Paro Nacional para el 9 de julio

Por Gustavo Espinoza M.
Rodelu.net, 29/06/08

Las organizaciones sindicales peruanas y las fuerzas agrupadas en la denominada “Coordinadora Política y Social”, confirmaron recientemente la realización de un Paro Nacional de 24 horas que tendrá lugar en todo el país el próximo miércoles 9 de julio.

Algunas organizaciones agrarias del interior del país lo ampliaron, precisando que para sus efectos, la medida tendrá lugar los días 8 y 9 del mismo mes. En la extensa amazonía –desde Iquitos hasta Madre de Dios, pasando por San Martín y Pucallpa– el conflicto también puede extenderse por la amenaza de la llamada “Ley de la Selva”, que concita creciente rechazo

La Jornada de protesta –la más importante convocada en lo que va del gobierno del Presidente García– se desarrollará incluyendo movilizaciones, marchas y otras acciones de masas tanto en la capital como en todas las ciudades del interior e involucrará a no menos de dos millones de personas.

Aunque las autoridades oficiales han ofrecido “conversar” para impedir la concreción de la medida de fuerza, los sindicatos han rechazado la oferta porque son conscientes que ella constituye una trampa.

En verdad el gobierno nunca quiso realmente conversar ni dialogar con los trabajadores.

Muchas veces cuando los sindicatos en conflicto piden ser atendidos por las autoridades de trabajo, los ministros “no tienen tiempo” de recibir a los dirigentes sindicales y más bien delegan la responsabilidad a funcionarios subalternos, que tampoco atienden los pedidos laborales.

Sólo ahora, cuando toma cuerpo una protesta nacional, los representantes oficiales arguyen la “necesidad del diálogo” que ellos mismos se empeñarán luego en tornar improductivo.

En Lima, como se habitual, una concentración en la histórica Plaza Dos de Mayo será el nudo central de la protesta social y abrirá la perspectiva para otras acciones urbanas y rurales.

La masa, luego se desplazará por diversas avenidas de la capital, razón por la que los trabajadores habrán de redoblar sus medidas de control, dado que el gobierno está particularmente interesado en provocar acciones que justifiquen luego una represión brutal contra el pueblo.

Una clara demostración de ello surgió, en efecto, en el marco del reciente Paro ocurrido en Moquegua y en su desenlace: El Presidente García regañó a las fuerzas policiales por no haber hecho uso de armas de fuego para disolver a los manifestantes y “cautelar el orden”. Obviamente, quería una secuela de violencia y muerte.

La Plataforma del Paro, en esta circunstancia, es ciertamente amplia. Incluye la recusación del modelo económico vigente al que acusa de ser responsable de la crisis de desempleo, bajos salarios, quiebras de empresas y despido masivo de trabajadores.

Aunque los empresarios insisten en considerar que “el modelo” generó riqueza y sobre producción, lo real es que nadie cree en las manipuladas cifras mostradas por el oficialismo. “Si ha disminuido el número de pobres –dijo socarronamente un comentarista limeño– es porque se han muerto los que eran pobres hasta el año pasado. Ahora, hay nuevos” .

Aunque en realidad en el radio urbano de Lima, en efecto, parece haber mejorado la situación material de la gente, esa sensación no la comparten quienes viven en las zonas periféricas de la ciudad.

Una reciente encuesta realizada por la Universidad Católica de Lima señala que solo el 33% de las personas considera que la pobreza se ha reducido en el país, en tanto que el 66% cree que ha aumentado, o se mantiene igual.

Sólo el 28% de los entrevistados cree que en los últimos doce meses ha mejorado la situación económica de las familias, en tanto que el 71% sostiene que ella está igual o peor que antes.

Sólo el 11% acepta la tesis de que la distribución de la riqueza en el país es justa, en tanto que el 86% la considera injusta o muy injusta.

Por si fuera poco, en otra encuesta recientemente difundida, se asegura que el 64% de la población está de acuerdo con el Paro nacional del 9 de julio, en tanto que menos del 30% expresa su desacuerdo con esta medida de lucha de los trabajadores.

No obstante, en este segmento, hay quienes critican el Paro por otra razón: consideran que es insuficiente para derrotar al gobierno y, por tanto, insuficiente.

La plataforma del Paro incluye, sin embargo, además de planteos de tipo económico, reclamaciones de carácter social y laboral.

Se recusa el autoritarismo del gobierno que se expresó en la dación de Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social y ofrecen años de cárcel a quienes salgan a la calle a mostrar su rechazo al régimen. Se trata de los Decretos 982, 983 y otros, cuya derogatoria ha sido aprobada en primera instancia por el Congreso de la República. También, por supuesto, se exige quede sin efecto el Decreto Legislativo 1015 sobre explotación de tierras comunales y el proyecto de Ley de la Selva, cuestionado por la población.

Acontecimientos en extremo sensibles, como los ocurridos en diversas ciudades del centro y sur del país –donde el nivel de aceptación del Presidente García ha caído hasta un 7%– han puesto en evidencia la incapacidad del régimen para enfrentar los problemas sociales; y la ineptitud de las autoridades, que no atinan a encontrar caminos de solución a reclamos fundados de la población.

En los próximos días, y aún antes del Paro Nacional, regiones íntegras del país, como Huancavelica y Ayacucho llevaran a cabo paralizaciones de protesta por 24 y 48 horas, lo que no las eximirá de sumarse a la jornada nacional del 9 de julio que será ciertamente exitosa.

Por lo pronto, trabajadores penitenciarios, de Luz y Fuerza, del Agua, y del segmento administrativo del sector educación y la docencia universitaria, así como profesionales de la salud han iniciado ya huelgas en demanda de aumentos salariales y otras reclamaciones que no son atendidas por el Poder central.

Se prevé que en las próximas semanas nuevos contingentes sociales se sumen a la protesta que se torna ya una expresión generalizada no solamente en el interior del país sino incluso en Lima, donde el gobierno maquilla el escenario con la connivencia descarada de los medios de comunicación.

Es bueno subrayar que si bien la convocatoria formal a la acción de lucha reposa en la fuerza orgánica de la CGTP y de la CUT –las dos Centrales Sindicales más significativas del país– a ella se han sumado ya organizaciones regionales, provinciales y locales, además de segmentos decisivos como transportistas, médicos, jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas y otros, lo que le da a la Jornada el carácter de una acción social de mayor consistencia y capacidad operativa.

Incluso policías y militares en retiro hicieron el jueves 26 de junio una ruidosa protesta en demanda de nivelaciones salariales y otras exigencias.

Es notable, sin embargo precisar que se ha convertido en una constante de los gremios sindicales en lucha de nuestro país, efectuar dos huelgas al año. La primera, en los primeros seis meses, concluye inevitablemente cuando las autoridades firman un “acta de compromiso” aceptando la adopción de medidas paliativas en beneficio de los trabajadores. La otra –en la segunda parte del año– ocurre en demanda de que se cumpla el acta firmada y que diera origen al conflicto anterior.

Una suerte de círculo vicioso el que ha impuesto el régimen a los trabajadores negándoles el más elemental derecho a reclamo en materia de salarios, negociación colectiva y otros. Que la acción de lucha será un exitoso, lo asegura la gente en la calle.

Esa unanimidad, sin embargo, no se expresa cuando se inquiere a los ciudadanos en torno a lo que se debe hacer más adelante, cuando el régimen aprista se zurre en la protesta social y las autoridades se nieguen a oír la voz el pueblo.