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Oaxaca,
la pesadilla
Por
Diego Cevallos
Inter
Press Service,(IPS), 27/12/06
México.–
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de
derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.
Una
revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20
personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión
policial y de grupos armados irregulares.
Todavía
permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría,
que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya
libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el
principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese
fin.
"Si
la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a
las denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho
más violenta, y los detenidos se seguirían contando por docenas, de
eso no tenemos duda", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de
la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
El
estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y
noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más
de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la
renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos,
corrupción, violencia y autoritarismo.
El
conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales
que exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta
a la represión policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno
del entonces presidente Vicente Fox despachó miles de policías
federales a tomar el control de la homónima capital de Oaxaca.
A
fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los
grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron
varios edificios públicos, lo que desató masivas detenciones, entre
ellas de los líderes de la APPO. Luego, la policía federal tomó el
control total de la capital para entregarla más tarde, y
parcialmente, a su par oaxaqueña.
Hoy
la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en
las últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno
del presidente Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el
escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no
cesa.
La
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos
Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría
europeos, está de visita en México desde el 18 de diciembre con el
propósito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe
final.
La
misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó
facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país
hasta fines de enero, y en fecha aún no precisada emitirá una
evaluación que llegará a diferentes foros, como el Parlamento
Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los hechos de
Oaxaca.
Los
análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos
humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han
puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.
Todos
los informes indican que las autoridades cometieron múltiples abusos,
detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los
protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.
Además,
señalan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al
mando de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que
mantenían tomada gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y
noviembre.
La
estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
(CNDH) sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde
junio procesó 1.211 quejas de diferentes personas y organizaciones en
Oaxaca.
Los
expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza pública,
detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas,
daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron
muertas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, según la
CNDH,
que mantiene desde junio a un equipo de expertos en Oaxaca.
En
sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito "sigue
siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones
necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los
derechos fundamentales".
La
Liga Mexicana por los Derechos Humanos llegó a conclusiones similares
en varias evaluaciones de la crisis.
En
una de las últimas, en la que analiza la represión policial de
noviembre, la Liga sostiene que la policía "realizó detenciones
arbitrarias, indiscriminadas, en su mayoría de personas
inocentes", que llegaron a 141.
"Desde
la detención misma, la mayoría de las personas fueron objeto de
golpes y vejaciones aplicadas como castigo, más allá de maniobras lícitas
de sujeción o sometimiento, puesto que no opusieron
resistencia", afirma. "Un número significativo de personas
ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres,
acompañadas con amenazas de violación o mutilación", relata.
"La
privación de agua, alimentos, de facilidades para la realización de
las necesidades fisiológicas, las posiciones forzadas, el apilamiento
de personas durante el traslado, no obstante haber lesionados con
sangrados evidentes, la negación de atención médica, acompañada
con insultos y amenazas, fue otra constante", según la Liga.
Además,
hubo "trato degradante e indolente del personal (policial) y las
vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la
falta de certidumbre de la situación jurídica, así como el rapado
(corte de cabello a ras) de las personas, incluso de las
mujeres", añade.
Ramírez,
director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de
personas víctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares.
Entre ellas menciona a colegas de su organización que, según denunció,
fueron amenazados y tienen órdenes de detención.
Las
conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del
cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y
obligan a denunciar "la existencia de una franca persecución
desde los diferentes órganos y funcionarios de la seguridad del
Estado, que pretende criminalizar la protesta popular", señala
la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
Según
varias fuentes, este tipo de prácticas datan en Oaxaca de mucho antes
de que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que lleva más de 70 años
gobernando Oaxaca sin interrupciones, es el principal acusado.
Ruiz
accedió a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en
las que la oposición denunció fraude. Es uno de los militantes del
ala más conservadora del PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000.
El
gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podría
destituirlo, no se logra conformar la mayoría necesaria para ese propósito.
Aunque el apoyo político a su persona ha ido mermando, tras la
represión policial, su régimen retomó las riendas de Oaxaca, luego
de varios meses en los que ni siquiera despachaba en el distrito.
Amnistía
Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en
Nueva York, emitieron en los últimos años informes preocupantes por
las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes
sociales opositores de Oaxaca.
Durante
el conflicto, esas organizaciones internacionales también divulgaron
que la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos
irregulares, aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con
disparos a manifestantes y activistas, causando la muerte de varios.
Algunas
de las denuncias señalaron acciones violentas de los protagonistas de
la protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas
inocentes, y medidas de justicia por mano propia contra presuntos
delincuentes y policías.
"Oaxaca
ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia actúe
para sancionar a los responsables de la represión ilegal y que se
repare a las víctimas, pero también que el Estado atienda los graves
rezagos sociales y la pobreza que son el telón de fondo de todo el
conflicto", resumió el activista Ramírez.
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