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América
Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos
Las
nuevas polaridades
Por
James Petras
Rebelión, 26/05/06
Traducido por S. Seguí
Estos últimos años,
una nueva serie de polaridades sociales y nacionales complejas ha
dominado la vida política del hemisferio occidental. A comienzos del
nuevo milenio, la confrontación nacional
se produjo entre Cuba y el tándem EE UU/UE, mientras que las
confrontaciones sociales oponían a los movimientos
rurales-indígenas y urbanos-desempleados contra toda una serie de
regímenes neoliberales que abarcaban todo el continente.
Esta polaridad fue el resultado del anterior cuarto de siglo
(1975-2000), la Edad de oro del saqueo imperial. Transferencias
masivas de propiedades, riqueza, beneficios, intereses y pagos por
regalías fluyeron de América Latina hacia Estados Unidos y la Unión
Europea. Las más lucrativas empresas públicas, de un valor superior
a los 350.000 millones de dólares, se privatizaron sin tener en
cuenta sutilezas constitucionales, y acabaron más tarde en manos de
corporaciones multinacionales y bancos estadounidenses, españoles y
de otros países europeos. Los decretos presidenciales obviaron a los
respectivos parlamentos y electores, y otorgaron un lugar privilegiado
al capital extranjero. Las protestas de los citados parlamentos,
cuerpo electoral y auditores nacionales se ignoraron totalmente.
La Edad de oro del
capital multinacional coincidió con el reinado de los regímenes
cleptocráticos electos, alabada en los círculos políticos europeos
y estadounidenses, y jaleada en los medios de comunicación como “la
era de la democracia y el libre mercado.” El saqueo llevado a cabo
por las empresas y los bancos transnacionales entre 1975 y 2000
asciende a más de 950.000 millones de dólares. El saqueo sin
desarrollo condujo inevitablemente a una crisis socioeconómica
general y puso al borde del colapso el modelo centrado en el imperio
de acumulación capitalista de Argentina (1998-2002), Ecuador
(1996-2006) Bolivia (2002-2005), y Brasil (1998-2005). Desde comienzos
de la década de 1990, se produjeron en toda América Latina
movimientos extraparlamentarios sociopolíticos masivos, acompañados
por alzamientos populares a gran escala que llevaron al derrocamiento
de diez presidentes neoliberales clientes de EE UU/UE: tres en Ecuador
y Argentina, dos en Bolivia y uno en Venezuela y Brasil.
Visto en retrospectiva, es evidente que una nueva oleada de
movimientos sociopolíticos potencialmente revolucionarios alcanzó su
máxima expresión en 2002. Dotados de apoyo masivo y de legitimidad
generalizada, opuestos a una clase política corrupta, desacreditada e
internamente dividida, y a economías en crisis, los movimientos
sociopolíticos estaban en situación de iniciar una serie de cambios
estructurales profundos, siempre que consiguieran transformar el poder
social en poder estatal.
Sin embargo, los movimientos de masas titubearon y sus líderes se
detuvieron ante las puertas de los palacios presidenciales. En cambio,
fueron en busca de una nueva clase de políticos electoralistas de centro-izquierda
nuevos y reciclados, que reemplazase a los viejos partidos
desacreditados y a los líderes de la derecha neoliberal. En 2003, los
movimientos sociales masivos comenzaron a replegarse, a medida que
muchos de sus líderes eran cooptados por la nueva oleada de políticos
autotitulados de centro-izquierda. Las promesas de realizar
transformaciones sociales se limitaron al patronato, las subvenciones
y las políticas macroeconómicas ortodoxas, según el mismo dogma
neoliberal.
No obstante, en algunos países, las luchas populares que se
producen desde la década de 1990 hasta 2002 llevaron al poder a
gobiernos nuevos que ni eran clientes de Estados Unidos ni estaban
exentos de influencias neoliberales, como por ejemplo en Venezuela y
Bolivia. En 2006 surge una nueva y compleja configuración en la que
las polaridades nacionales dejaron en segundo plano en gran
medida a las divisiones por clases sociales. La nueva divisoria
internacional produjo un nuevo terreno de juego en el que estaban
colocados, a un lado, Estados Unidos y la Unión Europea, y, al otro,
Venezuela y Bolivia.
