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Se
multiplican las asambleas populares de oaxaqueños
La
Jornada, 18/09/06
Oaxaca, Oax.- 17 de
septiembre. El crecimiento y consolidación de asambleas populares en
distintas regiones indígenas de Oaxaca, como la Mixteca, la Mazateca,
la sierra Norte, el istmo de Tehuantepec, la Mixe y la Triqui es un
hecho soslayado por las versiones oficiales, pero que ilustra el grado
de penetración de la protesta social en el estado. Además, comienzan
a proliferar las asambleas populares de oaxaqueños en otras entidades
federativas como Michoacán, Guerrero, Distrito Federal y Baja
California, y del otro lado de la frontera en Los Angeles y
Sacramento.
Así,
imperceptiblemente y quizá sin proponérselo, la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO) ya tiene presencia en lugares muy
distantes. Y sucede que, por ejemplo, los miembros de la Alianza
Nacional por los Derechos Humanos (ANDH), con sede en Estados Unidos
(a eso se refiere su "nacional"), sean en muchos casos
oaxaqueños de origen. Ahora que una delegación de la ANDH visita la
entidad, resulta evidente que la solidaridad, inclusive internacional,
es generada por oaxaqueños. El espíritu del tequio no conoce
fronteras.
De ese modo, la
demanda central del movimiento magisterial y popular, la salida del
gobernador Ulises Ruiz, es compartida por los oaxaqueños migrantes.
Ya se expresó ante los consulados de México en Austin, Nueva York,
Los Angeles, Santa Mónica, Chicago, y otras ciudades de Estados
Unidos, así como Vancouver, Canadá.
Y luego, con eso de
que los oaxaqueños radican por todo el territorio mexicano, por décadas
el estado migrante por excelencia (ahora la competencia con otros es
cerradísima), Oaxaca generó fenómenos inéditos como la creación
de auténticos pueblos zapotecos dentro del Distrito Federal, Neza o
Los Angeles, triquis en San Quintín, y sobre todo mixtecos (el mero
pueblo viajero desde antes de la conquista), que han colonizado
barrios enteros en Tehuacán, Tijuana, Ciudad Juárez, y se expanden
por lo bajo en Arizona y la alta California. Por ello en ambos lados
de la frontera se les llama "oaxaquitas" o, con menos desdén
racista, "oaxacalifornianos".
En realidad, los
enclaves oaxaqueños abundan en territorio estadunidense y el sur de
Canadá. Hace muchos años ya que la Mixteca extendió su mano de obra
hasta Alaska. Y son gente de ésa que adonde va lleva a su pueblo
consigo. Una de las organizaciones pioneras del éxodo oaxaqueño, el
Frente Indígena Bionacional Oaxaqueño (FIOB), originalmente formado
por mixtecos y zapotecos, ahora agrupa también mixes, triquis y
chatinos, y pertenece a la APPO desde el primer momento.
La Asamblea Popular
de la Mixteca (APM) y la sección 22 del SNTE anunciaron esta semana
en la ciudad de Tlaxiaco que las asambleas populares se extienden ya a
Santa Catarina Ticua, Yuxia, San Andrés Chicahuaxtla, Yolomécatl
(tierra natal de Lorenzo San Pablo, asesinado por la policía en la
defensa de Radio La Ley), La Laguna Guadalupe, Río Las Peñas,
Siniyuvi, y en estos días se conformarán en San Juan Mixtepec y
Santo Domingo del Estado. Ya se han aproximado a la APPO pobladores de
Teposcolula y San Agustín Tlacotepec para establecer acuerdos.
Esta APPO "que
no se ve", que no pinta los muros de la capital ni sale en las
fotos, y que siempre manda delegados a las asambleas generales, en
algunas partes se organiza bajo otros nombres, como Unión Liberal de
Municipios (en la sierra Juárez) o como autoridades municipales del
distrito mixe.
