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Puerto
Rico
Paro
general el 9 de mayo
Por
Rafael Rodríguez Cruz
Rebelión / Clajadep,
08/05/06
Una coalición de
los sindicatos más importantes y combativos de esta isla caribeña,
junto a los principales grupos de izquierda, ha dado un ultimátum al
gobierno de la colonia para que resuelva la presente crisis fiscal o
enfrente un paro general tan pronto como el martes de esta semana. El
pasado primero de mayo -precisamente el día internacional de los
trabajadores- el gobernador de la colonia estadounidense despidió a
cerca de noventa y cinco mil trabajadores públicos, alegando que no
había fondos para continuar pagando la nómina. Desde entonces, la
isla vive un clima de agitación política, caracterizado por marchas
continuas de trabajadores y la movilización de contingentes
exagerados de policías para reprimir las mismas. Los sindicatos
iniciaron enseguida una campaña de llevar sus protestas a los centros
bancarios y comerciales más importantes de San Juan, donde reside la
verdadera causa del problema. Varias compañías estadounidenses -como
McDonalds'- han sido blanco de la rabia popular.
La crisis fiscal no
tomó a nadie por sorpresa. El gasto estatal se disparó en la isla en
la década de los noventa del siglo XX como resultado de una política
completamente malsana de privatizarlo todo. Hoy la deuda estatal de
Puerto Rico a los bonistas de Wall Street asciende a cuarenta mil
millones de dólares. El servicio de esa deuda se trepa a tres mil
seiscientos millones de dólares anuales. Además, Puerto Rico tiene
una de las legislaturas más costosas y corruptas en el hemisferio
occidental.
Cualquier legislador
de la isla se gana sobre cien mil dólares anuales. Los sindicatos,
particularmente de las empresas estatales, no se quedaron con las
manos quietas y en 1998 organizaron una huelga de pueblo para
responder al intento del gobierno de privatizar la industria de las
comunicaciones. A pesar de que ello dio paso a una de las
movilizaciones obreras más impresionantes en la historia de la isla,
la respuesta de los trabajadores no llegó muy lejos por las
divisiones entre los líderes obreros, algunos de los cuales asumieron
posiciones de traición a su propia clase.
El gobierno privatizó
las comunicaciones y el servicio de agua. Lo que se vive hoy es el
segundo capítulo de la misma pelea. Los bonistas de Wall Street,
acreedores de la gigantesca deuda estatal de la isla, continúan
presionando al gobierno para que adopte medidas fiscales basadas en un
7% de impuesto al consumo de bienes de vida y reduzca drásticamente
la nómina estatal. Los sindicatos más combativos -en la educación y
energía eléctrica- han rechazado la postura del gobierno y exigen
que la crisis la paguen los ricos, en particular las compañías
extranjeras.
El reclamo de los
trabajadores de que la crisis fiscal la paguen los ricos está
cobrando fuerza en todos los sectores de la población. Además, va al
meollo del conflicto económico que hoy ha despertado al proletariado
boricua. Desde mediados del siglo XX, el gobierno de Puerto Rico ha
seguido una política claramente neoliberal de fomentar las
inversiones por multinacionales estadounidenses, confiriéndoles
gigantescos subsidios de energía y agua, a la par que eximiéndolas
del pago de contribuciones.
Esto ha llevado a que
la isla sea un verdadero enclave de la industria farmacéutica más
avanzada, que exporta casi el cien por ciento de lo que produce,
contamina mucho, no contribuye al fisco y paga bajísimos salarios.
Además, estas compañías no reinvierten absolutamente nada en la
isla, sino que exportan sus ganancias a Estados Unidos. Se calcula que
en el año 2005, por ejemplo, el monto de ganancias repatriadas por
compañías estadounidenses en la isla ascendió a la friolera de
treinta mil millones de dólares.
Simultáneamente, el
poder adquisitivo de la clase obrera ha venido cayendo en picada,
entre otras cosas por la masividad del desempleo estructural, que
probablemente afecta al 50% de las personas en condición de trabajar.
Todo lo anterior,
ocurre en el marco de un régimen político y administrativo
completamente anacrónico. La legislatura y el gobernador colonial no
tienen poder alguno para legislar medidas que contengan la rapacidad
de los grandes monopolios extranjeros. En todo caso, la raquítica
burguesía puertorriqueña, localizada principalmente en las áreas
intermediarias del comercio -y controlando quizás un 2% de la economía-
es una aliada incondicional del capital extranjero. Es precisamente
del malgasto y la corrupción ligada al presupuesto estatal de donde
la burguesía local deriva muchas de sus fuentes de ingreso.