Esta polaridad
primaria halla su mejor expresión en América Latina, entre, por una
parte, la nueva derecha neoliberal liderada por ex
izquierdistas y pseudopopulistas en América Central y del Sur, y, por
otra parte, los gobiernos nacional-populistas de Bolivia y Venezuela.
Entre ambos grupos, hay un gran grupo de países que pueden
evolucionar en cualquiera de las dos direcciones. Entre los promotores
de la nueva derecha y el libre mercado figuran el gobierno de Luis
Inázio Lula da Silva, en Brasil; el presidente saliente de México,
Vicente Fox; los cinco gobiernos centroamericanos; el gobierno de
Tabaré Vázquez, en Uruguay; el gobierno de Álvaro Uribe, en el Estado
terrorista de Colombia; y los gobiernos de Michelle Bachelet, en
Chile, y el gobierno próximamente saliente de Alejandro Toledo, en
Perú.
En un punto
intermedio se encuentra el gobierno de Néstor Kirchner, en Argentina,
que refleja un deseo de profundizar los vínculos comerciales con
Venezuela, neutralizar las presiones nacional-populistas internas y
promover una alianza capitalista nacional-extranjera con Estados
Unidos, la Unión Europea y China. Ecuador, los países del Caribe,
Nicaragua y posiblemente Perú son lugares en disputa. Debido al
petróleo subvencionado que reciben, toda la cuenca del Caribe (con
excepción de la República Dominicana) ha negado su apoyo político
al tándem EE UU/UE contra Venezuela/Bolivia, aun cuando los países
que la componen hacen lo posible por promover el acceso a los mercados
del Norte. Al margen de Europa y América del Norte, el grupo de
países no alineados, China, Rusia, Irán y algunos países árabes
productores de petróleo se han alineado, abierta o discretamente, con
la alianza nacionalista cubano-boliviana-venezolana.
Entrecruzándose con
las divisiones nacionalistas, están las polaridades de clase. Los
principales puntos de inflexión se hallan en Ecuador, Venezuela,
Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Paraguay y, más
recientemente, Brasil. En Ecuador, la CONAIE [1] ha reconstruido
su base de masas (tras la debacle producida por su apoyo a la
presidencia del pseudopopulista Gutiérrez, en 2002) y su alianza con
los sindicatos urbanos ha sido efectiva para la derrota del Acuerdo de
libre comercio ALCA, respaldado por EE UU, y la cancelación de los
contratos de hidrocarburos de Occidental Petroleum, una compañía
petrolera estadounidense.
En Venezuela se vive
una doble polaridad: por una parte, la clase trabajadora y los pobres
urbanos contra los terratenientes pro estadounidenses, las élites de
los negocios y los medios de comunicación; y, por otra parte, dentro
del amplio espectro de seguidores de Hugo Chávez, los ricos
directores de empresas estatales, burócratas de alto nivel,
empresarios nacionales y generales de la Guardia Nacional, y
los sindicatos, los agricultores sin tierras, los habitantes de los ranchos
[2] urbanos y los trabajadores informales subempleados. En
Bolivia, las contradicciones de clase siguen en gran parte latentes
debido a la polaridad
nacional, pero hallan su expresión en el conflicto entre las
políticas macroeconómicas ortodoxas del régimen de Evo Morales y
los modestos aumentos salariales de los trabajadores públicos de la
educación y la salud, entre otros sectores.
En los países en que
la polaridad entre el nacionalismo latinoamericano y el imperialismo
EE UU/UE es más fuerte, la lucha de clases ha remitido, al menos por
ahora. En otras palabras: la lucha nacionalista toma el lugar de la
lucha de clases con la promesa de que un mayor control nacional
tendrá por resultado más recursos estatales y por consiguiente
nuevas medidas redistributivas.
