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Nicaragua
El
fracaso neoliberal
Por
Oscar–René Vargas
Argenpress, 25/08/06
Nicaragua es un país
muy complejo y en ningún caso se puede aplicar un análisis de brocha
gorda para abordar sus problemas y retos, para cantar glorias y
alabanzas al progreso o para elaborar una crítica tan despiadada como
superficial y olvidarse de algunos aspectos en los que, de manera
indudable, se avanza. Despacio, eso sí. Menos de lo necesario, eso
siempre.
Durante cerca de dos
décadas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los
gobiernos que controlan esas instituciones han predicado
consecuentemente a los gobiernos neoliberales y débiles, como el de
Nicaragua, que deben reducir sus gastos públicos sociales. Las políticas
económicas basadas en la fe ciega en la privatización de los
recursos estatales, en la reducción en los gastos públicos y la
desregulación en general han creado un infierno de laissez–faire
para la gran mayoría empobrecida.
La 'nueva era”,
prometida por Enrique Bolaños no se produjo. Más bien, el gobierno
siguió las inercias que ya estaban presentes en la coyuntura del año
2000, así no se reconocieran todos sus signos: la preeminencia de los
medios como modeladores de la conciencia social, la concentración del
poder en una elite divorciada de la ciudadanía, el culto al mercado y
el temor clasista a la pobreza, el respeto sagrado al equilibrio
macroeconómico, la ausencia de cualquier equivalente de proyecto
cultural, la asunción de la democracia con minúsculas, en fin, la
falta de una visión de futuro.
Analizando la situación
y la evolución socio–económica de los últimos dieciséis años no
se puede negar que algo va mal. Las desigualdades aumentan de forma
insostenible, los derechos laborales y sociales son cada vez más
recortados en nombre del libre mercado, el cambio climático deja
sentir las primeras –aunque todavía suaves– consecuencias, la
salud de la población sufre claramente de un estilo de vida poco
saludable, la violencia física y síquica dentro de la sociedad
aumenta.
Entre 1990 y 2006, más
de 2 millones de personas se han incorporado a la pobreza. El 82 por
ciento de la población, es decir, más de 4.2 millones de personas,
sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y más de 2.1
millones de nicaragüenses malviven en la indigencia. Estas cifras,
tremendas e insoportables, se dan en el marco de la subida relativa,
pero descenso absoluto, del gasto social y de una caída significativa
en la eficacia de su empleo. Así, según la CEPAL, los recursos por
habitante dedicados a salud, educación, vivienda y protección social
han disminuido desde 1990.
Escenario ambiguo.
Por otro lado, tanto quienes subrayan lo obvio, que sin crecimiento no
hay reducción de la pobreza, como quienes consideran que ese
crecimiento es la panacea, la herramienta única y suficiente para la
erradicación de todos los males, se encuentran en Nicaragua con un
escenario ambiguo. En efecto, el país crece. Es más, crece por
encima de lo que lo ha hecho en los años anteriores. Sin embargo, el
bajo crecimiento del producto interno bruto, la aguda inestabilidad de
la macroeconomía real y la inequitativa distribución del ingreso
resultante, han sobrepasado con holgura los resultados positivos.
La larga crisis y el
costo social del modelo neoliberal aplicado desde los años 90
agudizaron los profundos dramas de una sociedad empobrecida y ya se ha
hecho habitual ver a niños viviendo en las calles, ancianos
mendigando, familias comiendo de la basura o profesionales manejando
taxis. Los datos de la miseria son escalofriantes en la niñez. Son en
los niños y niñas y los adolescentes, en quienes la pobreza golpea más
duro.
Por otro lado, la
educación es un desastre, las escuelas primarias muchas ni luz
tienen. El gasto por alumno del Ministerio de Educación pasó de 84 dólares
anuales en el año 2000 a 73 dólares en el año 2005. El 76 por
ciento de las escuelas públicas de Nicaragua no reúne los requisitos
más elementales para funcionar como centros de enseñanza y los
salarios de los maestros no les alcanza para comprar una canasta básica.
Más del 33 por
ciento de la población adulta de Nicaragua es analfabeta, de la cual
más del 50 por ciento son mujeres. Es decir, cerca de un millón de
personas de más de 15 años carecen de capacidades básicas en
lectura, escritura y cálculo. No hay que olvidar que el analfabetismo
va unido a la extrema pobreza, ya que la tasa de alfabetización
guarda una muy estrecha relación con los niveles de ingresos.
Al dejar a 934 mil
ciudadanos al margen de la sociedad, las políticas nacionales frenan
la posibilidad de cumplir los objetivos del Milenio, entre ellos la
educación para todos y la reducción de la pobreza. El desafío
planteado por la alfabetización sólo se podrá afrontar si
dirigentes políticos se comprometen a actuar, adoptando políticas de
alfabetización explícitas.
La sociedad del
conocimiento significa el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico,
organizado en torno a nuevas tecnologías de la información más
potentes y flexibles, que convierten a la información en un elemento
clave del proceso de producción global y del crecimiento económico.
Es en el Internet, en donde se puede valorar la síntesis que genera
la sociedad del conocimiento, al momento de generar un nuevo espacio
artificial en donde lo virtual se funde con el sistema económico para
generar un novedoso paradigma tecnocultural.
El proceso de fusión
de lo virtual y lo económico lo inician los países del primer mundo.
Teniendo a la cabeza a Estados Unidos. Nicaragua se encuentra tan sólo
a la expectativa de recibir las indicaciones tecnológicas de EEUU La
distancia para alcanzar la sociedad del conocimiento aumenta de una
manera drástica cuando contamos con un atraso de un siglo en ciencia
y tecnología.
El actual adelanto
científico–tecnológico, ha contribuido a crear las condiciones
adecuadas que inauguran una nueva era del capitalismo. Ahora el nuevo
origen de la riqueza y del poder, ya sea económico, político o
militar, se encuentra en la capacidad de generar y manipular
conocimiento de vanguardia.
Nuevas desigualdades.
En Nicaragua la pobreza va en aumento. Las viejas desigualdades políticas,
económicas y sociales se intensifican. Y no conformes con tener que
enfrentar las viejas desigualdades hay que sumar las nuevas
desigualdades propias de la sociedad del conocimiento. Desigualdad que
ahora se identifican con la palabra 'brecha digital”. La 'brecha
digital” que se ve reflejada en el desigual acceso al mundo del
Internet. Los usuarios de la Internet en Nicaragua solamente alcanzan
al 1 por ciento de la población total.
En este sentido, la
idea de distribución social del conocimiento se presenta como el
elemento clave que nos puede permitir impulsar un proceso de
descentralización y socialización del conocimiento, para lo cual es
necesario construir estrategias de distribución social del
conocimiento que permitan a la mayor parte de la población el acceso
a los principales beneficios de la sociedad del conocimiento.
La crisis en el
sistema de salud es producto del recorte del gasto, como indica el
modelo neoliberal. En 1989, el Estado invertía en salud 35 dólares
por persona por año. En el 2005, la inversión fue de 16 dólares por
persona por año. En medicamentos la inversión era de 45 millones de
dólares en 1990, en el 2005 fue solamente de 12 millones de dólares.
