Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex

Por Adolfo Gilly (*)
La Jornada, 09/05/08

La operación en curso de privatización de Pemex va mucho más allá de los negocios del capital y de la corrupción de los funcionarios, como en cambio era el caso en la prolongada destrucción de la red de ferrocarriles nacionales y en las sucesivas concesiones y rescates de las carreteras de cuota.

Esta de hoy es una decisión de alcance histórico, tanto como lo fueron el reparto agrario y la expropiación petrolera en los años 30, pero exactamente en el sentido opuesto. Se trata ahora de completar, por un lado, una recomposición ya iniciada del Estado y de los sectores de clase dominantes y, por el otro, una restructuración de las relaciones de ese Estado con la nación y su pueblo, y con Estados Unidos y sus planes geoestratégicos en estos años iniciales del siglo.

Se trata, al mismo tiempo, de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano –insisto, mexicano– sobre el Estado nacional, y de integrar a éste como socio menor subordinado en la zona contigua de dominación y seguridad –América del Norte– de esa potencia a través de tres tratados: el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida, los tres estatutos clave de la subordinación económica, militar y política.

Se trata de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía y la independencia de esta nación. Así y nada menos.

Esta posición de mando del capital financiero mexicano fue afirmándose a partir de los años ochenta del siglo XX a través de los sucesivos gobiernos y cambios constitucionales –artículos 3º, 27, 130– y de la privatización creciente de los bienes de la nación, no sólo en tanto empresas públicas y servicios financieros sino también en cuanto dominio del territorio, del patrimonio cultural y de los recursos naturales.

Es una gigantesca operación de despojo la que está en marcha desde entonces. La entrega de Pemex es la culminación de ese proceso.

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El desmantelamiento que se intenta ahora completar no es, en efecto, sólo el de la propiedad estatal, sino también el de una forma de Estado mexicano –entendiendo aquí "Estado" como proceso de relación entre gobernantes y gobernados– que desde la derrota y la destrucción del Ejército Federal por la División del Norte en Zacatecas el 23 de junio de 1914 –es decir, ya desde antes de la Constitución de 1917–, se había ido conformando en la historia, en la legislación y en los antagonismos y las luchas hasta cubrir todo el siglo XX mexicano. Se trata de revertir el proceso histórico hasta una nueva y atroz Bella Época en este siglo.

De ese tamaño es la derrota que nos quieren imponer y lo que está en juego en la propuesta desintegradora de Felipe Calderón.

La ocasión parece inmejorable. El Estado mexicano, nominalmente unido bajo la Presidencia de la República y el pacto federal, está hoy fragmentado en mandos múltiples: el mando de los gobernadores que, mientras cada uno actúa como amo y señor en su feudo, se reúnen como poder nacional en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el de la Iglesia, potente y prepotente como nunca desde el siglo XIX y la Reforma, ante la cual bajan la cabeza todos los partidos y sus dirigentes (todos, dije, todos); el de los grandes señores de las finanzas y sus conexiones con el opaco y turbulento mundo financiero internacional; el de una Presidencia que busca refugio y amparo en las fuerzas armadas; el del narcotráfico con sus redes y contactos no visibles pero reales con todas las esferas de poder antes mencionadas y con varios poderes externos.

Si en este listado no concedo poder propio al dual monopolio televisivo es porque se trata de una dependencia del capital financiero en cuyos intereses y designios está integrada. Si tampoco lo concedo al Poder Legislativo y al Poder Judicial es porque cuanto de importante se decide en esas sedes ya estuvo decidido de antemano en otras sedes y otros poderes.

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El mando financiero no tiene interés en recomponer ese Estado roto en fragmentos, con su modo protector y clientelar de relación con la población y sus políticas desarrollistas y de subvención al gasto social, a las empresas locales y a la planta industrial nacional. Quiere una nueva relación entre el gobierno y un pueblo, no de ciudadanos, sino de individuos atomizados en su vida social y focalizados en su conexión mediática.

Quiere una nueva relación estatal, sin patrimonio nacional común y cuya red conectiva, material y espiritual, sea ante todo ese mercado de las cosas que el capital financiero domina y controla, y donde el educador del pueblo son los medios mucho más que los maestros de un sistema escolar abandonado.

Para ese objetivo hay que terminar de quitar la pieza material central en la que se sustenta y con la que se financia el persistente modo de gobernar inscrito en la Constitución de 1917. Esa pieza, desde el 18 de marzo de 1938, se llama Pemex. Hoy, setenta años después, hay que acabar con ella y mandarla al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el convento de Churubusco o la carroza de Juárez. Y, de paso, hacer un suculento negocio con el petróleo.

Hay que desmantelar y ceder, entonces, esa prenda del orgullo nacional que es Pemex, a la cual el modo como había sido conquistada y defendida en otros tiempos había convertido en símbolo material de la independencia frente a la potencia del Norte y también en prenda de la autonomía relativa de los políticos gobernantes.

