América Latina

El torbellino de la integración [1]

Por Claudio Katz
Enviado por el autor el 11/07/06

Resumen: Las negociaciones de integración regional están precipitando vertiginosos cambios en los alineamientos de América Latina. Para disuadir la concurrencia europea Estados Unidos ensaya una reconstrucción parcial del ALCA, a través de los convenios bilaterales suscriptos con los países centroamericanos y andinos. El MERCOSUR oscila entre la crisis provocada por la construcción de las papeleras en Uruguay y un relanzamiento auspiciado por Argentina y Brasil. Con la incorporación de Venezuela se amplían negocios capitalistas de esa asociación que socavan el proyecto igualitarista del ALBA. El Banco del Sur se perfila como un ente de refinanciación de la deuda pública. La ampliación del MERCOSUR apunta a neutralizar la radicalización política del proceso bolivariano y busca reducir su proyección continental.La suscripción del TCP se inscribe en la perspectiva del ALBA y confronta con la política de balcanización comercial norteamericana que desmembró al CAN.La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia marca una significativa ruptura con las privatizaciones de los 90. Pero el alcance de esta medida es aún incierto y su futuro dependerá del destino asignado a la nueva renta estatal. La decisión adoptada en el Altiplano contrasta con la continuidad de las concesiones petroleras en Argentina. La nacionalización integral de la energía en toda la región es indispensable para un proyecto de integración popular.

A mediados del 2006 es muy visible el carácter vertiginoso y cambiante de los alineamientos regionales y el curso poco predecible del futuro rediseño de América Latina. Tanto los tratados bilaterales que reemplazan al ALCA, como el MERCOSUR y el ALBA se mantienen como opciones de este reordenamiento, sin que por ahora pueda definirse cuál será el desemboque de este proceso.

El bloque librecambista

El gobierno de Bush está empeñado en forzar la suscripción de TLCs con todos los gobiernos dispuestos a aceptar promesas de mayor exportación, a cambio de aperturas comerciales inmediatas. Una vez alcanzado el acuerdo, las negociaciones se desarrollan a toda velocidad para evitar una evaluación seria de sus efectos, neutralizar la oposición parlamentaria y disuadir las protestas de los movimientos sociales. Estados Unidos busca llenar el vacío creado por la crisis del ALCA con rápidas iniciativas, que permitan relanzar su proyecto de dominación continental.

Esta urgencia refleja también el malestar que suscita en el Departamento de Estado las tratativas de libre comercio que impulsa Europa con América Latina. En la reciente conferencia de Viena entre mandatarios de ambas regiones, los negociadores del Viejo Continente difundieron nuevas ofertas de tratados que disgustan al competidor estadounidense.

Las grandes empresas europeas buscan sacar rédito del clima hostil que existe en América Latina hacia su concurrente del hemisferio norte. Al igual que Estados Unidos, Europa no está dispuesta a otorgar concesiones comerciales y ofrece acuerdos con fuertes exigencias de protección jurídica a las compañías, pocas normas de cooperación y reducidos reconocimientos de asimetrías[2]. España aprovecha su rol de intermediario para afianzar su asociación con las empresas de Europa y Estados Unidos, a partir del lugar que obtuvo con las privatizaciones de Latinoamérica[3].

En este marco Bush aprovecha las alianzas militares y la estrecha ligazón política con ciertos gobiernos de la región para ensayar la contraofensiva de los TLCs y abrir un curso de reconstrucción parcial del ALCA. En esta estrategia Colombia ocupa un papel central. La reelección de Uribe en un contexto de gran abstención, legalización de los paramilitares y generalización del terrorismo de estado fue precedida por la ratificación del acuerdo bilateral con Estados Unidos. El país soporta una situación de ocupación bélica, guerra permanente, refugiados y secuestros más parecida al escenario de Medio Oriente que a la realidad actual de Latinoamérica.