Para el 2005, sólo el 40 por ciento de la población nicaragüense
tiene acceso a los medicamentos esenciales, en Costa Rica es el 90 por
ciento. En Nicaragua, dos tercios del gasto en medicamentos lo asumen
las familias y no el Estado, y esto es una verdadera tragedia en un país
como el nuestro, donde el 82 por ciento de la población sobrevive con
menos de dos dólares diarios, el 43 por ciento de esa población con
menos de un dólar al día. En este contexto de miseria es la gente la
que tiene que pagar los medicamentos de su propio bolsillo.
La pauperización
actual es perdurable porque no se limita a los desocupados, sino que
afecta también a los trabajadores precarizados e informales. Por eso
el problema no se resuelve únicamente creando empleo, ya que la mitad
de los asalariados trabajan con sueldos inferiores al umbral de la
pobreza. En esas condiciones la pobreza es como una enfermedad
contagiosa que se propaga continuamente por todo el país.
Los pauperizados
sufren, además, el recorte del programa sociales introducido por los
gobiernos neoliberales. La reducción compulsiva de planes sociales
empuja a los oprimidos a aceptar trabajos de extrema explotación. El
gobierno convalida este tormento al bloquear la generalización del
subsidio y promover su fragmentación en programas focalizados.
Agua es derecho, no
negocio. Hace 16 años nos dijeron, véase el discurso de Antonio
Lacayo del 4 de marzo de 1991, que la empresa privada iba a resolver
todo y privatizaron todo. Sin embargo, no se puede privatizar los
servicios públicos, como lo han venido haciendo, sin tener efectos
negativos en la población pobre. Ahora quieren privatizar el agua.
Eso no puede ser. El agua es un derecho humano, no un negocio. Hemos
vivido un saqueo permanente de nuestros recursos naturales. Hablaron
de traer capitales y han descapitalizado al país. Los nicaragüenses
educados aquí, en nuestras escuelas y universidades, tienen que
buscar trabajo afuera, y mal pagado. Como resultado de las
'capitalizaciones”, en Nicaragua se exporta al 'capital humano”.
Estamos exportando nicaragüenses que van al exterior a lavar platos y
realizar los trabajos más duros.
Dieciséis años
después del inicio de las políticas neoliberales, existe desilusión
por los resultados obtenidos en lo concerniente al crecimiento y la
equidad social, los cuales han provocado dramáticos cambios en la
importancia relativa del Estado, cuya esfera de acción se vio
disminuida, en medio de la desregulación, las privatizaciones masivas
y el repliegue de la inversión y del gasto público, para abrir más
espacio a la actuación de los agentes privados. Todo esto se hizo con
el objetivo de mejorar el entorno para las actividades productivas y
obtener un crecimiento sostenible más elevado del PIB.
Sin embargo, lejos de
ello, el balance de las 'reformas” deja también una serie de
fracasos, especialmente en términos de crecimiento sostenido y
equidad. A ello se suma una notoria ausencia de rendición de cuenta
por las decisiones tomadas. Se han cometido impresionantes errores en
el diseño y aplicación de las reformas, a los que se agrega una débil
capacidad para reconocer fracasos y corregirlos en forma oportuna. Los
últimos dieciséis años pueden ser medidos por sus promesas rotas y
esperanzas postergadas.
La media de
crecimiento del PIB entre 2000 y 2006 se sitúa, si tenemos en cuenta
un crecimiento del 4.0 por ciento previsto por el Banco Central de
Nicaragua para el 2006, en el 3.3 por ciento, por encima del promedio
entre 1990 y 1999 (que fue de 0.70 por ciento) pero siempre por debajo
del 7.0 por ciento de media que necesita el país para poder comenzar
a reducir los actuales índices de pobreza. El crecimiento económico
fue bueno pero, de nuevo, no suficiente. Es decir, el crecimiento económico
ha sido bajo y volátil. Lo específico del repunte económico es su
empalme con una coyuntura internacional particularmente favorable. Si
este viento de cola no es ocasional, el ascenso en curso podría
perdurar. Si por el contrario la economía internacional declina
tenderán a reaparecer los tradicionales temblores de la recesión.
De hecho, el
crecimiento anual del ingreso per cápita fue aproximadamente de un
cuarto de punto porcentual en el periodo 1990–2005 y se estima que,
en el 2005, unos 4.2 millones de personas (82 por ciento de la población)
vivían por debajo de la línea de pobreza. El insatisfactorio desempeño
económico y escaso progreso social que ha exhibido ponen en duda la
efectividad de las políticas económicas y sociales puestas en práctica
por las autoridades nacionales, que en los últimos 16 años,
aproximadamente, han estado inspiradas por los principios del Consenso
de Washington.
Crecimiento no
necesariamente es bienestar. El crecimiento económico no implica
necesariamente bienestar social, ya que actualmente cuatro de cinco
personas viven con menos de dos dólares al día, lo que les lleva a
restringir su alimentación, gastos en educación y salud. Para
reducir la pobreza es necesario mejorar la calidad de la educación y
ampliar las oportunidades para llegar a los niveles secundarios y
terciarios, estimular la inversión en infraestructura, extender el
acceso a los servicios crediticios y financieros a los pequeños y
medianos productores, preservar la estabilidad macroeconómica y
ejecutar políticas sociales efectivas.
A pesar de que
oficialmente la reducción de la pobreza fue prioritaria en la última
década, la combinación de crecimiento lento y desigualdad
persistente generó pobreza crónica e insatisfacción social. En
general, la reducción de la desigualdad de ingresos y riqueza, así
como el fomento de la participación popular, entre otros objetivos
sociales, no han sido prioritarios en las políticas concretas. La
apuesta a una estrategia de reducción de la pobreza impulsada por el
crecimiento arrojó resultados insatisfactorios.
El número de
personas desempleadas en Nicaragua registró un nuevo aumento en el
2005, evidenciando que el crecimiento económico no logró compensar
el aumento en la cantidad de personas que buscan trabajo, sobre todo
entre el grupo cada vez más numeroso de jóvenes sin empleo. Estamos
enfrentando una crisis del trabajo, y un déficit de trabajo decente
que no se va a resolver sin hacer nada. Son necesarias nuevas políticas
y acciones para enfrentar estos problemas. Un buena parte de los
campesinos y trabajadores agrícolas abandonan una vida rural de
pobreza con la esperanza de encontrar algo mejor en la ciudad, pero su
situación mejora poco o nada en trabajos ocasionales o en el comercio
de objetos de poco valor. Todo esto está retrasando la reducción de
la pobreza.
El actual modelo de
crecimiento socialmente segmentado y económicamente especializado no
genera aumentos de la producción, asociados a la mejora popular del
poder adquisitivo. El gobierno afianza este desequilibrio cuando
auspicia 'cuidar la tasa de crecimiento” rechazando los incrementos
de salarios.
Los funcionarios
asimilan cualquier dificultad actual a malestares positivos del
crecimiento. Afirman que es mejor padecer los problemas de la
recuperación que las tragedias de la crisis. Pero esta constatación
es una verdad a medias, porque el capitalismo siempre combina ambas
desventuras. Es falso presentar a la reactivación como un momento de
plenitud y a la depresión como un mal inevitable. En ambas
situaciones los capitalistas se lucran y los oprimidos sufren.
