El atraco millonario de la deuda externa

Por Decio Machado
Diagonal / CADTM, 24/01/09

El 80% de los casi 10.000 millones de dólares de deuda externa de Ecuador proviene de operaciones de refinanciación, y sólo un 20% para proyectos de desarrollo.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), constituida por decreto gubernamental y compuesta por auditores y economistas independientes del Gobierno, investigó y analizó durante más de un año el conjunto de los casi 10.000 millones de deuda externa ecuatoriana. Preguntado por DIAGONAL, su coordinador, Hugo Arias, aseguró que tras las investigaciones “se encontraron indicios de una actitud fraudulenta en la contratación y negociación de deuda que la convirtió en un monstruo gigante e impagable”, añadiendo que “más del 80% de la deuda corresponde a refinanciamiento, y apenas el 20% a proyectos de desarrollo”.

Según el vocero de la CAIC, este manejo estuvo presente en todos los gobiernos desde hace más de 30 años, a excepción del gobierno del presidente Abdalá Bucaram (agosto 1996–febrero 1997) que en sus apenas siete meses de gestión, antes de tener que salir prófugo a Panamá, no registró negociaciones de deuda. Según Arias, “el país sabe que el endeudamiento externo fue un atraco millonario. Nunca se favorecieron los intereses nacionales sino el de los acreedores, porque ellos manejaron procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros, y todos perversos”.

Ecuador cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones aunque sus ingresos se han visto afectados por la caída del precio del petróleo, que financia casi el 40% del presupuesto público, por lo que la decisión tomada, por Correa de entrar en default es una decisión de índole política sin precedentes en América Latina.

Sube el Riesgo–País

La consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno ecuatoriano ha hecho que los precios de los bonos caigan y que el índice de Riesgo–País se eleve por encima de los 4.000 puntos, lo que puede significar un handicap para la inversión extranjera en el país. En ese sentido, Rafael Correa se ha expresado rotundamente: “Que caigan los bonos, que suba el Riesgo–País, nos tiene sin el menor interés, sin la menor preocupación, pero mi Gobierno no dejará en la impunidad el caso de la deuda”.

Los bonos de deuda Global 2012 y 2030 se intercambiaron en 2000 por unos bonos anteriores, denominados Brady, con vencimiento en 2025, y que habían sido emitidos en 1994 por el Gobierno de entonces.

El presidente Jamil Mahuad había anunciado en agosto de 1999 una moratoria unilateral de los bonos Brady y al año siguiente, el sucesor de Mahuad, Gustavo Noboa, propuso a los tenedores el canje de bonos en medio de una crisis económica que condujo a la quiebra a 21 de los 42 bancos privados del país, que se vio entonces envuelto en una hiperinflación.

La protección de Mahuad a los bancos quebrados provocó que este mandatario decretara un día de fiesta bancario, un congelamiento de depósitos y una virtual quiebra del sistema de economía real. El exceso de impresión de billetes para afrontar las obligaciones de rescate bancario provocó que la inflación aumentase considerablemente y la crisis de la economía real disparó la cotización del dólar a niveles nunca antes vistos.

Mahuad quebró el país y el 21 de enero de 2000 fue depuesto después de que la CONAIE tomara las calles de Quito y avanzara al Congreso Nacional, apoyados por un grupo de coroneles. Ahora, Mahuad reside en EE UU (país al que permitió crear la base militar de Manta) y tiene cargos pendientes en su contra por varios actos gubernamentales. Aún así ha recibido el sobreseimiento provisional del proceso en su contra, dictado a su favor por la Corte Suprema.

Correa se niega a cargar con la ‘deuda ilegítima’

Por Decio Machado
Diagonal, 22/01/09

La decisión del Gobierno de Ecuador de auditar la deuda externa del país, identificando sus orígenes “ilegítimos, inmorales e ilegales” abre la puerta a una renegociación de la deuda favorable a los intereses de Ecuador.

El 15 de enero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su informe a la Nación, anunciaba cuál sería la estrategia ecuatoriana con respecto a la deuda externa. Correa precisó, entre otros puntos, que Ecuador intentará recomprar un tercio de la deuda externa (3.210 millones de dólares), que dejó de pagar en noviembre al ser considerada ésta como “deuda ilegítima” por una auditoría independiente.

