Volvieron
las protestas estudiantiles
Por
Daniela Estrada
Inter
Press Service (IPS), 04/06/08
Santiago.–
Miles de estudiantes secundarios y universitarios marcharon
junto a profesores este miércoles en todo Chile para
protestar contra el polémico proyecto de Ley General de
Educación (LGE) que se discute en el parlamento y que nació
tras el histórico paro escolar de 2006.
En
la capital, entre 3.000 y 6.000 estudiantes y profesores
participaron en dos marchas autorizadas, que finalizaron en
choques con efectivos de carabineros (policía
militarizada), un docente herido en un ojo y una decena de
detenidos. En las regiones, la convocatoria también fue
masiva.
Tanto
la Central Unitaria de Trabajadores como la Asociación
Nacional de Empleados Fiscales brindaron su apoyo a las
movilizaciones sostenidas bajo lluvia y frío.
Desde
hace varias semanas, se repiten decenas de tomas y paros
indefinidos en colegios y universidades, con el objetivo de
frenar la tramitación de la LGE, que el martes fue aprobada
en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en su
primer trámite legislativo.
El
gobierno le quitó el martes al proyecto la condición de
suma urgencia, que obliga a su discusión inmediata, y le
agregó dos indicaciones, una que define educación pública
y otra que aumenta las exigencias a los sostenedores (dueños
de colegios privados con subvención estatal). Esto no fue
suficiente para estudiantes y profesores.
La
historia de la LGE es larga. En mayo y junio de 2006, miles
de estudiantes secundarios protagonizaron una histórica
movilización exigiendo cambios en varios planos del sistema
educativo.
Una
de las principales banderas de lucha de esos alumnos fue la
derogación de la controvertida Ley Orgánica Constitucional
de Educación (LOCE), promulgada por el ex dictador Augusto
Pinochet (1973–1990) un día antes de dejar el poder.
La
LOCE impuso la descentralización y privatización del
sistema educacional chileno, puesto que traspasó la
administración de establecimientos públicos desde el
Ministerio de Educación hacia los 345 municipios del país
y permitió la creación de colegios particulares con
subvención estatal.
Los
gobiernos de la centroizquierdista Concertación, que llevan
18 años en el poder, lejos de acabar con este modelo lo
profundizaron al autorizar, por ejemplo, que las escuelas
particulares subvencionadas cobren una mensualidad a las
familias por la educación de sus hijos. Esto se conoce como
"financiamiento compartido".
Pese
a la gran inversión educativa hecha desde 1990, los
resultados de los estudiantes chilenos en distintas pruebas
de conocimiento y habilidades distan de ser óptimos, con
grandes diferencias entre colegios municipales, privados
subvencionados y privados pagados.
Por
ello, todos los sectores políticos y sociales del país
reconocen que el sistema educativo atraviesa una crisis que
es necesario solucionar.
Para
aplacar el paro estudiantil de 2006, la presidenta Michelle
Bachelet formó una numerosa y heterogénea comisión
asesora que tenía como misión proponer alternativas de
reforma, algunas de las cuales se incluyeron en el proyecto
de la LGE, que ingresó al parlamento en abril de 2007.
No
obstante, la oposición derechista y parte de la coalición
de gobierno anticiparon que no aprobarían aspectos
medulares de la iniciativa redactada por el gobierno, como
el fin del lucro y de la selección de alumnos en colegios
financiados por el Estado.
Aquel
proyecto establecía que "por ningún caso" se podía
considerar la situación económica o social del postulante,
su origen étnico y rendimiento escolar pasado o potencial,
así como el estado civil, escolaridad o religión de los
padres a la hora de decidir su ingreso a la escuela.
La
gobernante Concertación está conformada por los partidos
Socialista (PS), Demócrata Cristiano (DC), Por la
Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD), mientras
que la derechista Alianza por Chile está compuesta por la
liberal Renovación Nacional (RN) y la ultraconservadora Unión
Demócrata Independiente (UDI).
Para
salvar el proyecto, el Ministerio de Educación decidió
crear una nueva comisión con expertos de los dos
principales conglomerados políticos para consensuar
posiciones.
El
13 de noviembre de 2007, en una aparatosa ceremonia en el
Palacio de la Moneda, representantes del gobierno, de la
Concertación y de la Alianza por Chile firmaron un acuerdo
sobre los cambios a introducir en la iniciativa de la LGE.
La
nueva LGE valida, por ejemplo, la existencia del lucro en la
educación, pero con mayores regulaciones que las vigentes.
También acepta la selección de alumnos por motivos académicos
y socioeconómicos hasta sexto año básico.
Los
primeros en desconocer el acuerdo fueron algunos
legisladores oficialistas, que hasta el martes habían
presentado más de 150 modificaciones al proyecto.
Algunos
de ellos argumentaron que el escenario cambió luego de que
la titular de Educación, Yasna Provoste, articuladora del
acuerdo, fue destituida por el parlamento en abril a raíz
de irregularidades detectadas en su cartera, ya que fue
acusada constitucionalmente por diputados de derecha.
En
tanto, estudiantes y profesores critican que este acuerdo
fuera tejido "entre cuatro paredes" y que no
significa una "reforma estructural" al sistema
educativo, sino que mantiene la lógica mercantil en la
educación.
Ellos
exigen la "desmunicipalización" de la educación
y que se reforme el sistema de financiamiento, puntos no
considerados en la LGE.
Al
haber diferencias en la propia Concertación, el gobierno
optó por definir estas materias primero dentro del
conglomerado oficialista y esperar hasta julio para
presentar un proyecto sobre educación pública.
El
martes, luego de quitarle el carácter de urgente al
proyecto y promover las indicaciones referidas a la educación
pública y los sostenedores, el gobierno logró que los
parlamentarios oficialistas retiraran sus más de 150
cambios.
Pero
la oposición derechista amenazó con rechazar el proyecto
si el gobierno no cumple el acuerdo de noviembre de 2007.
A
juicio del decano de la Facultad de Educación de la
Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro,
las manifestaciones de estudiantes y profesores no se
justifican luego de los gestos hechos por el gobierno el
martes, que permitirán que se desarrolle un debate en el
Congreso legislativo.
García
Huidobro ha seguido de cerca el conflicto, puesto que
presidió la comisión asesora formada por Bachelet en junio
de 2006.
El
experto comentó a IPS que el proyecto de la LGE, pese a las
reformas, es mejor que la actual LOCE, ya a su juicio
"se aleja del dogmatismo del mercado" al crear
organismos que regularán mejor el funcionamiento del
sistema educacional, como la Superintendencia de Educación
y la Agencia de Calidad.
No
obstante, García Huidobro admitió que en la LGE no se
abordan problemas de fondo, como el financiamiento
compartido y las condiciones que deben darse para la
apertura de nuevos colegios.
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