El sida y las
enfermedades endémicas y la mortalidad infantil y los índices de
fecundidad vuelven a mostrar aspectos negativos y positivos. Por un
lado, el país no logra ser eficaz en materia de prevención contra el
sida. Entre 2000 y 2005, se incremento el número de personas que
murieron a causa de esta enfermedad. Además, se han registrado nuevos
casos, con lo que el número total de enfermos aumentó. Por último,
y a pesar de los continuos avances, el índice de prevalencia se
incrementó.
Desigualdad, el
verdadero mal. Los temas demográficos presentan un perfil más
alentador. Según el documento de la CEPAL, 'Panorama Social de América
Latina 2005” tanto la mortalidad infantil como la fecundidad se han
reducido en los últimos 15 años. Sin embargo, a la hora de hablar de
distribución de esas cifras, las clases y las regiones más pobres
presentan, de nuevo, los peores registros. Y es que, en cualquier
materia que se aborde, la desigualdad social se ha convertido en el
verdadero mal de Nicaragua.
La baja recuperación
del salario, la persistencia del desempleo y la magnitud del
empobrecimiento son consecuencia de un modelo estructuralmente adverso
a la redistribución del ingreso. La brecha entre el 10 por ciento más
rico y más pobre de la población se sitúa en 48 y 54 veces. De
acuerdo al 'Informe sobre Desarrollo Humano 2005” del PNUD, el 10
por ciento de la población más pobre tiene un 0.9 por ciento de la
participación en los ingresos o consumo, frente al 44.7 por ciento de
la participación del 10 por ciento más rico. Cualquiera sea la
reducción reciente de esta polarización, la desigualdad se afirma
como un rasgo estructural del actual modelo neoliberal.
A lo largo de los años
1960 y 1970, el 1 por ciento de más rico de la población acaparaba
aproximadamente el 12 por ciento del Ingreso Nacional, pero a partir
de 1990 cambió la tendencia y se desarrolló un proceso de rápida
concentración actualmente en curso, en el 2000 ese 1 por ciento ya
absorbía el 16 por ciento del Ingreso Nacional. Contrariamente a lo
que enseña cierta ortodoxia económica la concentración por arriba
no engrosó la corriente del ahorro ni la inversión sino la del
consumo.
Las desigualdades
estructurales impiden la conversión de creación de riquezas en
desarrollo humano. Estas desigualdades también apuntan a falencias en
las políticas públicas y a la incapacidad del gobierno de poner en
marcha estrategias destinadas a extender las oportunidades hacia los
grupos pobres, marginados o desfavorecidos. Cuanto más elevado es el
nivel de las desigualdades, menos disminuirá el crecimiento la
pobreza. Si las desigualdades se acentúan, una tasa de crecimiento más
fuerte se torna necesaria para disminuir la amplitud de la pobreza que
si ellas se hubiesen mantenido estables.
La tasa de inversión
salió del pozo con la reactivación en los últimos años. Pero el
problema de la inversión no se limita a las magnitudes, sino que
también involucra la dirección de la inversión. La crisis energética
y el sobre–uso de la capacidad instalada de fuentes a veces de petróleo
son claras advertencias del impacto de una sub–inversión en ese
sector. En la composición de la inversión tiene gran preeminencia el
sector de la construcción, en desmedro de los bienes manufacturados.
Managua concentra un boom de oficinas y viviendas para los sectores de
alta capacidad adquisitiva, que acompaña el auge inmobiliario
internacional. La especulación financiera se ha desplazado a este
sector.
El dogma del
equilibrio fiscal impide que la inversión pública se incremente en
la inversión social: hospitales, escuelas, viviendas populares, etcétera.
El gobierno mantiene planchada esa variable esperando que los
capitalistas tomen la iniciativa. Pero los empresarios exigen grandes
incentivos fiscales que afectarían las finanzas estatales. La
frecuencia de las turbulencias que ha caracterizado a la economía
nicaragüense ha inducido a los capitalistas a invertir sobre
ganancias seguras. Pero también pesa cierta conciencia del carácter
empobrecido, achicado y reprimarizado de un mercado alejado de los
centros mundiales.
Tarjetas de crédito:
usura. Las tasas de interés que cobran los bancos en Nicaragua, por
el financiamiento al consumo mediante tarjetas de crédito es en
promedio cinco veces más caro que el que ofrecen estas instituciones
en los países desarrollados, lo que significa que el crédito para el
consumo de los nicaragüenses es un negocio altamente lucrativo para
las instituciones bancarias.
En contraste, las
tasas de interés que pagan los bancos a los ahorradores difícilmente
alcanza 9 por ciento anual en inversiones a plazo fijo; en las cuentas
de ahorro los rendimientos son inclusive negativos al descontar la
inflación. Así, el fomento del uso de tarjetas de crédito se ha
convertido en una mina de oro, para obtener ingresos extraordinarios
con esa actividad que llega a límites que podrían ser considerados
de usura.
Los bancos privados,
con estrategias que solamente buscan una mayor penetración en el
mercado, han abierto la llave del crédito al consumo mediante las
tarjetas. Con los plásticos buscan enganchar a la población a un
financiamiento que es extraordinariamente costoso y que, combinado con
movimientos a la alza en las tasas de interés, el elevado desempleo y
la falta de un crecimiento económico, podrían traducirse en una
bomba de tiempo para la economía nicaragüense.
Las comisiones que
cobran los bancos en Nicaragua son entre tres y hasta diez veces más
caras que las que las instituciones bancarias cobran a sus
tarjeta–habientes en los países desarrollados. De esta manera,
tomando en consideración las cuotas anuales, las comisiones por
apertura, reposición, retiro de efectivo de los cajeros, gastos de
cobranza, impuestos, manejo de cuenta, entre otros, estos costos se
elevan considerablemente, lo que favorece la concentración de la
riqueza en pocos manos e incrementa la desigualdad del ingreso.
La burguesía
rentista. Todo lo anterior quiere decir que la economía y la política
nicaragüense están siendo dominadas cada vez más por una burguesía
rentista. Los banqueros obtienen no sólo una parte substancial de la
nueva riqueza creada sino que además, se apropian una parte de la
riqueza histórica acumulada. Esto implica que los frutos del
crecimiento no sólo no van a la mayoría del pueblo trabajador sino
que se quedan con parte de las tasas de ganancia de las empresas
productivas y se concentran en un pequeño sector rentista.
Las importaciones de
bienes de consumo están creciendo a tasas demasiado aceleradas. Si el
consumo crece fundamentalmente a partir de bienes importados, entonces
el consumo de bienes nacionales va a la baja, lo que significa dos
cosas claves. Primero, un declive del consumo de productos producidos
localmente, lo que significa que el fruto del crecimiento no beneficia
para nada al grueso de los productores nicaragüenses. Segundo, que si
el ingreso generado internamente se canaliza a la importación, la
economía general tiende a un crecimiento mediocre o al estancamiento.
La sobrevaloración del peso, producto de las equivocadas políticas
del Banco Central, es una de las causas clave del exceso de importación
de bienes de consumo y por ende, del estancamiento de la producción
nacional, en detrimento de los pequeños y medianos productores
locales.
