América Latina

III – El Mercosur de las clases dominantes

Por Claudio Katz ([1])
Enviado por el autor, 30/03/06

Resumen: Los grandes grupos capitalistas que sobrevivieron a la crisis buscan amoldar el Mercosur a sus intereses. Aplican con mayor pragmatismo los mismos criterios de librecomercio que provocaron el deterioro económico de los 90. Garantizan el pago de la deuda externa, que solventa la mayoría popular, para afianzar su integración al circuito financiero internacional.

No existen divergencias irresolubles entre el Mercosur y el ALCA, pero los subsidios norteamericanos al agro traban una eventual confluencia. Los gobiernos del Cono Sur han intervenido coordinadamente en la región para auxiliar a sus socios más débiles y exhibir capacidad de acción política frente al mandante norteamericano. Bush expresa satisfacción e incomodidad frente a estas acciones, que tienden a reforzar el liderazgo brasileño del Mercosur.

Las clases dominantes de la región se asocian pero al mismo tiempo rivalizan con el capital externo. Propician el Mercosur porque no se han disuelto en el proceso de transnacionalización. El proyecto de retomar un modelo regional industrialista enfrenta las mismas dificultades que frustraron al desarrollismo. Se reproducen las tensiones que en el pasado enfrentaron a los funcionarios, los políticos y los capitalistas.

Se debe discutir no solo la viabilidad, sino también la conveniencia del Mercosur. Un proyecto de integración popular requiere otro programa y otros artífices. Es poco realista la expectativa de gestar un “Mercosur social”.

El futuro del Mercosur

El futuro del Mercosur está sujeto al giro que procesan las clases dominantes de Sudamérica. Los grupos capitalistas locales que emergieron con mayor poder de las últimas crisis intentan amoldar la asociación a sus intereses específicos. Agrupan a las fracciones concentradas del empresariado regional, mantienen fluidas conexiones con las grandes empresas extranjeras y ejercen una significativa influencia en las finanzas y la agroexportación.

Estos sectores buscan adecuar el Mercosur a sus prioridades. Promueven un desarrollo hacia afuera que jerarquiza la especialización en materias primas e insumos industriales, porque pretenden compensar con exportaciones la contracción de los mercados internos. Como aspiran a conseguir un lugar en la competencia global han archivado el viejo esquema de sustitución de importaciones e industrialización hacia adentro.

Estas orientaciones explican la actitud de las clases dominantes frente al libecomercio y el endeudamiento externo. Pero plantean un serio conflicto de intereses con Estados Unidos, colocan a Brasil ante un inédito rol y empujan a los gobiernos del Mercosur hacia una intervención política más directa en la región.

El dogma del librecomercio

El giro exportador de las clases capitalistas se expresa en su defensa del librecomercio y la aplicación de este criterio para construir internamente el Mercosur. Por un lado, propician acuerdos de reducción arancelaria con otros bloques (Europa, China, Sudeste Asiático) y conciben la protección consensuada como una medida transitoria hacia el comercio global irrestricto. Por otra parte, convocan a erradicar los aranceles entre países de la región estimando que servirá para especializar a cada economía en sus ventajas comparativas.

Este apego al librecomercio contrasta con las tesis proteccionistas que alentaban hasta los años 70 las clases dominantes de la región. La idea de construir industrias nacionales resguardadas frente a la competencia externa ha perdido peso frente a la prioridad de encontrar mayores beneficios en el intercambio comercial liberalizado.

Este viraje resucita la vieja tradición librecambistas de las oligarquías latinoamericanas. La idea de forjar acuerdos con Estados Unidos y Europa para ingresar exportaciones a los mercados metropolitanos se ha impuesto nuevamente como gran criterio de la política comercial. Pero como los gobiernos del Mercosur ya conocen el riesgo de una masiva invasión de importaciones foráneas, tratan de aplicar con mayor cautela los esquemas de librecomercio. No olvidan la nefasta experiencia de los 90.

Durante la década pasada rigió el neoliberalismo comercial extremo. Los gobiernos sancionaron un recorte de los aranceles que redujo la protección promedio en Latinoamérica del 40 al 11%. Estas podas se instrumentaron con brutales rebajas, en breves períodos de dos o tres años. Por eso la dispersión de las tarifas cayó del 30% (mitad de los 80) al 9% (fines de los 90). Bajo el estandarte del “regionalismo abierto” y la promesa de alcanzar un nivel de prosperidad semejante al Primer Mundo se introdujo un nivel de apertura superior al prevaleciente en los países avanzados[2].

