Un país sin presidente
Por
Víctor M.
Toledo
La
Jornada, 09/09/06
¿Puede
un ciudadano informado, honesto y democrático aceptar los resultados
de una elección dudosa? ¿Puede seguir creyendo en instituciones que
violan la ley, tuercen la verdad o se pliegan sectariamente a
intereses partidarios? Los 14 millones de mexicanos que votamos por el
socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador esperamos
infructuosamente, institución tras institución, que se nos
demostrara rotunda y diáfanamente la validez de los resultados
oficiales: una diferencia de 0.5 por ciento en una elección con más
de 40 millones de votos, en un país con una larguísima tradición de
fraudes electorales (en 1988, como es ampliamente conocido, se robó
la elección al candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas).
Si
esperamos prudentemente es porque creíamos que en el país existía
ya un sistema democrático donde los principios asentados en la
Constitución mexicana de equidad, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad electorales, regían la conducta de las
autoridades: desde la Presidencia de la República y otros órganos
federales hasta las instancias que operaron como supuestos árbitros
imparciales: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Todavía más,
muchos cedimos en nuestro derecho de exigir un triunfo que seguimos
creyendo fue tramposamente escamoteado al candidato de
centro-izquierda, para aceptar la anulación de toda la elección
presidencial como vía para destrabar un proceso de crispación que
aumenta, no disminuye, en todo el país. Ello daba la posibilidad de
una negociación de todas las fuerzas políticas de México.
En
vez de eso, el TEPJF ignoró olímpicamente las innumerables
evidencias que hacían factible la anulación y optó por otorgar la
Presidencia, sin convencer, al candidato de la derecha, agravando, no
solucionando, la tensa situación que vive México. Su torpeza histórica
probablemente desencadene mecanismos irreversibles de desobediencia
civil, desacatos masivos e ingobernabilidad, en respuesta a la
violencia institucional aplicada. A manera de testimonio, doy fe de la
sucesión de hechos, datos y pruebas que hacen inaceptable, a
cualquier observador honesto del país y del planeta, los resultados
de la elección presidencial de México y que revelan la dimensión
del agravio.
1.
Del 19 de enero al 19 de mayo de 2006, el gobierno de Fox emitió 456
mil 375 espots con un costo de mil 709 millones de pesos (unos 170
millones de dólares), de los cuales 70 por ciento aparecieron en
abril y mayo, a un ritmo que multiplicó por veinte el número de
anuncios. El martilleo duro y tupido de las obras del gobierno en
plena época de elecciones no tuvo precedente en la historia política
del país. La experiencia mercadotécnica de Fox, ex gerente de la
Coca-Cola, fue puntualmente aplicada, esta vez con fines políticos.
2.
Durante los seis meses que duraron las campañas electorales, el
presidente Fox irrumpió en la competencia con actos y declaraciones
diversas de apoyo al candidato de su partido, rompiendo una regla de
oro de la política mexicana y transgrediendo la ley electoral.
3.
En actos que violan flagrantemente el artículo 48 del código
electoral del país, el Consejo Coordinador Empresarial financió
espots y propaganda en contra del candidato de centro-izquierda, por
un costo estimado en cien millones de dólares.
4.
Dando lugar a innumerables sospechas, el IFE estableció contratos con
Hildebrando para la instalación de software, una empresa
propiedad del... cuñado del candidato de la derecha.
5.
Los resultados preliminares hechos públicos por el IFE la noche del 2
de julio inexplicablemente dejaron fuera más de 2.5 millones de votos
de 11 mil 184 actas, con el pretexto de ser
"inconsistentes". Al ser incluidas unas horas después, López
Obrador recuperó aproximadamente 250 mil votos, reduciéndose la
diferencia con Calderón en 50 por ciento.
6.
Los resultados parciales del cómputo distrital, tal como fueron
presentados en la pantalla del IFE la madrugada del 6 de julio, no
coinciden con los datos desglosados, casilla por casilla, publicados
posteriormente por ese mismo instituto.
7.
El IFE realizó la apertura ilegal de paquetes electorales durante los
días siguientes a la elección. Siendo una práctica clandestina, no
existen datos confiables sobre el número de casillas abiertas.
8.
En un seminario sobre las elecciones, realizado en la Universidad
Nacional Autónoma de México, 60 investigadores de 25 instituciones
académicas del país analizaron 13 estudios realizados en México y
Estados Unidos. Su conclusión: en una elección tan competida el método
de medición fue rebasado por numerosos errores e inconsistencias, de
tal suerte que la magnitud de las irregularidades obligaba al recuento
de todos los votos (La Jornada, sábado 5 de agosto).
9.
Esos mismos análisis científicos revelaron que en más de la mitad
de las casillas (72 mil 997) los votos totales para presidente no
coincidieron con los otorgados a diputados y senadores. La diferencia
fue considerable: 769 mil 765 votos. Además, aplicando la ley de
Benford, un instrumento estadístico utilizado internacionalmente para
detectar fraudes financieros y electorales, se halló que al menos en
47 de los 300 distritos existían tres o más anomalías. La
pertinencia de esta docena de estudios se vio corroborada por el hecho
de que distintos análisis realizados bajo métodos diferentes
identificaron anomalías en los mismos estados, distritos y aun
casillas (consúltese: http://seminario.elecciones.unam.mx).
10.
Un extraño manifiesto firmado por 135 "intelectuales" (Reforma,
jueves 3 de agosto) oponiéndose al conteo total de los votos, fue
ampliamente difundido la noche misma de su publicación en las dos
principales cadenas de televisión del país, reproducido en varios
periódicos, en Internet y por la radio, y presentado al tribunal
electoral por el PAN como "prueba fehaciente", la cual fue
aceptada de inmediato por el magistrado Mauro M. Reyes (Diario
Monitor, agosto 13).
11.
La sospecha de fraude más robusta provino, paradójicamente, del análisis
de las 11 mil 839 casillas (9 por ciento del total) que el TEPJF
accedió a revisar. El recuento de los votos reveló que en 8 mil 428
casillas (72 por ciento) hubo votos espurios (5 mil 37 casillas) o
votos extraídos (3 mil 391 casillas). Este hecho, proyectado al total
de la votación, debió provocar la anulación inmediata de toda la
elección (Sheinbaum Pardo, La Jornada, agosto 27).
12.
No obstante que el tribunal ignoró lo anterior, sí anuló 237 mil
736 votos en ese 9 por ciento de las casillas donde se realizó el
recuento. De nuevo habría que preguntar qué hubiera pasado con el
restante 90 por ciento.
Con
todas estas anomalías, ¿cómo justificar la negativa a contar voto
por voto, única manera de saber con certeza quién ganó realmente la
elección? Mientras estas y otras irregularidades no sean
satisfactoriamente resueltas, para millones de mexicanos que votamos
creyendo en la limpieza del proceso y en la honorabilidad de las
autoridades electorales, México seguirá siendo "un país sin
presidente".
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