas se procesan en el ámbito económico y político sin proyectarse al terreno bélico[22].

Dominación sin integración

Los proyectos de librecomercio apuntan a reforzar la supremacía de Estados Unidos como potencia hegemónica. Para ejercer esta dominación la primera potencia no necesita constituir nuevas entidades supranacionales, ni integrar socios a su estructura estatal. Solo debe reafirmar su liderazgo y control del escenario global. Por el contrario, para rivalizar con la hegemonía norteamericana Europa tiene que recurrir a un proceso de unificación estatal. Esta convergencia es indispensable para que un cuerpo burocrático centralizado pueda actuar en el viejo continente con la autonomía, celeridad y decisión que caracteriza al ejecutivo norteamericano.

Estas diferencias entre Estados Unidos y Europa explican porqué el ALCA y los TLCs adoptan formas tan distintas al modelo de Unión que iniciaron Francia y Alemania. Mientras que la potencia dominante busca reforzar una primacía que ya detenta, su rival necesita crear un bloque para disputar zonas de liderazgo mundial. Por eso Estados Unidos solo promueve convenios arancelarios entre países (Zonas de Libre Comercio) y la Unión Europea alienta una convergencia plena en el terreno comercial, financiero y monetario (Mercado Común). El ALCA es un proyecto radicalmente opuesto a este segundo tipo de empalme y por eso busca ampliar –en varios campos– las asimetrías entre Estados Unidos y Latinoamérica. Esta polarización se comprueba en por lo menos tres campos.

En primer lugar, el ALCA y los TLCs descartan la constitución de una moneda única (como el Euro), precedida por convergencias presupuestarias (Maastrich) y un Banco Central común (BCE). Estas iniciativas ni siquiera han sido concebidas en el ensayo más avanzado de esos tratados (NAFTA). Renunciar al papel simbólico que ocupa el dólar o incorporar funcionarios extranjeros a la Reserva Federal serían medidas incompatibles con el ejercicio del poder imperialista norteamericano.

Mientras negocia con Latinoamérica acuerdos bilaterales, Estados Unidos ha buscado reforzar el papel del dólar. Esta divisa es el instrumento de financiación internacional de su déficit fiscal y cumple un papel clave en la regulación del ciclo económico norteamericano. La preservación de este enorme margen de libertad monetaria exige que los países latinoamericanos mantengan sus propias monedas y por eso los procesos de dolarización o convertibilidad han sido excepcionales y de corta duración[23].

En segundo lugar, las Zonas de Libre Comercio difieren de un proyecto de Mercado Común en la ampliación (o preservación) de enormes brechas de desigualdad salarial. El principio rector del ALCA, el CAFTA o el NAFTA es la movilidad del capital y la inmovilidad de la fuerza de trabajo, para que los empresarios puedan aprovechar en negocios supranacionales las grandes diferencias de costos salariales. Mientras que en Europa la brecha del ingreso per capita promedia el 50%, en el hemisferio americano esta fractura es de 22 veces.

El capitalismo europeo necesita crear un mercado de trabajo más equilibrado para expandirse a escala regional y global. Por eso ha introducido distintas modalidades de ampliación de la circulación continental de personas (acuerdos de Schengen). Impulsa la constitución de una ciudadanía común, que le permita simultáneamente abaratar los salarios de Europa Occidental (con migraciones de Europa del Este) y gestar un bloque competitivo frente a sus rivales de Asia y América.

Por el contrario, la finalidad expresa del ALCA, el NAFTA o el CAFTA es controlar la afluencia de emigrantes a Estados Unidos y orientar la llegada de los indocumentados hacia las ramas de menor calificación. En lugar de la ciudadanía común, Bush promueve el reforzamiento de las guardias fronterizas para cazar emigrantes. El símbolo de sus tratados no es un nuevo emblema continental, sino un muro electrificado para impedir el ingreso de los pauperizados a Estados Unidos. El NAFTA combina esta penalización del movimiento de personas con una legislación que asegura a los empresarios plena libertad de tránsito por cualquier frontera.

Este doble patrón apunta a garantizar que los asalariados mexicanos reciban remuneraciones varias veces inferiores a las vigentes en Estados Unidos. El NAFTA estimula la competencia entre trabajadores y ha sido un instrumento activo para debilitar los sindicatos norteamericanos y reducir las conquistas sociales de Canadá. Las disposiciones laborales formalmente incorporadas al tratado (libertad de asociación, eliminación del trabajo forzoso, sanciones al trabajo infantil y a la discriminación) nunca fueron ratificadas, ni implementadas[24].