En Brasil, los
conflictos de clase han disminuido como resultado de la subordinación
de la confederación sindical tradicional, y en menor medida del
Movimiento de los Sin Tierra (MST), al gobierno neoliberal de Lula da
Silva. No obstante, dada la drástica reducción de las pensiones de
los funcionarios y su oposición a unos incrementos sustanciales de
los salarios, incluyendo el salario mínimo, los sindicatos
representantes de los funcionarios, los metalúrgicos y los
trabajadores de la construcción fundaron, los días 5 y 7 de mayo de
este año, una nueva y dinámica confederación de sindicatos
denominada CONLUTA. Con más de 2.700 delegados de 22 estados, que
representan a 1.800.000 trabajadores, CONLUTA representa un polo
social alternativo a las decenas de millones de trabajadores y
brasileños pobres abandonados tras el paso de Lula da Silva al campo
de los banqueros, la agroindustria y las transnacionales.
En su estructura
operativa, CONLUTA ha adoptado una organización de tipo movimiento
social, del que forman parte organizaciones de trabajadores empleados
y desempleados, movimientos de trabajadores rurales y asociaciones de
vecinos, estudiantes, mujeres, ecologistas y organizaciones de
trabajadores sin tierra. La representación en su congreso se basó en
elecciones directas realizadas en asambleas democráticas. La
emergencia de una nueva confederación de trabajadores representa la
primera ruptura importante con el gobierno neoliberal de
centro-izquierda de Lula da Silva, y como tal presagia la
revitalización de las políticas de la clase obrera, a la vez que
plantea una alternativa real al poder decreciente de la confederación
sindical pro oficial.
Realidades y mitos en las tensiones internacionales
Existe un gran
número de interpretaciones incorrectas y una gran confusión, tanto
en la derecha como en la izquierda, en relación con la naturaleza de
los conflictos entre los nacionalistas latinoamericanos y los Estados
y compañías transnacionales de EE UU/UE. El primer punto que merece
aclararse es la naturaleza de las medidas nacionalistas adoptadas por
el presidente Chávez, en Venezuela, y el presidente Morales, en
Bolivia. Sus respectivos gobiernos no han abolido los principales
elementos de la producción capitalista, es decir, los beneficios
privados, la propiedad extranjera, la repatriación de beneficios, el
acceso al mercado de suministro de gas, energía y otros bienes
primarios, ni tampoco han vetado por ley futuras inversiones
extranjeras.
De hecho, los
inmensos yacimientos petrolíferos del Orinoco, en Venezuela, que son
las mayores reservas del mundo, siguen estando en manos del capital
extranjero. La controversia en relación con las radicales medidas
económicas del presidente Chávez gira en torno a un incremento en
los impuestos y las regalías que va del 15% al 33%, porcentajes que
siguen siendo inferiores a los devengados por las compañías
petroleras en Canadá, Oriente Próximo y África. Lo que produjo una
avalancha de envenenados artículos de los medios de comunicación
estadounidenses y británicos (The Wall Street Journal, Financial
Times, etc.) no fue un análisis comparativo de los tipos de interés
y de regalías utilizados en la actualidad, sino una comparación
retrospectiva con un pasado virtualmente libre de impuestos.
De hecho, tanto Hugo
Chávez como Evo Morales están simplemente modernizando
y poniendo al día las relaciones en sus países productores
de hidrocarburos con los estándares mundiales actuales. En cierto
sentido, están normalizando las relaciones contractuales ante unos
beneficios inesperados excepcionales por parte de las empresas, que
son posibles gracias a acuerdos fraudulentos conseguidos por
mediación de altos funcionarios corruptos. La brutal reacción de los
gobiernos de EE UU y la UE, y de sus transnacionales de la energía,
es el resultado de un hábito de pensamiento que concibe sus
excepcionales privilegios como una norma del desarrollo capitalista
y no el resultado de sus tratos con funcionarios venales. Por
consiguiente, se resistieron a la normalización de las relaciones
capitalistas en Venezuela y Bolivia, en las que empresas conjuntas
comparten sus beneficios entre el sector público y los inversores
privados, práctica común en la mayor parte de los países.
No ha causado
sorpresa que el presidente de Royal Dutch Shell, Jeroen van der Veer,
aconsejase a sus colegas petroleros que la posición nacionalista de
los países productores de petróleo y la renegociación de los
contratos constituye una nueva realidad que las compañías
internacionales de la energía deben aceptar. Van der Veer, el
realista, pone en contexto las reformas nacionalistas: “En
Venezuela, fuimos una de las primeras compañías en renegociar y,
dadas las actuales circunstancias, estamos muy satisfechos de nuestras
perspectivas operativas en ese país. Mantenemos relaciones armoniosas
con el gobierno, lo que es muy importante. Y en Bolivia espero que
lleguemos a una solución.” (Financial
Times, 13.5.2006, p. 9).
