Milagros Salazar entrevista a líder de la protesta en la Amazonia

"La orden era matarnos"

Inter Press Service (IPS), 14/06/09

	Salomón Aguanash Crédito: Milagros Salazar/IPS

Bagua, Perú. – La muerte de policías en enfrentamientos con nativos en la región peruana de la Amazonia fue un "genocidio" a manos de "salvajes extremistas", acusó el gobierno. Pero el awajún Salomón Aguanash rechaza los calificativos y afirma que la violencia se desató tras ser engañados y rodeados para matarlos.

Aguanash, presidente del comité de lucha regional que lideró las acciones en Bagua, dice que el jefe policial de la zona, Víctor Uribe, se comprometió la noche anterior al trágico viernes 5 de este mes a dar una tregua a los manifestantes hasta las 10 de la mañana y que, cuando los indígenas se preparaban para retornar a sus pueblos, comenzó el ataque en la llamada Curva del Diablo.

Los disparos se iniciaron al promediar las 6 de la mañana desde las quebradas aledañas mientras los indígenas permanecían vigilantes en la carretera, narra el líder de la comunidad de Nazareth, ubicada a tres horas y media de viaje en automóvil desde la ciudad de Bagua, en el departamento nororiental de Amazonas.

"Querían sorprendernos", asegura, tras señalar que el ataque policial también ocupó a tres helicópteros.

La información oficial indica que murieron 24 policías en los enfrentamientos del día 5 en la Estación Número 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú y en la Curva del Diablo en la ruta Fernando Belaunde Terry, mientras que las víctimas indígenas fueron cinco, pero los manifestantes sostienen que fueron muchos más y por eso siguen buscando cuerpos.

Los aborígenes reclaman la derogación de las llamadas "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos que, a su juicio, favorece la presencia de empresas transnacionales en su perjuicio y de la región.

IPS: Usted asegura que la policía les dio una tregua que no cumplió. ¿Cómo fueron las negociaciones antes que empezaran los enfrentamientos?

SALOMÓN AGUANASH: La semana anterior a esos enfrentamientos tuvimos una reunión con el general Víctor Uribe, el representante de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de Condorcanqui, Jaén y Bagua Chica porque en los últimos cinco días habíamos vivido mucha tensión con los conductores de vehículos que eran detenidos en el bloqueo carretero.

El general nos dijo que facilitáramos el tránsito para demostrar al gobierno (nacional de Alan García) que era una marcha pacífica. Por ello aceptamos y ese día se dio pase a los vehículos entre las 2 y 6 de la tarde.

Hasta ahí hubo entendimiento, pero a pesar que se dijo que el diálogo iba a ser permanente con la policía, luego no pudimos conversar con el general hasta cinco días después.

Quedamos para el jueves 4 a las 3 de la tarde, pero como a la reunión en El Reposo se aparecieron casi 7.000 personas, se postergó la reunión para las 6 de la tarde en el campamento El Valor de Petroperú. Ahí solo fuimos una comitiva pequeña.

IPS: ¿A qué se comprometió el general Uribe en esa reunión?

SA: Primero nos dijo que él no tenía más tiempo, porque estaba fuera de su nivel y que arriesgaba su cargo ya que había recibido orden superior. Y dijo que había escuchado por la radio que había orden de desalojo y que lo único que le interesaba hablar en la reunión era sobre el pase de los camiones.

Si no salíamos de la carretera, iba a aplicar la orden en la mañana. Por eso es que le pedimos que nos dé una tregua hasta las 10 de la mañana. Él dijo que ya, que confiáramos en su palabra y que, si él no daba la orden, los equipos que estaban allí no podían dar ni un paso.

El alcalde y el obispo de Jaén le dijeron que no provoque a los pueblos indígenas porque podía haber derramamiento de sangre. Entonces, el general aceptó la tregua.

IPS: ¿Por qué no se alistaron para retirarse cuanto antes?

SA: En la Curva del Diablo había más de 3.600 concentrados y debíamos conseguir movilidad, camiones. Esa era la estrategia, no crear nada de violencia. Como a las 5 de la mañana no pasaba nada, nosotros nos confiamos. Pero a eso de las 05:50 horas empezó a aparecer mucha gente por los cerros.

Los compañeros empezaron a subir y a gritar: ¡es la policía, es la policía! Entonces llamé al (teléfono) celular del general para que no haya mayor violencia, pero no respondió.