Esta desprotección acentuó el impacto de las crisis, afianzó el retroceso de la región en el mercado mundial y multiplicó las deformaciones de la estructura fabril. La relación industria–PBI se ha mantenido en los niveles de los 80, la creación de empleo formal fue bajísima, el crecimiento de las exportaciones fue erosionado por un incremento superior de las importaciones y la tasa de inversión no asegura la expansión sostenida del producto[3].

Este fracaso obedece en parte a la propia falacia del librecomercio. Los tratados nunca sancionan el intercambio irrestricto, sino la combinación de liberalización y proteccionismo que requieren las economías dominantes. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea promueven reducciones de tarifas en los segmentos que les interesa (servicios) y preservan altos aranceles en los sectores que necesitan proteger (acero, agro).

El librecomercio otorga libertad a las grandes potencias para descargar sus excedentes sobre los países pobres. Reafirma la libertad de las grandes empresas para lucrar con fuerza de trabajo abaratada y afianza la libertad de los bancos para especular con monedas, títulos y acciones[4]. Como acertadamente subrayó un novelista, la división internacional del trabajo define que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Y en esta asignación de roles, América Latina se ha especializado en perder desde los tiempos más remotos[5].

El intercambio con menores aranceles favorece a las grandes corporaciones del centro y a sus socios de la periferia, pero golpea a la población de ambas regiones. No produce las ventajas de la especialización complementaria, ni tampoco permite la satisfacción de necesidades recíprocas. Cómo las empresas metropolitanas cuentan con mayor nivel de productividad, industrialización y desenvolvimiento tecnológico, obtienen en el mercado mundial beneficios extraordinarios, a costa de sus frágiles competidores de la periferia.

Estas ganancias no provienen de la localización, los atributos del suelo o las peculiaridades de cada población. Surgen de las brechas de productividad que caracterizan al capitalismo contemporáneo. El librecomercio renueva la vieja fractura internacional entre países exportadores de insumos básicos y economías productoras de bienes elaborados. Si las clases dominantes de Sudamérica propagan la ideología del librecomercio a pesar de estos resultados, es porque esperan obtener algún espacio comercial dentro de un esquema que afecta a la mayoría popular[6].

Los líderes actuales del Mercosur defienden este modelo con mayores prevenciones que en la década pasada. Afirman que aprendieron la lección y prometen no reproducir el librecambismo ingenuo de los 90. Postulan una versión pragmática de esta doctrina, advirtiendo que imitarán la conducta de sus pares de Estados Unidos y Europa. Pero en este juego de liberalización hipócrita las cartas están desigualmente distribuidas, porque el librecambismo periférico tiene escasa capacidad de acción en una economía mundial dominada por las potencias centrales.

Convalidación de la deuda

El problema de la deuda está omitido en la agenda del Mercosur. Los gobiernos no encaran conjuntamente el tema, ni discuten medidas colectivas para atenuar esta carga financiera. Han naturalizado el pasivo, como un dato de la realidad que cada país debe afrontar individualmente.

Las razones de esta actitud son evidentes. Las burguesías locales propician honrar el pasivo porque no pagan la factura y además, son acreedoras de una porción de la hipoteca, que solventa la mayoría popular. Esta conducta se ha reforzado al cabo de una crisis que empobreció a la población, aumentó el poder de los prestamistas y agravó el endeudamiento de los estados.

La idea de resistir en bloque el pago de ese tributo ha sido abandonada incluso por sectores de centroizquierda que en el pasado promovieron cierta resistencia. Algunos funcionarios lamentan el endeudamiento y otros objetan su manejo precedente, pero todos asumen la carga como un dato de la realidad. Por eso han sepultado todas las sugerencias favorables a la constitución del frente de los deudores que se debatieron en los años 80.

Para los capitalistas locales es indispensable cumplir con los compromisos de la deuda para mantener aceitada su integración al circuito financiero internacional. Estos grupos participan activamente de ese sistema como depositantes de rentas y como perceptores de intereses. Reciclan una porción significativa de sus ingresos hacia el exterior y mantienen parte de su patrimonio fuera de sus países de origen. El resultado de esta integración es particularmente perverso. Mientras las capas dirigentes de Latinoamérica apuntalan financieramente al estado norteamericano (comprando bonos del tesoro), la población de la región solventa la gran transferencia de fondos al exterior que impone el pago de la deuda pública[7].

