Barack
Obama y la fase dos del Plan Colombia
Por
Carlos Fazio (*)
Prensa
Latina, 15/08/09
En
una misma línea de continuidad con las políticas abiertas
y clandestinas de la administración anterior, la diplomacia
de guerra de Washington, ahora con Barack Obama en la Casa
Blanca, no se da respiro.
Consumado
el golpe oligárquico-militar en Honduras de clara factura
estadounidense, la administración Obama dispuso que el
principal peón del imperio en el hemisferio occidental, Álvaro
Uribe, saliera a hacer un control de daños a varias
capitales sudamericanas, ante la polémica instalación de más
bases del Pentágono en Colombia.
El
incremento del pie de fuerza militar de Estados Unidos en
ese país, con clara proyección expansionista hacia la región
amazónica y los estados andinos, forma parte de la
tradicional política del garrote y la zanahoria, con la
novedad de que ahora opera en "redes", contando
con mandatarios títeres como Uribe.
Las
nuevas bases están relacionadas con una adecuación del
Plan Colombia a la coyuntura.
Dicho
plan fue instrumentado por la administración de William
Clinton en 1999, con el objetivo de consolidar un espacio
geopolítico, acondicionado militarmente.
Ello
debía servir para hacer funcionales los propósitos de la
entonces propuesta Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), fundamentalmente ligada con megaproyectos del
capital multinacional. Durante los dos períodos de George
W. Bush en la Casa Blanca se priorizó el fortalecimiento de
Estados Unidos como gendarme mundial, para lo cual se
dinamizó a la industria militar y se posicionó a grandes
consorcios y multinacionales de las nuevas tecnologías,
tanto de las comunicaciones como de la biotecnología.
En
relación con América del Sur, Bush lanzó la Iniciativa
Regional Andina (IRA) como continuación del Plan Colombia,
enfocada, con las particularidades de la región, a
controlar un área de importancia vital para los propósitos
geopolíticos de Estados Unidos.
A
partir de 2003, además de Colombia, la Iniciativa Andina
intentó incorporar a Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú,
Bolivia y Panamá, proporcionándoles recursos para el
fortalecimiento militar y policial. En la práctica se
ejecutaron tres fórmulas.
Por
una parte se buscaba que los ejércitos sudamericanos
estuvieran cada vez más condicionados por la tecnología y
el financiamiento estadounidense, a partir de crear las
necesidades para el mantenimiento, entrenamiento y
operaciones de equipos y desempeño de tácticas de combate,
inteligencia y defensa.
Por
otro lado se efectuaron operaciones encubiertas y acciones
de guerra sucia, implementadas y desarrolladas por grupos
paramilitares y mercenarios.
En
un tercer plano estuvo la instalación de bases, equipos de
telecomunicaciones y expertos que no pudieran ser
monitoreados ni fiscalizados por los gobiernos o los pueblos
donde se ubicaban.
Durante
la era Bush, la globalización en el plano militar significó
la extensión de las guerras de baja intensidad y se priorizó
el control y dominio absoluto de la fuerza por parte de un
solo país.
Para
ello se adoptaron formas como la flexibilización de la
intervención u operación, la fácil movilidad y reacción
de tropas, el rápido desplazamiento con eficiente apoyo de
comunicaciones y logística adecuada, todo ello para
enfrentar los nuevos escenarios de conflicto del siglo XXI.
A
tales efectos, el Pentágono buscó consolidar una red de
puestos militares denominados Centros de Operaciones
Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés).
Entre
ellos se incluyó inicialmente a la base de Manta, sobre el
Pacífico ecuatoriano; las de Aruba y Curazao, en el Caribe;
Comalapa en El Salvador; Alcántara en Brasil y Mariscal
Estigarribia en el Chaco paraguayo.
Sin
embargo, la nueva arquitectura militar regional del Pentágono
comenzó a distorsionarse a raíz del giro político e ideológico
que adoptaron varios gobiernos del área, apoyados por
amplios movimientos populares.
En
particular, los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, a lo que se
sumó el sano distanciamiento de Brasil de las políticas
injerencista de Washington en la subregión, que incluyó la
no aprobación, finalmente, de una base militar en Alcántara.
La pérdida,
este año, de la base de Manta, ante la posición
nacionalista del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien
se negó a renovar el contrato para que el Pentágono
siguiera operando en su territorio, significó un revés
para estos planes.
En
respuesta, se precipitó el golpe militar contra el
presidente Manuel Zelayala ante su intención de transformar
en aeropuerto civil la base militar de Soto Cano (o
Palmerola) en Honduras, asiento de la Fuerza de Tarea Bravo.
Como
parte de la reacción estadounidense estuvo también la
decisión de abrir cinco bases más en Colombia, tres aéreas
y dos navales.
De
la mano de Uribe, ese país está en vías de convertirse en
el Israel de Estados Unidos en América Latina.
Además,
todo indica que a 10 años de su creación, otra
administración demócrata, la de Obama, acelera una nueva
fase militar del Plan Colombia.
Los
objetivos de la nueva estrategia imperial son los mismos de
entonces, incluida una eventual vietnamización del corazón
de América Latina.
Ello
se complementa con un nuevo elemento: la Iniciativa Mérida,
con México como capataz, que busca cerrar desde el Norte la
pinza sobre los países que considera "hostiles".
(*)
El autor es un reconocido articulista de la prensa mexicana
y colaborador de Prensa Latina.
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