Organizaciones
de derechos humanos
aplaudieron la condena
Por Marina Litvinsky
Inter Press Service
(IPS), 07/04/09
Lima.–
Organizaciones de derechos humanos aplaudieron la condena
este martes a 25 años de cárcel al ex presidente peruano
Alberto Fujimori (1990–2000) por delitos de homicidio,
tortura y secuestro agravado.
"Tras
años de evadir la justicia, Fujimori finalmente ha sido
responsabilizado por algunos de sus crímenes", señaló
la investigadora para las Américas de la organización
Human Rights Watch (HRW), Maria McFarland, quien estuvo
presente cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema
de Justicia de Perú anunció el fallo.
"Con
este veredicto, y su desempeño ejemplar durante el juicio,
el tribunal peruano le ha mostrado al mundo que ni siquiera
ex jefes de Estado pueden esperar escapar con crímenes
graves", añadió.
Al término
del juicio de 15 meses, los magistrados encontraron culpable
a Fujimori de haber ordenado dos grandes masacres: la
ejecución de 14 adultos y un niño de ocho años en la zona
limeña de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y el
secuestro, desaparición y asesinato de nueve estudiantes y
un profesor de la Universidad de La Cantuta el 18 de julio
de 1992.
También
fue hallado culpable de los secuestros del periodista
Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
Los
asesinatos fueron cometidos por un escuadrón de la muerte
del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) conocido
como Grupo Colina, que habría sido supervisado por el más
estrecho asesor de Fujimori: Vladimiro Montesinos.
"Se
ha hecho justicia en Perú", dijo Javier Zuniga, asesor
especial de Amnistía Internacional, quien siguió de cerca
el juicio en Lima. "Éste es un día histórico. No
todos los días vemos a un ex jefe de Estado siendo
condenado por violaciones a los derechos humanos como
tortura, secuestro y desaparición forzada. Esperamos que éste
sea el primero de muchos juicios tanto en América Latina
como en todo el mundo".
Acusado
de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción,
Fujimori presentó en 2000 su renuncia a través de fax que
envió desde Brunei a Lima para luego solicitar asilo a Japón,
hogar de sus padres, aprovechando su doble nacionalidad. En
2005 se presentó imprevistamente en Santiago de Chile con
la esperanza de volver a su país para convertirse otra vez
en presidente, pero fue arrestado y extraditado a Perú en
2007.
El
fallo de este martes confirmó investigaciones
independientes de HRW y Amnistía que señalaban a Fujimori
como responsable de las atrocidades cometidas por el Grupo
Colina.
Un
informe de 2005 de HRW, titulado "Causa probable:
evidencia implicando a Fujimori", detallaba pruebas
sustanciales entonces disponibles que vinculaban al ex
presidente con el escuadrón de la SIE y sus actividades.
La
evidencia incluía una extensa documentación oficial y
testimonios mostrando que el Grupo Colina no era una operación
clandestina, sino que existía como una estructura formal
militar. Sus miembros recibieron recursos y apoyo logístico
de los más altos niveles del Ejército y del SIE, que
estaban por completo bajo el control de Fujimori.
Amnistía,
que ha seguido de cerca el juicio a Fujimori a través de
observadores locales e internacionales, señaló que el ex
mandatario cometió graves violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional –como tortura,
asesinatos y desapariciones forzadas––, lo que, dada su
naturaleza propagada y sistemática, constituían crímenes
contra la humanidad.
En
septiembre de 2008, Kate Doyle, analista adjunta del
instituto no gubernamental estadounidense Archivo de
Seguridad Nacional, dio un testimonio como experta en el
juicio, refiriéndose a la naturaleza de los 21 documentos
de Estados Unidos que fueron presentados ante el tribunal
por la fiscalía.