Los gobiernos
neoliberales de Nicaragua (1990–2006) han vendido, y venden todavía,
las empresas públicas que han sido compradas, casi en su totalidad,
por transnacionales de los países más ricos en alianza con
inversionistas locales. Los programas de privatización han
significado, sólo en el período 1990–1999, la transferencia de más
de 400 millones de dólares del patrimonio público a diversos poderes
económicos de los centros del capitalismo mundial.
El producto de esa
entrega de recursos públicos nunca se invirtió en el mejoramiento de
las condiciones de vida del pueblo, sino que constituye uno de los
mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país.
Una verdadera mafia político–empresarial se apropió de una inmensa
riqueza acumulada con el trabajo y el ahorro de varias generaciones.
Doble apropiación.
Se produjo así con las privatizaciones una doble expropiación. Las
transnacionales extranjeras repatriaron beneficios fabulosos a costa
del empobrecimiento de nuestras naciones. Y los ricos locales se
hicieron más ricos, despojando a las mayorías de la riqueza social
que representaban las empresas públicas. Los ricos se hicieron más
ricos, y se hicieron más ricos no sólo en términos absolutos, lo
que sería de esperar, pero también en términos relativos en
comparación al resto de la población.
Hay que recordar que
la revolución social (1979–1990) no abolió la propiedad privada, sí
creo un área de propiedad social, jurídicamente propiedad de todos
al servicio del bien común. De esa manera los pobres pudieron acceder
a alguna parte de la riqueza del patrimonio común de la nación. Con
la revolución social importantes servicios públicos: educación,
salud, agua, telecomunicaciones, energía, seguros, finanzas, vivienda
social, etcétera, fueron sustraídos a la lógica mercantil del
beneficio privado e integrados a un concepto de propiedad pública
que, pese a sus limitaciones y abusos, garantizó una importante
inclusión de la población pobre en el goce de derechos humanos
fundamentales.
Desde principios de
los años noventa los neoliberales emprendieron una ofensiva contra el
sector público en todas sus formas. Lograron erosionar gravemente la
educación y la enseñanza, succionaron recursos públicos en salud
que hicieron florecer el sector privado, privatizaron los servicios
financieros, también la industria del cemento, la telefonía, así
como otros servicios y patrimonios públicos por medio de la figura de
las concesiones. La privatización significó de hecho transferir a
los ricos la propiedad de los pobres, cuya única propiedad era
aquella de la que pueden gozar los no propietarios, la propiedad
social.
En materia de
infancia también se han conseguido avances, acompañados de zonas
oscuras que persisten. Según el informe de la Agencia de la ONU para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Nicaragua, cerca del 30
por ciento de los menores de cinco años tienen algún grado de
desnutrición. Por otro lado, la mortalidad infantil se ha reducido en
los últimos 15 años. Sin embargo, estas luces se acompañan con las
sombras de la explotación infantil, la prostitución, los abusos, la
pobreza, el abandono, la falta de acceso a los recursos educativos,
etcétera.
Jubilados cargan con
el costo. Los jubilados son una de las principales víctimas del
modelo neoliberal. El gobierno solo dispuso aumentos a cuentagotas del
haber mínimo, achatando la pirámide de estas remuneraciones. Más
del 50 por ciento de los jubilados cobra un ingreso que está situado
por debajo del nivel de indigencia y otro sector percibe un haber que
no llega al umbral de la pobreza. El gobierno aprovecha la baja
capacidad de protesta que tienen los jubilados para descargar sobre
ellos parte del costo del ajuste estructural.
Con esta perspectiva
económica y social, la inmigración se presenta como la única
escapatoria para miles de jóvenes, un fenómeno con sus efectos
negativos (falta de implicación y, por tanto, de compromiso con la
sociedad, vista como un escalón hacia otra parte; desarraigo) pero
que cuenta con un nuevo motor de desarrollo: las remesas.
Nicaragua tuvo en el
2005 un récord en la recepción de remesas familiares gracias al
trabajo de miles de sus emigrantes, que enviaron más de US$ 1,000
millones de dólares, la mayor parte desde Estados Unidos y Costa
Rica, la mayor cantidad registrada hasta ahora. La economía nicaragüense
depende cada vez más de los dólares que envían a sus familiares los
miles de sus ciudadanos que viven, legal o ilegalmente, en EEUU y
Costa Rica. Para las entidades financieras (los bancos privados), las
remesas de los trabajadores emigrantes representan una gran
oportunidad de negocio, si se toma en cuenta que más del 20 por
ciento de la población se beneficia con estos envíos de dinero.
La creciente
importancia de las remesas es una de las principales razones que
impulsan al gobierno a luchar por la permanencia de sus emigrantes en
EEUU, que ha endurecido su política para frenar la inmigración
ilegal. En EEUU radican unos 5.1 millones de centroamericanos, más
del 50 por ciento de forma ilegal, según la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
Las remesas de los
inmigrantes se han convertido en un pilar de la economía nicaragüense,
hasta representar una quinta parte del PIB. Las remesas hacia
Nicaragua se han multiplicado por 100 desde 1990 y es el elemento más
dinámico del país. De un lado, permiten equilibrar el presupuesto de
las familias; del otro, puede haber distorsiones, como que las
familias dejen de trabajar al recibir el dinero.
Es decir, el dinero
que los inmigrantes envían a sus familias se ha convertido en una
importante fuente de ingresos para todos los pobres del país. Tanto,
que ha llegado a ser contraproducente. No sólo porque hay sectores
sociales que dependen en exceso de este dinero sino porque, al mismo
tiempo, ha creado ciertos fenómenos, no generalizados, de apatía y
parasitismo en la sociedad nicaragüense.
Instrumentos
regresivos. La aplicación de las políticas del Consenso de
Washington significó para Nicaragua: expropiación de pequeños
ahorristas, quiebras de fábricas, cierres de comercios,
empobrecimiento masivo, desempleo generalizado, desesperación de la
clase media y emigración de profesionales. La desnutrición se
generalizó y las principales ciudades fueron invadidas por
desamparados que se alimentan revolviendo la basura.
Desde nuestra
perspectiva la recomposición del salario, la creación de empleo
genuino y la erradicación de la pobreza son incompatibles con el
esquema económico prevaleciente. Entendemos que la miseria no es una
rémora de los años ochenta del siglo XX, ni un mal pasajero que
desaparecerá con el derrame del crecimiento. Es un dato estructural
de un modelo basado en tres instrumentos regresivos: congelamiento de
la inversión, inequidad impositiva y salarios deprimidos.
El esquema económico
en curso requiere reducir el déficit fiscal. Esta reducción se gesta
elaborando presupuestos que subestiman la recaudación. Lo más
significativo es el recorte de las erogaciones sociales. El destino
principal del excedente es el pago de la deuda externa e interna, que
absorbe el grueso del presupuesto. Una porción importante del
presupuesto se utiliza también para subsidiar a los capitalistas
locales (las famosas exoneraciones), mediante un manejo discrecional
que realiza el Ejecutivo.