Hoy visitó esta
ciudad una delegación de observadores "del otro lado",
todos de origen mexicano, miembros de la ANDH, el Frente de Mexicanos
en el Exterior y la Confederación de Migrantes Mexicanos. Acudieron a
los estudios de las radios Oro y La Ley de los Pueblos, en poder de la
APPO, y expresaron al aire su respaldo a la lucha de los oaxaqueños y
su preocupación ante la represión y las violaciones de los derechos
humanos. En Zimatlán de Alvarez visitaron al biólogo Ramiro Aragón
Pérez, miembro de la APPO preso en esa localidad.
Al presentarse por la
tarde en el Zócalo para una conferencia de prensa, los observadores
transfronterizos suscitaron un mitin espontáneo de unas mil personas
que los ovacionaron y corearon consignas en favor de las mujeres, la
APPO y el magisterio, y contra el gobernador Ruiz Ortiz, el Congreso
del estado y la procuradora Lizeth Caña Cadeza, a quien cuestionaba
una de las cartulinas informativas que se colocaron para la ocasión
en torno al quiosco: "Si Oaxaca es segundo lugar nacional en
feminicidios, ¿tú, dónde estás?"
En tanto, la Alianza
de Comunidades Indígenas Zapotecas del Sector Talea, en la sierra de
Juárez, exigió de nueva cuenta al presidente Vicente Fox el retiro
del Ejército. Entro otros, firman los presidentes municipales de
Talea de Castro, San Miguel Yotao, San Juan Yaee y Santiago Lalopa
(respectivamente, Reynaldo Luna López, Gerardo Santiago Velasco,
Braulio Hernández Sosa y Federico Ambrosio Hernández).
La alianza de
comunidades zapotecas niega la existencia de grupos guerrilleros en su
región, y califica de "sembrada" a la reciente acción
propagadística de presuntos grupos armados en el paraje Reynoso,
cerca de Guelatao, para justificar "en forma absurda" la
militarización, lo cual, afirman, "sólo complicará" el
conflicto político-social que vive Oaxaca desde hace 118 días.
Fracasan
intentos de diálogo; se anticipan protestas masivas en la Ciudad de México
Vacío
de poder y caos en Oaxaca
Por
Francisco Robles Nava
Corresponsal en México
La Raza, Chicago, 21/09/06
México, D.F.— El
jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas informó que
desde ayer ordenó la implementación de un operativo de seguridad en
torno a las movilizaciones que miles de oaxaqueños realizarán en
esta ciudad durante los próximos días, en exigencia de la desaparición
de poderes en su convulsionado estado.
"Vamos a hacer
todo nuestro esfuerzo para coadyuvar a que la manifestación de este
movimiento se encauce con normalidad en la ciudad", se comprometió
el gobernante capitalino.
Simultáneamente pidió
a los más de 10 mil manifestantes, que participarían en las acciones
de protesta, que se movilicen sin afectar inmuebles, patrimonio,
actividad física y las condiciones de vida cotidiana de la ciudad, así
como a "ejercer el derecho a la manifestación con respeto a los
habitantes de la capital del país".
Garantizó que estará
muy al pendiente de las actividades que los inconformes lleven a cabo
durante los días que permanezcan en la capital mexicana, y que
particularmente atenderá las que han sido programadas para efectuarse
en las cámaras del Poder Legislativos y en las sedes diplomáticas
extranjeras.
"No hubiera una
solución local al conflicto social en Oaxaca, y que ahora vengan a
manifestarse a la capital de la república", por lo que pidió a
"los gobiernos federal y estatal que atiendan este asunto",
lamentó Encinas.
Un día antes, la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
determinaron iniciar una marcha de alrededor de 10 mil personas hoy
jueves rumbo a la ciudad de México.
El objetivo es
ejercer presión ante la Cámara de Senadores y la Secretaría de
Gobernación (Segob) para que estas instancias del Estado mexicano
ordenen la destitución del gobernador priísta Ulises Ruiz, y con
ello la desaparición de los demás poderes institucionales en esa
entidad.