Doyle
señaló que esos documentos reflejaban las conclusiones de
la embajada de Estados Unidos de que Fujimori había estado
involucrado en una "estrategia encubierta de pelear
agresivamente contra la subversión a través de operaciones
terroristas, despreciando los derechos humanos y las
normas".
El
Archivo publicó este martes textos estadounidenses
desclasificados que habían sido presentados como evidencia
en el tribunal.
Estos
contienen información de inteligencia obtenida por
funcionarios estadounidenses de fuentes peruanas sobre la
creación secreta de "equipos de asesinato" como
parte de las operaciones contraterroristas de Fujimori,
sobre el papel de las fuerzas de seguridad en las
violaciones a los derechos humanos y sobre la participación
del entonces presidente en los esfuerzos para proteger a los
militares de una investigación.
Un
documento de agosto de 1990 detalla cómo, "sólo
semanas después de la elección de Fujimori", un
funcionario del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)
informó a miembros de la embajada estadounidense sobre un
plan encubierto, al parecer "ideado por el asesor
presidencial Vladimiro Montesinos", para llevar a cabo
asesinatos extrajudiciales de sospechosos de terrorismo.
"El
entrenamiento de esos nuevos 'equipos de asesinato' ya está
en marcha", informó la fuente. También indicó que el
plan contaba con la "aprobación tácita del presidente
Fujimori".
El
SIN fue un agencia de inteligencia desactivada luego de que
su jefe de facto, Montesinos, fuera descubierto pagando
coimas a figuras políticas.
Fujimori
se convirtió en el primer presidente electo democráticamente
en América Latina en ser juzgado en su propio país por
violaciones a los derechos humanos. "El fallo es
importante no sólo por su contenido, sino también porque
demuestra el rol fundamental que puede jugar un tribunal
independiente para tratar pasados abusos y apuntalar el
imperio de la ley", dijo McFarland, de HRW.
Amnistía
descubrió que, antes de 1990, las violaciones a los
derechos humanos ya estaban propagadas en Perú, y aprovechó
el veredicto de este martes para llamar a una mayor
investigación y justicia.
"Ahora
es vital que todos esos responsables de violaciones a los
derechos humanos cometidas en Perú, incluso las perpetradas
antes del gobierno de Alberto Fujimori, sean llevados ante
tribunales", dijo Zuniga.
"Las
desapariciones forzadas, la tortura y las violaciones son
delitos que no prescriben si son cometidos en forma
propagada, como ocurrió" en ese país, añadió.
Fujimori,
sentenciado este martes a 25 años de prisión, ya cumple
una pena de seis años después de haber sido hallado
culpable en 2007 de ordenar un allanamiento ilegal en el
hogar de la esposa separada de Montesinos.
El
ex presidente también será acusado de haber practicado
escuchas telefónicas a figuras de la oposición y de
haberle entregado a Montesinos 15 millones de dólares del
gobierno, entre otros cargos.
Pero
el ex mandatario no carece de partidarios. Muchos lo elogian
por haber frenado la inflación y aplastado la insurgencia
del grupo maoísta Sendero Luminoso durante la "guerra
sucia" peruana.
Sus
seguidores cuentan con 13 asientos en el Congreso, de 120
miembros, y su hija, la legisladora Keiko Fujimori, es
considerada una de las principales candidatas a suceder al
actual presidente, Alan García, en las elecciones de 2011.
Ella ya adelantó que de llegar al poder indultaría a su
padre.
En
su defensa, Fujimori dijo al tribunal: "Estuve en el
infierno que instaló el terrorismo y tuve que gobernar
desde el infierno". Acusó a Montesinos de los excesos
de la contrainsurgencia y preguntó por qué sus
predecesores no han sido juzgados por violaciones a los
derechos humanos.
Se
espera que Fujimori apele el fallo, pero activistas confían
en que éste prevalecerá.
"Nos
gustaría creer que el tribunal seguirá mostrando la misma
transparencia e imparcialidad que ha demostrado durante la
fase de juicio", dijo McFarland.
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