El
festín de los hipócritas en el Grupo de Río fue bautizado
como una victoria de la paz por la prensa internacional
El
abrazo de Chávez y Uribe es una derrota moral para
los pueblos
Por
Simón Rodríguez Porras
Aporrea, 09/03/08
El ejército
colombiano bombardea, la madrugada del 1 de marzo de 2008,
un campamento en el que estaban durmiendo un grupo de
guerrilleros y algunos estudiantes mexicanos. Luego del
bombardeo, un grupo de militares y policías entran a
rematar a los heridos. Mueren alrededor de veinte
guerrilleros, entre ellos, Raúl Reyes, quien formaba parte
del secretariado de las FARC, y un grupo de estudiantes
mexicanos. El campamento estaba dos kilómetros adentro en
territorio ecuatoriano.
En la
primera versión de los hechos ofrecida al gobierno de
Ecuador, Uribe declaró que hubo un enfrentamiento militar
con el grupo guerrillero en la frontera, que este se retiró
hacia territorio ecuatoriano y en la persecusión en
caliente fue aniquilado. Uribe tenía buenas razones para
mentir, pues había ejecutado una masacre en abierta y
deliberada violación de la soberanía del Ecuador. Además,
con esa versión se ocultaba la fría planificación del
asesinato del negociador de las FARC para el canje
humanitario, Raúl Reyes.
El canje
humanitario viene siendo planteado desde hace varios años
por la guerrilla y por sectores de la sociedad civil
colombiana, y aunque el gobierno de Uribe nunca se ha
mostrado partidario de establecer negociaciones con la
guerrilla, pues niega la dimensión política de la guerra
en Colombia, el año pasado accedió a autorizar la mediación
de la senadora liberal Piedad Córdoba y el presidente Hugo
Chávez. Esta apertura hacia la posibilidad del canje ocurrió
bajo la presión de las escandalosas revelaciones que
surgieron en los procesos judiciales abiertos a varios políticos
del entorno más cercano a Uribe por sus estrechos vínculos
con el terrorismo paramilitar.
La decisión
del gobierno colombiano de asesinar al enlace de las FARC
con los gobiernos francés, ecuatoriano, y venezolano, tenía
como objetivo directo la interrupción de las conversaciones
para la liberación unilateral de varios civiles bajo
cautiverio, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid
Betancourt. El comandante de la Policía Nacional de
Colombia admitió, pocas horas después de la operación
militar en el Ecuador, que el gobierno ecuatoriano estaba
realizando contactos con Raúl Reyes para la próxima
liberación de Ingrid Betancourt y otros civiles en poder de
las FARC.
Uribe se ha
pronunciado en varias ocasiones por el rescate armado de los
rehenes, aún en contra de la protesta de los familiares de
esos rehenes. En su delirio fascista, incluso le ha pedido
al gobierno francés que impida hablar públicamente a los
familiares de Ingrid Betancourt, bajo la acusación de que
son "radicales", y "cercanos a las
FARC".
Además, el
ataque en el Ecuador ocurre a pocos días de una marcha
nacional e internacional convocada en contra del
paramilitarismo en Colombia, a realizarse el 6 de marzo.
Para un gobierno comprometido con los paramilitares, era
importante minimizar la trascendencia de una marcha en
contra del terrorismo de Estado.
Al Uribe
plantear que los familiares de Ingrid Betancourt son
"cercanos a las FARC", expresa mucho más que una
opinión personal, está delatando una estrategia represiva.
Todo el que enfrenta la política de la clase dominante en
Colombia es considerado por el Estado como "cercano a
las FARC", y por eso es que Colombia tiene una de las
poblaciones desplazadas más grandes del mundo, tiene la
mayor cantidad de sindicalistas asesinados en el mundo, y a
los defensores de los derechos humanos y los periodistas
independientes se les persigue bajo la misma fórmula. El método
no es original, todos los regímenes fascistas criminalizan
y asesinan a la oposición política bajo el cargo de
colaboración con el terrorismo.
Más de
cincuenta años de guerra civil no se explican con la
propaganda del gobierno colombiano, que plantea que los
grupos insurgentes son bandas de delincuentes y
narcotraficantes que utilizan el terrorismo para asegurar
sus negocios. Desde que el Estado colombiano lanzó sus
primeras operaciones militares masivas en contra de los
campesinos alzados en armas en Marquetalia, se descalificó
a los rebeldes como "bandoleros", y otros términos
similares. El lenguaje no ha cambiado, y ha servido históricamente
para justificar crímenes políticos horribles, como el
exterminio del partido Unión Patriótica.
Lo nuevo es
la relación directa de Uribe y su gobierno con el narcotráfico
y el paramilitarismo. De acuerdo con documentos
desclasificados por el gobierno estadounidense, desde los
inicios de su carrera política, en la década de los 80,
Uribe estuvo estrechamente ligado al Cartel de Medellín,
liderizado por Pablo Escobar. Luego, como gobernador de
Antioquia, creó la red paramilitar "Convivir".
