México
La batalla de los renegados
Por Héctor Díaz-Polanco Rebelión,
02/08/06
¿Cómo
llegamos a la situación prevaleciente a varias semanas de realizados
unos comicios que, según las previsiones de los voceros oficiales,
transcurrirían sin el menor sobresalto? Los portavoces del régimen,
los jilgueros de los grandes medios, así como los jefes de los
organismos empresariales y eclesiásticos, buscaron convencer a los
mexicanos de que no había nada qué temer, puesto que disponíamos de
instituciones fuertes, honradas y democráticas (un Instituto Federal
Electoral imparcial y eficaz, sin interferencias del poder ejecutivo,
ajustado a la ley) y un electorado listo para participar con
entusiasmo en la votación. Después del 2 de julio pasado, puede
afirmarse que sólo los ciudadanos que ejercieron su voto estuvieron a
la altura de tales expectativas. Los demás fallaron miserablemente.
De hecho puede decirse que tanto IFE y la presidencia de la república,
como las organizaciones empresariales y confesionales, con sus
acciones (u omisiones) echaron a perder lo comicios, lo que mantiene
al país en vilo. Como veremos, no es que de repente comenzaron a
comportarse de manera desaseada, sino que de tiempo atrás estaban
viciando el proceso con sus conductas sectarias y antidemocráticas.
El
embrollo electoral
Lo
que tenemos es un resultado incierto. De acuerdo con el último cómputo,
que no el definitivo, los candidatos punteros están separados apenas
por 58 décimas de un punto porcentual. La Coalición por el Bien de
Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha hecho
impugnaciones de tal magnitud que podrían revertir el resultado. Una
masa gigantesca ha salido a la calle a defender la voluntad popular y
organizar la resistencia, inmediatamente calificada por el presidente
Fox de “renegados”. El que el presidente de un país llame así a
millones de ciudadanos que no hacen sino ejercer el derecho a la
impugnación que les reconoce la propia carta magna, nos da la medida
de la degradación política a que han llegado las más altas
autoridades en su afán de imponer a un candidato e impedir el triunfo
de otro.
Mientras,
estamos ante un verdadero enredo de cifras que ha dado lugar a múltiples
interpretaciones. Propongo, para clarificar mínimamente la cuestión,
que distingamos los diversos niveles de “datos” de que hoy
disponemos.
En
primer lugar, tenemos a la votación misma, las boletas marcadas que
fueron depositadas en las respectivas urnas. Podemos llamarlo el nivel
ontológico de votación. Allí están los votos, como
la palpitación viva de la voluntad de los ciudadanos.
En
segundo lugar, superpuesto al nivel anterior y como su síntesis numérica,
disponemos de las actas de cómputo. Este es el nivel que podemos
llamar interpretativo, en donde las fallas de cómputo,
inadvertidas o dolosas, entran en juego. A partir de que se configura
el acta, el paquete que contiene los votos se transforma en una
especie de “caja negra”. Los votos dejan de ser el “dato duro”
inmediato, y las actas ocupan su lugar. En una elección normal, las
actas deben coincidir con los votos realmente existentes. El primer
problema radica en que no sabemos a ciencia cierta si los números que
figuran en las actas reflejan exactamente los votos en todos los
casos. Hay indicios serios de que en un buen número de casos no es
así.
Cuando
menos, los casos en los que podemos estar seguros de que no es así
son: a) los sobres con las boletas, unos pocos abiertos y contados de
nuevo durante el cómputo distrital, que evidenciaron que en un número
relevante de ellos había discrepancia entre votos y números
asentados en las actas; b) las actas en que la suma de los votos
excede el número nominal de votantes de la casilla correspondiente
(una imposibilidad metafísica: no debería haber más votos que
votantes registrados); c) las actas en que se registra un número
mayor de boletas emitidas que el número de boletas asignado a la
casilla (otra imposibilidad absoluta: no puede haber más boletas que
las disponibles en la casilla). En todos estos casos, votos reales y
actas no coinciden. ¿Errores involuntarios, sin mala fe? Es posible,
aunque poco probable, debido a que su número es enorme y, sobre todo,
a la sospechosa inclinación partidaria de esos errores. Por lo que
hace al número, según diversos ejercicios realizados, con base en la
propia información del IFE, las actas detectadas con errores suman
72,197; considerando el total de casillas (130, 788), esto indicaría
que más de la mitad de las actas presentan errores diversos.
