Represión, la respuesta de Bachelet a los estudiantes

Por Eduardo Andrade Bone
Agencia Indoamericana de Prensa, 26/06/08

Los aparatos represivos del Estado chileno han procedido a detener a más de 50 estudiantes que marchaban en rechazo al nuevo engendro legal de educación en los últimos días, y que fuera aprobada en un contubernio entre los parlamentarios de la Concertación y el pinochetismo representado por la UDI y RN, herederos políticos de la dictadura.

El nuevo marco legal de educación presentado por la presidenta Bachelet al parlamento, es un cambio cosmético a la ley de educación (LOCE) heredada de la dictadura, la que busca perpetuar la institucionalidad pinochetista en materia de educación. La LGE presentado por el gobierno fue consensuada además con el pinochetismo a espaldas de los profesores, estudiantes, padres y apoderados y de la comunidad educacional chilena.

Más de 4 mil estudiantes marcharon el miércoles último, en rechazo a la LGE que privilegia la mercantilización y el lucro en torno de la educación, en perjuicio de la educación pública y el derecho a una enseñanza efectiva y de calidad. Pero no solo eso, el nuevo proyecto educacional contribuye a profundizar la desigualdad del sistema, generando una educación para ricos y otra para pobres.

En otras palabras la nueva ley de educación, no es otra cosa que un sistema educacional al servicio del mercado, de su comercialización y del esquema económico neoliberal imperante en el país del cono sur. En donde una mafia procedente de parte de la Concertación, la Alianza por Chile y otras entidades que están metidos en el negocio de la educación, se benefician en gran parte de los subsidios que entrega el Estado chileno para tales efecto, o sea, el 60% de los recursos estatales van a parar a escuelas particulares y privadas, cuyos gerentes se enriquecen con los recursos económicos públicos para educación. Lo que tampoco ha significado un mejoramiento cualitativo de ésta, muy por el contrario, pues el sistema educacional chileno reproduce semi analfabetos y profesionales de baja calidad que no se encuentran al nivel de los profesionales de los países más desarrollados.

Los estudiantes secundarios y universitarios, desde hace varias semanas vienen desarrollando una serie de manifestaciones contra la LOCE y la nueva LGE, el miércoles último habían comenzado una marcha pacifica cuyo objetivo central era la entrega de una carta a la primera mandataria, en donde dejan claramente establecido su propuesta educacional para el país y el porque de su rechazo a los dos engendros legales de educación, el de la dictadura y el de la presidenta Bachelet.

Ahora la única respuesta que han encontrado los estudiantes hasta ahora, ha sido la represión premeditada de la policía militarizada chilena, que ya en dos oportunidades ha pretendido amedrentar a los estudiantes con el uso de armas de fuego. En la primera oportunidad un oficial de la policía uniformada utilizo su arma de servicio disparando al aire para dispersar a los estudiantes. Luego otro funcionario policial amenazo a los estudiantes con disparos como una forma de amedrentamiento. Al margen de eso, la policía militarizada suele utilizar personal de civil disfrazado de reporteros gráficos para detener estudiantes, también suele utilizar delincuentes encapuchados para iniciar las provocaciones en contra de los estudiantes.

Cabe agregar además que un número significativo de parlamentarios de la coalición de gobierno ha rechazado la falta de pluralismo, debate e información sobre un proyecto de ley que es de interés nacional y que afecta directamente al estudiantado nacional y toda la comunidad educativa chilena. Sin embargo hasta ahora, el cogobierno de la Concertación y la Alianza por Chile, solo han privilegiado los interese de los empresarios de la educación.

La mentada democracia, inclusión y participación de la primera mandataria, no fue más que un cliché demagógico electoral que le sirviera para alcanzar la primera magistratura de la nación. Hasta ahora la administración Bachelet, ha sido darle continuidad a toda la política económica de la dictadura y a consolidar la Constitución del 80 heredada del régimen militar, vigente hasta ahora con algunos cambios cosméticos. El actual marco legal de la dictadura margina a alrededor del 15% del electorado de representación parlamentaria y impide la realización de consultas, plebiscito o referéndum, sobre materias que sean de interés nacional y que afecten al conjunto de los chilenos. Es más, los chilenos y aquellos que ejercen su derecho a voto, hasta el momento no conocen y no tienen idea en que consiste la LGE de la presidenta Bachelet, en este plano la ciudadanía carece de información y no puede establecer un juicio de lo positivo y negativo que pueda tener la ley.

Los gobiernos de la Concertación y el de Bachelet, en términos prácticos han estado al servicio de los intereses de los grandes empresarios, las trasnacionales y la oligarquía económica y financiera nacional. A la clase trabajadora, al pueblo chileno solo se le ha aplicado la política de los mendrugos y de los paliativos, no de soluciones reales de fondo, en donde el tema de la educación no ha sido una excepción, pues la educación pública vía administración municipalizada, viene hacer el pariente pobre de los beneficios estatales, a pesar de los “grandes éxitos” de la economía” chilena.

Mientras tanto, el Colegio de Profesores continúa la recolección de un millón de firmas contra la LGE y prepara nuevas movilizaciones para la próxima semana a partir de los acuerdos que salgan de su Asamblea Nacional Extraordinaria. Los estudiantes secundarios y universitarios ha resuelto realizar una “consulta nacional” en torno de la nueva LGE.

Finalmente cabe destacar que un estudio realizado recientemente por Luís Gajardo, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central señala que el 72% de los profesores respalda el movimiento "pingüino" y un 66% cree que la movilización estudiantil contribuye a resolver los problemas en materia de educación. Los profesores en un 68% se declaran decepcionados con la situación política del país, el 62% además se expresa disconforme con la marcha económica del país. La importancia que reviste la opinión del profesorado en este estudio, tiene un carácter de mayor trascendencia, pues el profesorado nacional proviene de diversos estratos sociales.

El pesimismo de los profesores está inserto en la propia historia del magisterio: en la eliminación de las escuelas normales que jugaban un papel decisivo en la identidad, el sello y la motivación de estos profesionales; en el desprendimiento del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile; en la municipalización –que les cambio el estatus de funcionarios del Estado a municipales– y "en el desencanto de la reforma educacional de los ’90 que los definió como actores principales del proceso, para luego proporcionarles escasos o nulos niveles de participación", señala el estudio.