Masacre en la Amazonia
La guerra por los bienes comunes
Por Raúl Zibechi (*)
Programa de las Américas, 11/06/09
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Indígenas asesinados en Bagua
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La
masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de
junio, contra indígenas amazónicos por el gobierno de Alan
García, es el último capítulo de una larga guerra por la
apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del
TLC entre Perú y los Estados Unidos.
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros
MI–17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro,
sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que
une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde
hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes
llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la
multitud (aunque otras versiones dicen que además
dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un
grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo
disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un
centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste
de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las
calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones
estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA).
Varios policías fueron atacados y muertos en venganza,
mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la
vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías
que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia,
algunos de los cuales habrían sido muertos por sus
captores, mientras unos mil indígenas amenazaban con
incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después
de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías
muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los
muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400
desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres
y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez
que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo
caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para
desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días
focalizada en las regiones selváticas de cinco
departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y
Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia,
recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los
hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes
a promover un proceso de diálogo.(1) El día 9 la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció
"haber registrado una serie de irregularidades y
posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona
de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué
personal policial está encargado de la investigación de
los hechos, su preocupación por la situación de 25
detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos
desde que se implantó el toque de queda en Bagua.(2)
El presidente García acusó a los indígenas de "terroristas" y
habló de una "conspiración internacional", en la
que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y
Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo
buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se
convierta en competidor.(3) Hace pocas semanas Perú otorgó
asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales,
acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la
muerte de cerca de setenta personas durante la "guerra
del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y
Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la
forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el
primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su
discrepancia con un spot publicitario emitido por el
gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías
muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se
presenta a los nativos como "salvajes",
"asesinos feroces" y "extremistas" que
siguen "consignas internacionales" para
"detener el desarrollo del Perú" e impedir que el
país "disfrute de su petróleo". El anuncio
asegura que no hubo represión sino "un asesinato
salvaje de policías humildes".(4)
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la
Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350
comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como
"delincuente" por la ministra del Interior
Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió
refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada
parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al
dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala,
y a los medios de comunicación amazónicos de "haber
azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la
policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los
pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas
y petróleo, contra la implementación de una batería de
decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la
situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió
al Congreso debatir la derogación de algunas leyes
cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un
dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas
inconstitucionales.
El
perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el
gobierno de Alejandro Toledo (2000–2005). El tratado
estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial
Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente
hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al
intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes
y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se
sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad
intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y
solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo
presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006
fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el
Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró
en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de
enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por
parte de campesinos que se mostraron como el sector más
perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones
comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría
compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El
18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional
Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron
con cuatro muertos por la represión policial y la imposición
del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el
diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome
del perro del hortelano". Considera la naturaleza como
un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una
tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la
conservación de la Amazonia: "El viejo comunista
anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista
en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI
para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia
son como el perro del hortelano, que "no come ni deja
comer". "Hay millones de hectáreas para madera
que están ociosas, otros millones de hectáreas que las
comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán,
además cientos de depósitos minerales que no se pueden
trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran
jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan
a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va
al mar sin producir energía eléctrica", dice en su
artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de
hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de
"5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos
terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta
tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de
terreno a familias pobres que no tienen un centavo para
invertir", y que "esa misma tierra vendida en
grandes lotes traería tecnología". Poco le importa
que esas tierras sean propiedad colectiva de las
comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras
ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos
económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC
y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al
Congreso facultades para legislar los temas relativos a la
implementación del TLC a través de Decretos Legislativos
(DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga
plenas facultades al gobierno para legislar durante seis
meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de
la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que
están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye
que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas
temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio
número de normas con ninguna o muy escasa vinculación
efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así
los términos de la delegación aprobada por el
Congreso".(5)
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser
calificados de inconstitucionales por razones de
forma", cuestión que "ameritaría su derogación"
por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además,
señala que a través de los 99 DL "se ha buscado
realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y
competencial de diversas entidades del Estado, así como del
régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de
especial relevancia", sin relación estricta con el
TLC.(6)
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados
inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el
número de votos requeridos para vender las tierras
comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la
comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto
de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el
Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin
efecto el requisito de acuerdo previo para emprender
proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de
los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua
a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL
1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la
legislación en áreas de explotación minera, maderera y de
hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de
Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera
del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el
64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de
flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas
transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar
movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer
ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno
Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las
demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo
los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al
presidente Alan García derogar los DL porque los consideran
una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el
gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones
del país donde se producen cortes de rutas y paralización
de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL
1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión,(7)
establece en sus conclusiones que el decreto "no
respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y
104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias
prohibidas de ser legisladas". Además señala que
"contraviene el artículo 66 de la Constitución, al
regular la materia de recursos naturales, que está
exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene
facultades para legislar por decreto en ciertas materias,
según lo estipula la Constitución, tarea que recae
exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión
debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22
de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia
a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y
conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la
carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos
1.200 indígenas vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la
lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de
Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea.
El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno
"aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos
en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro
Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el
estado de sitio en contra de las comunidades y
organizaciones indígenas" y "evitar cualquier
acción, como la intervención militar, que podría aumentar
el conflicto".(8)
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el
debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La
Defensoría del Pueblo presenta un recurso de
inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639
agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal
de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva
del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y
desaparecidos.
La
masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos
pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San
Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres
Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma
coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la
realización de un congreso de la Internacional Socialista
en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano
encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las
condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de
Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales
de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue
la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que
demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a
los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel–isla de El Frontón por
parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el
juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a
quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En
el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un
rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho
actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124
senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró
que fue "el más devastador atentado contra los
derechos humanos en el Perú en décadas", ya que
"se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros
después de haberse rendido". La Corte Interamericana
de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión
parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar
la responsabilidad política del presidente. Sin embargo,
Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre.
El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo
de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del
segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio,
titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un
breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara
–cárcel de mujeres– interviene la Guardia Republicana.
Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En
Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia
Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los
ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de
rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la
Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día.
Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de
doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso
a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de
penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un
punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que
hasta ese momento Alan García había mostrado interés en
frenar las constantes violaciones a los derechos humanos
cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese
momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión
por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha
bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad
de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que
continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire
los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la
OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los
testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso
con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la
suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más
cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron
suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas
una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una
negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como
las marchas en las principales ciudades del país fueron
confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el
gobierno.
Hugo
Blanco, legendario luchador social peruano y editor del
mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada
de largo aliento: "Luego de 500 años de
silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los
pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro
de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades,
tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan
divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia
están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no
ceder ante los engaños del gobierno, están
re–escribiendo la historia, recuperando para todos el
sentido de la palabra dignidad".(9)
(*) Raúl Zibechi es analista internacional del semanario “Brecha” de
Montevideo, docente e investigador sobre movimientos
sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina,
y asesor a varios grupos sociales.
Notas:
1) Servindi, 9 de junio de 2009.
2) Idem.
3) La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
4) Página 12, 10 de junio de 2009.
5) Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
6) Idem p. 97.
7) "Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y
Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
8) Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob.
cit.
9) Lucha Indígena No. 34.
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