Hasta ahora, la experiencia (los recuentos y la comparación entre
actas y “sábanas”) muestra que tales errores tienen una curiosa
inclinación a perjudicar a AMLO. En suma, pues, el segundo nivel (el
de las actas) no coincide con el primero (el de los votos) en una
proporción que fácilmente podría modificar el resultado inicial.
Finalmente,
interviene un tercer nivel, el de los cómputos del IFE. A este
podemos denominarlo el nivel virtual, que parece sostener una
vasta maniobra de manipulación de las percepciones,
particularmente de la apreciación de los ciudadanos sobre los
resultados de los comicios. El papel de los medios en este plano es
fundamental, pues habría sido imposible el manoseo mediático
del proceso electoral en su conjunto y de los cómputos realizados por
el IFE en particular, sin la participación de aquéllos en el montaje
de un espectáculo insólito (henchido de un calculado suspenso) que
mostró paso a paso el “triunfo” del candidato de la derecha,
Felipe Calderón. El propósito era convencer a la opinión pública
de que los comicios habían sido “limpios” y el conteo
“incuestionable” (“pudimos verlo con nuestro propios ojos”).
Por tanto, toda controversia sobre el resultado sería una aberración
(que se estrellaría contra la evidencia de la imagen y el audio,
ofrecida por esa maquinaria creadora de “realidad” que es,
especialmente, la televisión); toda impugnación, asimismo, podría
calificarse como un desprecio hacia los ciudadanos que fungieron como
funcionarios de casillas (que “contaron los votos”), un intento de
ponerse por encima de la “voluntad popular” y de las reglas
“democráticas”, e incluso como una incitación a la
“violencia” obviamente contraria a la ley y a la paz. Como esta
construcción de percepciones (particularmente la que proclamaba:
“Calderón ya ganó; los demás candidatos deben reconocerlo inmediatamente”)
se basaba en los cómputos y la transmisión electrónica de datos
realizados por el IFE (en especial: el los conteos preliminar y
distrital), la negativa de AMLO y la Coalición a aceptar sin más los
resultados divulgados era, también, un “ataque” a las
instituciones electorales (“que con tanto trabajo hemos
construido”).
El
hecho es que, a poco de realizar los primeros análisis de los datos
del conteo preliminar (PREP), se encontró que los números
registrados por el IFE de una buena cantidad de casillas no coincidían
con los registrados en las llamadas “sábanas” de las casillas
respectivas (y el mayor número de las discrepancias perjudicaba a la
Coalición), sin contar los registros múltiples (en ocasiones hasta
cinco veces) de una misma casilla, etcétera. Por tanto, los datos del
PREP no coincidían con las “sábanas” de las casillas, y hacia
abajo los datos de las actas de las casillas no siempre parecían
coincidir con los votos depositados en las urnas... Un desastre. Por
su parte, el cómputo distrital, adolecía de problemas similares, sin
que se tratara aquí de solventar las inconsistencias y despejar las
dudas abriendo los paquetes con las boletas, a lo que las autoridades
del IFE se opusieron con pasión.
Así
pues, tenemos, por una parte, las incoherencias del PREP. Las extrañas
curvas de este conteo electrónico son ya algo para la historia. La
información —que muestra el comportamiento atípico, y a veces
estrambótico, de las curvas que trazó el conteo del IFE— es
abundante y, al parecer, muy sólida. La presunción de que operó un algoritmo
para conducir el cómputo permite explicar el raro despliegue, como
reflejada en un espejo, de la curva correspondiente a los votos para
AMLO con respecto a la de Felipe Calderón. Si esto es así, los artífices
del presunto fraude recurrieron a sofisticadas herramientas tecnológicas.