El modelo
presupuestario actual se asienta también en un significativo
incremento de la presión fiscal. El repunte de la tributación se
apoya en la intensidad de la recuperación. No incluye ninguna
modificación en la estructura regresiva de los gravámenes. Los
impuestos al consumo –que en Europa representan entre el 25 por
ciento y el 35 por ciento de la recaudación– en Nicaragua superan
el 50 por ciento. El esquema prevaleciente penaliza a los pobres,
otorga poderes discrecionales a los recaudadores e impone mayores
obligaciones a los pequeños y medianos productores.
Todos los
funcionarios hablan de cambiar el sistema regresivo, pero ninguno lo
modifica. Reconocen su carácter inequitativo, pero argumentan que 'no
es el momento” para transformarlo. Este inmovilismo ha caracterizado
a todos los gobiernos neoliberales desde 1990 hasta la fecha. Cuándo
hay recesión alertan contra el efecto contractivo de la reforma y
cuando hay reactivación vislumbran que frenará el crecimiento. Por
eso al final, solo prevalecen las iniciativas que propician la
desgravación de las grandes empresas. Siguiendo este criterio de
inequidad, las intimaciones oficiales afectan los pequeños
contribuyentes incumplidores y perdonan a las compañías poderosas.
La evasión institucionalizada de los peces gordos siempre es
tolerada.
La carga tributaria
recae en Nicaragua, de manera desproporcionada, sobre los hombros de
la gente con menores ingresos. Para disminuir esa brecha, deberíamos
tener un gasto social que apuntara a redistribuir el ingreso hacia los
sectores de menores ingresos. Ocurre lo contrario: el gasto social en
inversión por habitante se está deteriorando, mientras la prioridad
es el pago de una deuda interna que está enriqueciendo fabulosamente
a quienes ya concentran la mayoría del ingreso.
Resistencia social
persiste. El punto de partida de cualquier programa económico de carácter
social tiene que contemplar una reforma impositiva, que no se limite a
corregir los grandes abusos de la regresividad (exenciones a las
operaciones financieras o a la herencia). Lo importante es instaurar
el predominio de los impuestos directos y adoptar medidas contra la
previsible resistencia de las clases dominantes. La redistribución
del ingreso no es una 'deuda pendiente” que se resolverá con el
paso del tiempo. Es una decisión política que requiere afectar los
intereses de las clases dominantes. Como el gobierno neoliberal
defiende a este sector preserva el actual modelo regresivo.
En el transcurso de
los dieciséis años de políticas neoliberales se ha estabilizado la
macroeconomía con tasas de crecimiento irregulares, se producido
incremento de las exportaciones y se han elevado las ganancias, en un
marco de pobreza, desempleo y degradación salarial. Los bancos
funcionan y la actividad comercial ha recuperado su ritmo. Las clases
dominantes respiran con relativo alivio, porque los gobiernos
neoliberales han reinstaurado la autoridad política de la derecha y
lograron reducir la explosividad (aunque no la continuidad) de la
protesta social.
El curso de la economía
y de la política está condicionado por el creciente impacto de las
demandas sociales. Los trabajadores organizados perciben que existe un
espacio para lograr conquistas y mayores salarios. Han recuperado
visibilidad y protagonismo. Se está demostrando que el alto grado de
desempleo no impone un obstáculo infranqueable a la lucha salarial y
social. En un marco de recuperación de las tradiciones combativas
resulta posible la confluencia de los excluidos con los incluidos. Una
nueva generación que no carga con las frustraciones de la derrota
electoral de 1990 encabeza la resistencia social.
La etapa cambió,
pero la resistencia social persiste. Las luchas callejeras han sido
reemplazadas por secuencias de protestas. Las huelgas y las
manifestaciones sustituyen a las barricadas. Se refuerza la
sindicalización, se desarrolla el movimiento organizado de los
trabajadores informales y se multiplican distintas formas de acción
barrial y juvenil. La reacción inmediata frente a la injusticia se
mantiene como un rasgo dominante, en un clima de repudio al
neoliberalismo y al imperialismo norteamericano.
El resurgimiento de
esta lucha desconcierta al gobierno, irrita a la derecha y desespera a
los capitalistas. Todos esperaban la desaparición de cualquier
vestigio de luchas sociales y por eso observan con fastidio la
continuidad de la protesta. En lugar de discutir la validez de los
reclamos, el gobierno Bolaños objeta su oportunidad y las formas de
la petición. Propicia, campañas mediáticas para inducir el
aislamiento, la división y el debilitamiento de la lucha social. Pero
esta acción persiste y es el factor clave del nuevo período, porque
condiciona todos los proyectos de la clase dominante. No es sencillo
estabilizar un modelo regresivo en un contexto de movilización
social.
Los grupos de poder
económico dominan el Estado, la mayoría de partidos y las
instituciones; y donde las élites pretenden reforzar sus tentáculos
en el sector de servicios. Esto, en detrimento de la agricultura y la
industria nacional y, desde luego, del bienestar de la gente. En los
gobiernos neoliberales, todos ellos pro empresariales, los intereses
de los grupos de poder económico dominantes han tenido una incidencia
decisiva en la determinación y ejecución de las políticas públicas
en los últimos dieciséis años.
Amplios sectores
excluidos. La expansión de estos grupos y la concentración de la
riqueza han traído como consecuencia la exclusión de amplios
sectores de la población y ha imposibilitado la ejecución de políticas
públicas a largo plazo, que respondan más a las necesidades de los
países que a los intereses de las élites empresariales.
A pesar de todos los
datos anteriores, la cúpula de las cámaras empresariales sigue
defendiendo la patria financiera y neoliberal que representan. Tienen
razón, el modelo neoliberal que ellos encarnan les ha dejado
fabulosos beneficios en los últimos dieciséis años. Sólo la rama
financiera, tras la ruptura del monopolio estatal, se ha embolsado
miles de millones de dólares, según registran sus propias estadísticas.
Si en un polo de la sociedad hay cuatro millones de pobres, es
sencillamente porque en la otra orilla hay unas élites que se han
beneficiado de la mayor transferencia de rentas de las clases
populares a las clases altas, corrupción incluida.
Según un estudio del
PNUD si en 1997 el 41 por ciento de la población latinoamericana,
incluyendo la nicaragüense, declaraba estar satisfecha con sus
gobiernos democráticos esta cifra descendía a 29 por ciento en el
2004. Es decir, que menos de un tercio de los habitantes estaban
satisfechos con sus gobiernos. En esa misma encuesta sólo el 19 por
ciento declaraba su beneplácito con el funcionamiento de la economía
de mercado, pese a que sus publicistas se desgañitan cada día
proclamando sus incomparables virtudes.
Por otro lado, la
encuesta del PNUD le preguntó a 231 líderes de la región,
incluyendo nicaragüenses, entre los cuales varios ex–presidentes,
ex– ministros y grandes empresarios quiénes realmente mandaban. La
respuesta es sumamente aleccionadora, sobre todo por venir de quienes
viene: el 80 por ciento declaró que quienes realmente mandaban eran
las grandes corporaciones transnacionales y el capital financiero,
seguido, en un 65 por ciento de los casos, por la prensa y los grandes
medios de comunicación. Esos son los verdaderos factores de poder en
nuestra mal llamada democracia.