El aprovisionamiento bélico de Estados Unidos se multiplicó con el pretexto de combatir al narcotráfico (sin lograr reducir el abastecimiento colombiano del 80% de los consumidores mundiales de cocaína).  El TLCs  no es ajeno al despliegue bélico que motorizan Bush y Uribe. Esta militarización constituye una advertencia regional contra los movimientos populares, en una coyuntura adversa para nuevas incursiones bélicas del imperialismo. El Pentágono no está en condiciones de generalizar estas acciones, pero prepara el terreno para el momento propicio.

Para reconstituir alguna modalidad del ALCA Estados Unidos también promueve el mantenimiento de los convenios bilaterales ya existentes, frente a los avatares creados por los cambios de gobierno. Chile y México son las principales áreas de esta continuidad. Nadie pone en duda la ratificación presidencial de estos acuerdos, a pesar de las fuertes críticas que han suscitado en ambos países.

Bachelet reafirmó el tratado nombrando un gabinete de tecnócratas que ponderan las virtudes del libercomercio. Esta convalidación preserva un modelo neoliberal que ha generado gran polarización social. La liberalización financiera y comercial que propicia el TLC acentúa esta desigualdad, que otorga al 20% más rico de la población un ingreso 14 veces superior al percibido por el  20% más pobre[4]. El convenio refuerza la desregulación laboral, la desprotección frente a los despidos y los accidentes y el empobrecimiento de pensionados que ha creado la privatización de las jubilaciones.

La misma polarización social ha generado el modelo neoliberal en México, que el NAFTA apuntala. La pobreza afecta al 50% de la población y la indigencia al 20%, mientras que el hambre es una tragedia padecida por ocho de cada diez campesinos. En las ciudades el 60% de los trabajadores carece de protección social, en un país que añadió 10 nuevos potentados al top de lo multimillonarios del planeta que anualmente registra la revista Forbes. En estas condiciones ninguna barrera policial en la frontera puede detener el desesperante flujo de emigrantes[5].

La continuidad del NAFTA no solo beneficia a los exportadores y a las compañías locales asociadas a la fabricación en maquilas, sino también al pequeño número de capitalistas que utilizaron la desregulación neoliberal para monopolizar los principales negocios de la telefonía, el entretenimiento, el cemento, la cervecería y la alimentación básica[6].

Otro terreno de conformación del bloque librecambista impulsado por Estados Unidos es la suscripción de nuevos tratados vulnerando todas las formalidades legales. Estas anomalías se observaron en las negociaciones con los países centroamericanos y ahora se verifican en las tratativas con la región andina. Especialmente en Perú el convenio fue primero manipulado por el ex presidente Toledo y luego sometido a un escandaloso manejo dentro del Parlamento. Este convenio destruye la producción campesina local y garantiza enormes lucros a las empresas farmacéuticas.

Las indefiniciones del MERCOSUR

Mientras que Estados Unidos propicia los tratados bilaterales, el MERCOSUR soporta fuertes contradicciones que lo empujan alternativamente a la acción y a la parálisis. Este conflicto se traduce en una indefinición de rumbos, que la favorable coyuntura económica actual permite disimular. Las grandes decisiones son postergadas a la espera que algún acontecimiento defina si la asociación se consolida o se desploma.

La principal tendencia disgregadora reciente proviene de Uruguay. El gobierno del Frente Amplio congeló su participación en el MERCOSUR y amenazó con reducir su participación al status de miembro asociado, mientras redobla los gestos de acercamiento hacia Estados Unidos. Tabaré ha sido recibido en Washington como un aliado de primer orden, porque el Departamento de Estado quiere colocar un peón en el Río de la Plata.

Pero un tratado con Estados Unidos no le ofrece a Uruguay ningún beneficio significativo, porque la estructura exportadora del país no es complementaria con la economía de la primera potencia. Por eso el establishment uruguayo utiliza el coqueteo con Bush para exigirle a sus vecinos mayor atención. Actualiza por ese camino las viejas maniobras de un Estado–tapón (entre Brasil y Argentina), en las nuevas condiciones de eventual Estado–cuña (al servicio de Estados Unidos). El mismo juego realiza Paraguay con una apuesta más silenciosa, pero cualitativamente más peligrosa. La presencia de una base militar del Pentágono en ese país puede destruir todos los equilibrios geopolíticos del MERCOSUR.