Pero dejaron rastros. En casos anteriores, como el de la operación de
los videoescándalos y el desafuero, montados contra AMLO, se demostró
que los ejecutores encargados no eran precisamente muy hábiles para
ocultar las huellas de su actuación.
[1] En todo caso, no contaron con un actor inesperado: el
de los científicos (especialmente de la UNAM) que rápidamente
intervendrían en el develamiento de la extraña danza cibernética.
[2] A lo anterior, hay que agregar el insólito caso de las
actas de casillas “inconsistentes”, ocultadas a la opinión pública
en un momento crucial (más de 2 millones quinientos mil votos: extrañamente
aquí AMLO tiene ventaja, pero no es la tendencia de las demás, lo
que parece una transgresión de otra ley: la ley de los grandes números).
Y el remate: primero la aparición en la pantalla, con segundos de
diferencia, del presidente del IFE Luis Carlos Ugalde y el presidente
Fox (en un mensaje pregrabado), la noche del 2 de julio, con el mismo
mensaje, que evidenciaba un acuerdo entre autoridades que ponía en
tela de juicio su recíproca autonomía; y después, la declaratoria
de un “ganador” por el mismo Ugalde a partir del cómputo
distrital, ignorando la ley y con la aparente intención de alimentar
el “hecho consumado” de la victoria de Calderón. Con esto habría
sido suficiente para hacer añicos la credibilidad del IFE.
Por
otra parte, la negativa a abrir los paquetes durante el conteo
distrital, aunque en la mayoría de los casos en que esto fue
reclamado era aconsejable hacerlo atendiendo a la ley y el sentido común,
no hizo sino reforzar la sospecha de que la imparcialidad estaba
ausente en el talante de los funcionarios del IFE. Sobre todo cuando,
al abrir una pequeña fracción de los paquetes en cuestión, se
encontraron —en una proporción relevante— disparidades entre los
votos y las actas, a favor de AMLO. Para consumar, se observa el mismo
proceso extraño en el cómputo electrónico del IFE de los datos
procedentes del conteo distrital (otra vez el algoritmo): curvas
“imposibles” en un proceso aleatorio (sólo dable si derivan de un
programa que define linealmente cierto resultado). Así, pues, tampoco
parecen coincidir en un rango confiable los datos de los conteos
electrónicos distritales del IFE con los votos.
Estas
discrepancias por sí mismas sustentarían razonablemente la necesidad
de volver contar los votos (voto por voto, casilla por casilla). En
una circunstancia como la descrita, el único camino para despejar las
dudas (como se ha hecho en casos similares en otros países: Costa
Rica, Alemania, Italia) es volverse hacia la ontología del voto,
virar en redondo y contar de nuevo, para así definir un ganador. El
argumento de que los votos “ya fueron contados por ciudadanos” es
ridículo. Como es obvio, se pide un recuento porque hay la presunción
fundada de posibles errores de diversa naturaleza. Y siendo la
diferencia tan estrecha —casi etérea— es perfectamente racional,
y además sensato, salir de la duda. La ley, además, avala la
solicitud e indica el procedimiento; a saber, contar nuevamente, hasta
que se alcance ese punto luminoso de la regla democrática: la
certeza.
En
medio de la actual oscuridad, se vislumbra una luz en el túnel. Me
refiero al ofrecimiento de AMLO, hecho en estos términos: si se
realiza el recuento total de los votos —una de las opciones que
puede escoger la última instancia, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación—, asume el compromiso de aceptar el
resultado, concluyendo allí toda convocatoria a la movilización
social. En términos políticos, este posicionamiento adquiere una
enorme importancia, puesto que la crisis actual atañe no sólo a lo
jurídico-legal, sino también a lo político-social. Es pueril el
supuesto de que estamos ante un conflicto en el que sólo deban jugar
las consideraciones jurídicas. La propuesta de AMLO contiene un gesto
de civilidad que debe valorarse muy positivamente, ya que implica que
la Coalición está dispuesta a dar por buenos los votos
supuesto a ser recontados, aunque existen amplias evidencias de que éstos
fueron macerados en un caldo pestilente de manipulaciones, presiones y
deformaciones mediante una gran operación previa que, en buena lid,
debería ser considerado parte consustancial de un fraude maquinado
que envenenó desde el principio el proceso electoral. Sin embargo,
este compromiso asumido por la Coalición no obliga al tribunal, que
de todos modos podría tomar en cuenta estos hechos, previos a la
votación del 2 de julio, para invalidar la elección.