Las naciones periféricas mantienen colocados en los bancos de los países centrales grandes montos de efectivo. Estos depósitos duplican las sumas de los préstamos que esas entidades giran a las regiones subdesarrolladas. Los gobiernos de estas zonas también acumulan reservas multimillonarias en divisas y bonos del Tesoro y destinan parte del ahorro local a sostener las monedas y los títulos de las principales potencias[8]. Este tipo de asociación no podría perdurar si los países periféricos resolvieran declarar una moratoria de la deuda externa.

Las clases dominantes de Sudamérica preservan el pago de la hipoteca para asegurarse también el cobro de los bonos que han suscripto con sus propios estados. Cierta porción de la deuda externa y el grueso de la deuda interna están en manos de este sector capitalista, que incrementó sus acreencias en las últimas crisis mediante la conversión de muchos pasivos a moneda nacional.

Este proceso aumentó la gravitación de la deuda interna en desmedro de la externa sin generar ningún beneficio para los países. El costo financiero de la hipoteca no se reduce y la vulnerabilidad de las finanzas públicas persiste. Pero al reforzar su papel de acreedor del estado, las clases dominantes también han ampliado su capacidad para exigir disciplina fiscal y lograr el cobro puntual de sus préstamos. Por eso se han generalizado en toda la región el nuevo dogma del superávit fiscal, que compromete a los estados a realizar ahorros forzosos para garantizar el pago de intereses.

En este terreno los gobiernos actuales de centroizquierda son más ortodoxos que sus antecesores derechistas. Por un lado, extreman los ajustes para cumplir con las acreencias corrientes y por otra parte, generan excedentes suplementarios para reducir los pasivos con los organismos multilaterales. Lula y Kirchner han comandado este anticipo de pagos y por eso dispusieron la cancelación total de las obligaciones con el FMI. Esta decisión obliga a reforzar el ajuste y la solvencia fiscal.

Aunque se ha presentado esta decisión como un acto soberano, es evidente que la medida empalma con la pretensión del Fondo de reducir su exposición financiera. Pero el principal objetivo de la medida ha sido aliviar los controles que ejercen esos organismos sobre el rumbo cotidiano de la política económica de cada país. Por esta vía se busca incrementar la autonomía de los negocios que realizan las clases dominantes sudamericanas. Pero este reforzamiento de los grupos capitalistas locales también deteriora el ingreso popular y bloquea cualquier modalidad de redistribución.

El cambio en la coyuntura financiera internacional ha reducido las tensiones creadas por la administración de la deuda que prevalecieron en los últimos años. Actualmente predominan tasas de interés bajas y una corriente de afluencia de capitales hacia la región. Pero este cuadro es problemático, porque la drástica liberalización del movimiento de capitales que implementó el neoliberalismo ha reforzado la dependencia del ciclo regional del vaivén de ingresos y salidas del capital especulativo externo. Cuándo la rentabilidad decrece en los circuitos bancarios o bursátiles de las economías avanzadas estos fondos arriban a la zona. Pero cuándo se revierte la tendencia, los mismos capitales retornan abruptamente a sus lugares de origen, provocando agudas turbulencias.

Actualmente no se percibe gran preocupación por estas oscilaciones. Prevalece el ingreso de capital, la estabilidad económica y la recuperación del PBI. La tasa de crecimiento en la región fue 5,7% en el 2004, 4,2% en el 2005 y se espera otro incremento semejante durante año en curso.

Pero bajo la superficie de esta calma, la deuda externa continúa creciendo en forma descontrolada y este aumento crea las condiciones para recrear la imposibilidad de continuar los pagos. Cuándo las condiciones vuelvan a tornarse adversas, el monumental default que protagonizó la Argentina podría repetirse en otros países de la región.

El cumplimiento con los acreedores acentúa en lo inmediato el sufrimiento popular, porque algunos gobiernos de centroizquierda hacen lo imposible para congraciarse con los banqueros. El ejemplo de Lula es contundente, ya que con las sumas que ha destinado a cumplir con la deuda se podría haber garantizado en Brasil vivienda para 15 millones de familias y tierra para 4 millones de asentados o duplicado el gasto en salud y educación[9]. Situaciones semejantes se registran en otros países del Mercosur. El pago de la deuda es una penuria popular que convalidan las clases dominantes para gestar el tipo de integración regional que favorece sus negocios.