El final del
gobierno. El próximo gobierno tendrá una carga muy pesada:
reconstruir las líneas maestras de la política exterior, difuminadas
durante el gobierno Bolaños lleno de fantasías y magros resultados.
El gobierno Bolaños creyó que la Casa Blanca recibiría con los
brazos abiertos al Presidente de la 'nueva era”, por añadidura
ferviente promotor de los valores del 'libre comercio” y adversario
de una política nacionalista e independiente en la arena
internacional. Pero se equivocó.
La política del
presidente Bush demuestra que la 'amistad” con Bolaños sí puede
estar reñida con los intereses del más fuerte. A la pretensión de
traducir la dependencia en una asociación virtuosa con la potencia
del norte; EEUU responde con recelo y desprecio, sin verdadera visión
de largo plazo y desconociendo los hechos esenciales del problema
migratorio. Sin embargo, el gobierno Bolaños se aferra a las palabras
edulcoradas de Bush, a las explicaciones pueriles sobre que todos
ganamos con el CAFTA y de nuevo tratan de 'explicar” a los nicaragüenses
que el 'libre comercio” no es tan malo como parece.
El tratado de libre
comercio con EEUU no es bueno porque va a socavar la estructura
productiva del país; no es justo para el país por que mantiene el
subsidio de los productos agrícolas norteamericanos; no fue una
negociación, fue más bien una imposición. Este tratado puede ser
muy costoso para la soberanía nacional. El desnivel económico entre
Centroamérica y EEUU se va hacer más grande cada año que pase. Es
necesario tener en cuenta la relación costo/beneficio. No tener un
TLC es mejor que tener uno mal negociado.
Don Enrique Bolaños
prometió que crearía miles de empleos bien pagados; nunca dijo que
necesariamente lo haría dentro de Nicaragua. A lo largo del
quinquenio de don Enrique estos fueron los mayores ingresos, en
millones de dólares, que registró el país gracias al éxito de su
programa de exportación de pobres. Entre el 2002 hasta el 2006, de
acuerdo a las proyecciones internacionales, las remesas alcanzaron un
monto de US$ 4,547 millones de dólares.
Las remesas de los
emigrantes han beneficiado al mercado interno porque sus familias
incrementan sus niveles de consumo, pero también porque muchas de
ellas han optado por crear pequeños negocios con esos recursos, en su
mayoría misceláneas y tiendas de abarrotes. Es relativamente fácil
abrir una pulpería, gracias a las remesas que mandan los trabajadores
nicaragüenses en el exterior y porque es la inversión más rápida e
inmediata que se puede hacer para un negocio, si la gente no tiene un
empleo formal.
Sin embargo, muchos
de estos negocios quiebran ante la competencia de tiendas de
autoservicio y supermercados, que llegan a ofrecer precios más
baratos. Ya que se trata de negocios muy tradicionales que operan de
manera empírica, porque carecen de métodos de administración y
organización nuevos, o acceso tecnológico. Aunque los indicadores
macroeconómicos nos digan que la economía se está fortaleciendo y
creciendo, en el sector comercial detallista está disminuyendo.
El próximo gobierno
debiera de buscar, como política pública, como reducir el costo
promedio de las remesas de Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador a
Nicaragua y, de esa forma, permitir a los emigrados y sus familias un
ahorro importante. Hasta la fecha, una mayoría de los trabajadores
nicaragüenses y sus familias aún están excluidas del sistema
financiero normal y, como consecuencia, de los servicios y
oportunidades a los que tienen acceso las personas de mayores
ingresos.
Durante los últimos
cinco años, Nicaragua recibió remesas por un monto superior a 4 mil
millones de dólares, de los cuales casi el 100 por ciento llegaron de
Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador. La mayoría de estos fondos
fueron a hogares de escasos recursos para cubrir gastos diarios, pero
algunas familias han logrado ahorrar o invertir algo de ese dinero.
El 54 por ciento de
las remesas son distribuidas en bancos, cooperativas de crédito,
instituciones micro financieras y otras entidades autorizadas para
tomar depósitos. Esto significa que todos los meses unos 100 mil de
personas concurren a agencias bancarias para buscar sus remesas, pero
poco se hace por convertirlas en ahorradores.
Los bancos nicaragüenses
se comportan casi como las bodegas. En la mayoría de los casos sólo
fungen como agentes de las empresas de transferencias de dinero, en
lugar de aprovechar la oportunidad para ofrecerles servicios de depósitos
a los clientes de las remesas. En contraste, las cooperativas y las
microfinancieras han logrado mejores resultados en reclutar a
receptores de remesas como ahorradores. Además de esforzarse por
atraer a esos clientes, estas instituciones financieras han adaptado
sus servicios y productos a las necesidades de este segmento. En
Nicaragua, sólo el 10 por ciento de las personas que reciben remesas
tiene cuenta bancaria.
Se equivocaron
Chamorro primero, después Alemán y Bolaños ahora por su dogmatismo
en cuestiones económicas, por la falta de adaptación de esta economía
para competir con la más grande del mundo, porque los ajustes que
provoca el mercado de manera 'automática” no se distribuyen
equitativamente entre los trabajadores y las empresas de ambos países.
La capacidad
competitiva de esta economía se ha estancado y pierde terreno frente
a muchos países. El CAFTA no generara suficientes empleos, que son mínimos
en este gobierno, mientras crece la informalidad y la migración se
convirtió en la válvula de escape. La falta de empleo y la
continuidad de la política económica es un peligro para el país.
Y en este final del
autodenominado gobierno de la 'nueva era', los golpes a la gente que
protesta las políticas sociales y la expulsión de los trabajadores
se combinan con la falsedad de una democracia que se proclama de la
boca para afuera, pero en la que el Presidente Bolaños se involucra
sin reserva para alcanzar una sucesión a su conveniencia. Esta es
otra forma de violencia contra los ciudadanos, flaca herencia de quien
se proclamó el presidente de la democracia y de la lucha contra la
corrupción. Sin embargo, resultó ser un heredero de William Walker
al querer asociarnos incondicionalmente al Imperio.
El crecimiento económico
del gobierno Bolaños. El crecimiento económico del quinquenio del
gobierno Bolaños alcanzará un promedio, en el mejor de los casos, de
3.2 por ciento anual para el período 2002–2006; para un crecimiento
promedio por habitante de 0.6 por ciento anual. El moderado
crecimiento del mercado interno de los últimos años es debido,
fundamentalmente, a las remesas familiares; sin embargo, el ingreso
per cápita se ha atorado por la política de mantener los ajustes
salariales por debajo del crecimiento de la inflación.
El comportamiento de
la inversión extranjera directa (IED) en el gobierno de la 'nueva
era” tiene un balance positivo: cerca de mil millones de dólares
habrían ingresado al país para coadyuvar a su crecimiento económico
y desarrollo social. Visto así de simple, no cabría más que
felicitar al Presidente Bolaños por tan excelsos resultados. Sin
embargo, como en la mayoría de los 'balances” que desde las
oficinas públicas se elaboran no explican todo lo que se debiera
conocer. La calculadora del gobierno de la 'nueva era” se limitó a
sumar, obviando las disminuciones y matices que obligadamente deben
realizarse en estos casos.