Del mismo modo, Pan
Andean Resources (PAR), una compañía irlandesa de gas y energía ha
realizado declaraciones públicas afirmando su intención de seguir
operando en Bolivia, tras las declaraciones nacionalizadoras
de Morales. David Horgan, presidente de la citada PAR, al explicar la
creación de una empresa mixta dedicada al gas boliviano afirmó: “No
nos importa realmente los precedentes que nuestro acuerdo con el
gobierno boliviano pueda crear. Donde las grandes compañías
petroleras ven un problema, nosotros vemos una oportunidad.” (Ibíd.)
De hecho, el 29 de
mayo de 2006, el gobierno boliviano anunciará la oferta ganadora, de
entre las presentadas por principales compañías mineras del mundo,
en el concurso de adjudicación de la explotación del yacimiento del
Mutún, de propiedad estatal, con 40.000 millones de toneladas mineral
de hierro. Las nuevas condiciones establecidas por el gobierno
boliviano, tal como las expuso su principal ideólogo, el
vicepresidente Álvaro García Linera, ofrecen garantías judiciales
estables para todas las inversiones, a cambio de un reparto de los
beneficios y de programas de gestión conjunta. Es evidente que las
grandes corporaciones mineras forman parte de la escuela realista
que opta por conseguir altos beneficios de las materias primas
estratégicas que actualmente se cotizan a precios elevados, a cambio
de pagar más impuestos y de incluir a los tecnócratas del gobierno
boliviano en sus equipos de gestión.
Los principales puntos de conflicto no son la aversión capitalista
al socialismo, ni tampoco la oposición entre propiedad privada y
propiedad nacionalizada, y mucho menos la revolución social
conducente a una sociedad igualitaria. Los principales conflictos se
concentran en 1) los incrementos de los impuestos, los precios y los
pagos por regalías, 2) la conversión de las empresas en empresas
conjuntas, 3) la representación en las juntas directivas, 4) la
distribución accionarial entre los ejecutivos nombrados por las
empresas extranjeras y los nombrados por el Estado boliviano, 5) el
derecho legal a revisar los contratos, 6) los pagos compensatorios por
supuestos activos, y 7) la gestión de la distribución y la exportación.
Las normativas y las reformas propuestas pueden incrementar las
reservas y la influencia del Estado, pero en ningún caso implican la
transformación revolucionaria de la propiedad o de las relaciones
sociales de producción. Los cambios propuestos son reformas que traen
ecos de las políticas desarrolladas por los partidos socialdemócratas
europeos entre 1946 y 1960, en la década de 1970, por los países
productores de petróleo, entre otros las monarquías árabes y las
repúblicas islámicas o seculares. De hecho, los anteriores gobiernos
tanto de Venezuela, en 1976, como de Bolivia, en 1952 y 1968,
adoptaron medidas mucho más radicales con la nacionalización del
petróleo y de algunos sectores mineros.
Venezuela ha
aumentado las regalías y los impuestos que devengan las compañías
petroleras internacionales porque antes estaban por debajo de los
niveles mundiales. Excepto algunas explotaciones de pequeño tamaño
que rechazaron las nuevas reglas del juego y fueron expropiadas,
ninguna de las grandes firmas sufrió expropiación, ni tampoco se
modificaron las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores
en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) o en ninguna de
las empresas extranjeras. Las estructuras verticales convencionales
siguen intactas, lo que motiva las quejas de muchos sindicalistas de a
pie. En estos últimos tres años, todas las empresas estadounidenses
o europeas que operan en Venezuela han obtenido cifras récord de
beneficio que superan en miles de millones de dólares, o de euros,
sus anteriores beneficios máximos. A pesar del discurso
revolucionario bolivariano, ninguna de las principales empresas
petroleras ha manifestado el menor interés en abandonar sus
lucrativos acuerdos con el Estado de Venezuela, a pesar de las
inflamadas invectivas provenientes de Washington o de Bruselas.