La controversia agrícola

Con actitudes de librecomercio pragmático y conductas de buen pagador de la deuda, las clases dominantes de Sudamérica encaran la intrincada negociación de los subsidios norteamericanos al agro. Estos auxilios constituyen el punto de mayor conflicto entre el Mercosur y han bloqueado todas las iniciativas norteamericanas para sumar a los países del Sur al proyecto del ALCA.

El choque creado por estas subvenciones es muy severo porque este apoyo estadounidense afecta la competitividad de las exportaciones que Argentina y Brasil realizan sin ningún sostén estatal. Distintos gobiernos norteamericanos han propuesto contrapartidas a la aceptación de estas subvenciones. Pero ninguna compensación contrarrestaría las pérdidas que le ocasiona a Argentina y Brasil rivalizar con una potencia que solventa sus exportaciones con fondos públicos.

El mismo choque se extiende también a los aranceles, porque a pesar de su discurso librecambista Estados Unidos recurre a fuertes tarifas para proteger de la competencia externa distintos cultivos locales. Esta situación ha provocado el estancamiento de las negociaciones del Mercosur con los funcionarios estadounidenses. Los representantes norteamericanos exigen legitimar una concurrencia desigual que los gobiernos del Sur no pueden aceptar.

Todas las administraciones del Norte han compartido esta dura posición en el tema agrícola. Este sector representa solo el 8% de las exportaciones y el 2% del PBI, pero cuenta con una influencia económica y política enorme. Por eso consigue asegurar la continuidad de subvenciones que son acaparadas por las grandes compañías. La protección estatal alcanza proporciones mayúsculas, porque los mismos productos subsidiados gozan además de altos aranceles. Este doble auxilio abarata las exportaciones y encarece las importaciones[10].

Mientras que los aranceles son crecientes en función del grado de elaboración de cada producto, los subsidios han sido sucesivamente incrementados por disposiciones gubernamentales (Fair Act de 1996 y Farm Bill del 2002). Los gobiernos norteamericanos exaltan las virtudes del librecomercio, pero aplican esta descarada protección. Esa dualidad revela hasta que punto las propuestas de integración comercial que plantean el ALCA y los convenios bilaterales son coberturas de un proyecto de pura dominación[11].

Estados Unidos argumenta que no puede remover los subsidios mientras sus rivales europeos conserven el mismo tipo de auxilios. Por eso proponen que los países sudamericanos acepten transitoriamente esta restricción, mientras se batalla en común por la reducción paulatina y concertada de todas las subvenciones. Los gobiernos norteamericanos sugieren que Argentina y Brasil serían los grandes beneficiarios de un bloque de presión conjunta sobre Europa, conformado junto a otros países exportadores que enfrentan la misma adversidad, como Australia y Canadá.

Pero los países del Mercosur nunca tendrán voz ni voto en las tratativas agrícolas que realizan los dos grandes bloques. Estados Unidos y Europa manejan los hilos de estas negociaciones. En las últimas conversaciones de la OMC, por ejemplo, este debate giró en torno a una propuesta norteamericana de bajar 90% los aranceles y 60% los subsidios, frente a la contrapropuesta europea de reducir exclusivamente las protecciones aduaneras en un 60%. Lo que se discuten son porcentajes de disminución de los auxilios estatales y no la eliminación de los subsidios que reclama el Mercosur.

Las clases dominantes de Sudamérica siempre han oscilado entre el endurecimiento y la resignación frente a la supremacía estadounidense y la gravitación europea en las negociaciones agrícolas. El fracaso provocado por la indulgencia de los años 90 ha dado lugar actualmente a una postura más crítica. Esa actitud se verifica en el apoyo que el establishment argentino brindó a los cuestionamientos planteados por Kirchner a Bush en Mar Plata. Este mismo aval capitalista recibe Lula cuándo reclama la reducción de las subvenciones.

Pero los gobiernos de centroizquierda buscan alguna salida a este conflicto, para intentar un mayor ingreso de sus exportaciones al mercado norteamericano. Esperan retomar en algún momento las tratativas para lograr un acuerdo continental del librecomercio. Las subvenciones al agro traban estas negociaciones e impiden la confluencia del Mercosur con el ALCA[12].

