Chile

Huelga de hambre de presos políticos mapuches

El silencio de Bachelet

Por José Aylwin [1]
Periódico Azkintuwe, 05/05/06

Gulumapu.- Aunque la prensa poco o nada informe de ello, cuatro personas mapuche -Juan Patricio Marileo, Florencio Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso - quienes cumplen en la cárcel de Angol una condena de 10 años y un día por el presunto delito de incendio terrorista, han enterado esta semana 50 días en huelga de hambre.

La huelga tiene por objeto llamar la atención sobre su injusta condena, lograr su libertad, así como la de otras personas mapuche que como ellos han sido condenados sobre la base de legislación antiterrorista, ley 18.314, por acciones de protesta social en el marco de los conflictos de tierras en el sur del país. Se trata de una legislación que de acuerdo a lo afirmado por ellos -y corroborado por respetadas instancias nacionales e internacionales- no garantiza el derecho al debido proceso y ha resultado en condenas desproporcionadas, afectando a una decena de líderes mapuche.

Cabe resaltar que en el caso de los presos en huelga de hambre, la evidencia que los inculpó se basó en el testimonio de 10 testigos protegidos quienes, según consta en un documento reservado del Ministerio Público que trascendió a la opinión pública, recibieron de la unidad de víctimas y testigos de esa entidad pagos por 20 millones de pesos en un período de cuatro meses. Es importante señalar que en este proceso - Poluco Pidenco- se inhabilitó por parte de la Corte Suprema a la jueza de Garantía que rechazó la calificación del incendio como un delito terrorista y denegó las peticiones de protección y el anonimato de testigos. Por las circunstancias reseñadas, los presos en huelga de hambre, así como muchas entidades preocupadas por su situación, se consideran presos políticos mapuche.

Si bien en Chile el que cuatro personas desarrollen una acción de esta naturaleza parece interesar poco a quienes se encuentran en las esferas de decisión -son contados los parlamentarios o líderes de opinión nacional que a la fecha se han manifestado frente a este caso -la huelga ha concitado la preocupación de numerosas entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

Este último, en carta enviada a la Presidenta Bachelet el 28 de abril pasado, insta al gobierno chileno a "desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación por ellos (los presos mapuche) planteada". En la misma carta el Relator, además, "pide a la Presidenta de Chile que considere la posibilidad de abrir un diálogo con las poblaciones afectadas que pueda arrojar soluciones duraderas, no sólo a la situación planteada por los presos mapuche, sino también a las demandas históricas de su pueblo".

No obstante lo prolongado de la huelga, las graves consecuencias que su mantención indefinida pueda tener para la vida y salud de los presos mapuche, y las repercusiones no menos grave que ella tiene para las ya deterioradas relaciones entre los pueblos indígenas y el estado, solo en la última semana -a casi 40 días de haberse iniciado la huelga- se ha comenzado a verificar un diálogo entre los presos mapuche, sus representantes y las autoridades de gobierno.

Lamentablemente, dicho diálogo -que en un primer momento, en conversaciones con el Ministro del Interior, parecía bien encaminado hacia la búsqueda de una solución a las demandas de los presos mapuche- se ha visto obstaculizado. Ello con la intervención de otras autoridades de gobierno que habrían sido renuentes a acceder a los beneficios carcelarios por estos demandados, mientras se busca una solución a sus peticiones de fondo.

Llama la atención, en este contexto, el silencio que a la fecha ha mantenido la Presidenta Bachelet en relación con estos graves hechos. Cabe recordar que ella, en un compromiso suscrito como candidata con representantes de pueblos indígenas en Nueva Imperial en enero pasado, manifestó su adhesión al Informe sobre Chile del Relator de la ONU sobre derechos indígenas, informe que, entre otras cosas, recomienda al estado no utilizar legislación especial -como la ley antiterrorista- para enfrentar los hechos de protesta social indígena, y buscar alternativas -como la amnistía - para los defensores de los derechos indígenas condenados por dichas leyes. En la misma oportunidad la actual Presidenta se comprometió también a "respetar especialmente a los pueblos indígenas en las decisiones que les atañen y escuchar sus propuestas".