La tercera diferencia de la Zona de Libre Comercio impulsada por Estados Unidas con el Mercado Común de Europa es la ausencia de fondos compensatorios para reducir las asimetrías regionales. La disminución de estas disparidades mediante la creación de los “fondos de cohesión” fue el precio que Alemania y Francia pagaron inicialmente para dotarse de un instrumento competitivo continental. Este presupuesto se distribuyó en distintos países de la periferia europea que ingresaron a la Unión (primero España, Portugal, luego Grecia e Irlanda, ahora algunas naciones de Europa del Este).

El ALCA no contempla ninguna compensación de esta índole, porque la dominación norteamericana presupone perpetuar y no reducir las descomunales distancias del ingreso per capita que separan a Estados Unidos del resto de la región. La preservación de esta asimetría es tan vital para el imperialismo, como la multiplicidad de monedas y brechas salariales.

El ALCA y la OMC

El ALCA y los TLCs complementan la política multilateral de Estados Unidos en la OMC. Desde la posguerra las grandes potencias intentan concertar en este ámbito sus divergencias comerciales mediante acuerdos que afectan a los países dependientes. Primero acordaron la reducción de aranceles en todos los sectores industriales y posteriormente han presionado por liberalizar los servicios. En cambio mantienen bloqueada la disminución de los subsidios agrícolas que demandan los exportadores de la periferia[25].

América Latina quedó muy atrapada en las perniciosas negociaciones que se desenvuelven en la OMC. Primero aceptó la reducción de aranceles (Ronda Uruguay en 1986–94), luego se resignó a debatir la desregulación de servicios (Ronda de Doha en 2001) y finalmente participa de las tratativas de patentes e inversiones (que se inauguró con los “temas de Singapur” en 1996).

En las negociaciones multilaterales se ha repetido la norma de las tratativas de librecomercio regional. Latinoamérica concede sin obtener nada a cambio. Mientras que la región abrió sus mercados, las economías desarrolladas han preservado altos niveles de protección. Esta asimetría se puso de manifiesto abiertamente en las conversaciones de Seattle (1999), Cancún (2003) y Hong Kong (2005). La principal inequidad de estas negociaciones se concentra en el tema agrícola, pero se extiende también a los aranceles disfrazados, que Estados Unidos y Europa imponen a ciertas importaciones industriales (sobre todo textiles y acero).

La adversidad comercial padecida por Latinoamérica fue particularmente abrumadora en la última década. La región aceptó disponer una drástica reducción de los aranceles (del 30 % promedio en 1980 al 10% en 1999), sin lograr ningún aumento en su participación en el comercio mundial (solo mantuvo el bajo porcentaje de las últimas décadas en torno al 5,8–5,6%).

La apertura incrementó la fragilidad comercial de la región y la inserción subordinada en la división internacional del trabajo. Consolidó la desarticulación del viejo complejo industrial (en los países de desarrollo mediano) y la especialización exportadora en bienes básicos (en toda la zona).

Las materias primas y las manufacturas de origen agropecuario acaparan actualmente las ventas de Latinoamérica. Conforman el 72% de las exportaciones argentinas, el 83 % de las bolivianas, el 83% de las chilenas, el 64% de las colombianas y el 78% de las venezolanas. La especificidad mexicana (81% de exportaciones manufactureras) es engañosa, porque el país se ha especializado en el ensamble de partes sin valor agregado, que las maquiladoras intercambian con las casas matrices estadounidense. Ünicamente Brasil constituye una relativa excepción, ya que en su canasta de exportaciones las materias primas constituyen el 52% del total[26].

La pérdida de posiciones de América Latina en el mercado mundial se comprueba en los bajos índices de competitividad, inversión e ingreso per capita. Estos índices son muy desfavorables no solo en comparación con las economías desarrolladas, sino también frente a China o el Sudeste asiático.

La crisis de las tratativas de la región en la OMC se explica por este retroceso. En los últimos años ha crecido la resistencia de muchos gobiernos a las demandas de los países centrales y por eso las negociaciones afrontan un estancamiento semejante al ALCA. Las grandes potencias ya no pueden imponer todas sus exigencias, ni logran manejar a la OMC con la misma discrecionalidad que prevalecía en el pasado. Este es el origen del impasse predomina en las cumbres del comercio internacional, que invariablemente transmiten la impresión de tratativas bloqueadas[27].