Es importante registrar que las divergencias del Mercosur con el ALCA giran en torno a esos subsidios para tomar nota del tipo de discrepancias en juego. Bastaría que se acordara un horizonte de reducción de esas subvenciones para abrir una convergencia. Los funcionarios actuales en Brasil y Argentina no plantean la eliminación total de los auxilios estatales, sino garantías de un recorte progresivo. Esta visión ha sido explícitamente enunciada por un ex canciller argentino[13].

La política del Mercosur

El perfil comercial de Sudamérica, la evolución del endeudamiento regional y el curso de las tratativas agrícolas también dependen de la capacidad que exhiban los gobiernos del Mercosur para asegurar la estabilidad política de la zona. Por eso las clases dominantes del Cono Sur ensayan una intervención directa y coordinada en la región. No solo hay cumbres presidenciales y declaraciones conjuntas. También se desarrollan acciones compartidas basadas en un principio de padrinazgo de los países grandes sobre los chicos.

Esta ingerencia es un resultado del propio curso de los negocios. Para garantizar las inversiones de las grandes empresas, el Mercosur se vio obligado a comprometerse desde principios de los 90 en las crisis institucionales que afectaron a varios países[14]. Frente a estas conmociones, Argentina y Brasil actuaron en común buscando imponer cierto orden desde el exterior. Ambos países intervinieron coordinadamente primero en Paraguay (crisis del general Oviedo) y luego en Ecuador y Bolivia. La caída de varios presidentes bajo el impacto de grandes levantamientos populares los indujo a tomar medidas más contundentes para recomponer los sistemas políticos colapsados.

Esta intervención ha introducido un cambio en comparación a la época de la ALALC o la ALADI. En los últimos años se han incorporado al Mercosur “cláusulas democráticas” que legitiman esta interferencia. A través del “Grupo de Río” los ministros de la asociación discuten líneas de acción frente a cada crisis. También evalúan formar nuevas instituciones políticas zonales –como la Comunidad Sudamericana de Naciones– para otorgarle mayor legalidad a participación. Algunos presidentes tratan de crear una válvula de seguridad permanente, que permita una acción preventiva externa anticipada de las crisis e impida el estallido institucional que se ha observado en varias naciones.

Este tipo de acciones no representan actos de solidaridad con las luchas populares. Tampoco se traducen en socorros humanitarios significativos en las situaciones de emergencia. La principal función de estas intervenciones ha sido doblegar (o enfriar) las rebeliones sociales que desbordaron a las clases dominantes locales. Lo que moviliza a los jefes del Mercosur es la amenaza que perciben a la continuidad de sus negocios.

La prensa suele describir esta reconstrucción externa del poder político con fórmulas elegantes. Describe como se “contrarrestan la crisis”, se “estabilizan los sistemas políticos” y se “recomponen las instituciones”. Pero siempre oculta que la función de estas acciones es perpetuar la opresión social. Las clases dominantes de Sudamérica amplían su radio de acción para afirmar su poder. Su intervención auxilia a gobiernos frágiles y defiende los privilegios de las grandes empresas. Pero también apunta a otro objetivo: exhibir capacidad de acción política autónoma frente al gran patrón norteamericano.

Estados Unidos y Brasil

El gobierno de Bush mantiene una reacción contradictoria de incomodidad y satisfacción frente a las acciones políticas del Mercosur. Por un lado preferiría liderar directamente las operaciones en su patio trasero para recrear la vieja función virreinal de la embajada norteamericana. Pero por otra parte, la administración estadounidense ha perdido influencia directa y presencia inmediata en esta región y por eso aprueba el rol de estabilizador que cumplen otros estados.

En un momento de aislamiento diplomático, carencia de aliados y escasa capacidad de respuesta militar, Bush se congratula del papel sustituto que han asumido los principales gobiernos centroizquierdistas. Ha visto como las tropas de Argentina y Brasil sustituyeron en Haití a los marines en la custodia de un gobierno creado por la CIA. Y también observa como los presidentes del Cono Sur atemperaron la sublevación popular en Bolivia, morigeraron el colapso gubernamental de Ecuador e intentan moderar la radicalización de Chávez. El mantenimiento del status quo transita actualmente ese camino.