El conflicto entre el
tándem EE UU/UE y Venezuela tiene que ver con la política y la
ideología, tanto como con el poder y los beneficios de sus
compañías petroleras. La preocupación proviene del modelo de
economía mixta y mayores impuestos que sustituye al modelo
desregulado, de bajos impuesto, privatizado y desnacionalizado
preponderante en América Latina desde la década de 1970, y que se
está intentando promover en otros lugares, como Libia, Irak,
Indonesia, Brasil y México.
El problema central
reside en que el presidente Chávez, a partir de una base económica y
política nacional fuerte derivada de los recursos provenientes del
petróleo, propone una mayor integración regional, libre de la
dominación de Estados Unidos y Europa. Esto ha provocado las iras de
Washington y Bruselas, por cuanto temen que una mayor integración
latinoamericana puede limitar la futura penetración de mercados e
inversiones. En el marco de las políticas mundiales, la adopción y
la defensa de la autodeterminación de todas las naciones que propone
Chávez lo ha colocado en situación de oposición a la intervención
militar de EE UU en Irak, la ocupación EE UU/UE en Afganistán, y sus
amenazas conjuntas de guerra contra Irán. La posición de Chávez se
debe, en parte, a la participación estadounidense en el frustrado
golpe militar que sufrió su país en 2002.
En resumen, el
conflicto se produce entre, por una parte, líderes nacionalistas
democráticamente elegidos que defienden una economía mixta que les
permita financiar los servicios sociales, y, por otra parte, la
construcción imperial de EE UU y la UE y sus políticas
intervencionistas destinadas a prolongar la Edad de oro del
saqueo de economías privatizadas y no reguladas, y sus privilegios
consistentes en un bajo nivel fiscal en la explotación de los
recursos energéticos.
Los conflictos
nacientes entre Bolivia y Brasil, España y Argentina, y sus
defensores en EE UU/UE siguen un patrón similar al conflicto de
Venezuela con Estados Unidos. En primer lugar, los propagandistas de
las grandes corporaciones petroleras transnacionales intentan
presentar al presidente Morales como un discípulo seguidor de Hugo
Chávez, y presentan sus políticas nacionalistas como una simple
subordinación a las proyecciones de poder del presidente venezolano.
Pero estas acusaciones de maquinaciones externas carecen de base. Hubo
huelgas promovidas por la oposición y huelgas generales en Bolivia
durante el proceso de privatización de 1996, dos años antes de la
elección de Chávez. La oposición a los acuerdos de privatización
del gas se intensificó en 2003 mediante un alzamiento popular que
derrocó al presidente Sánchez de Losada y exigió la
nacionalización del gas y el petróleo. En 2004, el 80% del
electorado aprobó un referéndum en el que se pedía el aumento de
los impuestos y las regalías y el control estatal de los recursos
energéticos.
A diferencia de
Venezuela, Evo Morales se halla ante una fuerte presión interna por
parte de sindicatos y organizaciones de masas para que lleve a cabo
sus promesas electorales. Los programas de reforma socioeconómica, la
estabilidad política y la legitimidad del gobierno de Evo Morales
dependen de la posibilidad de conseguir ingresos fiscales adicionales
de las compañías transnacionales. Teniendo en cuenta que heredó un
déficit presupuestario muy importante y una deuda exterior sustancial
(que se considera obligado a pagar) y que esta sujeto a un programa de
austeridad del estilo de los del FMI, su única solución consiste en
conseguir más ingresos por el petróleo y el gas. Pero el aspecto
más importante, teniendo en cuenta que Evo Morales fue elegido para
“traer dignidad al pueblo indio”, no puede ignorar la arrogancia
con la que las compañías petroleras y de gas recibieron sus
propuestas iniciales de negociar nuevos tipos de impuestos y nuevas
empresas mixtas.
Con el respaldo
financiero y político de Venezuela, Morales decretó la nacionalización
como táctica de presión para forzar a las compañías a negociar.