La construcción de las papeleras es el conflicto más crítico que enfrenta esta asociación. Tabaré actúa como agente de las empresas europeas que propagan un discurso ambientalista en los foros internacionales y consuman una práctica de destrucción ecológica en Sudamérica. Hasta ahora no aceptaron trasladar las plantas a otra localidad, ni siquiera lucrando con una financiación a cargo de los gobiernos del Cono Sur. Esta concesión podría afectar la cotización bursátil y la pretensión estratégica de transferir la actividad papelera a los países periféricos.

Pero el resultado de la pulseada en curso no está decidido porque los asambleístas argentinos mantienen su movilización y condicionan la dirección de todas las negociaciones. Esta acción vecinal frustró el aval del gobierno argentino a las plantas y ha conducido a dirimir un conflicto regional en las Cortes Internacionales.

Como la prolongación de este conflicto socava la ambición brasileña de liderar el MERCOSUR, Itamaraty ha buscado reconstruir los puentes con Argentina. Luego de varios años de disputas, Brasil aceptó un convenio automotriz que compensa parcialmente las desventajas de su vecino, con nuevas normas de importación y exportación de vehículos. El acuerdo tiene un alcance muy limitado, pero revela la intención brasileña de frenar la declinación del MERCOSUR.

También Argentina necesita preservar este bloque ante la inminente ronda de negociaciones en la OMC por los subsidios agrícolas. Como Estados Unidos y Europa ya anticiparon que volverán a impedir cualquier reducción significativa de estas subvenciones, cierta alianza del Cono Sur es indispensable para incidir en estas tratativas.

Si la distensión se afirma dentro del MERCOSUR, reaparecerán los intentos de superar el estancamiento institucional de la asociación a través de un Parlamento regional. Existe cierta posibilidad de convocar a elecciones dentro de cuatro años para una eventual Legislatura, que debería definir agendas y normas de funcionamiento. La concreción o postergación de esta iniciativa determinaría si el MERCOSUR finalmente se consolida o disuelve.

Las clases dominantes de la región están obligadas a ensayar el camino de la asociación, a pesar de las frustraciones acumuladas en la última década. La concurrencia extra–regional empuja a perseverar en ese camino, mientras los grandes capitalistas de cada país sudamericano evalúan opciones opuestas de mayor alianza directa con sus socios de Europa, Estados Unidos o Asia.

Brasil y Argentina no son las “nuevas potencias emergentes” que en los momentos de euforia imagina la prensa local, pero tampoco constituyen semicolonias menores atadas al mandato del Departamento de Estado. En ambos países se han forjado grupos empresarios de cierto peso y con ambiciones de mayor autonomía. Esta posición induce a seguir experimentando el camino del MERCOSUR.

Pero la naturaleza social del tratado es un dato menos controvertido. Los gobiernos de Sudamérica coordinan negocios para beneficiar a las grandes empresas de cada país, en desmedro de las necesidades y reivindicaciones de la mayoría de la población. El MERCOSUR contempla muchos negocios y alternativas de lucro, pero ninguna opción de redistribución del ingreso.

Este perfil regresivo tiene su correlato en el plano político en la acción común de los gobiernos para garantizar el status quo regional. Las tropas sudamericanas en Haití no se limitan a cumplir esta función estabilizadora, sino que sustituyen a los marines en la erección de un sistema político que asegure el orden conservador en el Caribe.