Pero las piezas del ajedrez geopolítico se están moviendo velozmente y Brasil intenta aprovechar la coyuntura para convertirse en el líder indiscutido del Mercosur. Busca manejar todas las cartas de la diplomacia regional, a través de la creación de la Comunidad Sudamericana de las Naciones. La clase dominante brasileña sabe que para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que mostrar capacidad de control efectivo sobre alguna porción del planeta.

La ocupación de Haití constituye un test de este proyecto. Brasil comanda las tropas sudamericanas en la isla para demostrar que puede ejercer un mando militar en el cumplimiento de una “responsabilidad regional”. Qué este operativo se haya instrumentado con el aval de Estados Unidos y legitimando un golpe de estado, no constituye una gran preocupación para el gobierno de Lula. La supremacía de los capitalistas brasileños dentro del Mercosur exige no solo predominio comercial, habilidad financiera y preponderancia industrial. También requiere capacidad política, protagonismo político, presencia militar y peso estatal a escala regional[15].

Otro ejemplo del liderazgo ambicionado por la clase dominante del principal país sudamericano se observó en el rol jugado por Brasil en las últimas reuniones de la OMC. Allí actúo como mediador de las presiones imperialistas sobre el conjunto de la periferia. El gobierno centroizquierdista de Lula profundiza en este terreno la orientación que han seguido todas las administraciones que lo precedieron. Esta estrategia apunta a lograr que el control brasileño del Mercosur facilite otro tipo de negociaciones del ALCA con Estados Unidos.

Algunos analistas estiman que la diplomacia brasileña reproduce en el Cono Sur el rol que juegan Sudáfrica y la India en sus respectivas regiones. Estiman que este predominio es factible porque el país reúne al 49% de la población sudamericana, la mitad de su PBI y mantiene un gasto militar equivalente al resto de la región[16]. Pero la proyección internacional de Brasil depende de la estabilización del Mercosur y esta consolidación a su vez requiere que las clases dominantes locales se afiancen frente a sus socios y rivales extranjeros.

Locales y trasnacionales

Un retrato de las 50 mayores compañías de Latinoamérica revela que los grandes grupos capitalistas de Latinoamérica buscan ocupar los nichos que dejan sus competidores del centro en el mercado internacional. Apuestan a la exportación y a contar con financiación metropolitana. Su objetivo es alcanzar el status de pequeñas o medianas multinacionales, adquiriendo empresas menores en su radio fronterizo. Las 20 compañías brasileñas de este ranking confirman este perfil[17].

Las empresas argentinas se especializan enimentos, cereales, soja, tubos de acero, pero solo han logrado una penetración internacional significativa en pocos sectores[18]. En México han conformado multinacionales de tamaño medio adquiriendo pequeñas compañías de Centroamérica o hispanas de Estados Unidos y actúan en los pocos sectores que pueden afrontar la rivalidad global (bebidas, alimentos, farmacia). Aglutinan al segmento que sobrevivió a la crisis financiera de mitad de los 90 (“tequila”) y que han podido absorber el terrible impacto que produjo la apertura comercial que acompañó al NAFTA[19].

Las empresas con inversiones regionales y orientación exportadora conforman los grupos hegemónicos de las clases dominantes latinoamericanas. Estos sectores constituyen burguesías locales, pero ya no nacionales en la acepción clásica del término. No privilegian la producción destinada al mercado doméstico, ni la acumulación endógena que predominó durante la posguerra en la periferia. Tampoco jerarquizan los negocios asociados a la mejora del poder adquisitivo de la población.

En Sudamérica los grupos capitalistas locales mantienen su vieja asociación con las corporaciones transnacionales instaladas en la zona. Ambos sectores se han intercalado en la hegemonía del Mercosur y expandieron conjuntamente su influencia durante el proceso de fusiones y adquisiciones que se registró entre 1990 y 1998[20].

Los capitalistas locales juegan un rol clave en el Mercosur a partir de la alianza estratégica que han forjado con sus socios extranjeros. Esta asociación guarda cierta semejanza con el acuerdo estratégico que mantuvieron los terratenientes latinoamericanos y las empresas foráneas hasta la primera mitad del siglo XX.

