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Represión
en Oaxaca
¿Por
qué ahora?
Por
Luis Hernández Navarro
La Jornada, 28/11/06
Oaxaca en 2006
como Sonora en 1902. A comienzos del siglo XX el gobierno de Porfirio
Díaz enfrentó la enésima rebelión de los yaquis deportando a los
indios prisioneros a Yucatán, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. A
comienzos del siglo XXI, la administración de Vicente Fox responde a
la sublevación oaxaqueña enviando a los 141 detenidos insumisos al
penal de San José del Rincón en Nayarit.
Vicente Fox termina
su sexenio con las manos llenas de sangre. "Se acabó la
tolerancia" en Oaxaca, dice el general Ardelio Vargas, jefe del
Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los héroes,
junto con el almirante Wilfrido Robledo, de la represión de Atenco.
Sus perros están en la calle. Lanzan lacrimógenos, golpean con lujo
de violencia, detienen sin órdenes de aprehensión, invaden viviendas
sin autorización, destrozan propiedades, ocupan hospitales y clínicas,
impiden el libre tránsito de las personas, ofenden sexualmente a las
mujeres.
En las calles los jóvenes
son detenidos indiscriminadamente por el mero delito de ser jóvenes.
Los presos son maltratados, torturados y confinados con reos comunes.
No se permite que sus defensores jurídicos y familiares los visiten.
Y, como en el porfiriato, son deportados.
Pero los abusos
contra la población civil de la PFP no se limitan a los que sus
integrantes cometen directamente. Ellos actúan como resguardo de los
sicarios al servicio de Ulises Ruiz. Estos pistoleros y policías
vestidos de civil recorren la ciudad de Oaxaca en vehículos desde los
que disparan y secuestran integrantes de la APPO. Son los convoyes de
la muerte. La mayoría de los 20 homicidios perpetrados contra
activistas han sido responsabilidad suya.
¿Por qué esta
represión contra el movimiento popular de Oaxaca? ¿Por qué ahora?
¿Qué sucedió que agotó la "tolerancia" de las
autoridades federales? Básicamente por una razón: a menos de una
semana de tomar posesión como jefe del Ejecutivo, en medio de una
gran crisis de legitimidad, Felipe Calderón exigió a Vicente Fox
que, en vista de que no le había solucionado el conflicto, lo dejara
en condiciones de debilidad tales que le garantizara una futura
negociación en condiciones favorables. Con presos y perseguidos,
supone, el arreglo con los insumisos será más fácil y barato.
Reclamó y obtuvo que sea la administración saliente y no la entrante
la que pague el precio y el descrédito de la represión. En suma: que
le limpiara el camino. De paso, consiguió con una acción de
distracción, desalentar la presencia masiva de un contingente oaxaqueño
en las jornadas del próximo primero de diciembre para evitar su toma
de posesión.
La presencia masiva
de la PFP en Oaxaca desde el pasado 29 de octubre no impidió que las
protestas contra Ulises Ruiz se mantuvieran vivas en la entidad. No
desarticuló la organización popular ni frenó la revuelta. Al
contrario, la APPO realizó exitosamente su congreso y reafirmó su
unidad interna.
Sin embargo, a pesar
de enfrentamientos como el del 2 de noviembre, el conflicto se
encontraba relativamente contenido. No se había restablecido la
ingobernabilidad ni la normalidad en la vida cotidiana en la entidad,
pero existían puentes de comunicación informales entre el gobierno
federal y la dirección de la APPO. Era, pues, un conflicto
relativamente administrado. Ese estatus resultaba, sin
embargo, inconveniente para el gobierno entrante y decidió romperlo.
¿Realizó el
movimiento popular alguna acción que rompiera este equilibrio? No,
definitivamente no. La manifestación del pasado sábado fue
absolutamente pacífica. Fue, evidentemente, una demostración de
fuerza, pero se trató de una acción no violenta. La decisión de
atacar provino, como se ha documentado ampliamente, de la PFP. Fueron
elementos de esta corporación los que lanzaron canicas con resorteras
a los manifestantes y luego lacrimógenos y proyectiles. Fueron ellos
quienes comenzaron la agresión.
¿Perdieron los
mandos de la PFP el control sobre su tropa? Muy probablemente así
sucedió en un comienzo. Pero, más adelante, la orden fue atacar. Y
lo hicieron con saña y con rencor. Fueron a machacar a los
manifestantes, a cobrarse una venganza. La represión fue salvaje:
tres muertos, más de 100 heridos, 221 detenidos.
Y con ellos,
protegidos por ellos, actuaron los sicarios y los policías vestidos
de civil al servicio de Ulises Ruiz. Dispararon y secuestraron a
ciudadanos indefensos. Agredieron a quienes en la estación de
autobuses ADO esperaban su transporte. Se dedicaron a lo que han hecho
durante los últimos meses: sembrar terror.
Simultáneamente,
Radio Ciudadana, conocida popularmente como "Radio Patito",
la estación pirata de los seguidores del gobierno estatal
llamó a prender fuego a la casa de algunos destacados dirigentes del
movimiento popular. No era broma. El domingo 26 de noviembre las
oficinas de Flavio Sosa, uno de los más conocidos voceros de la APPO,
fueron incendiadas. Por supuesto, ni la PFP ni la policía estatal lo
evitaron.
"Esto se está
normalizando", dijo Ulises Ruiz en una más de sus involuntarias
bromas. "No habrá perdón", advirtió. Como candidato a
gobernador del estado, Ulises se presentó como un "hombre de
unidad". Hoy sabemos que en aquel entonces le faltaron tres
letras: Ruiz es el político de la "impunidad".
La violenta represión
en Oaxaca es el broche de oro con el que Vicente Fox cierra su
sexenio, pero es, también, la tarjeta de presentación de Felipe
Calderón. Sin reconocerlo, han decretado en los hechos un Estado de
sitio. Las garantías individuales han desaparecido en la entidad.
Sin embargo, la
medida no va a solucionar nada. Quienes la ejecutan olvidan dos pequeños
detalles. Primero, la enorme capacidad de resistencia del pueblo
oaxaqueño. Segundo, que lo que realmente han hecho al reprimir así
es esparcir el rencor, la indignación y deseo de venganza ciudadanos
a muchos más puntos de la geografía nacional. La tolerancia, entiéndase
bien, se agotó también del otro lado.
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