La diplomacia del MERCOSUR se dispone, además, a suscribir un tratado de libre comercio con Israel con propósitos reaccionarios. Este convenio carece de relevancia económica, ya que las exportaciones al pequeño país de Medio Oriente solo representan el 0,2% de las ventas sudamericanas y ocupan el lejano puesto 43 en el ranking del comercio externo del Cono Sur.  Pero es evidente que ese acuerdo brindará oxígeno a un régimen colonialista y sanguinario. En este terreno, un gesto vale más que mil palabras[7].

MERCOSUR versus ALBA: economía

Las discusiones suscitadas por el ALBA se intensificaron en los últimos meses con nuevas apreciaciones sobre el rol estratégico de la Alternativa Bolivariana[8]. Algunos enfoques han puesto de relieve la importancia del proyecto como instrumento de  negociación internacional con otros bloques o su relevancia para unificar los programas de acción regional de los movimientos sociales[9].

Pero la visibilidad y el protagonismo del ALBA ha quedado ensombrecidos por una decisión que socava la concreción del proyecto: el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Esta incorporación se está concretando en un tiempo récord. El protocolo de adhesión se ratificó tan aceleradamente como los tratados (Asunción, Ouro Preto, Olivos) y los plazos de aceptación del arancel externo común se acortaron para facilitar el acceso a la zona de libre comercio. Aunque la integración definitiva exigiría seis años –para asimilar el efecto de 204 normas del tratado– todos los miembros del MERCOSUR quiere apurar la presencia de Venezuela.

Este interés deriva, en primer lugar, de los grandes negocios que ofrece el nuevo socio del Caribe. Desde el 2002 las ventas argentinas a Venezuela se triplicaron (carne, leche, soja, cosechadoras) y todas las grandes compañías están considerando mayores exportaciones y eventuales inversiones. Esta ampliación es reivindicada como un beneficio mutuo entre países complementarios que intercambian energía por alimentos y bienes industriales. Esta aprobación también resalta, que el acuerdo en marcha apuntala la creación de un gran mercado regional con independencia de los gobiernos vigentes en cada país[10].

Pero justamente este perfil refuerza el carácter regresivo del MERCOSUR  en contraposición al proyecto igualitarista del ALBA. La ampliación de la asociación del Cono Sur se consumó siguiendo los patrones de rentabilidad, competencia y garantías al capital que el ALBA postula desafiar con normas de cooperación y solidaridad. Un ejemplo de esta contradicción puede notarse en el terreno agrícola. El proyecto bolivariano plantea la defensa de la pequeña producción campesina y el otorgamiento de seguridades alimenticias a todos los países de la región. Por eso rechaza a escala nacional la reducción de los subsidios y las protecciones al agro que se debaten en los organismos multilaterales[11].

Pero quiénes demandan esta anulación de subvenciones son los gobiernos de Argentina y Brasil frente a Europa y Estados Unidos. Estas propuestas no contemplan ningún tipo de excepciones al librecomercio agrícola a escala nacional o regional. Los líderes del MERCOSUR ya aplican estas reglas en sus países y por eso el cultivo capitalista de la soja se expande, destruyendo a la pequeña agricultura, expropiando campesinos, empobreciendo pobladores y bloqueando la reforma agraria.

Con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR también queda encuadrado en el horizonte de esta asociación el proyecto de un banco regional. Las emisiones de bonos que precederían a esa entidad se destinarán a refinanciar la deuda externa, reforzando una triangulación que favorece a los acreedores y a las clases dominantes (Venezuela presta, Argentina paga, los banqueros cobran). El gobierno argentino es el inmediato beneficiario de estos créditos, que en los últimos 18 meses le permitieron refinanciar 2.800 millones de dólares del endeudamiento. Por esta misma vía afrontaría todos los vencimientos del año próximo, evitando el creciente costo de recurrir al mercado internacional, en una coyuntura de encarecimiento de las tasas de interés.