Las
contorciones de una institución “libre de toda sospecha”
Para
evaluar el comportamiento del Consejo General del IFE no debe
olvidarse el antecedente de su conformación en octubre de 2003. Sólo
recordaré que diversos analistas en su momento calificaron muy
negativamente la manera facciosa (un acuerdo PRI-PAN) como fueron
seleccionados sus miembros. No debe sorprender demasiado el desenlace.
Se adelantó entonces que esto podía ser fuente de graves problemas
para el país, incluyendo el montaje de una elección de Estado, como
estamos comprobando.
[3] No es exagerado afirmar que el comportamiento del IFE,
sobre todo durante la campaña electoral y las semanas posteriores al
2 de julio, se ha visto enturbiado por la parcialidad y la falta de
transparencia; un desempeño, en suma, a menudo alejado de los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad . Mencionemos sumariamente algunos hechos:
a)
Su actitud ante la guerra sucia del PAN contra el candidato de la
Coalición (v. gr., el spot de AMLO como “un peligro para México”).
Esta campaña sólo se suspende cuando lo ordena el TEPJF; y nada se
hace cuando el PAN vuelve a presentar la misma propaganda bajo otras
formas.
b)
Actitud ante la guerra de Fox contra AMLO y sus actuaciones
descaradamente en favor del candidato del PAN. Esta hostilidad sistemática
y escandalosa —en el doble sentido de indecente y estridente—
contra el candidato de la centroizquierda, usando recursos públicos
(1700 millones de pesos invertidos en la campaña presidencial sólo
durante la campaña electoral) ensució los comicios. El IFE no fue
capaz de imponer un alto a tal desenfreno del ejecutivo. En adición,
tampoco hizo nada efectivo frente a la campaña de Fox, abusando de la
investidura presidencial, con sus declaraciones a la prensa y sus
discursos casi diarios contra AMLO.
c)
Actitud ante la campaña de los organismos empresariales y seudo
organizaciones civiles en los medios. Hasta el último momento, por
ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial transmitió miles de spots
contra AMLO (los suspendieron voluntariamente el día previo a la
conclusión de la campaña). El IFE no detuvo esta acción
abiertamente violatoria de la ley (sólo los partidos pueden contratar
propaganda electoral). Tampoco hizo nada contra las acciones ilegales
o inconvenientes de inducción del voto, por parte del clero y los
empresarios.
d)
Uso impune y descarado de los programas sociales del gobierno con
fines electorales. Unas semanas atrás, el vocero presidencial aseguró
que el hecho de que AMLO ganara en las zonas beneficiadas por esos
programas, demostraba que no se habían usado con fines electorales.
No es así: demuestra que, pese a que se usaron abusivamente, aún así
le fue imposible ganar al candidato oficial. Pero tomando en cuenta el
resultado electoral global, allí puede encontrarse buena parte de los
votos (obtenidos por el PAN por medios ilegales e inmorales) que
explican la “diferencia” entre Calderón y AMLO. Lo demuestra el
hecho de que, por ejemplo, “el 44 por ciento de los beneficiados por
el Seguro Popular votaron por el PAN y sólo 26 por ciento por el
PRD”, según lo recuerda Lorenzo Meyer.
[4] . Esta población fue sin duda manipulada, presionada,
configurando un abuso incalificable de gente humilde y necesitada. Por
lo que se ve, una parte importante de esos ciudadanos terminó votando
por el candidato oficial. Pero ni aún así el PAN logró el triunfo
en las zonas en que habita dicha población.
e)
Violación de la ley al abrir paquetes electorales en los distritos,
por funcionarios distritales y representantes del PAN (en ausencia de
representantes de la Coalición por el Bien de Todos), sin la
autorización del TEPJF (el único que legalmente podía ordenarlo).
