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Oaxaca:
terrorismo de Estado
Por Luis Hernández
Navarro
La Jornada,
12/12/06
"Haz
patria. Mata un maestro", puede leerse en una de las carreteras
que atraviesan la región Cañada en Oaxaca. La pinta, que recrea uno
de los eslóganes favoritos de los grupos antichilangos activos hace
unos años en la frontera norte, describe el ánimo que se respira en
el priísmo local hacia el movimiento en contra de Ulises Ruiz.
Explica inequívocamente lo que los grupos de poder local entienden
por paz.
Las amenazas no
sólo aparecen en muros. El sacerdote Francisco Wilfrido Mayrén Peláez,
párroco de San Pablo Huixtepec y coordinador de la Comisión
Diocesana de Justicia y Paz, ha recibido llamadas telefónicas a su
celular en las que le dicen: "Te vamos a matar, te vamos a partir
tu madre, te va a llevar la chingada..."
La consigna y
la amenaza están lejos de ser retóricas. Paramilitares, sicarios y
policías vestidos de civiles y gendarmes federales han hecho patria,
tal como reclamó la mano anónima que pintó el camino de la Cañada.
En los últimos tres meses han sido asesinados en Oaxaca, al menos, 20
personas. La cifra podría ser mucho mayor. Organismos de defensores
de derechos humanos han documentado cerca de 60 desaparecidos.
Las muertes,
las persecuciones políticas, las detenciones arbitrarias, las
torturas, las desapariciones de Oaxaca tienen un objetivo: crear un
clima de miedo, utilizando métodos ilegítimos para acabar con la
sublevación popular en el estado. Se trata, simple y llanamente, de
terrorismo de Estado.
El recuento
completo de las atrocidades gubernamentales no ha podido hacerse aún.
El mismo ambiente de pavor que se vive en la entidad ha impedido
hacerlo. Durante días, quienes estaban capacitados para documentarlo
no pudieron salir a las calles, pues corrían el riesgo de ser
aprehendidos. Defensores de derechos humanos y periodistas fueron
detenidos arbitrariamente. En las calles, policías con listas y fotos
organizaron una cacería de dirigentes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO). Muchos activistas tuvieron que guardarse en
lugares seguros para conservar su libertad.
Los testimonios
recabados son estremecedores. Son trozos que recuerdan una historia de
ignominia ya vivida en México: Canoa, Tlaltelolco, el Jueves de
Corpus, la guerra sucia. El recuento de los hechos es macabro. Incluye
el robo de cadáveres mientras estaban siendo velados por sus
familiares, con el pretexto de que requerían autopsia. Entierros en
fosas clandestinas. Cuerpos apilados en la morgue. Presos amenazados
de muerte e incomunicados. Presidentes municipales que convocan a la
población para perseguir con machetes a maestros. Abusos sexuales
contra mujeres. Golpizas que provocaron pómulos, dedos y cabezas
rotas. Negociadores apresados traicioneramente. Menores de edad
detenidos. Presos torturados.
El gobierno se
ha empeñado en fabricar culpables. Un funcionario municipal fue
presionado para que declarara que el movimiento era financiado por
Gabino Cue, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Lo mismo sucedió con el defensor de derechos humanos Alberto Cilia, a
quien obligaron a declarar que el legislador le pagaba 500 pesos por
estar en las barricadas y fabricar cócteles molotov y cohetes. Un
balance provisional evidencia la barbarie: 500 personas detenidas, 200
de las cuales continúan presas. De ellas, 80 por ciento no tiene
relación alguna con la APPO.
Mientras tanto,
los misteriosos incendios que devoraron edificios públicos y
documentos oficiales el 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Oaxaca
borraron las pruebas de los malos manejos administrativos de Ulises
Ruiz. El fuego en las oficinas del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) borró todo evidencia incriminatoria de las compañías
que crecieron de manera irregular en los últimos años y las que
adeudaban impuestos. Los defraudadores pueden descansar tranquilos.
Curiosamente, entre los detenidos por la Policía Federal Preventiva
el 25 de noviembre por encontrarse cerca de los incendios se
encuentran nueve operadores políticos poco conocidos de Ulises Ruiz
en las regiones.
Los
funcionarios de la Secretaría de Gobernación que tratan con los
rebeldes oaxaqueños han exhibido una mezcla de estulticia,
autoritarismo e ignorancia. Exigen que en el diálogo no haya rollos,
es decir, que un movimiento desbordado por los agravios que ha sufrido
no hable de ellos. Demandan que los insumisos, que no son ni un
movimiento gremial ni un partido político, tengan personalidad jurídica,
o sea, que se apresten a convertirse en una asociación política.
Exigen que contengan a los radicales o, lo que es lo mismo, que se
conviertan en gendarmes de sus propios compañeros. Se escudan en el
estado de derecho para violar las leyes.
El nuevo
gobierno ha convertido a Oaxaca en el laboratorio para diseñar la política
hacia los movimientos sociales. Su objetivo es limitarlos. Según
Abraham González, ganadero lechero apodado El Nazi por su talante
democrático, reconvertido hoy en subsecretario de Gobernación, se
trata de que "el país tenga el menos volumen o el menos número
de movimientos que alteren la paz social."
En su primera
semana de funciones, el gobierno de Felipe Calderón ha provocado una
verdadera crisis de derechos humanos. Todo un récord. ¿Piensa así
que el turismo llegará a México? ¿Cree de verdad que ésa es la vía
para que el capital extranjero invierta? El terrorismo de Estado
puesto en práctica en Oaxaca es hoy, no el camino para el despegue
económico, sino la apuesta más consistente por descarrilar al país.
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