La misión que cumpliría un banco regional dentro del ALBA sería completamente distinta. Podría sostener a la pequeña producción, apoyar a las cooperativas y apuntalar la inversión pública en emprendimientos prioritarios para la población. Pero en el marco del MERCOSUR, los recursos de la futura entidad tenderán a destinarse a perpetuar un círculo vicioso de endeudamiento, que legitima los fraudes acumulados a través de estos pasivos. Por este camino se aleja cualquier posibilidad de un control democrático del banco y también se diluye la perspectiva de una supervisión popular de los préstamos.

El perfil de una entidad –que refinancia las actuales deudas de los estados– se asemeja a los grandes bancos públicos que subvencionan proyectos capitalistas (como el BNDES de Brasil). En la hipótesis de una mayor integración regional capitalista, un Bansur de este tipo cumpliría un rol de custodio de los intereses financieros, comparable al papel del Banco Central Europeo en el viejo continente. Otra opción de este mismo horizonte es convertirse en una entidad de promoción de grandes emprendimientos privados como el Banco Asiático de Desarrollo.

MERCOSUR versus ALBA: política

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR tiene más relevancia política que económica en lo inmediato. Muchos comentaristas han subrayado que este significado al resaltar el propósito de “moderar a Chávez”, especialmente en sus intervenciones a escala continental. Este objetivo de “contención” explica porque una negociación que debía durar entre seis y doce meses fue despachada en tres días[12].

Lula y Kirchner pretenden colocar al presidente venezolano en un marco de compromisos diplomáticos que reduzca su participación directa en temas conflictivos (las papeleras) o en cuestionamientos públicos a políticos conservadores (Alan García). También buscan colocarle un límite a su incursión en áreas que irritan al Departamento de Estado (Irán, OPEP, aprovisionamiento bélico).

Por el momento Venezuela tendrá voz, pero no voto dentro del MERCOSUR. Esta restricción operará como un test condicionante de la acción de Chávez. Los principios de “defensa de la democracia” que Venezuela debió ratificar para ingresar a la asociación constituyen un instrumento de presión derechista, porque los cancilleres habitualmente adaptan esta norma a las necesidades políticas de las clases dominantes. Enviar tropas a Haití, auxiliar a los presidentes amenazados por una rebelión popular o impedir que los movimientos sociales impongan sus reivindicaciones son actos consumados en nombre de la democracia. Este estandarte –incluso utilizado por los golpistas en Venezuela– ahora será esgrimido como advertencia contra la radicalización del proceso bolivariano.

Para frustrar esta evolución –e impedir la repetición del camino inaugurado por la revolución cubana– Venezuela ha sido integrada al MERCOSUR. Algunos diplomáticos del establishment regional programan un paso ulterior con la eventual incorporación de Cuba a esta asociación. El objetivo de esta absorción sería facilitar la paulatina restauración del capitalismo en la isla.

Es evidente que los gobiernos del MERCOSUR pretenden encerrar al proceso bolivariano y bloquear su potencial regional antiimperialista. En este terreno sustituyen a Estados Unidos, que ha perdido margen de intervención directa en la zona. Cada paso en esta dirección anulará la perspectiva del ALBA. Si logran reflotar el MERCOSUR reforzarán a una asociación que parecía moribunda. Pero el efecto de este rescate será la sepultura de la opción bolivariana.

Surgimiento del TCP y la crisis del CAN

En el remolino de acontecimientos latinoamericanos también se consumó la suscripción del Tratado de Comercio de los Pueblos entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Este convenio es más afín a proyecto del ALBA que al rumbo del MERCOSUR. El TCP se inspira explícitamente en los principios de la alternativa bolivariana[13].

El acuerdo propone mecanismos para compensar las pérdidas que pudieran provocar los TLCs suscriptos por Estados Unidos con algunos países de la región. También incluye compromisos de compras de productos y no solo preferencias comerciales o arancelarias. Otorga a las empresas públicas un nítido protagonismo en los convenios y privilegia a los pequeños productores. Ensaya, ademäs, fórmulas para favorecer a las naciones más débiles (por ejemplo en el plano aduanero) y extiende a Bolivia las modalidades de cooperación sanitaria y educativa que Cuba ha desarrollado en Venezuela en los últimos años[14]. El TCP cuestiona los aspectos librecambistas que rigen no solo a los tratados bilaterales, sino también a muchos compromisos del MERCOSUR.