Completamente
corrupta y entregada a la trampa como medio fundamental de vida, la
clase dominante local carece de proyecto alguno que pueda interesar a
los trabajadores. Recientemente, ante la oleada de protestas obreras,
varios representantes políticos de la burguesía se encerraron en la
legislatura a jugar juegos electrónicos con sus computadoras portátiles,
mientras cientos de policías armados, perros alemanes y una valla de
cemento contenían a miles de maestros y maestras indefensos que
reclamaban volver a sus trabajos.
Como en toda fase
final de colapso de un régimen históricamente anacrónico, el nivel
de enajenación de los representantes políticos de la burguesía
puertorriqueña ha adquirido niveles grotescos. De ahí que, en medio
de la crisis, se las pasen organizando rezos y plegarias en el salón
principal de la legislatura, saliendo como mozalbetes a comer pizza en
grupos e imitando ante las cámaras los programas de televisión
importados de Estados Unidos, en particular los personajes de la serie
West Wing.
El verdadero factor
que mantiene aún con vida al régimen colonial puertorriqueño en
medio de esta crisis es la permanencia de divisiones profundas en el
seno del movimiento obrero y en la izquierda. Si bien las principales
uniones del país -el sindicato de maestros, que agrupa a 40,000
empleados estatales, y la unión de obreros de energía, que agrupa a
más de cinco mil- han logrado articular a su alrededor a una coalición
vigorosa de grupos y organizaciones radicales, hay todavía un sector
incluso de los propios empleados públicos que se han alineado con la
burguesía. El punto central de divergencia es el impuesto sobre el
consumo de la clase obrera, pues algunas uniones accederían al mismo
a cambio de que el gobierno reabra sus puertas. Se trata, en el caso
colaboracionista, de algunas uniones afiliadas a la corrupta y ya
desacreditada AFL-CIO, que se adhiere como rémora a sindicatos en la
isla con el sólo propósito de sacarle cuotas a los obreros y pagarle
salarios exorbitantes a sus burócratas. El dirigente de la AFL-CIO en
Puerto Rico -un país de pobreza extrema- devenga sobre ochenta y
cinco mil dólares anuales de salario.
Una sombrilla o
coordinadora de sindicatos progresistas ha venido vendiendo con
bastante éxito la idea de unidad obrera en contra del impuesto -así
como el desplazamiento de la carga fiscal sobre las compañías
extranjeras- pero todavía falta mucho por hacer, dada la presencia de
líderes oportunistas en algunas uniones. El gobierno apuesta a que
las uniones de vanguardia y los socialistas no lograrán movilizar a
los trabajadores del sector privado. No obstante, entre estos últimos
también hay un gran malestar por el elevado costo de vida -lo que se
complicaría con el impuesto- y la inercia del gobierno ante problemas
como la salud, la educación y los servicios.
El llamado a un paro
general en Puerto Rico plantea interrogantes interesantes tanto para
la burguesía como para la clase obrera. Se trata de un paro que se
decreta cuando el gobierno ya ha cerrado sus puertas, lanzando a la
calle a decenas de miles de trabajadores. Nadie sabe a ciencia cierta
cómo reaccionará en los próximos días el sector privado de la
economía, donde por ejemplo apenas existen uniones, salvo en el área
de los transportes. Los tronquistas, la unión privada más poderosa
del país, sí se han unido al llamado al paro. Pero el grueso de los
trabajadores de las farmacéuticas, las industrias menores y el
comercio están fuera del ámbito sindical. Wal-Mart, dicho sea a de
paso, el pulpo rapaz por excelencia, monopoliza la distribución de
bienes de vida en Puerto Rico, incluyendo la comida.
La izquierda, por su
parte, no ha logrado superar muchas de las divisiones provocadas por
el fracaso de la huelga de 1998. Paradójicamente, existen grupos
revolucionarios que permanecen simultáneamente muy activos con los
sectores de vanguardia de la clase obrera, pero que no se relacionan
muy bien entre sí por rencillas ligadas al protagonismo y visiones
ideológicas sectarias. En los últimos días se ha hecho un esfuerzo
por superar este estado de cosas. No obstante, la verdadera prueba será
el martes, pues el paro general no va a surtir efecto si no logra
movilizar a la masa de la población, incluyendo a los desempleados,
los trabajadores de la industria privada y la pequeña burguesía
comercial. No es que no existan cuadros socialistas capacitados en la
isla -en particular de orientación marxista y trotskista- es que no
se comunican unos con otros y pelean agriamente. Estas divisiones no
impidieron el triunfo sobre la Marina estadounidense en el año 2003,
gracias a la movilización espontánea de la gente. Quizás eso ocurra
nuevamente aquí y triunfemos sin unirnos. A veces la suerte llama dos
veces corridas a la misma puerta. Pero un día de estos, la suerte va
y se nos acaba.
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