Hace tiempo ya que en México el narcotráfico dejó de ser una historia de
ladrones y policías. Desde que, a mediados de la década de
1980, los “clanes” colombianos de Cali y Medellín
negociaron con las mafias mexicanas de Colima y Sinaloa para
utilizar su territorio como trampolín hacia Estados Unidos,
el narcotráfico se ha vuelto el principal problema político
del país, poniendo en riesgo la autoridad del Estado y la
soberanía nacional.
Las razones de la dimensión política del narcotráfico son dos. La
primera, que paulatinamente, y bajo diferentes modalidades,
las mafias se han enquistado en el tejido institucional, político
y social, masificando la corrupción en todos los estratos
de la sociedad. La segunda, que la lucha contra “el narco”
se ha convertido en el principal objeto de discordia del país
con su vecino del norte y principal socio económico,
Estados Unidos.
Centenares de expedientes judiciales mexicanos, estadounidenses y de otros
países, así como numerosos libros (1), han establecido las
complicidades de las que se beneficiaron las mafias
mexicanas en los tres sexenios sucesivos de los presidentes
Miguel De La Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. De
1984 a 2000, generales–jefes de regiones militares;
directores de la seguridad federal y luego de la policía
federal; “zares” anti–droga; secretarios (ministros);
secretarios particulares de Presidentes de la República;
gobernadores de estados federados como Tamaulipas, Sinaloa,
Morelos, Sonora y Chihuahua, han sido cómplices en la
transformación del México neoliberal en el primer narco–Estado
del planeta, “honor” que comparte con Afganistán.
Reconfiguración
de los liderazgos
Pero aparentemente, México seguía en paz. El narco era discreto; casi
invisible. Sus aviones y barcos, protegidos desde el más
alto nivel, atravesaban el territorio sin que el ciudadano
común se diese cuenta. Jets comerciales de tipo Caravelle o
Boeing, cargados con 10 o 20 toneladas de cocaína,
aterrizaban en pistas clandestinas de los estados norteños
de Baja California, Sonora y Zacatecas. Barcos pesqueros de
gran calado, transportaban iguales cantidades directamente
de Colombia o Panamá hacia los estados mexicanos
fronterizos de Estados Unidos. Con la complicidad de
responsables locales del ejército, la marina y la policía,
los cargamentos llegaban rápidamente a la frontera.
A cambio de impunidad, el Estado había impuesto a las mafias un acuerdo de
no violencia, que solamente ciertos “capos” de Tijuana y
Juárez no respetaron. Pero el país descubrió la realidad
a final del sexenio de Ernesto Zedillo (1994–2000), cuando
la Presidencia autorizó a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la inteligencia militar a investigar más
a fondo. Esto ocurrió después del escándalo de la caída
del “Zar antidrogas”, Jesús Gutiérrez Rebollo, un
general de la República “protector” del cartel de Juárez.
La presión estadounidense para redoblar esfuerzos en la
lucha contra el tráfico y la corrupción se había
intensificado.
Todo cambió luego con Vicente Fox (2000–2006). La sustitución en la
nueva administración de gran parte del personal político
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por elementos
del Partido Acción Nacional (PAN, derecha católica) obligó
a las mafias, temporalmente huérfanas, a reorganizarse.
Los grandes cargamentos de droga no podían ya fluir, como antes, del sur al
norte del país sin correr el riesgo de ser interceptados.
Las mafias implementaron entonces una suerte de tráfico
hormiga, haciéndose del control de nuevas rutas y plazas a
lo largo del territorio. Para protegerlas se dedicaron
entonces a reclutar policías locales (municipales y
estatales) y privilegiaron la corrupción de autoridades
regionales (gobernadores, secretarios de seguridad pública
estatales, alcaldes y diputados). La corrupción, que se había
concentrado en los niveles más altos del Estado, se
generalizó.
En ese marco, la situación se volvió rápidamente incontrolable, ya que
recurriendo por primera vez al Ejército en forma masiva,
Fox lanzó una exitosa ofensiva contra los capos
identificados del narco, en particular contra las cúpulas
de los carteles de Tijuana y del Golfo. Pero esta “cacería”
tuvo consecuencias imprevistas: se aceleraron las sucesiones
en las mafias, al ser detenidos o abatidos muchos de los
capos históricos, y los pleitos entre clanes se
profundizaron.
La fuga de prisión, en 2001, de uno de los jefes sinaloenses históricos,
Joaquín Guzmán Loera, provocó además un terremoto en la
gran familia delincuencial. El prófugo reorganizó los
clanes del estado de Sinaloa, pactó acuerdos con familias
del entonces cartel de Juárez y emprendió la conquista del
“reino” narco, atacando en su propio territorio a su
principal rival, el cartel del Golfo, para quitarle
“plazas” importantes en la frontera estadounidense, en
el estado de Tamaulipas. Esta guerra por las “plazas” y
los liderazgos se prolonga hasta hoy.