El presidente ecuatoriano lo decía de esta forma: “Vamos a hacer una propuesta de compra de esa deuda ilegítima, pero quitándole la mayor fuente de ilegitimidad, que fue el alto precio a la que se renegoció, y volviendo a los precios o estimando los precios a los cuales debió canjearse esa deuda”. Correa señaló que “la mayor fuente de ilegitimidad de esa deuda es que cuando el país estaba quebrado y los bonos vendiéndose a 20% de su valor nominal, agenciosamente, fueron nuestros negociadores para que se recuperen los precios y canjear la deuda, pero al 60% de su valor nominal”.

Consultado por DIAGONAL, Diego Borja, ministro coordinador de la política económica, nos indica que Ecuador planea recomprar los bonos con un descuento de al menos un 70% sobre su valor nominal.

La deuda ilegítima

El llamado Gobierno de la ‘revolución ciudadana’ declaró en diciembre el default (suspensión de pagos) para la deuda externa comercial que involucra a los bonos Global con vencimiento en 2012 (por 510 millones de dólares) y 2030 (2.700 millones), los cuales fueron canjeados por los Brady en 2000.

El cuestionamiento del Gobierno de Correa es sobre los tramos de deuda que se consideraron “ilegítimos, inmorales e ilegales” en el estudio realizado por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) y que se presentó oficialmente en el mes de noviembre. Esto ha significado que desde el 15 de noviembre no se esté cumpliendo con los pagos correspondiente a los bonos Global 2012 y 2030, aunque paralelamente se hayan desembolsado 30,5 millones de dólares por intereses de los Global 2015 (que ascienden a 650 millones de dólares), y que fueron emitidos por el propio Ecuador en 2005 para generar directamente recursos. El Gobierno no considera que formen parte de los tramos ilegítimos de deuda, dado que ésta no fue impuesta desde las instituciones financieras internacionales, sino por el propio Gobierno.

Al mismo tiempo que suspende estos pagos, el Gobierno de Ecuador prepara en estos momentos las acciones legales contra los acreedores, instituciones financieras internacionales y, en el plano interno, contra los responsables en gobiernos anteriores de haber generado esta crisis.

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, declaró a DIAGONAL que “el servicio de la deuda externa en nuestro Gobierno jamás estará por encima de la inversión social, que en el año 2008 superó en 940 millones de dólares el pago de la deuda”.

El total de la deuda ecuatoriana ascendía en noviembre de 2007 a 9.985 millones de dólares, el equivalente al 19% del PIB de Ecuador.

Ex presidentes en la mira

Gustavo Noboa, quien fue presidente de Ecuador entre 2000 y 2003, es el quinto jefe de Estado que se presenta ante el fiscal encargado de la indagación previa, Byron Granja, después de que la Fiscalía decidiera investigar el tratamiento que se dio a ciertos tramos de la deuda externa en los gobiernos de las últimas tres décadas. Noboa, quien fue amnistiado el pasado 4 de julio por la desaparecida Asamblea Constituyente del país, tuvo que presentarse ante la Fiscalía el 9 de enero por requerimiento de la justicia ecuatoriana.

La Fiscalía ha llamado a declarar a Noboa, después de haber requerido ya a Lucio Gutiérrez, quien gobernó el país entre 2003 y 2005. También han declarado Rodrigo Borja, presidente entre 1988 y 1992; Fabián Alarcón, presidente entre 1997 y 1998; y Alfredo Palacio, último mandatario ecuatoriano antes de la elección de Rafael Correa.

“El informe de auditoría sobre la deuda externa detecta una serie de problemas de eventuales responsabilidades e ilegalidades que tiene que ser sometido a las autoridades competentes en el tema interno de la Fiscalía General y en el tema externo eventualmente a demandas y juicios en el exterior bajo los tribunales de Nueva York”, declaró a DIAGONAL uno de los portavoces de la CAIC, el historiador argentino Alejandro Olmos.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público estableció responsabilidades en presidentes de la República, ministros de Finanzas, autoridades del Banco Central y Junta Monetaria, dictadura militar y procuradores que actuaron en el período que se investiga.