La suscripción del TCP coincidió con el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En los últimos meses esta asociación atravesó una crisis que coronó su declinación, al cabo de sucesivas políticas de apertura comercial, subsidios a la inversión extranjera y estrechamiento de las relaciones de varios socios con Estados Unidos[15]. La reciente escalada de TLCs firmados con la primera potencia condujo finalmente al desmembramiento del CAN.

Chile se distanció de esta asociación mucho antes de concretar su convenio bilateral con Estados Unidos, pero las firmas que estamparon Colombia y Perú empujaron a Venezuela a retirarse del bloque andino. El CAN fue quebrado por la política norteamericana de balcanización comercial y es totalmente legítimo abandonar ese organismo. ¿Pero corresponde ingresar al MERCOSUR? ¿Es válido sumarse a otro modelo de integración de las clases dominantes?

Según ha trascendido no existe plena sintonía entre Venezuela y Bolivia en torno al CAN[16]. El gobierno de Morales buscó preservar este bloque no solo para preservar ciertas relaciones comerciales (especialmente con Colombia), sino también por la vieja desconfianza boliviana hacia el MERCOSUR. Las experiencias de Paraguay y Uruguay ilustran el destino marginal que impone esta asociación a los pequeños países.

Pero durante la primera mitad del 2006, Bolivia ha ocupado un lugar central en el entramado regional por otra decisión de mayor relevancia: la nacionalización de los hidrocarburos.

La recuperación de un recurso estratégico

La resolución adoptada por el gobierno de Morales constituye la antítesis simbólica de las privatizaciones de los 90 y podría introducir una divisoria de aguas dentro del proceso político latinoamericano.

Esta nacionalización se inscribe en un giro estatizante a escala internacional. Con el precio del barril por encima de los 70 dólares y Estados Unidos embarcado en guerras imperialistas para asegurase el abastecimiento de combustible, todos los países productores tienden a incrementar la participación del estado en la renta petrolera. Esta apetencia se comprueba en los gobiernos de cualquier signo y en países tan diversos como Rusia, Irán, Arabia Saudita o Nigeria. Actualmente las empresas públicas controlan el 80% de las reservas y el 40% de la producción petrolera global y se observa una reconstitución del cartel de productores semejante al proceso que potenció a la OPEP en los años 70 y 80[17].

En este contexto la nacionalización dispuesta en Bolivia ha sido recibida con cierta comprensión por todos los sectores capitalistas, que no están directamente involucrados en el negocio petrolero. Pero la medida que adoptó el gobierno de Morales presenta aristas más problemáticas. Por un lado, está en juego la reestatización general de los recursos que habían sido transferidos a las empresas privadas y no solo una renegociación puntual de contratos. Por otra parte, Bolivia detenta riquezas de gas que de gran incidencia regional. La nacionalización es una medida impactante que constituir el punto de partida de un giro más radical si se extiende al conjunto de América Latina.

El alcance efectivo de la nacionalización es por ahora una incógnita. Se dispuso un plazo de 180 días para adecuar todos los contratos a una nueva reglamentación, que transforma a todos los concesionarios en contratistas. Este cambio le otorga al estado atribuciones para decidir el volumen de la extracción, los destinatarios de cada producto y los precios de venta del combustible. La letra chica de los nuevos acuerdos es todavía desconocida y surgirá en parte de las auditorias en curso para verificar los datos de reservas, utilidades e inversiones. Pero es un hecho que el estado aumentará drásticamente su participación en las utilidades de la explotación, en función de la productividad de cada yacimiento.