En las últimas reuniones varias naciones periféricas comenzaron a coordinar sus demandas y precipitaron grandes cambios en las alianzas vigentes dentro de los organismos multilaterales. Hasta mediados de los 90 el único alineamiento significativo fuera de Estados Unidos y Europa era el “Grupo Cairns” (Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay, Malasia y Canadá) que tendía a emblocarse con Norteamérica en sus conflictos con el viejo continente. Pero en los últimos años apareció el “Grupo de los 20”, que excluyó a los principales socios de Estados Unidos (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) y conformó un frente de Sudamérica con India, China y Sudáfrica.

El debut de este grupo se produjo en Cancún (2003), cuándo las grandes potencias no pudieron imponer sus propuestas frente a la oposición que erigieron las naciones subdesarrolladas. En este contexto apareció también otro alineamiento de países más pobres y dependientes de mono exportaciones básicas (“Grupo de los 90”). También esta irrupción ha contribuido a modificar el marco de las negociaciones comerciales. Del predominio absoluto de las grandes potencias se ha pasado a un contexto signado por la aparición de varios bloques que desafían esa dominación[28].

En la OMC se perfila un cuadro paralelo al ALCA. Estados Unidos no logra acordar reglas de competencia con sus rivales imperialistas y tampoco consigue someter a las naciones periféricas a sus exigencias. La combinación de bloqueo y resistencias que obstaculiza los proyectos del imperialismo en América Latina tiene su correlato a nivel global.

Pero también a escala mundial, Estados Unidos ensaya nuevos alineamientos y juega la carta de acciones bilaterales. Por ejemplo, en la última reunión de la OMC en Hong Kong acordó con su rival europeo otorgar ciertas concesiones menores a la periferia, para reestablecer la continuidad de las negociaciones, con nuevas fórmulas de replanteo de sus exigencias[29].

Pero este paquete incluyó un agregado sustancial: la cooptación de Brasil y la India. A cambio de ciertas concesiones específicas, ambos países aceptaron jugar un rol de disuasión de la resistencia expresado por las restantes naciones periféricas. Cumplieron ese papel luego de participar en los últimos dos años en el grupo de selectas naciones que preparan las cumbres. Desde su nuevo lugar India y Brasil se abocaran a convencer a todas las naciones subdesarrolladas de la conveniencia de un trato adverso[30].

Es cierto que las grandes potencias ya no pueden hacer y deshacer a su gusto en la OMC y que deben tomar en cuenta la oposición de los países dependientes. Pero maniobran para recrear ese control, cooptando a dos naciones de enorme gravitación en la periferia. A través de la mediación de Brasil y la India, las potencias centrales han ensayado un mecanismo de neutralización del conjunto de las naciones subdesarrolladas.

No solo el “Grupo de los 90” fue inducido a aceptar la agenda de los poderosos, sino que el propio “Grupo de los 20” forjado en Cancún tendió a disolverse bajo el efecto de sucesivas deserciones. De los catorce países que originalmente integraron este alineamiento en Latinoamérica, cinco resolvieron alejarse bajo la presión directa de Estados Unidos. Las cadenas de convencimiento que utiliza la diplomacia imperialista han funcionado a pleno para aislar a los gobiernos más críticos y domesticar al resto.

La gravitación de Latinoamérica

El congelamiento del ALCA, la contraofensiva de los TLCs, las crisis y maniobras de Estados Unidos en la OMC ilustran las dificultades que enfrenta el imperialismo en América Latina. Esa región representa un grave problema para la primera potencia, porque la ofensiva contra las conquistas populares perpetrada durante los 90 se encuentra severamente desafiada por un nuevo ciclo de rebeliones sociales.

En varios casos estas sublevaciones convergieron con crisis políticas que provocaron la caída de distintos presidentes. Con protestas urbanas y revuelta campesinas, los oprimidos han recuperado capacidad de acción y han modificando la adversa correlación social de fuerzas que predominaba durante la década pasada.

Esta irrupción ha convalidado un giro a la izquierda en el espectro político, que expresa el generalizado cuestionamiento popular al neoliberalismo. El descrédito de esta doctrina es muy visible en comparación a otras regiones del planeta, en un contexto de sostenido resurgimiento del antiimperialismo.

América Latina retoma su tradición de revueltas sociales, proyectos radicales y aspiraciones emnacipatorias. Las clases opresoras han perdido el recurso represivo de las dictaduras militares y luego de las corruptas administraciones de los 90, sus principales representantes derechistas han quedado fuera de la escena.

