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Felipe
Calderón: presidente espurio
Por
Gilberto López y Rivas
La
Jornada, 08/09/06
Con
justificaciones legalistas y una interpretación anodina y
contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme
al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico,
político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como
presidente de la República. Se consuma el "golpe de Estado técnico"
o "ruptura del orden constitucional" que trastoca toda
legalidad, legitimidad y credibilidad de las instituciones
"democráticas" y que seguramente llevará a millones de
mexicanos a continuar una resistencia cívica en proceso de construcción
y de incierto futuro, pero de obligada opción por congruencia ética
y política.
Se
expresa así la crisis institucional que conlleva la mundialización
capitalista neoliberal, con estados autoritarios y corruptos,
coludidos con las redes corporativas y, en muchos casos, el crimen
organizado, y con tendencias estructurales a violentar sistemáticamente
sus fundamentos de legalidad y estado de derecho y, por ende, a vaciar
de contenido los procesos democráticos enaltecidos por los ideólogos
del capitalismo neoliberal.
Ana
María Rivadeo, en su libro Lesa patria: nación y globalización (México,
UNAM, 2003), describe lo que considera Estado nacional de competencia
como una nueva forma del Estado autoritario. "Esta se articula en
torno a una desdemocratización de las instituciones liberal democráticas,
impuesta por medio del recurso de 'los hechos' que exige la
competencia capitalista trasnacional. O sea, que esa desdemocratización
se apoya, en lo esencial, en el vaciado, la ineficacia y la
insignificancia inducidas de las instituciones liberal democráticas.
Estas torsiones no involucran, sin embargo, ningún retroceso o
debilidad del Estado. El Estado nacional de competencia es un vigoroso
interventor, tanto en el plano económico como en las dimensiones política,
social, ideológica, cultural y militar; el neoliberalismo es una
doctrina exacerbadamente estatista; y el 'libre mercado' es una
construcción político estatal instituida y sostenida, asimismo, por
la coerción y la represión." (pp. 310-311)
Este
autoritarismo se ha dejado sentir en todo el país con el creciente
clima de militarización abierta y encubierta, la sistemática
criminalización de la disidencia y los rumores e informaciones sobre
preparación de grupos paramilitares y parapoliciacos al servicio de
la represión gubernamental y la ultraderecha. Los ataques de sicarios
y fuerzas de seguridad contra integrantes de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO), con su secuela de muertos, heridos y
detenidos; así como las amenazas y agresiones contra adherentes de la
otra campaña; los actos de formal prisión contra los dirigentes
de Atenco; y las denuncias de provocaciones de las juntas de buen
gobierno en Chiapas son hechos recientes de una política represiva
generalizada que Felipe Calderón considera de "mano firme".
Los
grupos de inteligencia del Estado, Sección Segunda del Ejército y
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), andan muy
activos, recabando información sobre los "grupos
subversivos" y realizando algunas acciones concretas. Hace unos días,
por ejemplo, se interfirió la señal de La Voladora Radio, en
Amecameca, estado de México, obligándola a salir del aire en siete
de los nueve municipios que cubría. Los miembros de este colectivo,
adherentes a la Sexta Declaración y a la otra campaña, fueron
amenazados en su integridad física y la de sus familias, en mensajes
soeces que pretenden acallar esta importante voz de la radiofonía
independiente. Lo mismo esta ocurriendo con la organización Jóvenes
en Resistencia Alternativa, colectivos de la otra campaña en
Puebla y en otros estados del país.
El
poder que impuso a Calderón está subestimando la reacción de
importantes sectores del pueblo mexicano y pretende que el desgaste y
las campañas mediáticas se harán cargo de la oposición contra la
Presidencia impuesta. Sin embargo, existen al menos cuatro formas político-organizativas
que plantean una lucha frontal contra el gobierno en ciernes:
1)
Un movimiento ciudadano de corte democrático popular bajo la conducción
de AMLO y apoyado por la estructura burocrática, de gobierno y
representación parlamentaria de los partidos de la coalición Por el
Bien de Todos.
2)
La "comuna de Oaxaca" que se origina en una movilización
gremial y ante la represión del gobernador, se transforma en una
experiencia de gobierno popular con representación de diversos
sectores sociales y de los pueblos indios, con un alcance histórico
todavía no valorado en todas sus dimensiones por la simultaneidad con
el movimiento cívico.
3)
El EZLN y la otra campaña, que pasan por momentos de debate y
definición, pero que representan una fuerza política cuyos
fundamentos descansan en las experiencias de los procesos autonómicos
del "mandar obedeciendo" y que intenta desde una perspectiva
anticapitalista establecer un polo popular nacional que logre la
hegemonía de un poder constituyente; y
4)
Los grupos armados con un proyecto socialista y una estrategia de
guerra popular prolongada que implica acumulación de fuerzas,
autodefensa y sobrevivencia hasta alcanzar el poderío suficiente para
una fase nacional ofensiva.
Probablemente,
cada movimiento siga sus propios derroteros, o en un momento dado
mantengan coincidencias puntuales. Lo importante es la conciencia
creciente de que las cosas no pueden seguir como están y que hay
situaciones extremas que un pueblo no puede tolerar. ¡No al
presidente fraudulento!
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