Mientras tanto los policías seguían saliendo del cerro y empezaron a disparar. Nos rodearon, querían sorprendernos. En ese momento cayeron dos hermanos. Ahí se levantó el hermano Santiago Manuim (reconocido dirigente indígena del Alto Marañón) para pedirle a los policías que no disparen, pero una bala le cayó en el estómago.

IPS: ¿Es verdad que el disparo contra Manuim exacerbó los ánimos de los indígenas y esto los llevó a atacar a los policías?

SA: Los hermanos empezaron a atacar a los policías cuando vieron a los dos primeros muertos. Luego de los disparos por los cerros, llegaron a los 10 o 15 minutos tres helicópteros, uno de las Fuerzas Armadas y dos de la policía, desde donde disparaban bala directo al cuerpo. No sólo lanzaron bombas lacrimógenas sino también unos aparatos que empezaban a encender fuego en los cerros. Si miran las fotos, los cuerpos están quemados.

En ese momento hubo dos tipos de reacciones: algunos que se entregaban a morir y otros que respondían con mucha cólera con sus lanzas. La gente empezó a correr y a dispersarse para salvar su vida, quién sabe si esas balas de los helicópteros le cayeron a los mismos policías.

Al rato, dos tanquetas de la policía empezaron a disparar desde la carretera. Si la policía quería desalojarnos, porque desde el principio no vinieron por ahí y prefirieron sorprendernos por los cerros. La orden era matarnos.

IPS: ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido?

SA: El gobierno central (de García), Mercedes Cabanillas (ministra del Interior), el premier Yehude Simon y también el general Uribe porque me pidió que manejara la situación con inteligencia y yo acepté desalojar la zona pero él no cumplió.

Incluso esa misma noche del jueves yo regresé a hablar con los hermanos y conversamos con los de los camiones para que se pusieran en orden porque al día siguiente íbamos a dar pase (al tránsito carretero). Nosotros calculábamos que nos íbamos a ir entre las 8 y 9 de la mañana.

IPS: ¿Es posible que sólo haya cinco o seis nativos muertos, y más de 24 policías?

SA: No creo en eso, nosotros que estábamos desarmados, cómo podemos matar a 24. No creo que todos nuestros hermanos se hayan escapado y por eso estamos preocupados para recuperar nuestros cadáveres.

Aunque en mi comunidad Nazareth, en otras como Wawas y La Curva todos ya han retornado, nos preocupada los hermanos de Santiago, Nieva y Cenepa porque hay 85 que aún no regresan a sus pueblos.

También hay dos más que faltan en la comunidad de Tutungos. Yo sé quiénes faltan porque antes de salir a la protesta, 15 días antes del viernes 5, hice un registro de todos. De las cinco cuencas que dirijo salimos 2.600, además se sumaron 140 de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, y 1.006 de la comunidad de Paután del distrito de Nieva en Amazonas. En total, éramos más de 3.600.

IPS: El presidente Alan García ha calificado de genocidio la muerte de los policías a manos de los nativos y de salvajismo extremo, ¿qué tienen que decir al respecto?

SA: Que nos sentimos marginados y también indignados sobre todo después de haber perdido tantas vidas de los hermanos indígenas y los hermanos policías que nada tienen que ver con nosotros. Ellos no tienen la culpa, la orden la dio el gobierno central.

El presidente dice que ha sido por la influencia de otros países, eso es falso. Si hubiese sido así, hubiésemos estado armados, nosotros somos gente humilde y con estas palabras el gobierno nos maltrata, esperamos que reflexione y derogue los decretos que hoy sólo se mantienen por el capricho del gobierno que ha provocado este conflicto entre los wampis–aguajún y los policías.

IPS: El gobierno asegura que ustedes se oponen al progreso, ¿cómo entienden ustedes el desarrollo?

SA: No rechazamos el desarrollo, queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas.

El país ha cometido un grave error al elegir a Alan García por segunda vez. Con su política, pretende tratarnos como terroristas. Le repito, no rechazamos el desarrollo sino que esto no puede ser pensado sólo desde los hombres de corbata del gabinete de ministros sino considerando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.

Nosotros desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios.

IPS: ¿Qué representa el territorio indígena para ustedes?

SA: Nuestro territorio es nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras vidas.

Gobierno desanda parte del camino

Por Ángel Páez
Inter Press Service (IPS), 18/06/09

Lima.– El Congreso legislativo de Perú derogó este jueves dos de los más cuestionados decretos que alteraban el orden jurídico de los territorios indígenas amazónicos y que fueron origen de un sangriento conflicto.

