Hacia
un estado policial
Por
Carlos Fazio
Red Latina Sin Fronteras, 18/03/08
La
administración espuria de Felipe Calderón marcha hacia la
conformación de un Estado autoritario de nuevo tipo apoyado
en la fuerza de las armas. La tácita equiparación de
quienes encarnan la protesta social como presuntos
terroristas y/o subversivos, plasmada en las reformas al Código
Penal y en el castigo disciplinador y ejemplarizante
aplicado a los presos políticos de Atenco, anuncian la
disposición del Ejecutivo federal de transitar hacia un
nuevo régimen de excepción que tiene como eje una guerra
de baja intensidad de tipo contrainsurgente contra el pueblo
organizado.
La aplicación
en la práctica del Manual de disturbios civiles de la sección
segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la
Secretaría de la Defensa Nacional -divulgado en La Jornada
por Gilberto López y Rivas, "Sedena: el manual de la
represión", 4/5/07-exhibe y desnuda el accionar
anticonstitucional de los estamentos castrenses y
paramilitares oficiales en los casos Lázaro Cárdenas-Las
Truchas, Michoacán; Atenco, estado de México, y en la
ciudad de Oaxaca, en 2006, donde echaron mano de la represión
indiscriminada y mediante acciones deliberadamente
aterrorizantes y desproporcionadas intentaron sembrar un
miedo con efecto "ejemplarizante" en la población,
apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia de
comunicación mediática típica de las operaciones sicológicas
encubiertas.
A ello habría
que sumar las actuales provocaciones en curso contra
campesinos indígenas de Montes Azules, en Chiapas, y
ejidatarios y comuneros que se oponen a la construcción de
la represa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero; los actos
de hostigamiento de elementos del Ejército federal,
inteligencia militar y espías y orejas del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los
delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y adherentes de la otra campaña en el
estado de Nuevo León y otras partes del país, y las
torturas, detenciones arbitrarias y robos -a la manera de
botín de guerra- ejecutados por militares y miembros de la
Agencia Federal de Investigación en Nocupétaro, Michoacán,
en días recientes.
Tal
pareciera que el Ejecutivo ha decidido cancelar los caminos
de la lucha civil pacífica y que México transita hacia un
régimen dual que combina la fachada de una democracia
formal con el terrorismo de Estado. Apoyado en una doctrina
de seguridad nacional de tipo antisubversivo, la lógica del
modelo tiene como objetivo la destrucción del "enemigo
interno", concepto éste que en el desarrollo de un
conflicto suele abarcar a todo actor de "desorden
social".Según el manual de la Secretaría de la
Defensa Nacional, quienes alteren o perturben el orden público,
se reúnan tumultuariamente, intimiden u obliguen a la
autoridad a tomar alguna determinación y pongan en peligro
la vida y la propiedad, podrían incurrir en el delito de
motín y ser blanco de la acción represiva del Estado
mediante el accionar de tropas especiales, paracaidistas y
unidades blindadas provistas de escopetas, agentes químicos
y fusiles de precisión.
Como
antecedente, cabe consignar que, en su accionar, un Estado
fascista instrumenta como eje de su política represiva la
conformación de un vasto y complejo aparato de seguridad.
Eso viene sucediendo de manera paulatina en México, donde
las propias fuerzas armadas, dando la espalda a sus
funciones establecidas en el artículo 89 constitucional,
fracción VI, y en el 29, que establece que "en tiempo
de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más
funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar", han venido modificando su carácter
convirtiéndose en lo que bien puede calificarse como
"gendarme" o "ejército de ocupación"
en su propio país, cuya misión fundamental es impedir toda
muestra de descontento, y sobre todo imposibilitar, por vía
de la fuerza y el terror, cualquier cambio, por mínimo que
éste sea, en la estructura social dela nación.
La
tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de
nuevo tipo se ha venido confirmando con la militarización
de la seguridad interior, vía la presunta
"guerra" contra el crimen organizado y el proyecto
de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado,
que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía
y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades
con menos de 20 mil habitantes.
Según se
anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánica
de la futura policía federal quedó integrada por seis
divisiones, cuatro de cuyos jefes provienen del Cisen, en
tanto que el coordinador de las fuerzas federales será el
general Héctor Sánchez, ex jefe de la Sección Segunda de
Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.
Esa
conformación de una policía federal con mandos
provenientes delos servicios de inteligencia política y
militar, aunada a la contrarreforma penal impulsada por
Calderón -que incluye la intervención telefónica y el
espionaje sobre los ciudadanos sin orden judicial, el
ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón de
flagrancia y la creación de una policía investigadora
independiente del Ministerio Público-, así como el
"paquete antiterrorista" aprobado por el Senado de
la República el 26 de abril pasado, que incorpora el delito
de "terrorismo internacional" al código penal,
parece robustecer la hipótesis de que nos encaminamos hacia
un Estado de tipo policial-militar, basado en leyes de
excepción que criminalizan la protesta social. Es decir,
asistimos a un larvado proceso de fascistización del
Estado, y si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica
puede ser la consolidación de un Estado terrorista en México.
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