La voluntad de la Presidenta resulta fundamental para dar una salida a la situación planteada con la prolongada huelga de hambre de los presos mapuche. Mas allá de los criterios técnicos de uno u otro Ministerio respecto a sus demandas, lo que está en juego aquí es el respeto por los derechos de los indígenas, entre ellos la justicia y el debido proceso, los que han sido vulnerados en los últimos años en Chile según voces autorizadas.

Desde un punto de vista político, lo que está en juego son las relaciones de su gobierno con los pueblos indígenas. Un gobierno que se inicia desoyendo una demanda ya casi generalizada de las organizaciones indígenas -no solo aquellas que son descalificadas por ser criticas al estado o "radicalizadas", sino que también aquellas que participan del consejo nacional de CONADI- no tiene ninguna posibilidad de construir una política hacia los pueblos indígenas que cambie las relaciones de conflicto hasta ahora existentes con ellas, por el diálogo democrático basado en el pleno respeto a los derechos humanos.

Un gobierno que deja que la salud y la vida de las personas se vean dañadas por su inflexibilidad al diálogo -como lo hizo el gobierno de Margaret Thatcher en el caso de Bobby Sands en Irlanda del Norte a comienzos de los 80-, más aún cuando se trata de temáticas -como el término de la criminalización de la protesta social indígena- respecto de las cuales su conductora ha asumido compromisos, va a ser condenado no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional por su complicidad con estos hechos. Es hora entonces de que la Presidenta Bachelet tome cartas en este asunto, dando una salida a un conflicto creado por una política que, si bien heredó del gobierno de Lagos, no debería avalar. Esperamos entonces que su intervención en este caso para darle una salida positiva y constructiva, antes que sea muy tarde / Azkintuwe

Último comunicado de los mapuche en huelga de hambre

Viernes 12 de mayo de 2006

Desde Territorio Mapuche

A las organizaciones Mapuche y no Mapuche y a las personas en general que han venido acompañando el proceso de movilización desarrollado por los cuatro Presos Políticos Mapuche; Patricia Troncoso, Juan Carlos Huenulao, Jaime y Patricio Marileo Saravia a los 60 días en huelga de hambre comunican lo siguiente:

1.- Que el gobierno chileno hasta el día de hoy no ha tenido la mínima intención y voluntad política de solucionar el tema de la prisión política Mapuche, traspasando el problema al poder legislativo, aludiendo que el tema solo se resolverá si el parlamento tiene voluntad de votar a favor de un proyecto ley que modifica los beneficios carcelarios a los presos políticos mapuche condenados por ley antiterrorista.

2.- Más aún, el gobierno ha propuesto a los huelguistas que finalicen su movilización y de esta forma le otorgaran la suma urgencia al proyecto para que pueda ser revisado y legislado por el parlamento el día miércoles 17 del presente mes.

3.- Que frente, a esta situación los cuatro presos políticos mapuche han determinado lo siguiente:

"Solo podremos hacer un receso de nuestra movilización si el gobierno le otorga suma urgencia al proyecto de ley que modifica los beneficios carcelarios y nos garantiza la libertad inmediata. Estamos consientes de que esta medida no es la solución a nuestro problema de fondo, sin embargo, la consideramos solo un paso transitorio hacia la consecución de nuestros objetivos mas amplios y de pueblo que son; fin a la persecución, criminalización y prisión política al pueblo Mapuche".

"No obstante, esperaremos la respuesta del gobierno lo antes posible y le manifestamos, que si consideran nuestra propuesta, daremos plazo hasta el día miércoles 17 a la solución definitiva."

Finalmente, hacemos un llamado a mantener las movilizaciones, hasta conseguir la libertad.

Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre

¡MARRICHIWEU!

Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche

Michelle Bachelet y los mapuches

La dama de hierro

Por Pedro Cayuqueo
Periódico Azkintuwe, 05/05/06

Gulumapu.- El 1 de marzo de 1981, 10 presos políticos irlandeses iniciaron una huelga de hambre en el Bloque H de la cárcel de Maze, Inglaterra. El Bloque H, más que una sección, era un centro de torturas y vejámenes. Allí eran trasladados desnudos, todos los presos políticos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que se negaban a usar el uniforme de "delincuentes comunes". Encabezados por Bobby Sands, los presos exigieron su derecho a usar su propia ropa, no ser obligados a realizar trabajos serviles, el derecho a vincularse entre ellos, el derecho a recibir una visita semanal, a recibir y enviar correspondencia, y finalmente poder estudiar.