Como el sector público absorberá entre el 50% y el 82% de estos beneficios, los ingresos del Tesoro se duplicarán de inmediato (de 400 a 700 millones de dólares). El proyecto de nacionalización también contempla sustituir la exportación en bruto por emprendimientos de industrialización local del gas. También se propicia la reconstrucción de la vieja empresa estatal (YPFB), a partir de la recuperación de las acciones petroleras que administraban los fondos de pensión privados[18].

La nacionalización fue anunciada con gestos de autoridad (envío del ejército a custodiar los yacimientos) y mensajes de negociación dura. Lo que está en juego es una compleja maraña de contratos, que definirá cómo se reparte la renta (a través de impuestos, precios y regalías), cómo se gestiona la extracción del combustible y que soporte legal tendrán los nuevos convenios. La nacionalización no implica la expulsión de las empresas, ni la asunción estatal de todas las actividades del sector. Más bien se apunta a establecer una fuerte regulación estatal, en un país con serias limitaciones para efectivizar de inmediato el manejo público integral y excluyente de esta actividad.

La nacionalización constituye un importante paso adelante, cuya afirmación depende tanto del monto como de la utilización de la nueva renta estatal. Si los fondos públicos se destinan a favorecer a los grupos capitalistas, la nacionalización reproducirá todos los vicios del estatismo petrolero que se han verificado desde México hasta Kuwait. Una capa de burócratas reciclará el excedente para enriquecerse y facilitar la acumulación subsidiada de los empresarios afines al gobierno de turno.

Por el contrario, si los fondos se canalizan hacia el incremento de los salarios, el inicio de la reforma agraria, la financiación de los pequeños agricultores, la creación de empleo y el sostenimiento de la obra pública podrían sostener una redistribución de los ingresos favorable a la mayoría de la población.

Una larga experiencia de estatizaciones burguesas demuestra que el número de empresas traspasadas al sector público no es sinónimo de mejoras populares. Solo la presencia, control e intervención directa de los movimientos sociales en la administración de los nuevos fondos permitiría asegurar su utilización en beneficio de la población. En Bolivia se ha planteado el doble desafío de recuperar los hidrocarburos y colocar su usufructo al servicio de las mayorías oprimidas.

El impacto regional

La decisión adoptada en el Altiplano refuta todos los argumentos que subrayan la inconveniencia o imposibilidad de confrontar desde la periferia con las grandes compañías transnacionales. Si un país tan pobre y saqueado como Bolivia puede iniciar esta acción: ¿Qué impide a las grandes naciones de Sudamérica recuperar el manejo efectivo del petróleo y el gas?

Ya en otro país del área andina como Ecuador se dispuso la caducidad de un contrato fraudulento que manejaba la petrolera norteamericana Oxy. Pero los principales gobiernos de la región toleran una escandalosa gestión de los hidrocarburos que nutre los bolsillos de los grandes capitalistas. En México la empresa estatal PEMEX regula la actividad y controla un millonario presupuesto que financia la alianza dominante de burócratas y monopolistas. La privatización lateral de la compañía complementa este desfalco y prepara un sistema de abastecimiento a Estados Unidos que eventualmente reemplazaría la provisión venezolana de crudo a la primera potencia.

La compañía PETROBRAS de Brasil es presentada como una gran empresa estatal, pero el 60% de su paquete accionario está controlado por fondos de inversión que cotizan en las Bolsas internacionales. Por eso los directivos de la compañía reaccionaron con tanta furia cuando se anunció la nacionalización de sus pozos en Bolivia. Tampoco disimularon su irritación los  grandes industriales de San Pablo que aprovisionan sus fábricas con gas  importado a  bajo precio desde Altiplano. Le exigieron a Lula una actitud dura frente a Morales que el gobierno del PT convalidó.

Una defensa igualmente descarada de los intereses capitalistas realizó el gobierno español a pedido de REPSOL. Al igual que PETROBRAS, esta empresa conoce al dedillo la magnitud de las reservas de gas que atesora Bolivia y no tiene ninguna intención de retirarse del país. Prefiere perder una tajada de la renta, antes que renunciar a las ganancias que obtendría con la explotación de los yacimientos del Altiplano. Pero eso utiliza toda la artillería diplomática de la Unión Europea para ampliar su presencia en este negocio.