Entregar Pemex es también quitar piso propio a las fuerzas armadas mexicanas y acelerar su conversión, deseada por el Pentágono y las finanzas, en una Guardia Nacional destinada a tareas de represión interior ya ejercidas desde el PRI; y por otro lado, dedicada, al igual que en Colombia, a la regulación armada del narcotráfico, negocio que Estados Unidos no muestra interés en erradicar sino en mantener bajo control. Ese ejército quedaría así subordinado al Pentágono.

La iniciativa de Felipe Calderón pretende completar el vaciamiento del artículo 27 constitucional, pilar central de la forma de Estado posterior a la revolución. Salinas de Gortari destruyó su parte agraria. Se trata ahora de echar abajo lo que queda, la expropiación petrolera que recuperó el subsuelo y unificó a la nación.

Ésta es la magnitud de lo que está en juego. No es nuestro interés defender la actual forma de Estado, corrupta, opresora y fragmentada. Pero su suerte y sus indispensables cambios tienen que ser decisión del pueblo mexicano, no de los poderes financieros nacionales y extranjeros.

En cuanto a la demostración presupuestaria, financiera, administrativa y tecnológica de la plena viabilidad de Pemex como patrimonio nacional, ha sido y está siendo hecha en estos días, con abundancia de datos y argumentos, por los numerosos expertos mexicanos en cuestiones petroleras. A ellos nos remitimos.

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La defensa de Pemex y del patrimonio es una de las grandes causas de esta nación. Su dimensión simbólica y práctica va mucho más allá que la de sus empresas equivalentes en otras naciones latinoamericanas. Esa defensa necesita ser múltiple y en todos los terrenos, más allá de los ámbitos discursivos, parlamentarios o legislativos, aunque los incluya; más allá de las diferencias en otros temas y cuestiones entre las fuerzas y los individuos que se movilizan; más allá de las disputas por la preminencia, el mando o la dirección del movimiento de pueblo que es preciso extender a todos los espacios de vida, de trabajo, de estudio, de reunión o de esparcimiento.

Es preciso sumar a todos cuantos quieren preservar a Pemex como patrimonio común de la nación. ¿Cómo agregar esas fuerzas tras un objetivo común sin exigir a nadie que se subordine a una política, a una dirección partidaria o a un dirigente; y sin pedirle tampoco que no lo haga, si así le place y le parece?

El bando neoliberal está unificado por el poder presidencial, el poder financiero y el poder eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus cabecitas parlantes.

¿Cómo unificar las fuerzas de este lado en un frente plural por el petróleo; no por la Presidencia en 2012; no por las elecciones en 2009; no por la dirección o el control de este o aquel aparato partidario o sindical (y no sigo porque la lista de ambiciones e intereses particulares sería interminable)?

¿Cómo asegurar la independencia de cada uno en la unidad de un solo objetivo: defender a Pemex? ¿Cómo organizar sin regimentar ni uniformar, en las maneras diversas como se han organizado siempre en este país los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de colonos, de ejidatarios, de lo que fuere?

¿Es que esa experiencia de generación tras generación de todo un pueblo durante un siglo entero se va a condensar sólo en votaciones de plaza a mano alzada y bajo consignas beatíficas como "amar es perdonar", mientras la violencia se descarga en la descalificación y el insulto al que está al lado?

¿Cómo poner en el centro de las discusiones y las movilizaciones ideas, objetivos, discursos y modos diversos de organizar que muevan a la acción, a la convergencia, a la creación libre de maneras efectivas de lucha? ¿Cómo cortar de plano, a comenzar desde quienes ocupan posiciones dirigentes, las feroces disputas internas y el lenguaje soez: "traidor", "víbora", "fecal", "pantaleta", que hasta en los columnistas de la prensa escrita se ha ido haciendo costumbre?

¿Cómo lograr, por fin, que la causa de Pemex y el terreno central de esta lucha no sean vistos por sectores populares, angustiados por la pobreza y la sobrevivencia cotidiana, como una mera disputa en el Estado, en las instituciones, entre los políticos, esos que desde hace muchos años y a vista y paciencia de todos han usado a Pemex como su propiedad y para sus fines?

Estas son mis preguntas, dirigidas a todos nosotros, gente de la UNAM, y también al Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Y finalmente una pregunta no menos significativa: ¿por qué exigir ahora a los zapatistas, amenazados de un golpe militar represivo en cualquier momento, que se agreguen a este movimiento mientras todos los partidos los abandonaron y mantuvieron en el Congreso de la Unión la exclusión de los indígenas y la negación de sus derechos en esta nación?

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No vine a esta nuestra universidad con respuestas ni con consignas. Vine con preguntas que nos hacemos tantos en esta movilización que no es de nadie y es de todos. Traje un manojo de interrogantes, producto de experiencias colectivas de organización de luchas mexicanas que se remontan al menos al movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta y al movimiento estudiantil y popular de 1968, y que se han ido trasmitiendo y acrecentando generación tras generación.

Pido y propongo que encontremos entre todos y en todas partes los medios para que esa experiencia acumulada, patrimonio espiritual e ideal de todos nosotros, se vuelque en libertad como torrente, rescate el petróleo y ponga un alto a las sumisiones a las que nos arrastran este gobierno, sus mandantes y sus aliados.

(*) Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de mayo de 2008.