Derecho a usar su propia ropa, recibir visitar, estudiar. Con la distancia que dan los años, podría decirse que se trataba de peticiones abordables para cualquier gobierno "democrático". No lo fue así para ellos. Luego de 66 días de huelga de hambre, ciego por completo y en los huesos, Sands murió. Tenía 27 años. Días más tarde lo siguieron Francis Hugues, Fraymond McCreesh, Ptsy O'Hara, Joe Mc Donnel, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas Mc Elwee y Michael Devine. Durante la huelga, Margaret Thatcher, la polémica dama de hierro, no cedió ni un ápice.

"Mr. Robert Sands, un recluso de Maze, murió a las 1:17 de esta madrugada. Él se quitó la vida rehusando alimentos y asistencia médica". Así informó su muerte un frío comunicado del gobierno inglés emitido a pocas horas de confirmado el primer deceso. Y es que a pesar de la tragedia en la cárcel de Maze, la primera ministra Thatcher no cedió un milímetro a los justos reclamos de los presos, respaldados incluso por un enviado especial del Vaticano, atendiendo la arraigada fe católica de gran parte de la población norirlandesa. Solamente en octubre de 1980, tras abandonar los presos las constantes huelgas de hambre que se multiplicaban por doquier, el gobierno metropolitano concedió un punto de los cinco demandados por los huelguistas de Maze: que los presos irlandeses pudieran vestir sus ropas. Hablamos de fines de 1981, a las puertas del siglo XXI, en el epicentro de lo que más tarde sería la Unión Europea. Y la gran concesión del gobierno fue ¡que los presos no estuvieran desnudos en la cárcel!

En Chile, desde el pasado 13 de marzo, cuatro presos políticos mapuches, condenados a 10 años de cárcel por delitos "terroristas", mantienen una huelga de hambre que -según detallan informes médicos- comienza a poner en grave peligro sus vidas. La comenzaron en la cárcel de Angol y la continúan por estos días en la enfermería de la cárcel de Temuco, capital de La Araucanía, bajo fuertes medidas de seguridad y monitoreados por especialistas médicos que en vano logran convencerlos de deponer su movilización. Ignorados durante semanas por la prensa chilena y el gobierno, solo la inquebrantable voluntad de su sacrificio ha logrado captar la atención de la ciudadanía y las autoridades. Todos ellos pertenecen a empobrecidas comunidades de la zona de Ercilla y fueron condenados por incendiar un predio forestal, propiedad del magnate chileno Eliodoro Matte Larrain, cabeza de uno de los principales grupos económicos del país y poseedor de una fortuna evaluada en 4.100 millones de dólares según el ranking Forbes de este año.

Los cuatro huelguistas niegan los cargos en su contra, denuncian persecución política, la aplicación injusta y condenable de una legislación antiterrorista heredada de los tiempos de Pinochet y solicitan a las autoridades la revisión de sus drásticas condenas, atendiendo que en un reciente juicio, otros dos mapuches imputados por la misma causa fueron absueltos del cargo de "terrorismo". El mismo juicio, mismas pruebas, similares testimonios y un fallo favorable a los imputados. No están solos en su reclamo. Organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, se han sumado a una larga cadena de voluntades con el único objetivo a estas alturas de salvarles la vida. Desde Ginebra, el propio Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, instó al Gobierno chileno "a desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación planteada por los presos", sin provocar lamentablemente en las autoridades el menor asomo de preocupación.

Un mito popular dice que los chilenos son "los ingleses de Latinoamérica". Si del tratamiento que el Estado otorga a las nacionalidades oprimidas que habitamos al interior de sus fronteras se trata -como lo es en definitiva el caso del pueblo mapuche-, nada tendría Michelle Bachelet que envidiar a la otrora temida dama de hierro británica. Los estados de herencia colonial aprenden de sus pares para golpear mejor y también para ignorar a su oponente. Thatcher y Bachelet. El mismo silencio cómplice, la misma soberbia enquistada como política de estado, la misma arrogancia-masculina (vaya paradoja) a la hora de dar cuenta del ejercicio del poder frente a quienes, por cuna, riqueza o posición, nos gobiernan a fin de cuentas desde las sombras.