Del mismo modo que el presidente Chávez radicalizó sus políticas
socioeconómicas a raíz del golpe militar apoyado por EE UU y del lockout
de los altos ejecutivos de la industria petrolera, Evo Morales ha
radicalizado sus tácticas para conseguir concesiones económicas y
llegar en situación de fuerza a las negociaciones con las
transnacionales de la energía. El objetivo del presidente Morales es
negociar de buena fe y garantizar algún tipo de reparto de beneficios
y de incremento fiscal. La intransigencia continuada de las
compañías de la energía y una política de “todo o nada”
podría radicalizar la base electoral de su gobierno. “Los que hacen
imposibles las reformas, hacen inevitables las revoluciones.”
Por supuesto, Bolivia
bajo Morales está muy lejos de adoptar un programa revolucionario
anticapitalista. Incluso el incremento fiscal de hasta el 82% es una
medida transitoria que habrá de negociarse. Sin embargo, ha
demostrado su buena disposición a movilizar el Estado y ampliar su
influencia sobre las operaciones de las grandes empresas, a la vez que
ha dejado claro que los actuales contratos de hidrocarburos son
inconstitucionales. A mediados de mayo, las principales compañías de
gas y petróleo seguían sin caer en la cuenta de que tienen más que
ganar de la negociación con el gobierno de Evo Morales que de la
excitación de los movimientos sociales. Como máximo, las
negociaciones probablemente desembocarán en un incremento de
impuestos y regalías de en torno al 50%. El precio de venta del gas
se incrementará modestamente, y se firmará algún tipo de acuerdos
de gestión conjunta Estado-sector privado, a la vez que los líderes
políticos de Brasil y la UE podrían pasar de una etapa de
enfrentamiento a una de negociaciones y cooptación.
En cambio, la
propuesta de Morales de favorecer la creación de empresas mixtas y
establecer una economía también mixta debe hacer frente a presiones
del FMI, de Pedro Solbes, ministro español de Hacienda, y de Celso
Amorin, ministro brasileño de Asuntos Exteriores, de pagar las
acciones al precio de mercado, lo que podría llevar a la bancarrota
del Estado. Las amenazas judiciales y de ruptura diplomática siguen
utilizándose a fin de limitar un controlo estatal efectivo de las
empresas de gas. Entretanto, Rodríguez Zapatero, presidente del
Gobierno español, y Lula da Silva, presidente de Brasil, tienen el
papel de policía bueno y confían en las negociaciones, las
presiones interiores y las ayudas estatales para rebajar aún más las
reformas de Morales.
Sea cual sea el
acuerdo general, la clave estará en los detalles. Más concretamente
en los procedimientos operativos específicos, el control de la
información, la producción y los procesos de comercialización,
donde cabe esperar que los ejecutivos titulares hagan todo lo que
esté en su mano para socavar un control efectivo por parte del Estado
boliviano. Al tiempo que las polaridades políticas y económicas a
escala internacional se intensifican, en el interior de Estados Unidos
se está larvando una crisis.
La debacle militar en Irak ha dejado sólo dos opciones: por una
parte, una retirada que permita reconstituir el poder imperial y, por
otra parte, planes para una guerra aérea contra Irán, a fin de
reivindicar el poder imperial. Existe una coalición liderada por las
principales organizaciones pro Israel, los militaristas civiles del
Pentágono, la mayor parte de los medios de comunicación y una minoría
de la opinión pública, que apoya un ataque militar. Se oponen a esta
opción un gran porcentaje de altos oficiales retirados, los líderes
de la industria petrolera, la mayor parte de las organizaciones
cristianas y musulmanas y una mayoría del pueblo estadounidense.
Las múltiples
guerras de Oriente Próximo y Asia Septentrional y el creciente
descontento interno por los costes de la guerra han debilitado
sustancialmente la capacidad de Estados Unidos de meterse de lleno en
una intervención a gran escala en América Latina. En cambio, está
obligado a confiar en sus regímenes clientes latinoamericanos y sus
aliados europeos para aislar y debilitar a los presidentes
nacionalistas Chávez y Morales, y para contener la creciente
oposición popular y electoral en México, Nicaragua, Ecuador,
Colombia, Perú y Brasil. El problema de Washington es que,
actualmente, sus presidentes-clientes latinoamericanos están en
posición de debilidad o bien a punto de dejar la presidencia. A
finales de 2006, casi todos los más serviles presidentes-clientes de
Washington habrán abandonado su cargo. En algunos casos, serán
reemplazados por clones políticos, pero en otros los nuevos líderes
electos pueden resultar menos dados a provocar conflictos con sus
vecinos nacionalistas.
