México,
DF.- Obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, políticos,
amas de casa y activistas condenaron el cierre de la empresa
pública Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la desaparición
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El
presidente Felipe Calderón logró reactivar a una izquierda
y a un movimiento social que muchos daban por aniquilados. A
tres años de que el corazón de la capital mexicana estuvo
paralizado por los seguidores de Andrés Manuel López
Obrador por el denunciado fraude electoral en las elecciones
presidenciales, la noche del jueves pasado entre 150 mil y
300 mil obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, políticos,
amas de casa y activistas condenaron el cierre de la empresa
pública Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la desaparición
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El músculo
de la calle se enfrentó al aparato del poder político,
económico y mediático que pretende borrar los 95 años de
historia de uno de los sindicatos más combativos del país
y obligó a la administración calderonista a abrir una mesa
de negociación a un conflicto al que ni los más optimistas
le auguran una salida fácil.
Simplemente
no hay nada que negociar: los secretarios de Gobernación y
del Trabajo fueron tajantes al advertir que no hay marcha
atrás a la extinción de LFC, porque “es un hecho
consumado”, y el sindicato anuncia que no cederá en sus
demandas de derogar el decreto presidencial que lanzó a la
calle a 44 mil trabajadores y dejó en la zozobra a 22 mil
jubilados, la salida de la Policía Federal de las
instalaciones de la empresa y que les sean devueltas su
fuentes laborales.
La
administración calderonista y el SME ya habían tenido un
primer encuentro, hace algunas semanas, cuando el secretario
particular del presidente Calderón le ofreció al sindicato
que se atendería “su asunto”, en referencia a la
negativa oficialista a reconocer a la dirigencia sindical
recién electa. Días después, Calderón envió a la Policía
Federal Preventiva y al ejército a tomar las instalaciones
de Luz y Fuerza del Centro, una hora antes de promulgar el
decreto con el que desapareció a esa empresa pública y
extinguió de facto la relación laboral con su sindicato,
el pasado domingo 11.
Ahora,
a diferencia de aquella primera “negociación”, los
trabajadores no van solos: el gobierno izquierdista de la
Ciudad de México tendrá un asiento en calidad de testigo.
La
tarde del jueves, mientras decenas de miles de manifestantes
avanzaban desde la Columna de la Independencia hasta el Zócalo
capitalino, para plantarse frente al Palacio Nacional, la
Secretaría de Gobernación se resignaba a abrir una mesa de
negociación con el sindicato, pero ya advertía que sólo
“para analizar alternativas de reinserción laboral”.
La
primera reunión se celebraba ayer por la tarde, y se
prolongaba más allá de la hora de cierre de esta nota.
En
cualquier caso, y pese a la avalancha mediática que saturó
de desinformación a la radio y televisión –que apenas
cubrieron marginalmente la manifestación–, el oficialismo
llega mermado en su credibilidad, ante la oleada de
evidencias que desmienten su argumento principal: la empresa
se cierra por incosteable, debido a los enormes privilegios
del sindicato que significan más de 40 mil millones de
pesos al año, es decir, cerca de 3 mil millones de dólares,
casi exactamente la misma cantidad de dinero que dejan de
pagar los principales consumidores industriales y
comerciales del Distrito Federal, además de varias
dependencias públicas, o equivalente también al costo de
la energía que la Comisión Federal de Electricidad vendía
con sobreprecio a LFC, a la que obligaba a vender
subsidiada.
A
Calderón ni siquiera le funcionó su intento por dividir al
sindicato, primero, generando un conflicto interno entre las
dos facciones que se disputaban la dirigencia: tras el golpe
a la empresa y al sindicato, los trabajadores se unieron en
una defensa común. Tampoco ha podido mermar las filas
sindicales, pese a la oferta de liquidaciones
extraordinarias que, en algunos casos, equivalen a dos años
y medio de salario, si los pagos son aceptados por los
trabajadores antes del 14 de noviembre. Pero en los primeros
dos días de operación de los 12 “centros de liquidación”
abiertos en el DF, Estado de México, Morelos, Hidalgo y
Puebla, apenas 1405 trabajadores habían aceptado el dinero,
es decir, el 3,2 por ciento de la base sindical.
Como
si lo previera, Calderón canceló sus actividades públicas
el mismo día de la marcha de protesta y se reunió con su
gabinete de seguridad, entre ellos el secretario de la
Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, y el
director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
Guillermo Valdés. Afuera de la residencia oficial de Los
Pinos, el Estado Mayor Presidencial reforzó las medidas de
seguridad y acordonó la zona con barreras de acero de más
de dos metros de altura.
Para
colmo, miles de campesinos marcharon por su cuenta el mismo
jueves por la mañana desde el Monumento a la Revolución
hasta la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores
no aprobar la propuesta calderonista que pretende
desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, además de
las secretarías de Turismo y de la Función Pública.
La
intención del presidente Felipe Calderón “no es acabar
con la pobreza, sino con los pobres del país” y con la
clase trabajadora, mediante la desaparición de instancias
gubernamentales y el cobro de más impuestos para “tapar
el boquete financiero generado por la corrupción
gubernamental y los altos sueldos de la alta burocracia”,
clamaron los manifestantes matutinos.
Por
la noche, el mitin del Sindicato Mexicano de Electricistas
terminó cuando la retaguardia de la marcha estaba todavía
a un kilómetro del Zócalo capitalino.