El gran intermediario en estas tratativas es el gobierno argentino, que mantiene compromisos con todas las partes y busca equilibrar los beneficios en disputa. Kirchner preserva con REPSOL la relación privilegiada que le permitió a esta compañía continuar operando luego de las fraudulentas privatizaciones de la década pasada. La empresa se ha internacionalizado, pero las ganancias récord que nuevamente obtuvo el año pasado provinieron mayoritariamente de su filial argentina. Estos lucros se basan en una depredación del subsuelo, que explican la crítica situación que atraviesa la provisión de petróleo en el país[19].

Las reservas, la exploración, la productividad de los pozos y las inversiones han caído, en un contexto de emergencia energética. El abastecimiento de combustible es insuficiente para sostener el ritmo actual de crecimiento económico y las compañías condicionan cualquier inversión a la obtención de mayores subsidios y prorrogas de las concesiones. Además, REPSOL está interesada en expandirse hacia países con mayores recursos petroleros que Argentina y podría buscar el traspaso al estado de una porción de su paquete accionario. Si concreta esta operación habrá logrado un socorro que sería disfrazado con discursos patrióticos.

La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha puesto de manifiesto cuán escandalosa es la continuidad de la privatización de los mismos recursos en Argentina. En el país se cobran los impuestos más bajos de Latinoamérica y las compañías extranjeras gozan de privilegios ya inexistentes en el resto del mundo. La propiedad provincial de los recursos se ha convertido en el gran subterfugio legal para perpetuar las concesiones.

El gobierno argentino no solo preserva los intereses de los grupos privados petroleros en el país, sino que actúa como el gran mediador para asociar a estas compañías a los proyectos de integración energética regional. El eje de estos planes es la creación de una red de gasoductos, que sería inicialmente subdividida en un enlace norte entre Venezuela y Brasil y un conexión sur a partir de Bolivia. Kirchner insiste en otorgar un papel gravitante en este proyecto a todos los grupos privados que acompañan su gestión (especialmente a Technit, que enfrenta una grave denuncia en Perú por desfalcos en esta actividad). Con este objetivo concertó con Bolivia un nuevo precio de importación del gas, que despeja el horizonte para comenzar la construcción del gasoducto entre ambos países.

Mientras no se disponga la nacionalización integral de la energía en toda la región, estos proyectos favorecerán en forma directa o indirecta a los grupos capitalistas en desmedro de la población. Basta recordar que las sumas abonadas en los últimos años por Argentina y Brasil al FMI habrían alcanzado para financiar toda la red de gasoductos en estudio, para notar cómo manejan Kirchner y Lula la política energética.

La nacionalización del petróleo y el gas y su control por parte de la población es una necesidad en todos los países. Pero esta exigencia presenta alcances diferentes en cada nación. Argentina o Brasil tienen a su disposición todos los medios, recursos económicos y dispositivos técnicos para encarar una tarea, que Bolivia o Paraguay no pueden desenvolver con la misma facilitad. Las empresas mixtas con el sector petrolero privado que han debido suscribir algunos países (como Cuba), no tienen justificación en otras naciones (como Venezuela).

Pero lo novedoso del contexto actual es el grado de impacto zonal de las medidas que adopta cada nación. La discusión se ha regionalizado y las iniciativas de nacionalización en un país brindan argumentos para extender su aplicación al conjunto de Latinoamérica.

Estos acontecimientos en el terreno energético son vitales, pero el principal campo de una integración popular se ubica en la esfera social. La gran batalla actual gira en torno a la redistribución del ingreso, la mejora de los salarios y la implantación de normas que aseguren educación, salud, trabajo y vivienda para todos. Esa lucha se desenvuelve en un contexto de grandes giros políticos, cuyo análisis es el propósito de próximo capítulo de este libro.