La “suspensión” de la apertura de paquetes unos días después,
para no despertar malos entendidos, según dijo el vocero del IFE,
pero alegando que no se había violado la ley (¿si es lo que ordena
la ley, por qué suspender algo que la norma dispone?) evidenció
cinismo o, de plano, tontería. Para completar el grotesco
comportamiento del grupo colocado por el PRI y el PAN en el Consejo
general del IFE, recordemos el hecho de que, en medio de la crisis,
dicho consejo se reúne, con carácter de “urgente”, no para
analizar la grave situación creada por sus acciones, sino para
otorgarse un bono, es decir, para auto premiarse (cada consejero
recibió unos 400 mil pesos extras).
f)
Finalmente, en los días posteriores a la elección, los altos
funcionarios del IFE se han comportado, no como “árbitros”, sino
como parte interesada en el conflicto postelectoral, asumiendo prácticamente
la defensa de las posiciones panistas y combatiendo abiertamente las
impugnaciones de la Coalición.
Los
escenarios posibles en el Tribunal
Nadie
pone en duda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación tiene la última palabra para dirimir el contencioso
electoral. Pero como hemos adelantado, el tribunal no evaluará el
caso y tomará su decisión en un vacío sociopolítico. Al tribunal
electoral se contraponen, y compiten con él, varios “tribunales” de
facto. Particularmente dos muy poderosos. El tribunal mediático,
que dicta sentencias casi a diario: locutores y hasta payasos
convertidos conductores de noticieros, luego transmutados en analistas
y editorialistas infalibles y finalmente autoinvestidos como fiscales
y jueces. Me parece advertir que este “tribunal” pierde autoridad
y fuerza a última fechas; a sus “jueces” los veos y oigo
preocupados y confundidos, sin ese gesto de certidumbre absoluta que a
menudo es característico de los que se saben poderosos y tienen todas
las de ganar. Quizás por eso se han vuelto más agresivos. El otro es
el tribunal presidencial. Apenas el 25 de julio, el vocero de
la Presidencia, Rubén Aguilar, dio a conocer dos “sentencias”. La
primera establece —mientras millones de personas desfilan por las
calles— que la Presidencia de la república ''no ve dónde hay un
conflicto'' postelectoral; agregando que la mayoría de los mexicanos
considera que las elecciones fueron ''transparentes y democráticas''.
Un peligroso autismo. La segunda sentencia es espectacular: en
relación con ''esa idea que anda flotando por ahí'' sobre la posible
anulación de las elecciones presidenciales y la designación un
presidente interino, el vocero dicta: es ''absolutamente absurda, no
está dada ninguna condición para poder pensar en eso y quien lo
suponga así no conoce la realidad de este país''.
Pese
a ello, los mexicanos que al menos conocen la realidad constitucional
del país, esperan que el TEPJF tome sus resoluciones en el marco de
las opciones que la carta magna le faculta (sin atender a los
mencionados “tribunales de facto”). Y dentro de ese marco, el
tribunal puede:
1)
Declarar que las impugnaciones no son legalmente atendibles,
reconocer el cómputo distrital y declarar ganador a Felipe Calderón.
Es una opción posible, pero a mi juicio poco probable, dada la
magnitud de las irregularidades registradas en las impugnaciones, un
buen número de ellas comprobables. A mi juicio, es la peor de las
salidas: mantendría el conflicto y aún lo agravaría.
2)
Ordenar la realización de un nuevo conteo de los votos. Este puede
ser parcial o total. Un conteo parcial (a menos que incluya un número
muy considerable de casillas), seguramente mantendrá la inconformidad
de alguna de las partes y el conflicto político continuará su curso.
El camino óptimo para despejar las dudas y fincar la certeza es el recuento
total de los votos. Si éste se realiza, habrá un ganador y se
abrirán las avenidas para superar el actual conflicto.