Este enlace asume rasgos complementarios o contradictorios en cada coyuntura, porque la desnacionalización de activos y la gravitación de las burguesías locales suscitan coincidencias en ciertos períodos y fuertes choque en otras circunstancias. Los dos procesos se afirmaron en la última década. Por un lado la participación de los capitales extranjeros en las 500 mayores empresas de la región pasó de 31,8% (1990–92) a 46,6% (1998–2000), pero por otra parte también se elevó la presencia de los grupos privados nacionales de 52,8% a 55,8%. Ambos avances se produjeron a costa de la retracción del peso de las firmas estatales, que cayeron de 17,4% a 7,6%[21]. Estos porcentajes confirman que junto a la extranjerización aumentó la influencia de los grandes grupos capitalistas locales. Lo que decreció fue la presencia del sector público.

La asociación del capital local y extranjero ha signado tanto la historia latinoamericana como la rivalidad entre ambos grupos. Estos conflictos se han expresado en la vigencia de períodos de mayor y menor regulación estatal de la inversión foránea. Estas fases siempre coincidieron con actitudes de reserva y entusiasmo hacia el rol de las corporaciones multinacionales. Un termómetro de esta ambivalencia han sido las cambiantes posturas de la CEPAL[22].

Este vaivén no ha desaparecido, porque a pesar de su creciente enlace con el capital extranjero, las clases dominantes nativas mantienen intereses específicos y diferenciados de las compañías foráneas. Por eso el término “transnacionalización” debe utilizarse con cuidado para describir los cambios registrados en las burguesías locales.

Estos sectores no se han disuelto en negocios globales. Continúan operando desde sus países de origen y conforman un segmento distinto y rival de las compañías metropolitanas. Han profundizado su asociación con el capital extranjero, pero sin perder sus viejos cimientos territoriales. De esta localización depende una parte significativa de sus beneficios y también los subsidios que reciben los estados. Extraen privilegios de la influencia que ejercen sobre el poder político de cada país y que no comparten con las empresas metropolitanas. El avance de la mundialización no ha extinguido a las clases dominantes de la periferia. Solo ha modificado el perfil y las prioridades de este sector.

Las tensiones en la cúspide

El Mercosur es un instrumento de las clases capitalistas de Sudamérica para expandir su gravitación económica, su peso político y su influencia social. Estos grupos encaran una nueva etapa del tratado luego del ensayo de apertura y desregulación neoliberal que promovieron durante los 90. Esta frustración ha inducido a una revalorización de la industrialización desarrollista precedente. Nadie reivindica el modelo de protección aduanera y producción centrada en el mercado interno, pero se habla de reindustrializar los países, recrear el empresariado nacional y forjar el capitalismo regional.

Muchos promotores del Mercosur suponen que estos objetivos pueden alcanzarse si las fuerzas políticas y los funcionarios estatales disciplinan a las clases capitalistas y las involucran en un proyecto de crecimiento sostenido y redistributivo. Pero olvidan que esta misma política ya se ensayó en el pasado. Lo que demolió el modelo desarrollista no fue sólo el espontáneo avance de la mundialización, ni la marea destructiva del neoliberalismo. Estos procesos solo destruyeron un esquema que ya naufragaba, por la resistencia de las burguesías nacionales a aceptar –en las condiciones de acumulación de esa época– las demandas de expansión productiva y mejora del poder adquisitivo que planteaba el poder político.

Las clases capitalistas de los países periféricos medianos lucraron con los subsidios estatales y la protección aduanera, pero rechazaron cualquier recorte de sus beneficios e impidieron el control de sus inversiones. Utilizaron el esquema desarrollista para socializar pérdidas y apropiarse de altas ganancias y por eso el modelo colapsó, en un marco de agudos desequilibrios internos y baja competitividad internacional.

El déficit fiscal, el endeudamiento externo y el desbalance comercial sepultaron este esquema. Pero lo importante es observar que el modelo desarrollista no se desplomó por exclusiva culpa de los funcionarios del estado y las elites políticas. Los principales responsables de este fracaso fueron los exponentes de la burguesía nacional[23].

Es probable que el esquema industrialista actual en el Mercosur repita la misma tensión entre elites, funcionarios y clases capitalistas, que frustró el antecedente nacional de los años 50 y 60. La mayor asociación internacional de las clases dominantes refuerza esta inestabilidad porque torna más difícil el disciplinamiento estatal de los capitalistas, mientras no se logre forjar una autoridad supranacional[24].

