Colombia:
La avanzada terrestre, área y naval de EEUU
Siete
pasos hacia la dominación del continente
Por
Juan Diego Restrepo (*)
Agencia
Periodística del Mercosur (APM), 27/08/09
Mientras
Colombia vive una escalada de violencia, el gobierno de
Obama procura ocupar bases estratégicas en el país,
controlar el Hemisferio y aumentar su presencia en el
conflicto local.
El
acuerdo militar es debatido en los países de la región y
controvertido por varios de sus gobiernos, quienes
cuestionan la injerencia militar y preferirían que el mismo
no tuviera lugar. La principal preocupación es que los no
menos de 800 soldados y contratistas estadounidenses
pertenecen a personal de inteligencia y de operaciones
especiales.
Las
bases son siete, tres aéreas, dos terrestres y dos navales,
tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ubicadas estratégicamente
en el territorio nacional.
El
gobierno colombiano de Álvaro Uribe se constituye en el
principal aliado de Estados Unidos en Suramérica. Sus políticas
favorecen la influencia del Pentágono, mientras el país
opera como punta de lanza en la región y sufre una nueva
ola de violencia.
Tras
la firma, Estados Unidos dispondrá de la base militar de
Palanquero, un complejo militar ubicado en el centro del país,
que además cuenta con una ciudadela para albergar 2.000
efectivos. Esta sería una de las siete bases más
importantes ocupadas por los estadounidenses. Cuenta con una
pista de 3.500 metros de longitud, 600 metros más larga que
la de Manta, en Ecuador, y que permite el despegue de varios
aviones al mismo tiempo; además tiene una “barrera de
frenado” para aviones que aterrizan a altas velocidades.
Según la revista colombiana Cambio, la ciudadela militar
dispone de “casino, restaurantes, supermercado, hospital y
teatro”, además de “dos hangares con capacidad para 50
y 60 aviones cada uno”.
Palanquero
posee una serie de radares, instalados por una comisión
estadounidense. Esa red le ha servido al ejército
colombiano para efectuar operaciones contraguerrilla, como
el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en suelo
ecuatoriano. Está en las orillas del río Magdalena y tiene
una plataforma en la que aterrizan aviones anfibios. Según
Cambio, los “aviones Kfir llegarían en menos de 10
minutos a La Guajira, en el extremo norte del país, o al
Ecuador”.
La
tesis principal de los gobiernos de Estados Unidos y de
Colombia consiste en que el acuerdo es necesario para
aumentar la lucha contra el narcotráfico y el llamado
terrorismo. Además, argumentan que es coherente con la política
de cooperación binacional militar – el Plan Colombia –
y que no es una amenaza para el vecindario.
Son
varios los motivos por los cuales Colombia es tan importante
para Estados Unidos. El narcotráfico deja ganancias astronómicas
y quién controle el país se queda con el negocio; eso lo
saben los paramilitares, la guerrilla, el gobierno
colombiano y el norteamericano. Tiene salida a ambos océanos
y al Amazonas, además de tener varias islas en el Caribe.
Es vecino de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, y
sobretodo, vecino y contradictor de Venezuela y su gobierno.
El
acuerdo aún no ha sido firmado y las negociaciones son
confidenciales entre Washington y Bogotá. La polémica
diplomática sobre el mismo obligó al presidente Álvaro
Uribe hacer una gira relámpago por los países de Suramérica,
para explicar sus términos, que aún no son claros.
Reunión
como la que acaba de sostener UNASUR en Bariloche, son
espacios para que el gobierno de Uribe pueda dialogar con
sus vecinos incómodos, no sólo Venezuela y Ecuador – con
quienes Colombia mantiene relaciones deterioradas –, sino
también con Argentina o Brasil, naciones que califican a la
influencia militar de Estados Unidos como peligrosa para la
región.
Fidel
Castro se refirió a esa influencia como “siete puñales
en el corazón de América” y expresó que “la amenaza
va dirigida a todos los países del Sur”.
El
canciller brasileño, Celso Amorin, formuló declaraciones
contra las bases, expresando la posición de su gobierno, y
el mismo Lula cuestionó el acuerdo. Brasil esperaba que con
el fin de la base de Manta se redujera la presencia
norteamericana en la región, pero de una pasaron a ocupar
siete.
El
gobierno argentino de Cristina Fernández se pronunció se
alineó con Brasil, criticando las bases del Pentágono,
mientras se esforzó por abrir espacios de diálogo con
Uribe.
Estados
Unidos pretende controlar un número creciente de bases en
América Latina y evitar cierta independencia del resto de
los gobiernos respecto de Washington.
La
base aérea de Malambo está ubicada cerca de Barranquilla,
en una posición privilegiada para el Caribe. Tiene
presencia de aviones Mirage M5, franceses, y Kafir, israelíes.