El gobierno norteamericano enfrenta en la región una gran hostilidad política y no tiene capacidad de intervención militar inmediata. También soporta un fuerte descrédito de los valores y la ideología que históricamente difundió en la zona. Sin embargo, algunos analistas le asignan poca importancia a estas dificultades, porque evalúan que América Latina ha perdido relevancia. Por eso estiman que el Departamento de Estado “desatiende” una región que ya no gravita a escala mundial[31].

Pero si Latinoamérica careciera de importancia, la presencia militar norteamericana debería haber decrecido y los hechos indican un curso radicalmente opuesto. En la última década la presencia del Pentágono se reforzó en todo el hemisferio. Hubo transferencia de atribuciones a los comandos regionales, ampliación de la capacidad de intervención desde bases estratégicas (Guantánamo, Aruba, Manta, El Salvador), despliegue de ejércitos privados (Colombia), construcción de nuevas instalaciones en regiones conflictivas (Paraguay, Perú), multiplicación de los ejercicios conjuntos con tropas locales, ensayos de asesinatos selectivos de militantes (Puerto Rico) y encubrimiento de acciones terroristas (Posada Carriles).

Esta militarización ilustra que la retaguardia latinoamericana no ha perdido gravitación geoestratégica para Washington. Esta importancia parece diluida porque Bush no puede utilizar por el momento el arsenal acumulado en la zona contra sus principales enemigos (Cuba y Venezuela). Mientras los marines continúen atrapados en el pantano de Irak, cualquier acción bélica en otras regiones debe ser pospuesta.

La tesis de la irrelevancia de Latinoamérica es un mito que difunden los opresores para presentar su dominación como un hecho gratificante. Buscan presentar esta sujeción como un premio a la sumisión. Sugieren que el comportamiento benévolo del imperialismo será proporcional a la pasividad de los esclavos y por eso convocan a los oprimidos a competir por ganar el favor del amo. Pero este llamamiento se basa en la falsa creencia que el imperialismo se ha desinteresado por el futuro de la zona. Esta imagen pretende naturalizar la supremacía estadounidense, instando a las mentes colonizadas a auto–asumir su inferioridad[32].

El fracaso del ALCA es un indicio de la decreciente influencia de estas mistificaciones y por eso las campañas contra este tratado tuvieron un gran impacto en la región. Estas movilizaciones fueron continentales e incluyeron en los últimos seis años grandes manifestaciones, foros y encuentros hemisféricos de rechazo al convenio.

En Argentina una consulta popular contra el ALCA (noviembre 2003) obtuvo 2,2 millones de votos y en Brasil un referéndum semejante (2002) reunió 10 millones de sufragios. También las campañas en Paraguay, Uruguay y Bolivia alcanzaron una inesperada repercusión, porque en todos los casos la denuncia contra el ALCA fue asociada a las reivindicaciones populares específicas de cada país (distribución del ingreso en Argentina, defensa de la propiedad estatal del petróleo en Uruguay y del agua en Bolivia). También lograron gran repercusión los cuestionamientos al avasallamiento regional de la soberanía (“Centroamérica no está en venta”). Dentro de Estados Unidos el movimiento sindical ha jugado un papel muy importante y un punto culminante de estas movilizaciones fueron las marchas de Seattle.

Estas resistencias se extienden ahora a los nuevos tratados bilaterales, que ya han desatado numerosas demandas de revisión. La oposición a estos convenios es también intensa en Sudamérica, como lo prueban las contundentes acciones del movimiento social ecuatoriano y las grandes movilizaciones contra el TLC en Colombia[33].

En este escenario las viejas discusiones sobre la integración latinoamericana adquieren un nuevo sentido. Este debate ha superado el ámbito elitista y suscita el interés de los movimientos sociales. Los dirigentes populares de muchos países discuten una agenda de proyectos regionales, que hasta ahora solo interesaba a los embajadores, los funcionarios y los empresarios de la zona. La discusión tiende a desplazarse desde las cúpulas hacia los militantes.

Este giro se verifica no solo en los foros regionales, sino también en los programas que se elaboran en el ámbito nacional. El avance de la mundialización también han generado un nuevo tipo de conciencia latinoamericanista en las organizaciones sociales. Existe la creciente convicción que sin proyecciones zonales no habrá forma de consolidar las conquistas populares que se obtengan en cada país.

El interés por elaborar propuestas alternativas al ALCA crece día a día y numerosas reflexiones apuntan a dilucidar lo que está en juego en otros proyectos de ensamble regional. Una pregunta clave gira en torno al Mercosur. ¿Constituye esta asociación una opción al ALCA? Exponemos nuestra respuesta en el próximo artículo.