El miércoles, el presidente Alan García reconoció que su gobierno había cometido un error al no consultar a las comunidades indígenas antes de promulgar, en junio del año pasado, una decena de decretos legislativos que modificaron el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia y que infringían derechos consagrados de los nativos.

El proyecto para derogar los decretos 1.090, sobre recursos forestales y fauna silvestre, y 1.064, sobre el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario, fue presentado el miércoles por el Poder Ejecutivo y se sometió este jueves a un intenso debate y votación en el Legislativo.

Se pronunciaron a favor 84 legisladores de la oposición, del gobierno y de bloques aliados.

Los 12 votos en contra correspondieron al bloque de la alianza de centroderecha Unidad Nacional, que se negó a apoyar la derogación porque implicaba "un nefasto precedente", según su portavoz, Javier Bedoya.

"No podemos avalar a quienes toman el control de las vías de comunicación para protestar", dijo el legislador en referencia a las movilizaciones indígenas que bloquearon carreteras y puertos fluviales en el norte del país.

En la noche del miércoles, García admitió que se debió consultar a los "apus", dirigentes de los 332.000 nativos amazónicos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en la elaboración de los decretos.

"Reconozco que no se conversó con los jefes de las comunidades nativas", dijo García, pero insistió en las "bondades" de los decretos que despachó para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

Pero el mandatario volvió a afirmar que los indígenas que se oponían a esos decretos no actuaron por propia iniciativa ni razonamiento, sino manipulados por agitadores políticos a los que no identificó.

"Agitadores, violentistas y politiqueros convencieron a muchos nativos de buena fe que la ley iba a quitarles el agua y la tierra... Todo eso no era cierto", señaló. "Eso llevó a actos de violencia y bloqueos de carreteras, y allí criminales ocultos detrás de los nativos emboscaron a la policía", agregó el presidente.

García negó que los indígenas awajún, que lideraron la protesta en la nororiental provincia de Bagua, actuaran motivados porque no fueron consultados sobre los decretos. El presidente insistió en que fueron delincuentes comunes los que condujeron la protesta, y no los indígenas, a quienes se les ocultó los beneficios de esas leyes, dijo.

"No se calculó que detrás de los nativos se ocultaría gente criminal y cruel dispuesta a matar policías y a empujar a la policía a matar a muchos nativos", señaló. "Los jefes nativos creyeron en los agitadores y demagogos, en vez de revisar por ellos mismos las leyes", abundó.

El 5 de junio, un operativo policial ordenado por García, para desalojar a los indígenas que controlaban la carretera que une la costa norte con Bagua, terminó con la muerte de al menos 10 civiles y 24 policías.

El Congreso investiga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los dirigentes indígenas en esos hechos.

Un acercamiento con los "apus" amazónicos fue iniciativa del primer ministro Yehude Simon, quien el lunes se reunió en la localidad de Mazamari con líderes de la etnia asháninka.

Para sorpresa del Poder Ejecutivo, Simon firmó un acuerdo comprometiéndose a derogar los decretos 1.064 y 1.090, exigencia de los indígenas para levantar la protesta.

Pero los tambores de guerra no han cesado. Poco después de la derogación de los decretos, el Ministerio de Justicia anunció que prepara un pedido de extradición contra el presidente de la Aidesep, Alberto Pizango, quien viajó este jueves a Managua, tras obtener asilo del gobierno de Nicaragua.

Cuando las autoridades ordenaron la semana pasada la captura de Pizango, al que responsabilizaron de la violencia desatada en Bagua, éste se refugió en la embajada de Nicaragua.

La vicepresidenta de la Aidesep, Daysi Zapata, saludó la derogación de los decretos. Pero, dijo a IPS, "la grave situación de confrontación pudo haberse evitado si es que los pueblos indígenas eran consultados conforme manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ahora no nos estaríamos lamentando por tantas muertes".

Apenas efectuada la votación en el Congreso, la Aidesep ordenó a sus bases a lo largo y ancho del territorio amazónico que levantaran las medidas de fuerza. Para la dirigencia indígena, este logro es solo un episodio de una larga lucha.

Otros dos decretos habían sido derogados el año pasado, luego de que la Aidesep emprendió una intensa movilización con bloqueos y paros.

"Todavía quedan pendientes otras normas que nuestros hermanos de la Amazonia exigen su derogación, de modo que esperamos que en la mesa de diálogo se promueva la discusión sobre las mismas", señaló Zapata. "Esperamos una rectificación en los hechos".