Sus cazabombarderos desarrollan misiones tácticas en la
zona norte. En la base se llevan a cabo operaciones de
inteligencia y varios medios, algunos venezolanos, especulan
sobre la posible actuación de la mismas en países vecinos.
Sin
embargo, Bogotá y Washington niegan que las operaciones
sean exteriores a Colombia, y aseguran que los
norteamericanos estarían bajo las órdenes de un oficial
colombiano. Los términos del acuerdo establecen que los
efectivos no excederán los 600 militares y 800
contratistas, y que éstos no participarán directamente en
operaciones… es personal de inteligencia.
Los
norteamericanos tendrán inmunidad diplomática, por lo cual
no podrán ser juzgados ni procesados por la justicia
colombiana, ni por excesos, ni por omisiones, ni por
torturas, ni por desapariciones; ni por cualquier otro
delito que pudieran cometer.
Desde
la base militar de Larandia se desarrollan algunas de las
tareas más ambiciosas del gobierno Uribe, en el plano
militar. Desde allí se desplegó la tarea Omega, que fue
una de las más grandes ofensivas contraguerrillas, y se
dirigió el Plan Patriota, que pretende acorralar a las
FARC. La base está ubicada en el Caquetá y permite el
acceso a las selvas del Sur del país, que llegan hasta el
Brasil y a los llanos orientales limítrofes con Venezuela.
Es
precisamente en estas tierras, casi amazónicas, donde se
dan los mayores combates “en contra del narcotráfico” y
de las guerrillas. Mientras se dice que no se opera contra
los vecinos, se afirma que la lucha es contra el narcotráfico.
Pero Estados Unidos y Colombia acusan a muchos vecinos de
colaborar con las FARC, quienes, aseguran, están en el
negocio millonario de las drogas.
Hace
dos meses, los diarios The New York Times y Washington Post
señalaron a Venezuela y Ecuador como santuarios de la
guerrilla. El Departamento de Estado se ha pronunciado en el
mismo sentido, así como el gobierno Uribe, la clase
dirigente colombiana y sus medios de comunicación
(incansablemente).
Son
varios los puntos que fundamentarían los temores de que esa
“lucha contra narcotráfico” y la guerrilla se extienda
a otros países: las cercanías de Hugo Chávez con los
dirigentes del secretariado de las FARC, el bombardeo
colombiano a Ecuador, las especulaciones sobre la financiación
de las FARC a la campaña del presidente Rafael Correa, las
rutas del tráfico por Centroamérica, la supuesta ayuda
militar del ejército venezolano a las FARC, con entrega de
armas. Todos argumentos que servirían para justificar una
operación por fuera del territorio colombiano.
Las
siete bases reemplazarían la influencia de la de Manta, en
Ecuador, con presencia de aviones Galax 130 y 140 y
cargueros C–17, capaces de trasportar en tres días a más
de 15.000 hombres, cantidad suficiente para una intervención
militar efectiva en cualquier país del mundo.
Se
recordará entonces a Irak y Afganistán, casos de la
memoria reciente. Pero, en nuestro Hemisferio se
registraron: la invasión a Granada, Guantánamo, el
bombardeo al presidente panameño Manuel Noriega desde la
base norteamericana Howard, cuando se volvió incómodo para
Estados Unidos, el armado “la contra” en Nicaragua, los
paramilitares colombianos. Es decir, todo un prontuario
intervencionista al que hay que sumarle capítulos y capítulos
de injerencia golpista: Pinochet les agradeció su ayuda, el
derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, el apoyo a las
dictaduras, los golpes en Bolivia, en Venezuela, en el Cono
Sur.
Ese
es el actuar histórico de Estados Unidos: todo está en los
archivos. Y para todo tuvo argumento, primero la amenaza
roja comunista, después el narcotráfico, ahora los vientos
de izquierda en la región.
La
base naval del Pacífico colombiano dispone de un astillero
y de una fuerza con capacidad de despliegue por Centro y
Suramérica. La base naval, comandada por la Armada Nacional
colombiana, es fundamental en “la lucha contra el tráfico
de drogas”. Por otro lado, tiene una posición estratégica,
a medio camino entre América del Sur y América Central, en
un océano que Estados Unidos trata de controlar a toda
costa.
En
el plano domestico han surgido cuestionamientos a la violación
de la soberanía colombiana.
Los
partidos tradicionales, la Iglesia Católica con su poder
del más allá y el más acá, la clase dirigente y todos
los medios masivos de comunicación apoyan las bases: es
decir, toda la mayoría uribista.
Otros
sectores, como el Polo Democrático y organizaciones de
derechos humanos, las cuestionan.
