Momentos
conflictivos está viviendo el Ecuador a raíz de la represión
a indígenas amazónicos que dejó el saldo de un muerto y
varios heridos. El gobierno señala que quienes dispararon
son grupos violentos que hirieron a policías e indígenas.
Las organizaciones indígenas amazónicas señalan, por su
lado, que continuarán con las movilizaciones y piden que el
Presidente Correa vaya a Unión Base (cerca de la ciudad de
Puyo) para terminar la movilización.
En
los últimos días, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE) convocó a movilizaciones que giraron
en torno a la Ley de Recursos Hídricos que se tramita en la
Asamblea Nacional. Los indígenas temen que el proyecto del
Ejecutivo, pese a que dice que no se privatizará el agua
como manda la Constitución, deje algunas ventanas abiertas
para que el agua sea entregada para el uso de la actividad
minera a la que el gobierno de Rafael Correa le ha dado alta
prioridad.
Las
reivindicaciones de las organizaciones indígenas de la
Amazonía, agrupadas en la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), va a mas
allá del tema de la Ley de Recursos Hídricos e incluye un
pliego de 8 puntos en el que piden un régimen autonómico
especial para la Amazonía, no más explotación petrolera y
minera en territorios amazónicos, derogatoria de los
decretos 1585 que elimina la Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe (DINEIB) y el decreto 1780 que
entrega poderes en los campos de la educación y la
comunicación a las iglesias católicas en territorios indígenas,
entre otros.
Hace
más de una semana, el buró de Alianza País (partido en el
gobierno) resolvió priorizar el diálogo con el movimiento
indígena pero en la práctica no ha existido la voluntad
política para llevarlo a cabo. El Presidente Correa utilizó
un lenguaje insultante y minimizó al movimiento indígena,
lo que ciertamente no solo echó más leña al fuego, sino
que tocó fibras íntimas de los y las indígenas que toda
la vida, en esta sociedad occidentalizada y excluyente, han
recibido un trato racista y despectivo.
El
gobierno puso como condición para el diálogo que los indígenas
levanten las medidas de hecho que se iniciaron en la
madrigada del 28 de septiembre con el corte de carreteras
tanto en la Sierra como en la Amazonía. La dirigencia de la
CONAIE resolvió levantar la medida de hecho y concurrir al
diálogo, porque ya no había mucho sentido mantenerla una
vez que la Asamblea Nacional aplazó hasta febrero del próximo
año el tratamiento de la Ley de Recursos Hídricos y otras
leyes. Sin embargo, la dirigencia de la CONFENIAE se negó a
levantar el corte de carreteras pidiendo que el Presidente
Correa concurra a la Amazonía para dialogar. Esto evidenció
una fisura en el seno del movimiento indígena.
Como
respuesta, el gobierno, a través del Ministro Coordinador
de Seguridad Externa e Interna, Miguel Carvajal, condicionó
la iniciación del diálogo a que la CONAIE suspenda todas
las medidas de hecho (incluidas las de la Amazonía), al
mismo tiempo que el Presidente Correa recibía en palacio a
un sector del movimiento social (Federación Ecuatoriana de
Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Coordinadora
Nacional Campesina) que se ha mantenido cercano al gobierno,
en tanto que su movimiento político (Alianza País) prepara
para el 3 de octubre una concentración de respaldo al
Presidente que se cumplirá en Quito.
Mientras
ECUARUNARI, la federación más fuerte de la CONAIE, se reunía
en la tarde del 30 de septiembre para debatir el diálogo
con Correa, llegó la noticia de que el profesor shuar Basco
Visún habían muerto y decenas de indígenas habían sido
heridos en el puente del río Upano durante un
enfrentamiento con la policía. Los indígenas hablan de dos
muertos más, dato que todavía no ha sido confirmado.
Estos
hechos caldearon los ánimos: la dirigencia de la CONAIE
decidió retomar las movilizaciones, mientras el Presidente
Correa, visiblemente conmovido, en la noche del 30 de
septiembre, lamentó la pérdida de esta vida y llamó al diálogo.
Estos
hechos se producen cuando hay otros focos sociales
encendidos: un paro de los profesores de la educación pública
agrupados en al Unión Nacional de Educadores (donde el
izquierdista Movimiento Popular Democrático tiene una gran
influencia) que se cumple parcialmente y los sindicatos,
aunque han perdido fuerza, se movilizan reclamando por la
vigencia de la contratación en el sector público y otras
demandas.
El
Ministro Miguel Carvajal, en declaraciones al periódico
electrónico Ecuador Inmediato.com, dijo, este primero de
octubre, que la policía no ha respondido con armas de fuego
y que la muerte del profesor shuar es producto de grupos
violentos que también atacaron a miembros de la Policía
Nacional.
La
situación tiende a radicalizarse. La CONFENIAE en un
comunicado señaló que para que termine el levantamiento,
“el presidente Correa tendrá que llegar personalmente a
nuestra sede en Unión Base, provincia de Pastaza, así como
llegó en la época de campaña y prometió apoyarnos,
ayudarnos y protegernos”. Por su parte, el Presidente
Correa llamó a que se respete su investidura de Presidente
de la República y que los recibirá en el Palacio
Presidencial.
La
derecha y el aparato mediático –opositores al gobierno–
están de plácemes viendo como se enfrentan y destrozan
fuerzas que –se supone– están en el mismo andarivel
progresista. La asambleísta Cinthya Viteri, de Madera de
Guerrero –Partido Social Cristiano, pidió la destitución
del Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkn y del comandante
general de la Policía, Fredy Martínez por su
responsabilidad en los sucesos. Señaló que se trata de un
crimen de Estado, aunque algunos periodistas le restaron
autoridad moral para hablar de estos temas porque en el
gobierno socialcristiano (1984–1988) se produjeron 126
homicidios a manos de la fuerza pública.
Los
ánimos están caldeados. Urge una revisión de las políticas
y las conductas tanto del Ejecutivo como de ciertos sectores
del movimiento indígena. El Gobierno debe deponer su
actitud de menosprecio a los indígenas, valorándolos como
ellos se autodefinen: como pueblos y nacionalidades; debe
estar dispuesto a conversar sobre las reales causas que
motivan el descontento indígena y que tienen que ver sobre
todo con la aplicación del modelo extractivista; debe
desmilitarizar la Amazonía.
Por
su lado, sectores de la dirigencia indígena no pueden mirar
en blanco y negro la situación del país: hay que tener la
amplitud de miras para reconocer las cosas positivas del régimen
como son el retiro de los norteamericanos de la base de
Manta, el incremento de la inversión social y la política
internacional independiente, así como delimitar campos con
la derecha y el Partido Sociedad Patriótica, dirigido por
el coronel (r) Lucio Gutiérrez, que está pescando a río
revuelto en esta conflictiva coyuntura. El diálogo es
urgente y necesario, así como una investigación
independiente que permita esclarecer la muerte de Basco Visún
y sancionar a los responsables.