Algunos podrán decir que exagero. Se dirá que el historial de víctima de violación a los derechos humanos de la primera mandataria chilena obliga a una lectura menos crítica de sus acciones. Nada más equivocado. Aquel historial y aquella sensibilidad especial de la que tanto nos hablaron (y nos vendieron) cuando era candidata, solo agrava sus faltas como presidenta. Su pasado la obliga más que nadie a no apartar la vista, a no hacer vista gorda, allí donde mandan las razones de estado y la sinrazón judicial, las mismas de las cuales fue víctima en otros tiempos tanto ella como su familia.

¿Cómo entender que transcurridos 54 días de huelga, la única concesión a los presos mapuches emanada desde La Moneda sea la voluntad del ejecutivo de "no invocar la Ley Antiterrorista en juicios vinculados a demandas de tierras, cuando sean delitos comunes"? Lo señaló textual el Ministro del Interior, Andrés Zaldivar, y sin siquiera sonrojarse frente a los noticieros. ¿Es que acaso, señor Zaldivar, se estaban aplicando los artículos de la draconiana Ley 18.314 para perseguir delitos comunes al interior del País Mapuche, violando dicho sea de paso el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales básicas de los ciudadanos mapuches hoy encarcelados? A confesión de partes, relevo de pruebas, reza el aforismo jurídico.

En cualquier sociedad medianamente democrática, las declaraciones del vocero de gobierno hubieran causado un escándalo de proporciones y llenado de editoriales los periódicos. Las garantías constitucionales, señor ministro, la famosa quinta enmienda de la que tanto nos hablan los norteamericanos en sus películas y que en la vida real pisotean a diario fuera de sus fronteras. La misma de la que nos habla aquella superproducción local, plagada de efectos especiales y persecuciones, titulada Reforma Procesal Penal. Todo un homenaje al western hollywoodense.

Si en la conservadora Inglaterra de los ochenta, la única concesión de las autoridades fue permitir que los presos irlandeses vistieran sus ropas en prisión, en Chile la respuesta del gobierno de Bachelet resulta mucho más irónica y cruel. "No aplicar la ley antiterrorista para perseguir delitos comunes". Un lector desprevenido podría pensar que se trata de una broma de mal gusto. Y es que resulta obvio que en cualquier estado de derecho que se precie de tal, ningún ciudadano puede ser perseguido como terrorista si lo que se investiga es en definitiva un delito común. Obvio, pero no suficiente para el caso chileno.

A la fecha, ya suman más de una docena las querellas por dicha legislación interpuestas por el gobierno en contra de mapuches. Los delitos investigados: incendio, amenaza, asociación ilícita, robo y hurto de madera, usurpación de tierras, lesiones leves y graves, más un largo etcétera. Ningún atentado con bombas, asesinato selectivo, ataque suicida, formación de grupo armado o cualquiera de aquellos delitos que atentan contra la vida, generan terror en la población y que la doctrina gusta identificar como "terrorista". Y es que Temuco no es Moscú ni los comuneros mapuches rebeldes chechenos, por más que las autoridades y los fiscales intenten convencernos a diario de nuestro error.

Los presos políticos de la cárcel de Maze no podían esperar menos indiferencia de la señora Thatcher que la demostrada por ella en aquellos 66 trágicos días de ayuno forzado. Estaban frente a la más enconada y acérrima enemiga de la causa republicana irlandesa y ellos lo sabían. De cierta forma, la buscaron hasta encontrarla. Con su intransigencia y mano dura, Thatcher pretendió enviar un mensaje a toda la rebelde población de Irlanda. Nunca sospechó que los presos también buscaban lo mismo. Enviar un mensaje. Y vaya si lo lograron. "Me vuelvo a enrollar en mi manta mientras el frío muerde mi carne una vez más. Ellos no tienen nada en todo su arsenal imperial, capaz de quebrar el espíritu de un solo prisionero político republicano que se rehúsa a ser quebrado", escribiría Bobby Sands en su diario, publicado tras su muerte y transformado en best sellers.

"Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos en una Irlanda libre", rezaba un graffiti rayado por desconocidos en los muros de Maze a pocos días de finalizada la trágica huelga del IRA. Roguemos porque en el País Mapuche la única sonrisa que veamos en los próximos días sea aquella de nuestros cuatro hermanos huelguistas, dando la bienvenida a sus primeros días de anhelada justicia y libertad.