Y una guerra no se libra sin ejércitos. Antes de este proceso, los sicarios
se limitaban a proteger a los cargamentos y a los jefes y a
eliminar a algún traidor. En adelante se trataría de
controlar ciudades y regiones enteras y de no permitir que
la competencia ejerza allí el negocio. Aumentaron dramáticamente
los efectivos de las bandas de sicarios. Y se modernizaron.
Para resistir –y tratar de expandirse a su vez– el
cartel del Golfo se dotó de un brazo armado, los
“Zetas”. Los fundadores de este grupo eran desertores de
las fuerzas especiales del ejército, creadas para luchar
contra el zapatismo y utilizadas para apoyar al ministerio público
desde el final del sexenio de Zedillo. Reclutaron a miles de
“gatilleros”. La guerra que los enfrentaría con los
brazos armados de los clanes sinaloenses causaría miles de
muertos.
Controlar
los territorios
Pero aunque Fox persiguió a los capos, no enfrentó ni reprimió la
corrupción en el aparato de Estado, federal o estatal
(provincial), heredada de los sexenios anteriores. Tuvo la
oportunidad de enjuiciar, al menos políticamente y mediante
una comisión de la verdad, a decenas de ex funcionarios
priistas.
No lo hizo, porque necesitaba al PRI para gobernar y adoptar sus reformas en
el parlamento. La clase política y la opinión pública
comprobaron que, a pesar del cambio político, la impunidad
seguía siendo uno de los pilares del sistema institucional.
Fox no desarticuló tampoco las nuevas redes de encubrimiento que se
reorganizaron a nivel estatal y federal durante su mandato,
contaminando a sectores políticos no priistas. La corrupción
volvió a penetrar las cúpulas de la PGR, de la Agencia
Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría Federal
de Seguridad Pública (SFSP). En los seis años de
presidencia de Vicente Fox, ningún funcionario de nivel
sospechado por la PGR o las agencias estadounidenses (DEA,
FBI, Aduanas...) fue detenido.
En 2006, el presidente Felipe Calderón hereda así una situación
preocupante: las mafias no se dedican solamente a garantizar
el seguro tránsito de cargamentos de droga, sino que pelean
para controlar territorios. Los “Zetas”, en particular,
han inventado un nuevo modelo organizacional que sorprende a
las instituciones acostumbradas a luchar contra el narcotráfico
“clásico”. Formados en las técnicas de
contrainsurgencia en las escuelas estadounidenses de fuerzas
especiales, y gracias a compras masivas de armas en el
mercado libre estadounidense y en el mercado negro
internacional, los ex “gafes” (Grupos Aeromóviles de
Fuerzas Especiales) que dirigen la organización han
consolidado un nutrido aparato paramilitar, tan bien
pertrechado –a veces mejor– que el propio ejército
federal. Hasta la llegada de Barack Obama, las autoridades
de Estados Unidos no intervinieron para limitar el flujo de
armas.
La milicia de los “Zetas” protege los cargamentos de droga del cartel
del Golfo, pero también amplía y diversifica las
actividades delictivas de la mafia en todo el país. Por
ejemplo, practica una agresiva industria del secuestro. Y
mediante la corrupción y/o amenaza de funcionarios locales,
la extorsión y el control de negocios legales e ilegales
(tráfico de CD, DVD y otros productos “piratas”; de
personas; de combustibles, etc.) e inversiones en la economía
legal (taxis, transporte de carga, construcción, night
clubs, turismo) se ha apoderado de sectores enteros de la
economía regional.
La
“Familia michoacana”
Más preocupante todavía, este “modelo” ha sido imitado por otra nueva
organización delictiva en la costa del Pacífico: la
“Familia michoacana” (por el estado de Michoacán). Los
“Zetas” habían entrenado a sus primeros jefes, pensando
que podrían utilizar a los michoacanos para atacar los
bastiones sinaloenses en el occidente del país. Pero la
alianza fracasó y la “Familia michoacana” se alzó
pronto como una organización independiente, que lucha por
el control total de su territorio. Así, ha desatado una
sangrienta ofensiva, tanto contra la milicia del cartel del
Golfo como contra los grupos armados sinaloenses.