Argumentan
que el acuerdo profundizará el conflicto armado: los
norteamericanos estarán en Colombia para desarrollar y
defender sus intereses. Se involucra a un ejército
extranjero en el conflicto interno, alejando la paz y el diálogo,
y fortalecerá la expansión bélica del país más poderoso
del mundo.
El
gobierno de Uribe es consecuente en su política alineada
con Estados Unidos: habrá que recordar que en los últimos
días se reunió con una comisión del gobierno de Roberto
Micheleti, el golpista de Honduras.
Por
otro lado, el acuerdo favorece a los contratistas
americanos, representantes de las multinacionales de la
guerra, que dependen del Departamento de Estado y del Pentágono.
Los contratos son millonarios y ayudan a desarrollar el
complejo industrial estadounidense: mercenarios, fabricación
de armas y municiones.
El
pueblo colombiano ya es la principal víctima, con cuatro
millones de personas desplazadas.
La
base de Apiay es la base aérea más importante del Sur del
país. El diario O Estado de San Paulo, en declaraciones de
Roberto Godoy, señaló que “es incómodo para Brasil,
tener estas bases en la boca de la Amazonía”.
El
Plan Colombia se viene desarrollando desde hace diez años,
desde la época del presidente William Clinton, y consiste
en que Washington le gire al gobierno de Colombia miles de
millones de dólares, para desarticular a las FARC y
“arrinconar el narcotráfico”.
Sin
embargo, según Naciones Unidas (ONU), la superficie
sembrada con coca ha aumentado, y el Plan no ha podido
detener el tráfico: los narcos ahora más que nunca
controlan el país; casi un tercio de los congresistas han
sido procesados por nexos con el narcotráfico.
Este
Plan se desarrolla fundamentalmente en el Sur del país. Ha
aumentado la presencia del Ejército colombiano en las
extensas y vírgenes regiones del Amazonas, uno de los
puntos más ricos de la Tierra, un tesoro suramericano, el
pulmón del mundo.
El
Plan Colombia cuenta con un presupuesto anual de 8.000
millones de dólares y compromete cerca de 500.000 hombres.
Álvaro Uribe lo proclama como la verdadera salida de la
guerra, una salida sin diálogo; vencer. Defiende sus
logros: asestarle golpes a la guerrilla y sostener que sólo
un hombre con sus políticas, solo él, podrá pacificar el
país.
¿Si
el Plan Colombia ha sido un éxito por qué entonces es tan
indispensable el acuerdo para la instalación de las siete
bases?
¿Dónde
quedaron el exitoso proceso de desmovilización de los
paramilitares, de los carteles del Norte del Valle, de la
gente de Don Berna; los golpes contundentes y finales a las
FARC; los éxitos de la erradicación aérea; la modernización
del Ejército; dónde quedó la operación Jaque?
El
argumento que se da en los medios es que Colombia no puede
luchar sola contra el narcotráfico y necesita de Estados
Unidos.
La
Base Naval de Cartagena controla todo el Caribe. Colombia
tiene aguas y presencia militar en islotes y cayos, en
frente de Costa Rica, de Nicaragua, de Venezuela y de las
Antillas. Es el país con la mejor armada del área, en
conjunto Estados Unidos y los carteles de la droga.
Tolemaida
es una de las bases más importantes del Centro del país.
Grande, moderna, en sus celdas estuvieron retenidos los
responsables de las 21 torturas del Batallón de Honda.
Militares que usaron esta práctica en entrenamientos de
reclutas jóvenes, procedentes de las regiones más
empobrecidas del país.
Sin
embargo, ese escándalo pasó al olvido, empañado por las
ejecuciones extrajudiciales que cometió el ejército contra
civiles. La política de los Falsos Positivos, en la que el
Ejército presenta cuerpos de campesinos muertos vestidos
con uniformes de las FARC, y que ha significado
destituciones de fichas clave en el Ejército, como cuando
se pudieron probar las acciones conjuntas entre militares y
narcos en el tráfico.
Este
Ejército compartirá siete bases con el Ejército
norteamericano. Insisten en que su enemigo es el narcotráfico
y la guerrilla. Sin embargo, el tráfico aumenta.
La
ciudad de Medellín está entre las diez ciudades más
peligrosas del mundo, vive una nueva guerra de bandas desde
hace algunos meses. El conflicto armado aumenta en el país.
El
gobierno Uribe tiene necesidad de aumentar su poder armado y
de sustentar su política exterior. A Washington también le
interesa su posición en la guerra, pero sus intereses en
política regional son más ambiciosos: intervención en América
Latina, su patio trasero.
En
la Colombia de hace 100 años, fue famosa y dolorosa, la
frase de Theodore Roosevelt, cuando intervino para hacerse
con el canal de Panamá: “I took Panamá” [Yo tomé
Panamá]. Hoy diría “I took Colombia”.
(*)
El autor es periodista colombiano. Cumple una pasantía en
APM.
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