Han advertido que una
vez aquí, llevarán a cabo marchas, mítines, y hasta tomas de
instalaciones oficiales, que inclusive podrían ser embajadas de otros
países.
Las dirigencias del
SNTE han ofrecido regresar a dar clases a las escuelas públicas cinco
días después de que el mandatario estatal haya dejado el cargo,
mientras que los líderes de la APPO han prometido, también luego de
su dimisión, devolver las radiodifusoras y medios de comunicación
que tienen "tomados".
Lo que meses atrás
empezó como una demanda de los maestros para que el gobierno
aumentara su salario y presupuesto para la educación, el 22 de mayo
pasado derivó en una situación de violencia, desorden e
ingobernabilidad debido a la pasividad de los gobiernos del estado y
federación.
La situación es tal
que en esa entidad predomina el contrasentido: un gobierno que no se
ve por ningún lado, pero que remite comunicados desde una especie de
clandestinidad; un aparato de seguridad pública que no aparece por
ningún lado; y grupos aislados de personas que, en rebeldía, se
apoderan de bienes y controlan la actividad pública.
Ante la inminente
llegada a la capital mexicana de los maestros del sindicalismo oficial
y de militantes de organizaciones civiles, el secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal (SSPDF), Joel Ortega, llamó a éstos a
comportarse dentro de la legalidad.
"Hago un atento
y responsable exhorto a los que van a venir de la APPO a que realicen
sus manifestaciones dentro del marco de la ley", puntualizó.
El funcionario
capitalino aseguró que mientras los activistas proceden en el
contexto legal, su corporación policial dará todas las garantías
para que "puedan realizar de manera libre y en orden sus
demandas", puesto que "sus derechos políticos están
debidamente garantizados".
Garantizó que la
policía capitalina resguardará las sedes de las embajadas de Estados
Unidos y de Israel, así como de la residencia oficial de Los Pinos,
según le corresponde, y exhortó a los mandos de la Policía Federal
Preventiva (PFP) a que "en el ámbito de sus responsabilidades
nos ayuden al despliegue de instalaciones, como el Senado de la República,
el Congreso de la Unión y la Secretaria de Gobernación".
Al respecto, el
equipo de transición del presidente electo, Felipe Calderón
Hinojosa, reconoció que el principal problema que hoy tiene México
es el caos que se vive en Oaxaca, por lo que pidió al gobierno
federal resolverlo para no heredar conflictos.
Juan Camilo Mouriño,
coordinador de tal proceso del panista, señaló que la situación en
territorio oaxaqueño es "para nosotros de los principales
problemas que siguen existiendo hoy en nuestro país", por lo que
consideró "deseable que sea esta administración (del presidente
Vicente Fox) la que termine de resolverlo y que no sea un problema que
herede la siguiente administración".
Sostuvo que en la
medida que una autoridad gubernamental saliente trate de dejar los
menos problemas posibles a la siguiente "es muy sano, tanto para
el país como para el gobierno entrante", de lo contrario, admitió,
"tendremos que resolverlo nosotros".
Pese a ello, hizo
hincapié en que "nosotros no somos todavía responsables de lo
que ocurre", y confirmó que el único responsable ahora es el
gobierno del presidente Fox y su equipo de trabajo, y en todo caso,
agregó, "nosotros nos haremos responsables a partir del 1 de
diciembre".
Este martes, el
secretario de Gobernación, Carlos Abascal, estableció que una
eventual entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, será decidida por
el propio Fox, "según las circunstancias" que se presenten
en la mesa de negociaciones con los líderes sociales y del magisterio
de esa entidad.
El Congreso de Oaxaca
hace tres días solicitó a la Presidencia de la República el envío
de la fuerza pública para recuperar el orden, a lo cual el vocero
presidencial, Rubén Aguilar, respondió que la decisión estaría en
manos de la Segob.
Al preguntársele
sobre el tema al titular de esa institución, responsable de la
seguridad interna, contestó que la intervención solicitada
"estará al criterio del señor presidente de la república,
conforme al pacto federal".
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