Los montos de la IED
no es ninguna novedad, porque en los gobiernos neoliberales anteriores
fue lo mismo, ya que el grueso de la IED no llegó a generar riqueza,
sino a apropiarse de la existente y a sacarle raja a las generosas
facilidades y abundantes regalos otorgados por la administración de
Bolaños al capital foráneo.
Al analizar el
promedio anual de las IED entre 2002–2006 será de US$ 205.2
millones de dólares; mientras que el período de Alemán
(1997–2001) el promedio de las IED fue de US$ 229.2 millones de dólares.
Esto quiere decir que durante el gobierno de Bolaños las IED
disminuyeron en relación al gobierno anterior.
A simple vista, los
US$ 1,026 millones de dólares de IED visten muy bien, porque
representan ingresos importantes; sin embargo, representan solamente
un 22.5 por ciento del total de las remesas que la paisanada le ha
inyectado incondicionalmente a la economía nicaragüense. Toda la
carretada de billetes verdes en los cinco años citados fueron
enviados por los emigrantes alcanzó un total de US$ 4,447 millones de
dólares.
Por otro lado, 52
centavos cada dólar de la nueva inversión extranjera directa captado
en el gobierno de la 'nueva era” llegaron a Nicaragua con un claro
objetivo: comprar empresas existentes, no crearlas: apropiarse de la
riqueza acumulada por los nicaragüenses a lo largo de los años, y no
generar nuevos filones de crecimiento y de creación de empleos.
Otro renglón
importante es el de reinversión de utilidades, que si bien se
registra como inversión extranjera directa, los dineros
correspondientes no provienen del exterior, sino del mercado interno,
es decir, utilidades generadas en Nicaragua. En los cinco años de la
'nueva era” por este concepto los inversionistas foráneos reportan
alrededor de US$ 230 millones de dólares. Así, las IED en la 'nueva
era” no son malas, pero distan mucho de ser excelsos, como pretenden
los altos funcionarios del gobierno Bolaños. Lo peor del caso es que
tampoco se da en lo que a crecimiento económico y desarrollo social
se refiere.
El crecimiento económico
de Nicaragua no se traduce en la generación de empleos de calidad
necesarios para avanzar en la reducción de la pobreza. La caída en
la calidad de los nuevos empleos es una tendencia, que se manifiesta
de diversas maneras al considerar los indicadores, como la creación
de empleos, la productividad, las mejoras salariales y la reducción
de la pobreza.
Actualmente, la mitad
de los trabajadores no alcanzan una renta capaz de superar el nivel de
pobreza con un salario de US$ 1 dólar diario. Más de la mitad de la
PEA se encuentra en el desempleo abierto o se ocupa en trabajos de muy
baja productividad. La falta de empleo y su precariedad generan
exclusión, pobreza, marginalidad e inequidad social. El trabajo
provee a los pobres su principal fuente de ingreso.
En 1991, con un
salario mensual promedio se podía comprar 1.44 canastas básicas. En
diciembre de 2005, con el mismo salario promedio no se podía comprar
ni una canasta básica, sólo alcanzaba para adquirir un poco menos de
¾ de ella.
De acuerdo a la
CEPAL, en Nicaragua, entre 1993 y 1998, de cada 10 nuevos ocupados por
sector solamente se crearon 1.2 empleos en el sector formal, 4.8
empleos en sector informal y 4.0 empleos en el sector agropecuario. Se
estima que entre 2000–2004, de cada 10 nuevas personas ocupadas, 6
trabajan en el sector informal. La expansión de la informalidad trae
aparejado un aumento de la terciarización del empleo.
Uno de los factores
que influyen en mayor medida en la determinación de los ingresos
laborales y la calidad del empleo es la dotación de capital humano de
los participantes en el mercado laboral. En Nicaragua, la gran mayoría
de los adultos que viven en hogares pobres no han terminado la educación
primaria, y en muchos casos, ni siquiera han cursado tres años de
estudios. Como conclusión de los datos anteriores tenemos:
1– El desempleo
masivo es el resultado del lento proceso de acumulación de capital,
ya que la formación de capital permaneció por debajo del crecimiento
de la fuerza de trabajo.
2– El desempleo
afecta más a los jóvenes y mujeres.
3– El empleo que se
crea es el sector informal, caída de la calidad del empleo.
4– Uno de los
problemas del empleo es la poca formación profesional de los
desempleados.
5– Los salarios de
los que están empleados es muy bajo.
¿Qué se puede hacer
para reducir el desempleo? Partiendo del hecho que la mayor cantidad
de empleo se genera en: el campo y la pequeña y mediana industria
(alrededor del 90 por ciento del empleo). Hay tomar las siguientes
medidas:
1– Estamos a favor
por el lanzamiento de un programa de apoyo a la pequeña y mediana
producción del campo y la ciudad con el objetivo de ampliar la oferta
de trabajo y crecimiento económico. Esto requiere crédito para
siembra y maquinaria agrícola e industrial (Banco de la Fomento),
capacitación para los trabajadores (INATEC y educación formal).
2– Al reforzar a la
pequeña y mediana producción estaremos luchando contra el hambre y
la pobreza, en la medida que la gente hoy desempleada tendrá ingresos
para comprar alimentos. Los pequeños y medianos campesinos puede
producir más para el mercado interno (tendrán compradores).
3– Sembrar millones
de árboles que tardan entre 5 a 15 años en ser maderables, pero
cuando se entregue el gobierno al siguiente presidente tendrán 4 o 6
metros de altura y ya nadie podrá malograrlos; esa tarea será parte
de la transformación de nuestro país. A través de estas acciones de
conservación del medio ambiente se dará trabajo a los actuales
desempleados.
La influencia política
de los grupos de poder económico. La 'presidencia imperial” de
Estados Unidos ha logrado imponer en Nicaragua una política de país
exportador de mano de obra barata y la explotación irracional de sus
recursos naturales utilizando la condicionalidad acreedora de sus
brazos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la
complicidad de una clase dominante plenamente identificada con los
valores del 'Consenso de Washington”.
Mientras tanto, los
grupos de poder económico siguen utilizando, de manera creciente, la
presión sobre los distintos poderes del Estado. Esta presión se
ejerce fundamentalmente a través de mecanismos informales, es decir,
fuera de la institucionalidad empresarial y estatal existente. Dentro
de los mecanismos informales utilizados, sobresale, por la manifestación
de poder que supone, los frecuentes contactos directos de dichos
grupos con las altas autoridades gubernamentales, incluyendo el
Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Diputados de
la Asamblea Nacional y los Magistrados y Jueces del Poder Judicial,
etcétera. Los grupos económicos más poderosos, que forman una
especie de club, tienen derecho de tocar la puerta y comunicarse
informalmente con las más altas autoridades del país en cualquier
momento y circunstancia.
Este derecho de tocar
la puerta, proviene del poderío económico de estos grupos; de su
papel en el financiamiento de las campañas políticas de los partidos
de la derecha en el poder; y de su influencia sobre los medios de
comunicación social. Adicionalmente tiene que ver con la existencia
de estrechas relaciones familiares y económicas entre los principales
grupos económicos, lo que les permite acceder de manera relativamente
fácil a los círculos de poder; y sobre todo con la existencia de un
gobierno pro–empresarial, lo que facilita el acceso de dichos grupos
a los distintos niveles del aparato estatal.