Contrariamente a la euforia de la izquierda estadounidense y
europea occidental, los nuevos gobiernos nacionalistas y Cuba se
hallan ante graves retos internos provenientes de sus propias
poblaciones. Aunque han conseguido enfrentar con éxito las presiones
imperialistas e incrementar sus ingresos fiscales provenientes de los
capitales extranjeros, han descuidado llevar a cabo reformas sociales
de máxima urgencia para sus seguidores. Tanto Venezuela como Cuba, a
pesar de las promesas gubernamentales, se retrasan en cubrir los
enormes déficit de alojamiento y transporte, y sus esfuerzos por
diversificar sus economías son muy insuficientes, en particular en la
agroindustria (transformación del azúcar en etano, y producción de
alimentos en Cuba; carne, aves, pescado y cereales en Venezuela), la
manufactura (en particular armas, bienes duraderos, tecnología de la
información y electrónica) y el procesado de minerales. Además, en
Venezuela hay importantes sectores, quizás el 50% de la fuerza de
trabajo, que tienen un acceso mejorado a los servicios sociales
gratuitos, pero que están empleados en el sector informal, de
salarios muy bajos.
En Bolivia, Morales
ha anunciado un programa de reforma agraria basado en la expropiación
de tierras subutilizadas, que excluirá las grandes propiedades
agroindustriales, productivas y provechosas, de los fértiles llanos
de Santa Cruz. En cambio, se propone distribuir tierras estatales
menos fértiles y alejadas de los mercados y las carreteras. La clave
del éxito de esta reforma agraria dependerá del método de llevar a
la práctica y de adjudicación, así como de la disponibilidad de
crédito y asistencia técnica. Además, las políticas salariales y
de ingresos de Morales son sólo marginalmente mejores que las de sus
predecesores liberales: los incrementos salariales de los maestros y
otros trabajadores del sector público están por debajo del 5% de
crecimiento real por encima de la inflación. Su promesa de doblar el
salario mínimo de 50 a 100 dólares al mes ha sido reemplazada por un
incremento de sólo 6 dólares.
En otras palabras, si
la polaridad internacional no cuenta con el respaldo de políticas
internas redistributivas que afecten a la riqueza y las propiedades de
los más ricos, tanto en Venezuela como en Bolivia, sectores populares
estratégicamente importantes, necesarios para dar sostén en caso de
confrontación internacional, podrían desvincularse. Algunos gestos
internacionales grandilocuentes, la solidaridad humanitaria y las
políticas antiimperialistas no pueden sustituir la profundización de
los cambios estructurales internos y satisfacer las demandas
interiores esenciales en materia de alojamiento, empleo y mejores
salarios.
Polaridad y crisis social y regional en Bolivia
Si, como venimos
afirmando, la polaridad emergente en América Latina se produce entre
los regímenes neoliberales centrados en el imperio y los regímenes
populistas, nacionalistas y reformistas, se sigue que la resolución
exitosa de este conflicto depende en parte de las premisas de los
estrategas reformistas y su creencia de que las reformas
socioeconómicas son compatibles con el desarrollo capitalista
nacional. En el caso del presidente Morales, puede decirse que su
estrategia política electoral y programática dictaba su análisis
político y socioeconómico. Las políticas reformistas de Morales se
basan en algunas premisas dudosas: en primer lugar, la creencia de que
el capital productivo puede separarse del capital improductivo, y por
consiguiente que una reforma agraria limitada a las tierras no
explotadas o a las “tierras sin una función socioeconómica” no
va a generar la oposición de las élites y va a ser compatible con
una coalición electoral interclasista. Esta premisa ha demostrado ser
incorrecta: los grandes terratenientes productivos se oponen
con toda firmeza a la reforma agraria y cuentan con el apoyo de las
élites de negocios y bancarias, especialmente en Santa Cruz, porque
tienen diversos holdings de inversión transectoriales, que incluyen
bancos, industria, tierra productiva destinada a la exportación y
tierra improductiva mantenida con fines de especulación.
