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¿División
de poderes, o poder dual en México?
Por
Marcos Roitman
Rosenmann
La
Jornada 09/09/06
El
orden político está en crisis. La pérdida de legitimidad de las
instituciones genera un proceso en el cual el pacto social y el
consenso se disuelven abriéndose hacia una dimensión que trasciende
la unidad del Estado: el poder dual. Los restos de una revolución
institucionalizada y nacionalista mutan en un neoliberalismo
trasnacional por los años 80 del siglo XX y dejan sin agarraderas a
quienes se suman a su carro bajo el mando de una nueva plutocracia
oligárquica.
El
cisma en el siglo XXI adquiere características estructurales. Seis años
de gobierno blanquiazul ahondan la brecha entre ricos y pobres
y sentencian a México a ser un país subordinado al unilateralismo
practicado por Estados Unidos. La pérdida de soberanía y de
independencia política se consolida en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y las políticas migratorias. Así, lo que se
cuestiona, tras el fraude electoral del 2 de julio de 2006, no es el
presidencialismo o un régimen político, es la inexistencia de
democracia, más allá de un control sobre la arbitrariedad.
Al
descubrirlo, se evidencia una contradicción: capitalismo y democracia
no son fórmulas inclusivas. La división de poderes, postulado básico
del liberalismo político, es una quimera. Su práctica responde a una
lógica técnica-administrativa. Las decisiones no pueden comprometer
la esencia del sistema. Cuando está en peligro el proceso de
acumulación, explotación y dominio se pone en marcha el aparato
necesario para evitar cualquier alteración en su engranaje. En dichas
circunstancias se evidencia el carácter de clase de las instituciones
y, lo que es menos evidente, se pueden radicalizar las posturas ideológico-políticas
inicialmente sin objetivos de transformación social. Lo que se inicia
como una lucha contra el fraude puede acabar siendo un actor capaz de
producir un efecto transformador en la conciencia política y social
de la ciudadanía. El desborde popular. Un llamado a cambiar las
instituciones. Desconocer el poder arbitrario. Configurar otro poder.
Una reforma constituyente. Una alternativa frente al despotismo y la
crisis de legitimidad. Una propuesta revolucionaria, si por revolución
entendemos un cambio de ciclo. Un comienzo. Pero dentro de un orden
que se precipita, incapaz de aceptar su derrota.
Así,
surgen dos poderes, dos fuerzas contrapuestas, cuya lógica consiste
en demostrar su capacidad de ejercicio y control del gobierno. Dos
poderes en un mismo Estado. ¿No es lo que en su día formulara
Trotsky como parte del poder dual? Sin embargo, la pregunta es la
siguiente: ¿cómo se llega a semejante dilema, si en México la
gobernabilidad y la alternancia se administraban vía consenso y
reforma del Estado, aceptada por todos los partidos políticos? ¿Cómo
y por quién se rompió el pacto?
La
respuesta tiene una primera parte. Primero, la manipulación del
proceso electoral para impedir el triunfo del candidato de la coalición
Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; y segundo, en los
mecanismos de presión y control que imposibilitaran la nulidad de las
elecciones en caso de corroborar el fraude y corrupción del proceso
en cuestión. De esta guisa, al declarar el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación como presidente electo a Felipe
Calderón se completa la ruptura del orden constitucional vigente, y
con ello se deja sin efecto el pacto social, incluso el proyecto de
dominación neoliberal de una izquierda articulada al orden vigente.
Ello es así puesto que su fallo incorpora afirmaciones que deberían
llevar a los magistrados a una nulidad del proceso o a la necesidad
del conteo voto a voto. Sobre todo cuando el proceso, según sus señorías,
fue alterado por las siguientes causas: 1) la injerencia del
presidente Vicente Fox en beneficio del candidato del PAN; 2) la
violación del Consejo Coordinador Empresarial por medio de mensajes
ilegales cuyo impacto afectó de manera negativa la campaña de Andrés
Manuel López Obrador; 3) el carácter negativo e injurioso del PAN en
su campaña, y 4) el conjunto de anomalías generalizadas que
atestiguan la falta de limpieza de las elecciones.
Sin
embargo, constatando dichas irregularidades, los jueces legitiman el
fraude, fallando contra el sentido común y las razones de la
democracia representativa. Los magistrados adoptan una solución que
rompe definitivamente el pacto social y acuden en favor del PAN; una
decisión espuria. Como señaló John Akerman a La Jornada: "No
dijeron que las elecciones fueron limpias ni necesariamente legales o
que prevaleció la equidad. Al contrario, que hubo vastas
irregularidades, pero ellos, como magistrados, no tuvieron suficiente
información para juzgar su determinancia en el resultado... Lo cierto
es que no se allegaron información. Subrayo que en esta etapa de
calificación de los comicios el TEPJF actúa de oficio, entonces ya
no vale el pretexto de que las partes no presentaron pruebas... El
tribunal no es una fiscalía, pero en casos especiales puede ordenar
el perfeccionamiento de las pruebas necesarias para allegarse la
información... y no lo hicieron. No pudieron anular la elección
porque no tuvieron suficiente información y, a su vez, no la tuvieron
porque no se la allegaron".
Una
paradoja política. Y para evitar entuertos es mejor no alterar el
rumbo del sistema. No poner en riesgo el proyecto neoliberal, aunque sólo
sea a título discursivo. En este caso, fue suficiente la presencia de
un candidato con hechuras populares para encender todas las alarmas.
Era preferible romper la baraja. Su triunfo suponía destejer la trama
urdida por las nuevas mafias y elites en el poder, un traspiés.
Percibido como enemigo del sistema, a pesar suyo, los poderes fácticos
se apoderan del orden político, religioso, económico, familiar y el
militar para imponer su dinámica de golpe de Estado, estrategia
recuperada del miedo ante la insubordinación civil. Sindicatos,
partidos, iglesias, medios de comunicación, familia entran en escena
para llamar a las fuerzas armadas a una actuación patriótica y
restaurar el orden perdido. La resistencia civil y la lucha por la
democracia entran en el campo del contrapoder, de lo ilegítimo, y por
ello pueden ser reprimidas en nombre del Estado y de su razón. La
convención nacional democrática convocada para el 16 de septiembre
puede ser víctima de este argumento. Esperemos que la sensatez
impere. Pero el nuevo gobierno de Felipe Calderón es ilegítimo por
todos los costados. Un poder dual emerge en un México insurgente.
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