Mientras se profundiza la guerra entre esos distintos grupos, el presidente
Calderón, apenas electo, resuelve lanzar a las fuerzas
federales (Policía Federal, Ejército y Marina) a la
reconquista de los territorios controlados por las mafias,
en particular los estados de Michoacán, Tamaulipas,
Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Ya no se trata de
perseguir a los capos sino de destruir las infraestructuras
locales de las organizaciones. Rápidamente, la violencia
alcanza niveles nunca vistos desde la Revolución Mexicana
(1910–1917). A los muertos de la guerra entre bandos
armados se suman las víctimas de las operaciones de represión
lanzadas por las fuerzas federales. A tres años del
lanzamiento de la ofensiva, el balance de “la guerra
contra el narco” es aterrador: según distintas
estimaciones realizadas por la prensa mexicana (2), basadas
en los escuetos datos proporcionados por la PGR, desde la
llegada al poder de Fox, en 2000, el número de muertes
vinculadas a la delincuencia organizada varía entre 11.000
y 17.000 personas. En 2008 murieron unos 5.000 hombres entre
sicarios, policías y militares. En lo que va de 2009 el número
de víctimas oscila entre 3.500 y 4.000 individuos.
Sin embargo, la ofensiva lanzada por Calderón, aunque permitió la detención
de centenares de narcotraficantes, no parece haber
debilitado el aparato militar de las mafias. Peor, parece
haber estimulado su capacidad.
La “Familia michoacana” desafió directamente al Presidente
–originario de Michoacán– cometiendo hace diez meses un
cruento atentado contra la población civil en la capital de
ese estado. En agosto de este año, los clanes sinaloenses
han amenazado públicamente de muerte al Presidente.
Los grupos armados del narco han multiplicado en los últimos meses ataques
de tipo guerrillero contra el ejército y las fuerzas
policiales federales: ataques a cuarteles y comisarías;
emboscadas a columnas de la fuerza pública en carreteras y
autopistas. Fieles a su formación paramilitar e
implementando técnicas de “guerra de baja intensidad”,
han cometido atentados de cariz netamente terrorista contra
el ejército y la policía federal. Ocho soldados
aparecieron decapitados en el estado de Guerrero. El general
Mauro Enrique Tello Quiñones, responsable de la seguridad
en Cancún, fue torturado y asesinado en una carretera de
Yucatán. Comandantes
del Estado Mayor de la Policía Federal han sido abatidos al
regresar a su casa o tomando café en un bar.
“Manos
limpias”, policía sucia
El presidente Calderón ha movilizado a 40.000 militares contra la
delincuencia organizada en toda la geografía nacional, además
de miles de efectivos de la Policía Federal. Muchos de
estos últimos son exmilitares. Y a medida que ha ido
aumentando la participación del ejército en la lucha
contra el narco, la cifra de desertores no ha cesado de
incrementarse. Según la Secretaría de la Defensa, 126.000
efectivos abandonaron la milicia durante el mandato de Fox y
27.411 hicieron otro tanto de enero 2007 a mayo 2009 (3).
Los servicios de inteligencia del ejército y la policía
federal han confirmado que una parte significativa de esos
desertores se integra a uno u otro de los grupos armados del
narco. Al punto que el gobierno está estudiando la
posibilidad de crear nuevas fuerzas especiales para combatir
específicamente a los grupos dirigidos por ex militares…
El ejército mexicano puede también perder su alma en esta guerra. Según
fuentes de la propia institución, se han dado casos de
ejecuciones extra judiciales de sicarios o narcos detenidos
por los comandos militares. Este fenómeno parece ser una
reacción al asesinato, en febrero pasado, del general Tello
Quiñones. Por otra parte, ONG especializadas han reportado
violaciones repetidas de derechos humanos en comunidades
campesinas, particularmente en la sierra del estado de
Guerrero, región de fuerte concentración de plantíos de
marihuana. Así, un sordo rumor comienza a afectar la imagen
de la única institución que todavía goza de la confianza
del pueblo mexicano.
El ejército está sin embargo condenado a seguir al frente de la guerra,
porque el Estado nacional no puede contar con su policía
para encarar a la delincuencia organizada. Desde hace varios
meses, la PGR trata desesperadamente de limpiar el
ministerio público de elementos captados por el narco. La
operación “Manos limpias” ha dado ciertos resultados,
pero todos los días surgen nuevos casos de corrupción.
Sobre la SFSP, que controla a la nueva Policía Federal,
pesan graves sospechas. Mediante mensajes en internet y
pasacalles colgados en las ciudades de los estados del
norte, el cartel del Golfo y el clan sinaloense de los Beltrán
Leyva han acusado al entorno del secretario federal de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, de encubrir a otra
organización sinaloense. En 2008, poco tiempo después de
esas acusaciones, dos altos comandantes de la SFSP fueron
abatidos por sicarios del clan Beltrán Leyva.