La segunda falsa premisa de su estrategia consiste en un diagnóstico
erróneo de la dicotomía entre capital extranjero y capital nacional.
El presidente Morales que mediante la nacionalización, o más
concretamente la conversión de las compañías extranjeras de la
energía en empresas de propiedad conjunta pública y privada, podrá
financiar el desarrollo capitalista nacional y con ello ganar su
apoyo. Este análisis subestima radicalmente los vínculos económicos
y políticos entre las grandes y medianas empresas y las empresas de
propiedad extranjera. Muchas firmas bolivianas son suministradoras,
subcontratistas e importadoras que dependen de los mercados, el crédito
y la financiación extranjeros provenientes de las empresas
transnacionales y de los gobiernos extranjeros. No es sorprendente que
tanto la oposición política en el Congreso como los principales
grupos de negocios bolivianos se hayan opuesto a las reformas de
Morales, aun cuando sean sus futuros beneficiarios.
La tercera falsa
premisa de la estrategia reformista-nacionalista de Morales es la idea
de que los gobiernos considerados de centro-izquierda de Brasil,
Argentina y España van a estar dispuestos a negociar y aceptar
modificaciones de los contratos de explotación de sus multinacionales
y aceptarán unos aumentos modestos de los precios de compra del gas.
Morales sobrestima la efectividad de su diplomacia personal y su
afinidad ideológica con Lula da Silva, Kirchner y Rodríguez
Zapatero, y subestima completamente sus poderosos y duraderos
vínculos con sus respectivas empresas transnacionales. Como
resultado, el gobierno de Lula ha rechazado todas las propuestas de
Morales, entre otras su oferta de negociar un incremento de dos
dólares en el precio del gas, y más aún su propuesta de crear una
empresa mixta con Petrobras. Del mismo modo, el gobierno de Kirchner
ha pospuesto varias reuniones en las que se debía discutir un aumento
similar del precio del gas, y su representante no ha fijado una nueva
fecha, ni siquiera para discutir la propuesta. Rodríguez Zapatero,
con el apoyo del FMI, ha insistido en que se compense total y
rápidamente a las empresas españolas (REPSOL y BBVA), tarea
imposible teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias
bolivianas.
Es realmente irónico
que mientras que los presidentes de centro-izquierda
(Kirchner, Lula da Silva y Rodríguez Zapatero) rechazan la propuesta
de Morales de incrementar los ingresos fiscales a costa de sus
transnacionales, el reaccionario Congreso de Estados Unidos aprobó
una ley para aumentar la parte del gobierno de EE UU en los beneficios
petroleros hasta 20.000 millones de dólares (Financial Times,
20-21.5.2006, p. 3). Además, mientras que EE UU paga seis dólares
por mil metros cúbicos de gas, Lula y Kirchner han puesto objeciones
al aumento del precio hasta cinco dólares por mil metros cúbicos.
Con amigos del pueblo boliviano como éstos, ¿quién necesita
imperialistas explotadores del país más pobre de América del Sur?.
En resumen, todos los supuestos políticos de Morales se basan en
datos imaginarios que no corresponden a las realidades económicas y
políticas en las que se proyectan. La falta de análisis empíricos
serios de las realidades estructurales ha dado como resultado la
imposición de una estrategia electoral basada en alianzas
interclasistas, en un mundo polarizado por el imperio y los conflictos
de clase. La ideología reformista de Morales ha creado una visión
ilusoria del mundo político, en el que se ve capaz de unir a
capitalistas productivos, gobiernos amigos de centro-izquierda,
trabajadores y campesinos frente a terratenientes improductivos y
transnacionales corruptas, en busca de una economía mixta, un
presupuesto equilibrado y mayores reformas sociales.
El actual impasse en que se halla Morales, impuesto por sus
involuntarios socios, plantea un serio dilema a su gobierno y a
sus aliados internacionales Venezuela y Cuba: si el programa
reformista no es viable, ¿debería diluir aún más su programa nacionalista
y mantener el aspecto de un gobierno de progreso, o bien debería
radicalizar su programa y recabar el apoyo de sus aliados
internacionales en una confrontación continental más acentuada?
Notas del traductor:
[1] Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
[2]
En España, chabola; en América Latina, villamiseria, favela.
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