¿Un Mercosur social?

La mayor parte de las discusiones sobre el Mercosur gira en torno a la viabilidad de esta asociación. Pocas veces se debate su conveniencia, a pesar de la mayor relevancia que tiene este segundo problema. La factibilidad futura del tratado es un tema abierto y como todo pronóstico admite muchas opiniones valederas. Pero esta ambigüedad es inaceptable al momento de caracterizar si el proyecto es o no favorable a los intereses populares.

El Mercosur es el programa de clases dominantes y plantea un programa adverso para las clases oprimidas. Una alternativa de integración favorable a los intereses populares requiere concebir otro modelo de convergencia zonal.

Existe la errónea creencia que el desarrollo de la región necesariamente presupone la consolidación de los grupos capitalistas que promueven el convenio[25]. Esta visión se basa en la errónea identificación del bienestar de los pueblos con la prosperidad de las clases dominantes, como si los beneficios de este sector no derivaran de la explotación de los trabajadores. Este enfoque oculta que el Mercosur es un mecanismo de reforzamiento de esta opresión.

Las normas de librecomercio regional que introduce el tratado multiplican el empobrecimiento y la desigualdad social. Las reglas financieras del convenio favorecen a las grandes empresas en desmedro de los campesinos y la pequeña producción. Los subsidios que contempla el acuerdo aumentan las subvenciones a los capitalistas que ya controlan el poder económico de Sudamérica.

El Mercosur no es un proyecto para revertir la explosión de pobreza, miseria y precarización laboral que generó el neoliberalismo. Al contrario, permite convalidar estos atropellos y facilita el aprovechamiento patronal de las condiciones de explotación que ha legado la década del 90. Los capitalistas lucran con la extensión de la miseria absoluta, que ya no afecta sólo a los campesinos expulsados de sus tierras. Este padecimiento se ha extendido a los obreros descalificados y los jóvenes desocupados. El Mercosur legitima la tragedia social de Sudamérica y por eso omite la incorporación de los derechos laborales que atenúen la opresión de los excluidos y la explotación de los incluidos.

Los salarios mínimos han caído drásticamente en todos los países de la región y los costos salariales han quedado reducidos a un sexto u octavo de sus equivalentes en las naciones desarrollados. La informalidad laboral se ha generalizado y el desempleo afecta a más personas durante períodos más prolongados. Por eso la desigualdad social alcanza en la región proporciones superiores a otras zonas del planeta. La pobreza se expandió durante los períodos depresivos y la inequidad se afianzó en las fases de estabilización del Mercosur.

Es cierto que las propias clases dominantes están descontentas con los resultados económicos del neoliberalismo y que ensayan un replanteo de la asociación. El declive de los mercados internos, el dualismo económico y la segmentación social desestabilizan el proceso de acumulación y afectan sus beneficios.

Pero las burguesías locales no se disponen a revertir estas pérdidas con mejoras del ingreso popular. Su proyecto es preservar las contrarreformas sociales que perpetró el neoliberalismo para relanzar un modelo de crecimiento exportador asentado en los bajos salarios. Todos los capitalistas promueven este perfil opresivo de la integración regional y ni siquiera las vertientes burguesas más críticas del Mercosur neoliberal contemplan un giro hacia la redistribución del ingresos.

Este diagnóstico no se discute con nitidez en la actualidad. En los movimientos sociales sólo existe la decisión de rechazar el ALCA y sus variantes bilaterales, pero los cuestionamientos al Mercosur son excepcionales.

Algunos militantes propugnan gestar un “Mercosur de contenido social”, pero no aclaran el significado de este concepto. El tratado vigente en Sudamérica tiene un basamento capitalista y este cimiento no cambiará incorporando algunos derechos populares al convenio.

El ALCA es el proyecto del imperialismo y el Mercosur es el programa de las clases dominantes del Cono Sur. No se puede mejorar el primer proyecto mediante negociaciones y no se puede transformar al segundo a través de la mera presión popular.

El Mercosur carece de legitimidad social. Ningún sector popular lo percibe genuinamente como una institución favorable a sus intereses. En el mejor de los casos es visto como una abstracción lejana o como una preocupación de funcionarios y empresarios. La unificación desde abajo en Sudamérica exige construir otra integración, con otro programa. Esta es la alternativa que analizamos en nuestro estudio sobre el ALBA.