Los grupos de poder
económico ejercen, también, su influencia a través de los medios de
comunicación social, la mayoría de los cuales están bajo su control
directo o pertenecen a grupos económicos con los cuales tienen buenas
relaciones y afinidades ideológicas. A través de los medios de
comunicación, estos grupos económicos hacen aparecer sus agendas
particulares como agendas nacionales y tratan de influir sobre la
opinión pública sobre políticas que ellos consideran críticas para
sus intereses, como es caso; por ejemplo, del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, el cual fue apoyado incondicionalmente
por la mayor parte de los medios de comunicación en los que los
grupos de poder económico ejercen un control directo. Además, la
influencia sobre los medios de comunicación les permite a los grupos
de poder económico marginar a las voces que cuestionan la orientación
general de la política socioeconómica.
En términos
generales, en las grandes orientaciones de política (apertura,
liberalización, privatización, papel del Estado, etcétera) no
existen mayores diferencias entre los principales grupos de poder económico,
su influencia en el nivel general la realizan muchas veces de manera
coordinada, utilizando todas sus alianzas nacionales e
internacionales. Es por ello que en los últimos años dichos grupos
económicos han realizado reuniones periódicas informales en las que
discuten los problemas nacionales, centroamericanos y sus posibles
soluciones y han patrocinado reuniones internacionales y regionales en
las que incluso han participado los Presidentes centroamericanos.
Otro nivel sobre el
que ejercen influencia los grupos de poder económico es el sectorial,
en el cual uno o varios grupos interesados en determinadas políticas
sectoriales (o en impedir que se implementen políticas específicas);
también, ejercen influencia para obtener beneficios particulares para
sus empresas. Este es el caso, por ejemplo, de los grupos con
intereses en el sector turismo, que presionan para obtener las mayores
prebendas posibles por parte del gobierno neoliberal, o el de la
industria azucarera, en donde el mercado interno se encuentra
protegido, lo cual beneficia a los grupos económicos vinculados a
dicha actividad.
Finalmente, está el
tercer nivel, más microeconómico, en el cual un grupo en particular
ejerce su influencia para preservar privilegios derivados de poseer un
monopolio u oligopolio, como ha sido el caso de los grupos vinculados
al tradicional monopolio del azúcar, de las compañías cerveceras y
de las empresas cementeras; o bien para obtener ventajas arancelarias
o fiscales, que es una de las áreas más frecuentes de presión por
parte de los grupos de poder económico.
Desde 1990, lo que ha
existido es una especie de estrategia de simulación de democracia
para legitimar el ejercicio del poder de las elites. La realidad es
que Nicaragua tiene una pobreza del 80%, una miseria del 45% y es uno
de los países más inequitativo de América Latina. Por esta simulación
de democracia, muchas decisiones han sido tomadas por muy poca gente
para beneficiar a los banqueros (el caso de los CENIS) y en detrimento
de las mayorías empobrecidas. Nuestro punto de vista es que la
sociedad nicaragüense es tan injusta que es necesario que el
sandinismo vuelva al poder para superar estas carencias.
En las elecciones
2006 varios temas son importantes. Coinciden en un mismo espacio tres
tipos de contradicciones. La primera, derivada de la profunda
desigualdad, entre las oligarquías sobretodo financieras y los
'nuevos plebeyos” en los sectores populares. La segunda entre la
vieja clase política de la derecha neoliberal con su visión
antisandinista y el proyecto de reconciliación nacional promovido por
el sandinismo. La tercera entre las coaliciones sociales volcadas
hacia la administración de privilegios y franjas de ilegalidad, y las
coaliciones ciudadanas que claman por la transparencia, el alto a la
impunidad y la seguridad pública.
Aunque hay muchos
vasos comunicantes entre las opciones en los tres niveles de
contradicción el verdadero tema es cómo construir desde el combate a
la desigualdad, a la ilegalidad y a las viejas formas de hacer política
una nueva mayoría social. Es decir, una mayoría diferente a la que
gobernó en los últimos 16 años. Una mayoría diferente a la
favorable al capital en detrimento de 'los de abajo”, los
marginados, los empobrecidos por las políticas neoliberales. Se trata
en breve, de una mayoría alternativa para gobernar la pluralidad.
Modelo se agota. El
sistema neoliberal comienza a hacer agua, agobiado por el desempleo,
la delincuencia y las desigualdades. Es evidente que este ciclo económico
se está agotando y con la explotación intensiva de recursos
naturales, de bajos impuestos a las transnacionales y empresas
privadas y pésima distribución de la riqueza, el país está
siguiendo una senda que, a estas alturas, resulta peligrosamente dual.
Es una Nicaragua con brechas profundísimas en salud, educación,
justicia, ambiente de vida y, al mismo tiempo, estamos viviendo la
dictadura del capital, la persistencia de una manera de ver la
sociedad, mirada desde el protagonismo y la capacidad de decisión de
unos pocos.
Se hace urgente
corregir el modelo económico de mercado y democratizar el sistema
social, hay una complicidad en las élites políticas y económicas
para mantener todo igual. La distribución de la riqueza es un asunto
muy profundo, el problema es durísimo y la desigualdad va a ser cada
vez más crítica. No se trata sólo de una desigualdad en el ingreso.
También lo es en los tratos laborales, en la desigualdad frente a la
justicia, a las alternativas, frente al empleo y los salarios. Los
grandes problemas sociales de Nicaragua son resultado del sistema
neoliberal imperante y es preciso cambiarlo.
Algunos analistas
estiman que el fracaso económico, el agotamiento teórico y el descrédito
político del neoliberalismo han restringido la influencia de la
derecha al terreno ideológico–cultural. Otros autores en cambio
detectan que el debilitamiento neoliberal se concentra en la cultura y
en la ideología sin extenderse a la economía y la política.
Las fuerzas
progresistas necesitan profundizar la democracia, revalorar el papel
del Estado, permitir la participación de la sociedad civil en las
principales decisiones del país y apuntalar los movimientos sociales
organizados para que sean contrapesos de los poderes fácticos
constituidos por los grupos de poder económico. La pregunta es: ¿será
posible realizar estas acciones en una sociedad totalmente excluyente
como la nuestra?, considero que sin una redistribución de la riqueza
a través de impuestos, sin una reducción de la desigualdad social y
sin una disminución del poder de los grupos de poder económico, no
es viable ninguna reforma. Para lograrlo es necesario lograr un cambio
en el gobierno en las próximas elecciones generales de noviembre de
2006.
Cada científico
social puede definir qué lugar ocupará en este escenario. Una opción
es ubicarse en el campo de los dominadores y utilizar los
conocimientos acumulados para facilitar los negocios y la buena vida
de los privilegiados. La otra posibilidad es colocarse en el terreno
de la mayoría empobrecida. En este ámbito la realización
profesional y el desarrollo intelectual se ensamblan con el compromiso
político y el aprendizaje militante. Este sendero ofrece una inédita
posibilidad de elaboración teórica y experimentación práctica. La
oportunidad para actuar en este terreno existe y hay que aprovecharla.
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