3)
Anular las elecciones, con la “venia” del vocero presidencial, lo
que conduciría a un complicado proceso para designar presidente
provisional y convocar a nuevas elecciones. No descarto esta opción,
aunque la veo menos probable que la anterior. Tendría el efecto de
desarticular los resortes del actual conflicto y prolongaría la lucha
medular por la presidencia de la república.
Cualquiera
que sea el desenlace de este impasse, desde ahora se está conformando
una convicción en los sectores populares: no puede haber democracia
en el país con las actuales reglas electorales, con el poder casi
ilimitado de que disponen los medios (particularmente el duopolio
televisivo), con la ingerencia cada vez mayor del clero en la cosa pública
y con todo el andamiaje socioeconómico para favorecer a una minoría
cada vez más insensible. Se requieren reformas drásticas que
transformen a fondo el Estado —prácticamente refundarlo—, y
cambios socioeconómicos en serio. Armada de este buen sentido, la
masa de renegados está tejiendo su resistencia contra la
imposición. Saben que si no logran detener el fraude, pasarán muchos
años antes de que se les presente otra oportunidad y, mientras tanto,
el sistema de privilegios se puede ahondar hasta un punto difícil de
revertir.
La
izquierda y el proceso electoral
Contra
ciertas previsiones apresuradas, las elecciones están expresando las
líneas de quiebre de las tensiones socioeconómicas, culturales y políticas
acumuladas en el país. La ironía es que, a despecho del menosprecio
que ciertos grupos políticos manifestaron hacia las elecciones, a la
que opusieron “la lucha de clases” como el verdadero campo
de combate de la izquierda, la resistencia popular contra el fraude (y
contra el bloque de intereses que lo impulsa) se está convirtiendo en
la línea maestra de la lucha de clases en México, como pocas veces
se ha visto, lo que puede conducir a situaciones sociopolíticas inéditas
en las últimas décadas.
Creo
que hubo una subestimación —en primer lugar por parte de ciertos
segmentos de la llamada izquierda “radical”— sobre el potencial político
de los sufragios, y una palpable falta de previsión sobre las
posibilidades de que se llegara a un escenario de conflictividad
social como el que hoy vemos configurarse. Es de justicia indicar que
no todos las expresiones de la izquierda cobijadas en la perspectiva
anticapitalista adoptaron estos enfoques principistas y simplones
sobre los comicios. Pero el segmento ultraizquierdista de la izquierda
anticapitalista (que por diversas vías favoreció el abstencionismo
efectivo y el rechazo sin matices de las fuerzas contendientes) tiene
mucho que reflexionar y, quizás, enmendar.
Notas:
[1]
Véase, H. Díaz-Polanco, “Pedir peras a El Encino. El
obsceno objeto del desafuero”, en Memoria, CEMOS, núm. 188,
octubre, México, 2004; y H. Díaz-Polanco, “López Obrador: la
pesadilla del poder”, en América Latina en Movimiento, núm.
389, ALAI, Quito, octubre 26, pp. 3-6.
[2]
Aquí habría que ponderar la importancia de los
“blogs” (entre los que destaca el irreverente El sendero del
peje: senderodelpeje.com). Estos medios contribuyeron a fortalecer
la idea de que se había urdido un fraude, proporcionaron una
abundante información sobre el proceso y establecieron una relación
crucial entre ciudadanos y organizaciones civiles de todo tipo.
[3]
Recuerdo que los análisis sobre el asunto que publicamos
entonces en la revista Memoria (núm. 182, de abril de 2004) se
agruparon bajo el título expresivo de: “La degradación del IFE”.
[4]
Lorenzo Meyer, “¿"¡Se acabó el 'Primero
los huevones'!"?”, en Reforma, México, 13 de julio de 2006.
.-
El
autor es profesor-investigador
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (ciesas). Obras recientes: México diverso. El debate
por la autonomía (Siglo XXI Editores, México, 2002, con
Consuelo Sánchez); El canon Snorri. Diversidad cultural y
tolerancia (UCM, México, 2004), y Elogio de la diversidad.
Globalización, multiculturalismo y etnofagia (Siglo XXI
Editores, México, 2006).
|