Más significativo aún: para desmantelar las estructuras policiales de
apoyo al narco en el interior del país, el ejército ha
intervenido y desarmado varias sedes policiales estatales y
municipales en por lo menos 10 estados de la República.
Centenares de policías corruptos han sido detenidos pero,
curiosamente, la fuerza pública ha tenido que repetir esos
operativos en varias ciudades, lo que da a entender que las
redes criminales se reconstruyen luego del paso del ejército.
Desde el final del sexenio de Ernesto Zedillo, en 2000, todas las reformas
orientadas a construir una policía limpia han fracasado.
Lenta
desagregación social
México está en vías de paramilitarización acelerada, sin que el Estado
pueda detener esta dinámica. El mundo de los partidos políticos
no escapa a esta lenta desagregación del tejido social. El
PRI, que en épocas pasadas demostró su disponibilidad para
encubrir a las mafias, sigue en la brecha en estados como
Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y el estado de México. Pero
desde la llegada de Vicente Fox al poder, el PAN ha
evidenciado la misma permeabilidad, en estados como Jalisco
y Morelos.
Faltaba comprobar la colusión de militantes del Partido Revolucionario
Democrático (PRD, izquierda), para completar este panorama
desolador. En 2009 el ejército y el ministerio público
detuvieron a varios alcaldes de ese partido en el estado de
Michoacán. La secretaria de Seguridad Pública de Leonel
Godoy –el gobernador “perredista” del estado– también
trabajaba para “La Familia”...
La corrupción del medio político ha llegado a tal punto, que el director
de los servicios de inteligencia (CISEN) de la Secretaría
de Gobernación, Guillermo Valdés, declaró en 2008 que los
carteles amenazaban a las instituciones democráticas y que
existía un riesgo de “narcofiltración” en el Congreso
de la Unión.
En 2009, un observador privilegiado, el senador panista Ramón Galindo, ex
alcalde de Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Estados
Unidos, afirmó que según sus cálculos, en el 60% de los
gobiernos municipales del país hay gente que trabaja para
el crimen organizado.
El analista Carlos Flores expresa que “la clase política en su conjunto
no está dispuesta a promover las reformas necesarias para
luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada:
constituir una fiscalía autónoma del poder federal, una
policía comprometida con el Estado de Derecho y no con los
intereses propios de la institución, y acabar con los
fueros políticos para poder enjuiciar a alcaldes, diputados
y gobernadores corruptos” (4).
Por último, la economía nacional tampoco escapa a la influencia del narco.
La delincuencia organizada mueve en México 19.000 millones
de dólares anuales, según cálculos de la revista Expansión
basados en datos de los gobiernos de México y de Estados
Unidos. Se trata de una cifra comparable a la de las remesas
de los emigrantes y mayor al monto de divisas generado por
el turismo (5).
La delincuencia saca provecho de la crisis del campo, resultado de la
importación masiva de productos agrícolas de Estados
Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. En 2008 el
Tribunal Agrario de la Federación reveló que 30% de las
tierras cultivables del país están dedicadas a la producción
de marihuana y amapola.
La grave recesión que afecta al país constituye además un óptimo caldo
de cultivo para el crecimiento de la delincuencia
organizada. ¿Cuántos de los 700.000 mexicanos que han
perdido su empleo en los últimos doce meses serán tentados
por los buenos ingresos ofrecidos por el narco?
Last, but not least, el control creciente ejercido por el narco sobre la
sociedad pone en peligro la soberanía del país. Estados
Unidos no puede tolerar al sur de su frontera un Estado
parcialmente controlado por mafias narcotraficantes y bandas
paramilitares. Barack Obama ha expresado claramente su apoyo
a “la guerra” del presidente Calderón. Pero también ha
exigido que sus propias agencias (DEA, FBI, Aduanas) puedan
monitorear, en territorio mexicano, el desempeño del
ministerio público, la policía y el ejército. Y actuar,
si resulta necesario.
Si la situación empeora, una hipótesis que no se puede descartar: ¿Estados
Unidos intervendrá más aun en México?
(*)
Reportero y realizador de documentales, hoy director de Le
Monde diplomatique, edición para México, Centroamérica y
Estados Unidos.
Notas:
1 Jean–François Boyer, “La guerra perdida contra las drogas”,
Grijalbo, México, 2001.
2 Los diarios Reforma y El Universal publican regularmente balances de la
“guerra contra el narco”.
3 Según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) a Milenio Televisión, México,
25–5–09
4 Entrevista con Carlos Flores, agosto de 2009
5
www.cnnexpansion.com/expansion/2009/07/17/narco–sa