Quienes fundaron junto con Uribe el partido "Colombia
Democrática", hoy están privados de su libertad
mientras se les juzga por sus vínculos con los grupos
paramilitares y con masacres perpetradas por éstos. Los
jefes del paramilitarismo han reconocido que lograron
coaccionar a la población de zonas rurales bajo su control
para que votaran por Uribe en su primera elección
presidencial, así como por legisladores de su corriente
ultraderechista.
Luego de la
violación de la soberanía ecuatoriana por parte de las
fuerzas armadas colombianas, hubo una reacción generalizada
de repudio en Latinoamérica. Ecuador y Venezuela
movilizaron tropas hacia sus fronteras con Colombia, y
rompieron relaciones diplomáticas con el régimen fascista
de Uribe, medida que fue imitada por Nicaragua. El
presidente Chávez dijo que, para su gobierno, una agresión
semejante a la sufrida por Ecuador sería motivo de una
guerra con Colombia, e incluso amenazó con expropiar
algunas empresas colombianas. La respuesta del gobierno
uribista fue acusar a los gobiernos de Ecuador y Venezuela
de colaborar con las FARC, además de amenazar con demandar
a Chávez en La Haya por "financiamiento de
genocidas", y rayó en la locura cuando denunció que
la guerrilla había adquirido uranio y se había convertido
en una amenaza terrorista a nivel planetario. Paradójicamente,
fue el gobierno colombiano el demandado en 2005 en La Haya
por su responsabilidad en más de dos mil masacres.
Luego de
una tímida resolución de la OEA en la que se reconocía la
violación de la soberanía ecuatoriana, pero no se
condenaba a Colombia, se llevó el tema a la Cumbre del
Grupo de Río, el 7 de marzo. De manera increíble, el
presidente Chávez, quien días antes había denunciado con
justicia a Uribe y su gobierno por paramilitar y
narcotraficante, presentó una posición conciliadora frente
a un Uribe insolente, que no escatimó oportunidades para
lanzar los más desquiciados ataques en contra del gobierno
ecuatoriano. El canciller dominicano, el presidente peruano,
y otros representantes de los gobiernos derechistas de la
región celebraron el rol jugado por Chávez para lograr un
acuerdo supuestamente satisfactorio para todas las partes.
En realidad la exigencia de una condena al gobierno
colombiano por su violación a la soberanía ecuatoriana no
fue satisfecha, pues el Grupo de Río se limitó a reconocer
el hecho sin emitir condena alguna. La posición
conciliadora de Chávez frente a Uribe le permitió al régimen
fascista en Colombia saldar su crimen con una disculpa y el
compromiso de no volver a violentar la soberanía de sus
vecinos, una salida ridícula adornada con sonrisas y
aplausos que lesiona la dignidad de los pueblos
latinoamericanos. Nicaragua reanudó sus relaciones diplomáticas
con Colombia, y un Ecuador aislado aceptó la resolución.
Es lamentable que el Estado venezolano haya asumido una
posición semejante, existiendo precedentes de violación a
la soberanía de Venezuela tan graves como los secuestros de
Jaime Ballestas y Rodrigo Granda en la ciudad de Caracas por
parte de funcionarios del DAS colombiano.
En un
momento estelar en el que quedó al descubierto el absoluto
desprecio del gobierno colombiano por la legalidad
internacional, y en el cual se hubieran podido tomar medidas
de verdadera presión sobre Colombia, Venezuela pudo haber
mantenido la suspensión del comercio binacional e invitado
a más países de la región a romper relaciones diplomáticas
con Colombia y reconocer el carácter beligerante de la
insurgencia. De esta manera habría logrado presionar
efectivamente al régimen de Uribe, y asomarían nuevas
perspectivas para una salida negociada a la guerra en
Colombia, antes de que el imperialismo estadounidense logre
su objetivo de internacionalizar el conflicto como una
estrategia para profundizar su control militar en la región.
Sin embargo, la diplomacia venezolana despreció esta
oportunidad histórica y optó por tender al régimen
uribista un nuevo puente.
Mientras
transcurría este espectáculo deprimente, se anunciaba en
las agencias internacionales la entrega de la mano amputada
de Iván Ríos. Este integrante del secretariado de las FARC
había sido asesinado por supuestos desertores de la
guerrilla, convertidos en sicarios para cobrar los cinco
millones de dólares que el gobierno colombiano ofrecía por
su entrega. Según Reuters, "La Bolsa de Valores de
Colombia cerró con un alza de un 2,64%, en una jornada
activa, alentada en la última media hora de negocios por el
anuncio del Ejército de Colombia de la muerte de un líder
de la mayor guerrilla izquierdista del país" (Diario
Panorama, 8/3/2008).
El festín
de los hipócritas en el Grupo de Río fue bautizado como
una victoria de la paz por la prensa internacional. Y
Colombia siguió desangrándose.
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