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Ecuador
Echan
a la OXY
(Occidental Petroleum
Corporation)
Por
Eduardo Tamayo G.
ALAI
/ La Haine, 16/05/06
Ante el
generalizado y extraño silencio de los medios de todo pelaje, el
Gobierno neoliberal de Ecuador aplicó contra una gran empresa
petrolera una medida mucho más dura que las aplicadas por el Gobierno
"progresista" de Bolivia, las que sin embargo suscitan mucho
más ruido mediático. La resolución, obligada por las revueltas
populares, implicará la inmediata devolución al Estado de las áreas
contratadas, además de la entrega, sin costo y en buen estado, de
equipos, maquinarias, instalaciones industriales y de transporte a la
empresa estatal Petroecuador.
Quito.– En la noche
del 15 de mayo, el Ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, dio
a conocer un falló largamente esperado: Declaró la caducidad del
contrato con la empresa transnacional Occidental Petroleum Corporation
(OXY por sus siglas en inglés) que opera en el bloque 15 del Oriente
ecuatoriano, extrayendo más de 100.000 barriles de petróleo por día,
una tercera parte de lo que explotan las empresas transnacionales.
La resolución
ministerial se basó en el incumplimiento del contrato por parte de la
OXY al haber transferido el 1 de noviembre del año 2000, el 40% de
los derechos y obligaciones del Contrato de participación del bloque
15 a favor de la canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de
Energía, conforme lo manda el artículo 79 de la Ley de
Hidrocarburos.
La resolución del
gobierno ecuatoriano implicará la inmediata devolución al Estado de
las áreas contratadas, además de la entrega, sin costo y en buen
estado, de equipos, maquinarias y otros elementos utilizados en la
producción petrolera, instalaciones industriales o de transporte a la
empresa estatal Petroecuador.
La decisión del
ministro de Energía se sustenta en la petición presentada contra la
OXY por Petroecuador y por el Procurador del Estado en agosto de 2004.
En un momento en que
el petróleo alcanza precios nunca antes registrados y se ha
convertido en un recurso estratégico muy codiciado, la decisión
ecuatoriana de declarar la caducidad del contrato con la OXY
constituye un golpe a los intereses de Estados Unidos y de sus
transnacionales. Aunque la Embajada de EE.UU. todavía no se ha
pronunciado oficialmente, en anteriores oportunidades ha declarado que
la caducidad del contrato con la OXY sería considerada como una
expropiación. De su lado, la empresa, no descarta recurrir a
tribunales internacionales, según su vicepresidente en el Ecuador,
Daniel Almaguer.
El analista petrolero
Henry Llánez Suárez dijo que, en este caso, no procede las figuras
de la expropiación o de la confiscación de bienes pues lo que se ha
hecho es aplicar la sanción denominada "caducidad del
contrato" prevista en la Ley de Hidrocarburos y en los contratos
que la propia empresa suscribió con el Estado. "Además de
rescatar la dignidad y de que el Ecuador se va a beneficiar con más
de 100.000 barriles por día, el mensaje que debemos enviar es que está
vigente un marco legal que deber ser respetado por todos", expresó
a Llánez a ALAI.
La historia de la OXY
en el Ecuador es una historia de inequidad. Durante el período
1999–2004 la transnacional se llevó el 85% de la producción
petrolera mientras el Estado percibió un 15%, según sostiene Llánez
en su libro "OXY, contratos petroleros, Inequidad en la
distribución de la producción", recientemente publicado. Es más,
Llánez afirma que en este mismo período, la compañía OXY explotó
92 millones 824 mil 317 barriles, que han generado 2 .472 millones,
cantidad que duplica la inversiones realizadas por la contratista, que
según sus propios datos, fue de 1.100 millones de dólares.
El caso de la OXY
forma parte de la lucha por la defensa y el rescate de los recursos
naturales, y en particular el petróleo, que se ha extendido en América
Latina y que también toma fuerza en el Ecuador. El movimiento indígena
encabezado por la CONAIE, así como los sindicatos, los pueblos amazónicos,
organizaciones estudiantiles y ecologistas, artistas y ciudadanos se
han movilizado en varias ocasiones para lograr que el dubitativo
gobierno de Alfredo Palacio se decida por aplicar la ley a la
transnacional.
Humberto Cholango,
dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización filial de la
CONAIE, dijo que esto es un triunfo del movimiento indígena y de los
movimientos sociales para frenar a las empresas transnacionales que no
cumplan la ley. El siguiente paso es luchar por la nacionalización
del petróleo en el Ecuador y por la inmediata entrega de todas las
instalaciones de la OXY a la estatal Petroecuador, si no se cumple
esto nuevamente nos movilizaremos, agregó.
El caso OXY afectará
directamente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio del
Ecuador con Estados Unidos, cuyas conversaciones debían reiniciarse a
mediados de este mes. Cabe recordar que los delegados de Estados
Unidos suspendieron las mismas en el momento en que el Congreso del
Ecuador aprobó una ley que obliga a las transnacionales a compartir
con el Estado el 50% de las ganancias de la producción petrolera.
Ahora, la caducidad del contrato con la OXY complicará las
negociaciones del TLC, según se lamentan las élites empresariales
ecuatorianas alineadas con Washington, pero al mismo tiempo causa
satisfacción en amplios sectores de ecuatorianos que se han venido
manifestándose contra el TLC.
Un
currículo oscuro
La hoja de vida de
esta poderosa transnacional, fundada en 1920 en California y con
presencia directa en 9 países e indirecta en 18 más, nos remite a un
historial de contaminación ambiental, extracción de petróleo en
reservas biológicas, división y humillación de las comunidades indígenas,
utilización de trabajo infantil, tratos dudosos con funcionarios
locales.
Su presencia en el
Ecuador se remonta a 1985, cuando era presidente el derechista León
Febres Cordero. En ese año, se firmó un contrato de prestación de
servicios con la empresa estatal Petroecuador (en ese entonces llamada
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE). El petróleo que
extraía del bloque 15 (en donde se encuentran los ricos pozos de Edén
Yuturi y Limoncocha) era en un ciento por ciento del Estado, y éste
último le pagaba por la prestación de servicios.
Sucesivamente se
fueron modificando el contrato con esta empresa hasta que en 1999,
durante el gobierno de Jamil Mahuad, se dio un golpe bajo a la soberanía
nacional. Se cambió el contrato de prestación de servicios por el de
participación, con lo cual, a la Compañía se le entregó el 80% de
la producción y el 20% se quedó el Estado. El responsable de esta
transacción perjudicial para el país fue el Dr. René Ortiz, quien
fue ministro de Energía de Mahuad, y que ahora funge como
representante de una asociación de empresas transnacionales.
Antes de que se vaya
del Ecuador, la OXY debe ser investigada por los daños ambientales
causados en las regiones donde actuó, especialmente en las áreas
protegidas como la Reserva Biológica de Limoncocha, una parte del
Parque NacionalYasuní, la Reserva Faunística de Cuyabeno y el Bosque
Protector Pañacocha, expresó Esperanza Martínez de Acción Ecológica.
Varios pueblos indígenas como los quichuas secoyas, shuar y achuar
han sido impactados por las actividades de esta petrolera, pudiendo
mencionarse la pérdida y tráfico de especies, venta ilegal de
madera, abusos y divisiones, aculturación e introducción de
enfermedades, según Acción Ecológica.
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