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Los
significados de la Asamblea Popular (APPO)
Por Gilberto
López y Rivas
La Jornada,
20/10/22
No es una
casualidad que Oaxaca sea el estado de la república mexicana donde
tiene lugar una insurrección pacifica cívico-popular de
trascendencia histórica en sus formas y contenidos. Iniciada como un
conflicto gremial del magisterio enfrentado a un gobierno estatal
corrupto y autoritario, el movimiento se trasforma a partir de la
brutal represión al plantón de los maestros por parte de los policías
y paramilitares del gobernador Ulises Ruiz en lo que deviene en
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 17 de junio de
este año.
Uno de los
estados con mayores grados de marginación y pobreza, Oaxaca, es también
el territorio que concentra 16 pueblos o grupos etnolingüísticos,
con sus variantes dialectales, y una extraordinaria riqueza de
procesos autonómicos enraizados en la comunidad como núcleo básico
de sus formas de organización social, cuya instancia máxima de
debate y decisión es precisamente la asamblea comunitaria.
Ya desde el
dialogo de San Andrés, una nueva generación de dirigentes e
intelectuales indígenas oaxaqueños (algunos de ellos colaboradores
prestigiados de nuestro periódico) aportaron su experiencia histórica
en la construcción de autonomías, la reconstitución de los pueblos
y la elaboración de marcos jurídicos acordes con estas
reivindicaciones y realidades. Fueron ellos los que hicieron prevaler
su hegemonía sobre el resto del movimiento indígena nacional,
distinguiéndose por la solidez y coherencia de sus argumentos.
La composición
de la propia sección 22 del magisterio refiere a miles de maestros
indígenas que han jugado un papel importante en las luchas democráticas
y en contra de la imposición y violencia del caciquismo económico y
político impuesto por el PRI. Algunos de ellos participaron en
programas como la licenciatura abierta en Antropología Social que la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) estableció en los
años ochentas, adquiriendo una capacitación especializada sin que
estos educandos abandonaran sus obligaciones magisteriales y las
tareas de conducción política que las propias comunidades
demandaban. También ha sido importante la existencia de formas
organizativas como la Coalición de Maestros Bilingües de Oaxaca, en
las se formaron numerosos dirigentes y luchadores sociales con
perspectivas de largo aliento y con un compromiso firme con sus
pueblos. La experiencia de los contingentes de emigrantes indígenas
radicados en Estados Unidos y en la propia ciudad de México, con
estrecha relación con sus comunidades de origen y vivencias políticas
significativas, han transformado los nuevos entornos y dejado su
impronta en el acontecer político que está viviendo su natal Oaxaca.
A la par de
este componente indígena, fructifica en la integración de la APPO el
esfuerzo unitario de numerosas organizaciones de la sociedad civil que
durante décadas dieron sus luchas en los campos de la ecología, la
defensa del patrimonio cultural, los derechos humanos, la educación
laica y gratuita, las perspectivas de género, emigrantes y tantos
otros que de manera relativamente aislada han planteado sus propuestas
democratizadoras y de verdadero cambio social y que encuentran en la
Asamblea Popular la posibilidad de caminar juntos en su consecución.
La APPO
demuestra que es posible un gobierno popular sin la presencia de la
maquinaria burocrática, los partidos políticos institucionalizados
y, sobre todo, sin los voraces funcionarios corruptos que por más de
81 años han vivido a costa del erario y que pretenden seguir
gobernando aun en contra de una visible y beligerante oposición de la
mayoría del pueblo oaxaqueño. La APPO, en los ámbitos estatal y
urbano, ratifica la experiencia exitosa de las juntas de buen gobierno
zapatistas que en el plano municipal y regional llevan más de tres años
gobernando a partir del principio de "mandar obedeciendo" y
que representan una verdadera escuela de aprendizaje de democracia
directa y participativa, que la APPO ha emulado con sus variantes y
especificidades.
Por ello, el
odio que provoca la APPO en la clase gobernante, sus intelectuales y
los sicarios informáticos que pretenden controlar la opinión pública
y distorsionar lo que está ocurriendo en el estado. Escandalizados señalan
la "violencia" de la justicia popular, sin denunciar la saña
y cobardía de los cuerpos paramilitares y parapoliciacos que han
asesinado a mansalva a nueve personas y herido a otras más, mientras
el gobierno federal espera un momento político favorable para
"rescatar" Oaxaca. Las averiguaciones previas se van
acumulando y los grupos de inteligencia van señalando a quienes hay
que detener y criminalizar. Incluso el solícito director del INAH
presentó sus denuncias en el Ministerio Público contra "quien
resulte responsable" por los "graves daños al patrimonio
cultural" de Oaxaca, mientras la UNESCO niega la gravedad de
tales acusaciones.
Con histeria,
las buenas conciencias demandan el restablecimiento del orden;
razonan que "la ley no se negocia, sino que se aplica";
claman que impere "el estado de derecho" y temen que el
ejemplo de la APPO se nacionalice e incluso se globalice: ¡esto no es
posible!, todo tiene un límite. ¿¡Hasta cuando va entrar el ejército!?
Tienen pesadillas en las que una eventual Asamblea Popular de los
Pueblos de México, la APPM, se instale en el zócalo capitalino, y en
cada estado un equivalente de la APPO sea gobierno.
Que no se
equivoquen los poderosos, la represión no es omnipotente ni resuelve
los problemas, los profundiza; pero, sobre todo, la experiencia de la
APPO es ya, en esta hora decisiva, un patrimonio de todos los
mexicanos.
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