Por
José Adán Silva
Inter Press Service (IPS), 31/10/06
Managua.– América
Latina no es una región liberal en cuanto al aborto. Pero la
decisión de los legisladores nicaragüenses de penar con ocho años
de prisión a quien lo practique para salvar la vida de la madre
sembró perplejidad en médicos, feministas, activistas, diplomáticos
y funcionarios gubernamentales.
Hasta la ministra de
Salud de Nicaragua, Margarita Gurdián, rechazó la penalización del
aborto terapéutico, a pesar de que el presidente Enrique Bolaños
había pedido este mes hasta 30 años de cárcel contra las mujeres y
los médicos que interrumpieran embarazos riesgosos.
La Asamblea Nacional
legislativa aprobó el 26 de este mes una ley anulatoria del artículo
165 del Código Penal de 1893, que establecía el aborto terapéutico
como figura legal. Por tanto, quienes incurran en él podrán ser
castigados con cuatro a ocho años de prisión. La decisión se
adoptó en medio de una agitada campaña para las elecciones
presidenciales del 5 de noviembre.
"Esto es un
retroceso a la edad medieval de los derechos femeninos", opinó
la activista Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
y coordinadora de la campaña por la despenalización del aborto
terapéutico.
El Código Penal
definía el aborto terapéutico a la interrupción asistida del
embarazo cuando la madre corría riesgos de salud, o daños
psicológicos por haberse embarazado al ser violada, certificados por
al menos tres médicos. De acuerdo con el MAM, cada año se practican
entre 800 y 1.000 abortos terapéuticos.
"Cambiaron
200.000 posibles votos por la vida de más de tres millones de mujeres
nicaragüenses", dijo Jiménez a IPS, en referencia a las 200.000
firmas que, a inicios de este mes, presentaron al parlamento
representantes de las iglesias Católica y Evangélicas, solicitando
la derogación del artículo 165.
Jiménez anunció que
el MAM redoblará sus protestas, recurrirá la ley ante tribunales
superiores e iniciará una demanda internacional contra el Estado de
este país centroamericano de 5,4millones de personas, de las cuales
más de 75 por ciento viven en la pobreza.
Para la médica Ana
María Pizarro, de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y
Obstetricia, la ley es "un crimen contra las mujeres más pobres
y una abierta violación a los derechos humanos universales y a la
Constitución".
En su opinión, los
diputados de la Asamblea, dominada por el derechista y gobernante
Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y por el izquierdista Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), optaron por las exigencias
de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos en busca de sus
votos.
Cuatro de los cinco
partidos que tomarán parte en los comicios de noviembre, incluidos
los favoritos FSLN y PLC, se declararon a favor de ilegalizar el
aborto terapéutico.
La ley fue aprobada
por 52 votos a favor y nueve abstenciones, correspondientes a ocho
legisladores liberales y uno de Alternativa Cristiana. El resto de los
92 legisladores del parlamento unicameral no estaban presentes.
"Aquí no hay
nada político para ganar votos, se trata del clamor de la mayoría de
las mujeres nicaragüenses que piden el respeto a la vida",
justificó el diputado liberal Wilfredo Navarro, miembro de la
Comisión de Justicia del Poder Legislativo.
Del mismo modo se
expresó el diputado sandinista y coordinador de la bancada del FSLN
en la Asamblea, Edwin Castro: "Nada tiene que ver la política
con el aborto, aquí se aprobó una medida legal de protección a la
vida y no obedece, de ninguna manera, a acciones electorales".
La sesión estuvo
marcada por protestas de organizaciones civiles y de mujeres. Varias
intentaron ingresar al edificio, arrojaron piedras y botellas y
rompieron los portones, pero agentes policiales las sacaron a
empujones de la sede y volvieron a bloquear la entrada.
La dirigente Norma
Moreno, de la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No
Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, estimó
que el debate debió posponerse hasta después de las elecciones.
La ley traerá como
consecuencia un aumento de la mortalidad materna e infantil y una
posible fuga de médicos especialistas a países donde puedan ejercer
la medicina con libertad, opinó Moreno a IPS.
El representante en
Nicaragua de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Patricio
Rojas, sostuvo que la tasa de mortalidad materna en Nicaragua es de
83,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Rojas señaló que el
no podrá cumplir con dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), que proponen reducir en dos tercios la mortalidad
infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, entre 1990 y 2015.
Los ODM fueron
aprobados por la comunidad internacional en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 2000 como una gran
plataforma para abatir la desigualdad y la pobreza en todo el mundo.
La mortalidad materna
disminuyó 46 por ciento en este país en los últimos quince años, y
sólo 22 por ciento en la última década, según el Ministerio de
Salud.
Cada año mueren en
Nicaragua alrededor de 144 mujeres en edad reproductiva, sin incluir
el alto subregistro, que se calcula hasta en 50 por ciento.
La mortalidad materna
representa cerca de cuatro por ciento de todas las causas de muerte.
Más de 70 por ciento de las muertes maternas son registradas en
áreas rurales, y casi la mitad de las mujeres fallecidas tienen de 20
a 34 años.
"El Estado casi
obliga a que las mujeres tengan que emigrar a países donde puedan
realizarse el aborto, o a esconder a sus niñas muertas en los patios
de sus casas", dijo Georgina Muñoz, enlace nacional de la no
gubernamental Coordinadora Civil.
Entre las voces que
pidieron la postergación del debate estuvo la subsecretaria general
de la ONU y directora regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca
Grynspan, quien de visita en el país señaló que el aborto es
"muy delicado y debe discutirse en el espacio y en el momento
adecuado, es muy difícil que sea en un momento electoral".
El debate se desató
el 10 de agosto, cuando Edmundo Jarquín, candidato presidencial del
Movimiento Renovador Sandinista, disidente del FSLN, abogó por
mantener el artículo 165 del Código Penal a favor de las mujeres que
corrieran riesgos de salud.
La jerarquía
católica rechazó los comentarios de Jarquín e inició un intenso
cabildeo con los diputados del FSLN y del PLC para eliminar el
artículo y penar su práctica, complicidad o promoción con 20 años
de prisión.
La interrupción
voluntaria del embarazo es ilegal en América Latina, con excepción
de Cuba. Sin embargo, las legislaciones de varios países contemplan
excepciones en casos de peligro de muerte para la madre, inviabilidad
del feto por fallas genéticas graves o cuando el embarazo es producto
de violación o incesto.
Un clamor nacional e
internacional acompañó la decisión parlamentaria nicaragüense.
A las 25
declaraciones de organizaciones nacionales e internacionales que
reclamaban mantener la despenalización del aborto terapéutico, se
sumaron miembros del cuerpo diplomático destacado en Nicaragua, las
sociedades médicas de América Latina, representantes de agencias de
la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y la
OPS y las no gubernamentales Save The Children, International Women's
Health Coalition y Human Rights Watch, entre otras.